La responsabilidad del estado por la privación injusta de la libertad en Colombia

El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

Intervención del Estado colombiano en el sector solidario

El propósito de este libro es explicar los fundamentos históricos, jurídicos, políticos y económicos que permiten al Estado colombiano incidir en el sector solidario, con base en los principios de igualdad Y libertad y en el marco del Estado social de derecho, que exige su activismo a través de algunos modelos e instrumentos de intervención económica. Para ello, se ha adoptado una taxonomía emergente que aglutina sus componentes en dos subsectores, a partir de una identidad y una racionalidad propias que los diferencia de los demás empresas capitalistas, estos son: el de las organizaciones de economía solidaria (OES) y el de las organizaciones solidarias de desarrollo (OSD). Esta visión holística posibilita aportar ciertos elementos críticos que cuestionan el comportamiento de los actores públicos, cuyo papel está definido por mandato constitucional, y el de las organizaciones, que al proceder de manera disfuncional obstaculizan el progreso económico y social del país.

Impacto financiero de la unificación del plan obligatorio de salud subsidiado (pos-s) en las empresas sociales del estado (ese) de mediana complejidad de Cundinamarca

A partir de la Ley 100 de 1993, el sistema de salud en Colombia ha presentado una serie de trasformaciones que buscan mejorar la prestación de los servicios y lograr cubrimiento de la población no favorecida y excluida del Plan Obligatorio de Salud (POS). Sin embargo, las Empresas sociales del Estado (ESE), en aras de dar cumplimiento a las disposiciones y normatividades que exige la ley, funcionan y prestan sus servicios acorde con los objetivos corporativos planteados por ellas mismas, a pesar de tener una gran cartera por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El propósito de esta investigación es evaluar el impacto financiero en una muestra de cuatro hospitales públicos de Cundinamarca (las ESE San Rafael de Facatativá, Fusagasugá, Cáqueza, y el Salvador de Ubaté), luego de la aplicación del Acuerdo 032 del 2012 de la Comisión de Regulación en Salud (CRES). Se seleccionaron cuatro hospitales públicos de mediana complejidad de Cundinamarca, por ser uno de los departamentos más representativos en hospitales de este tipo. Se encontró una mayor convergencia en términos de estructura administrativa y financiera, lo que hace posible que la información obtenida sea comparable y útil para la medición en términos de presupuesto y liquidez. El incremento de la cartera y la disminución de la rotación de la misma, con la afectación respectiva de la liquidez y la rentabilidad, dificultan el logro de las instituciones como lo son la sostenibilidad y perdurabilidad. El cambio del pagador después de la aplicación de la norma incidió directamente en lo anterior; igualmente, traspasar la población no cubierta al régimen subsidiado eliminó el desembolso por parte de la Secretaría de Salud y lo trasladó a las EPS subsidiados, afectando directamente los tiempos de rotación de cartera como se documenta en el análisis.

Enseñanza no reglada y capacitación profesional : una visión de la educación como derecho económico, social y cultural.

Resumen tomado del autor

Un nuevo modelo social europeo : siete ideas para el cambio.

En este artículo se pretende reflexionar sobre las actitudes a tomar ante los cambios producidos en la sociedad actual y sus consecuencias en la vida de las personas, que resitúan la manera de cómo debe garantizarse el llamado Estado Social Europeo.

Ensaio sobre o Estado actual e a técnica

O tema das relações entre o Estado actual e a técnica não é novo e já, em parte, o tratámos, a propósito do princípio da eficiência,1 mas retomamo-lo agora com o fito de nos associarmos ao primeiro volume da revista jurídica do ISMAT. O Estado de direito democrático que a Constituição da República Potuguesa (CRP) consagra é um Estado social baseado no alargamento das exigências participativas próprias da democracia política à esfera dos bens e dos serviços. Decompõe-se num conjunto de subprincípios cuja exequibilidade depende de vastos meios financeiros, agora escassos, e de amplos conhecimentos técnicos, a todos os níveis da sua intervenção conformadora do status quo económico e social.

