935 resultados para Drets humans -- Congressos
Resumo:
La discusión sobre la eutanasia continúa siendo una de las más candentes en el ámbito de la bioética. En este artículo, analizaremos el debate entre quienes rechazan la eutanasia amparándose en la santidad de la vida humana y quienes la defienden propugnando como ideas fundamentales la calidad de vida y la autonomía individual. Tras estas visiones enfrentadas, subyace una discusión más profunda entre una concepción antigua de los derechos humanos, basada en el respeto a un orden «natural» y una concepción moderna de los mismos, heredera de un humanismo laico, que considera la autonomía el principal valor.
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El Grup presenta un document d'opinió amb la voluntat d'intervenir en el debat sobre la interrupció voluntària de l'embaràs i proposarmesures normatives que posin fi a l'actual situació d¿inseguretat jurídica derivadade la distorsionada aplicació que s'efectua de la desfasada legislació vigent.L'avortament és un veritable problema de salut pública i tant l'ètica com el drethan de plantejar pautes de conducta assumibles per la majoria dels ciutadans irespectuoses amb les minories, tenint sempre com a marc de referència i principiindeclinable el respecte als Drets Humans.
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[spa] Como expresión de la naturaleza erga omnes de las obligaciones jurídicas relativas a la protección de derechos humanos, muchos tratados de derechos humanos que establecen órganos de expertos permiten a los Estados Parte presentar quejas ante dichos órganos contra otras Partes que no observan las obligaciones convencionales. Tales quejas interestatales son un mecanismo híbrido que busca controlar la aplicación del tratado, solucionar las controversias entre Estados Parte y/o prevenir esas controversias. En la práctica, no obstante, las quejas interestatales se interponen en raras ocasiones, principalmente por causa de su alto componente político, que hace que sean vistas como un acto inamistoso. Pese a este escaso uso, llama la atención que la mayoría de quejas interestatales presentadas hasta la fecha se hayan referido a situaciones excepcionales calificables de"crisis", lo que parece poner de manifiesto que este mecanismo podría ser particularmente útil para hacer frente a las violaciones de derechos humanos cometidas en períodos de excepcionalidad.
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[spa] Tras largas y complejas negociaciones, la Unión Europea celebró un acuerdo comercial con Colombia en 2010 que ha empezado a aplicarse provisionalmente el 1 de agosto de 2013. El artículo se centra en las relaciones entre Colombia y la Unión y analiza el impacto que dicho acuerdo pueda tener en el marco de las obligaciones de las partes de respetar los derechos humanos universalmente reconocidos, incluyendo derechos sociales y los derechos de los pueblos indígenas. De dicho análisis se deriva que la presencia de cláusulas democráticas o de derechos humanos en el Acuerdo es insuficiente, habida cuenta los antecedentes del SGP+ vigente hasta la entrada en vigor del nuevo acuerdo, mientras que algunos aspectos sustantivos del Acuerdo permiten augurar consecuencias negativas respecto de los sectores sociales más desfavorecidos en la República de Colombia.
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A partir de l’any 2011 i fins l’actualitat, l’onada de protestes i revoltes ciutadanes batejada com “la Primavera Àrab” ha sacsejat el panorama polític de la regió del Mediterrani i de les relacions internacionals. El present treball analitza com el cas de la guerra civil síria (iniciada el març de 2011 i que constitueix un cas enormement complex a causa de la fragmentació de l’oposició, l’elevat nombre d’actors interns i externs que hi intervenen i la seva varietat d’interessos, entre d’altres factors) ha posat en evidència l’efectivitat de la Responsabilitat de Protegir per frenar violacions sistemàtiques dels Drets Humans, tal i com ha evidenciat la incapacitat de la Comunitat Internacional d’actuar de manera cohesionada i efectiva en aquests més de dos anys. A més a més, la impossibilitat de portar a terme una intervenció militar multilateral emparada en el marc de la Responsabilitat de Protegir a causa de factors com el bloqueig del Consell de Seguretat i la incertesa que envolta les possibilitats d’èxit i els mecanismes que s’haurien de seguir durant l’actuació i reconstrucció de l’Estat fa evident la necessitat d’una redefinició del principi perquè aquest doni resposta a aquestes qüestions i pugui constituir un instrument realment efectiu.
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La sociedad civil ha tenido un papel capital en el desarrollo de la justicia transnacional en el mundo. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos en cada país a través de sus redes de apoyo y cooperación en el exterior han sido capaces de transformar episodios dolorosos de tránsito de la dictadura a la democracia en procesos de renovación jurídica nacional, que, a su vez, han tenido un alcance internacional. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en Argentina, ha cumplido justamente esta función. El CELS ha sido durante años uno de los referentes de la sociedad civil argentina en su lucha por la defensa de los derechos humanos, tanto por su contribución al logro de una plena justicia transicional después de la dictadura, como por su tutela de los derechos humanos en general. Su experiencia en los foros internacionales en busca de fórmulas que le permitieran soslayar las leyes de impunidad nacionales le ha proporcionado una base sólida en la que apoyar sus estrategias para la defensa de las víctimas de la violencia institucional y la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales.
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La violencia doméstica contra las mujeres constituye una forma de discriminación basada exclusivamente en el género que impide a un amplio sector de la población europea disfrutar plenamente de los derechos que le son internacionalmente reconocidos. Pese a la dimensión paneuropea del problema y a su compromiso de salvaguardar y dar la mayor efectividad a los derechos humanos, el Consejo de Europa ha evitado durante años imponer obligaciones jurídicas internacionales a los Estados en relación con la erradicación de la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica (excepción hecha de las disposiciones del Convenio europeo de derechos humanos, aunque se aplicaban sin tener en cuenta un enfoque de género). Sin embargo, ante los insuficientes resultados obtenidos se ha considerado necesario disponer de un tratado europeo en la materia, la Convención sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que establece un marco integral de actuación sobre la base de los principios de igualdad y no discriminación y de diligencia debida.
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El derecho humano al agua potable y al saneamiento viene afirmándose de manera cada vez más rotunda en el plano internacional. Supone la capacidad de cada ser humano de acceder a agua limpia y segura de manera asequible, y la obligación correlativa de los Estados de garantizar y proteger este derecho. Los Estados de Asia Central disponen de agua suficiente para garantizar este derecho a todos sus ciudadanos, pero la mala gestión y el despilfarro hace que algunas zonas, sobre todo rurales, tengan importantes carestías. Las mejoras en tarificación, servicio y cooperación transfronteriza se apuntan como posibles vías de solución.
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Este artículo se plantea como una revisión del proceso que se inició a partir de las“Normas sobre las responsabilidades de las transnacionales y otras empresascomerciales respecto a los derechos humanos” que aunque fueron aprobadas en el 55ºperíodo de sesiones de Naciones Unidas de agosto de 2003, finalmente no fueronadoptadas quedando de momento sin entrar en vigor. Se realiza una presentación del papel jugado por el profesor John Ruggie en el proceso posterior a la emisión de las normas, y del informe “Protect, respect and remedy” junto con el informe sobre líneas estratégicas de abril de 2009. Las normas finalmente fueron aprobadas el 16 de junio de 2011 siguiendo la pauta establecida en el informe anteriormente citado.
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[spa] Tras largas y complejas negociaciones, la Unión Europea celebró un acuerdo comercial con Colombia en 2010 que ha empezado a aplicarse provisionalmente el 1 de agosto de 2013. El artículo se centra en las relaciones entre Colombia y la Unión y analiza el impacto que dicho acuerdo pueda tener en el marco de las obligaciones de las partes de respetar los derechos humanos universalmente reconocidos, incluyendo derechos sociales y los derechos de los pueblos indígenas. De dicho análisis se deriva que la presencia de cláusulas democráticas o de derechos humanos en el Acuerdo es insuficiente, habida cuenta los antecedentes del SGP+ vigente hasta la entrada en vigor del nuevo acuerdo, mientras que algunos aspectos sustantivos del Acuerdo permiten augurar consecuencias negativas respecto de los sectores sociales más desfavorecidos en la República de Colombia.
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La violència vers les dones està tan arrelada a la societat que ha estat pràcticament invisible durant molts anys. L’any 1979, l’ONU va reconèixer que és “el crim encobert més freqüent del món” i, l’OMS, l’any 1996, va declarar que la prevenció de la violència especialment contra les dones i els infants és una prioritat de Salut Pública. Això és degut a la important prevalença de la violència i les greus repercussions que comporta en la salut de les dones i famílies que la pateixen. A més de constituir una violació dels drets humans i d’atemptar contra la seguretat, la llibertat i la dignitat de les persones, aquestes formes de violència deterioren el benestar físic, sexual, reproductiu, psíquic, mental i social de les persones i les famílies que la pateixen ja que afecta a totes les esferes de la salut. Les conseqüències immediates i a llarg termini que s’han vinculat amb aquest tipus de violència inclouen: les lesions físiques, l’embaràs no desitjat, l’avortament, les complicacions ginecològiques, les infeccions de transmissió sexual (inclosa la infecció pel VIH), el trastorn d’estrès posttraumàtic i la depressió, entre d’altres.