El monstruo es el otro: la narrativa social del miedo en Quito

Este trabajo explora en hechos y en discursos para entender cómo el aumento de la violencia en Quito ha provocado una serie de respuestas basadas en el miedo, esa forma de relación social inspirada en la desconfianza y el temor al otro. El primer capítulo, “Ciudad real y ciudad imaginada”, contiene una crónica de la ciudad como espacio de existencia y comunicación, y hace un acercamiento a las principales narrativas –oficial, mediática y cotidiana- que contribuyen a la construcción del miedo. El segundo, “La representatividad monstruosa del otro” aborda la manera cómo el poder se afianza sobre los conceptos de orden y de paz para justificar la eliminación de todo lo que, desde su mirada, resulta peligroso, violento y monstruoso. El tercero, “La crisis del Estado social y la imposición de modelos disciplinarios”, trata sobre los conceptos de violencia social o estado de violencia más allá de la lucha de clases o la confrontación entre buenos y malos. En el cuarto capítulo, “Violencia y prácticas sociales”, se analiza cómo la percepción de inseguridad provoca una ruptura entre los habitantes y su entorno, una crisis de sentidos, en medio de la cual se desarrollan diversas estrategias de sobrevivencia. Finalmente, se propone: a) reconocer la dimensión política de la violencia, y b) desmontar el esquema de organización maniqueísta del mundo basado en el lugar común de la lucha del bien contra el mal.

Ciudad real y ciudad imaginada: la narrativa social del miedo en Quito

Esta tesis se refiere a la manera cómo el aumento de la delincuencia y la inseguridad en Quito provoca en los habitantes una serie de respuestas y actitudes basadas en el miedo. Explora en los hechos y en los discursos para entender la construcción de esa forma conflictiva de relación social inspirada en la desconfianza y el temor al otro. En suma, el miedo como elemento decisivo a la hora de asumir estrategias para habitar la ciudad. Se compone de cuatro capítulos, cada uno elaborado de manera independiente de los demás, pero vinculados entre sí por el tema y por la estructura. En todos iniciamos con la exposición de las categorías de análisis que dan sentido al capítulo para luego ponerlas en diálogo con los hechos ocurridos en la ciudad, y terminar con un enunciado que propone una manera de comprender el problema. En el primer capítulo, denominado Ciudad real y ciudad imaginada, iniciamos con una crónica descriptiva de Quito como espacio de existencia y comunicación. A continuación, planteamos las principales narrativas -oficial, mediática y cotidiana- sobre la inseguridad, y la manera cómo se juntan la realidad externa y su representación simbólica en la construcción del miedo. En el segundo capítulo, titulado La representación monstruosa del otro, damos cuenta de la manera cómo el poder coloca los conceptos de orden y de paz como sus principales fundamentos y procura eliminar todo lo que se considera peligroso. Acudimos a conceptos de la mitología, según los cuales la delincuencia y la marginalidad adquieren características monstruosas por estar fuera del orden. 2 En el tercer capítulo, bajo el nombre La crisis del Estado social y la imposición de modelos disciplinarios, abordamos los conceptos de violencia social o estado de violencia, que nos ayudan a entender los orígenes de este fenómeno más allá de la lucha de clases o de la confrontación entre buenos y malos. Vemos la mutación de los horizontes políticos, desde la utopía de la justicia social en años anteriores, a la utopía de la seguridad en la actualidad. En el cuarto capítulo, llamado Violencia y prácticas sociales, nos referimos a la manera cómo la percepción de inseguridad provoca una ruptura entre los habitantes y su entorno. Aquí, los diferentes sujetos sociales ponen en juego sus respectivos capitales, que entran en conflicto con los de otros. Se produce entonces una crisis de sentidos, y es en esa atmósfera ambigua y angustiosa, donde las personas ponen en práctica sus estrategias de sobrevivencia. Finalmente, en la parte correspondiente a las conclusiones, proponemos volver la mirada hacia dos aspectos claves para explicarnos el miedo en las urbes contemporáneas: 1) Reconocer la dimensión política de la violencia, y 2) Desmontar el esquema de organización maniqueísta del mundo basado en el lugar común de la lucha del bien contra el mal.

Construção do estado e administração pública: uma abordagem histórica

Este trabalho visa analisar as etapas da formação do Estado moderno, desde o Estado Absoluto até o Estado Social-Democrático, e relacioná-las com as formas correspondentes de organização e administração do aparelho do Estado que culminam na reforma da gestão pública.