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Anàlisi dels processos de transició des d'una situació, en la que s'han produït violacions dels drets humans, fins a un sistema democràtic, des del punt de vista de la justícia aplicada, que castiga els transgressors, porta la reparació a les víctimes i possibilita una reconciliació de la societat, que fonamenti i garanteixi l'estabilitat i continuïtat del nou sistema democràtic.
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El segle XXI ha estat l’escenari de grans transformacions. Entre d’altres, el de l’empresa socialment responsable. Ens trobem en un nou context en el qual s’entén que les empreses, i especialment les grans empreses transnacionals, no busquen només maximitzar els seus beneficis a qualsevol preu. Per contra, el que ens trobem és un nou paradigma sobre el compromís de l’empresa amb els drets humans i el medi ambient, el que ha vingut a anomenar-se el comportament socialment responsable de l’empresa o, de forma més planera, la Responsabilitat Social Corporativa (RSC). Tot i això, segueixen essent molt els mitjans que, cada cop amb més freqüència, donen a conèixer nous escàndols protagonitzats per aquestes grans empreses: treballadors explotats, drets laborals violats, ecosistemes destruïts, etc. D’això hom entén que el debat al voltant del paper de les grans empreses encara no s’ha conclòs. Aquest treball pretén trobar noves evidències sobre la pràctica de la RSC. Amb aquest propòsit s’ha decidit realitzar un estudi en detall del Grupo Inditex, una de les empreses de referència a l’Estat espanyol, líder nacional i internacional del sector de la moda. Pensant en aquest objectiu, el treball comença analitzant les aproximacions teòriques a la RSC: com la podem entendre, quin paper juga en l’empresa i quines són les raons de la seva implementació. El segon capítol estudia així mateix els orígens d’aquesta pràctica i n’analitza les problemàtiques principals, a saber: els mètodes de valoració, els mecanismes de regulació i les eines de gestió. Com a pas previ a l’anàlisis del cas pràctic, el tercer capítol estudia dos grans marcs d’anàlisis: el del sector de la moda a Espanya i la trajectòria del Grupo Inditex, empresa líder del tèxtil. Un cop acabat aquest exercici, el quart capítol estudia en detall la RSC del Grupo d’acord amb dues fonts principals: els Informes de RSC que el Grupo elabora anualment, d’una banda, i els estudis de grups independents, en especial els de l’Observatori de la RSC i els que es realitzen en el marc de la Campaña Ropa Límpia, de l’altre.
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El present Treball de Fi de Carrera analitza y contextualitza el conflicte armat de l’Antiga Iugoslàvia, que va esclatar a partir de 1991 i identifica com va influir el Dret dels Conflictes Armats, en general, al seu desenvolupament. En aquest sentit, centra l’atenció en les iniciatives empreses per la comunitat internacional per calmar el conflicte i, molt especialment, la resposta per part de les Nacions Unides. Tanmateix, després d’haver-se produït greus violacions del Dret Internacional Humanitari i de perpetrar-se crims de genocidi i de lesa humanitat es va crear el Tribunal Penal Internacional per la exIugoslàvia, que constataria la vigència del Dret Internacional i en castigaria els violadors.
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La aprobación en junio de 2008 por el Parlamento Europeo de la Directiva de retorno —denominada también Directiva de la infamia o Directiva de expulsión— consolida el proceso de involución que sobre los derechos humanos se viene produciendo en la Unión Europea desde que el miedo a la inmigración irregular se incardinó en sus instituciones. Si bien las legislaciones de extranjería de los años ochenta contenían normas que regulaban el internamiento y la expulsión no es hasta la Directiva 2001/40/CE que comienza a tomar forma una política comunitaria centrada en la inmigración irregular y las expulsiones de migrantes. Las medidas de retorno son, dice la Comisión europea, “una piedra angular de la política de migración de la UE”. Desde entonces, la barbarie de los centros de retención e internamiento, el socavamiento de los derechos y la exclusión y criminalización de los migrantes extranjeros se han convertido en el caballo de batalla de las asociaciones defensoras de los derechos humanos. La erosión que las legislaciones y medidas de expulsión están provocado en los derechos y libertades y en las instituciones del Estado de derecho es inmensa. El retroceso y la erosión en los derechos y libertades es tan grande que ya no es posible continuar hablando sin más de Estados de derecho en la UE, sino más bien de máquinas administrativas para el internamiento y la expulsión, de “Estados expulsores” (1), donde las personas extranjeras son tratadas como semipersonas (2) e incluso como “no-personas” (3).