A modernização da administração publica brasileira no contexto do estado

Esta monografia procura contribuir para a sustentação da proposição segundo a qual uma das condições de efetividade da modernização da administração brasileira reside no seu caráter associativo entre racionalidade política e racionalidade administrativa dos sistemas burocráticos estatais. Conforme este argumento, os processos e iniciativas de modernização da administração pública brasileira não podem, sob pena de tomarem-se disfuncionais, concentrar-se em medidas que VIsam a aumentar exclusivamente a racionalidade funcional do sistema administrativo estatal, restritas à aspectos instrumentais. Isto porque o estado, cuja natureza é essencialmente política, requer, para legitimar-se mediante a formulação e implementação de políticas públicas efetivas, uma estrutura administrativa permeável e integrada ao sistema político, ao qual cabe, pela prática democrática, a enunciação dos valores sociais da busca do bem estar. Há uma dialética na modernização político-administrativa do estado segundo a qual o incremento da racionalidade política da burocracia não decorre apenas da modernização política do País, mas depende essencialmente de atributos inerentes ao sistema burocrático. Esta proposição parte do delineamento de um quadro problematizante relativamente aos desafios do estado social contemporâneo, centrado no que se convencionou chamar de crise do estado e crise da administração pública. O delineamento deste quadro parte da elaboração das seguintes assertivas: a legitimidade do estado social, decorrente da efetividade de suas ações, é intimamente dependente da administração pública; a crise do estado se coloca essencialmente como uma crise de eficiência e efetividade do estado, não apenas de seu aparelho; e o equacionamento da crise do estado requer o enunciamento de seus requisitos funcionais enquanto ator social, promotor de transformações. O que se convencionou chamar de crise da administração pública, reporta-se à incapacidade político-administrativa ~ o estado em deliberar e, efetivamente, implementar aquilo que seja definido como certo para o bem-estar dos cidadãos. Em síntese, argumenta-se que a crise da administração pública não é uma crise puramente administrativa; e sua superação está condicionada ao incremento da racionalidade política e administrativa do estado de uma maneira integrada.

Governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, participa de reunião na FGV/DAPP para avaliação de tecnologias aplicadas no Estado

O Governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, foi recebido nesta sexta-feira (11) na sede da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV/DAPP) para uma reunião de avaliação de programas e tecnologias aplicadas no Estado. Participaram do encontro o Secretário-Geral do Governo, Vinicius Wu, o Diretor da FGV/DAPP, Marco Aurélio Ruediger, e os pesquisadores Ricardo Rotenberg, Pedro Lenhard e Amaro Grassi. Em junho, o governador Tarso Genro participou de reunião com o Presidente da FGV, Carlos Ivan Simonsen Leal.

Migrações: qual o papel do Estado?

Em um momento de opiniões fortes - cada vez mais categóricas - e crescente processo de polarização moral e política, alguns temas merecem um olhar mais cuidadoso. Com isso em mente, a ideia é fazer uma provocação: em que medida o Estado é responsável pelas decisões individuais de um cidadão. O tema das migrações é recorrente no cotidiano das pessoas, mas não é um tema que percorre a agenda pública. A Diretoria de Análises de Políticas Públicas (FGV/DAPP) há algum tempo vem acompanhando a temática das migrações e políticas migratórias ao redor do mundo, o que originou uma publicação denominada Imigração como vetor estratégico do desenvolvimento socioeconômico e institucional do Brasil.

Quem tem direito à moradia? :uma análise da política nacional de habitação e dos programas de habitação de interesse social (2003-2005)

This dissertation analyses the Brazilian housing policy of today s, focusing on the programmes in the socalled Social Interest Housing Subsystem in order to discuss to what extent the government has been able to grant housing constitutional rights in the country. The discussion is about housing policy and the principles in the country s Constitution regarding the role of housing as a social right, a right that must be granted by the state. This refers to land rent theory to understand the relationship between capital and property and the reasons why, under capitalism, housing becomes a commodity in the market. Then, it discusses the national housing policy, which emphasizes land ownership through financing, that is, via market, a process that excludes all low income population. In the conclusion, it is clear that, although government programmes cover extensively at least potentially the national territory as well as social group, subsidized housing programmes cannot be implemented in the city due to land prices because subsidy is too low. In this way, the law that grants housing rights to all Brazilian citizens is violated