129 resultados para Alcaldes


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El interés de esta Investigación Diagnóstica es mostrar la importancia de la participación social de los adultos mayores en el proceso de diseño de políticas públicas en el Municipio de Cachipay. Se demuestra que las necesidades sentidas y las expectativas de atención integral identificadas desde los adultos mayores, aportan información fundamental y complementaria a los diagnósticos elaborados con base únicamente en fuentes institucionales. Tomando conceptos de vulnerabilidad, exclusión social, el principio de respeto a los derechos humanos y siguiendo la norma nacional contenida en la Ley 1251 de 2008 de envejecimiento y vejez, la investigación avanza en la identificación de conceptos, instrumentos y dinámicas de participación social, para que el gobierno local diseñe políticas públicas concertadas que garanticen una vida digna a la población de la tercera edad.

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Con la adopción de la constitución de 1991 se avanzó en la descentralización que hasta entonces había sido un proceso lento en Colombia y se instauro una de las estructuras m·s descentralizadas de AmÈrica Latina. Este proceso se caracteriza por tres componentes: el polÌtico, el fiscal y el administrativo. El primero de ellos se da mediante la elecciÛn de alcaldes y gobernadores; el segundo con la transferencia de aproximadamente el cincuenta por ciento de los ingresos corrientes del estado a los municipios y departamentos; y, el tercero con el traspaso a los gobiernos locales de las polÌticas sociales en salud, educaciÛn, agua potable, saneamiento b·sico, recreaciÛn, cultura y deporte.

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Esta investigación es importante porque Bogotá sin hambre pone de actualidad la seguridad alimentaria, lo que constituye una oportunidad para revisar este tema, pues muy pocas veces en Bogotá se le ha dado trascendencia al problema de la malnutrición y aunque los anteriores alcaldes manejaban ciertos programas de alimentación, ninguno se constituía como parte importante de su programa de gobierno, como en este caso. La iniciativa del gobierno de Garzón de establecer una política de seguridad alimentaria para Bogotá surgió principalmente por el análisis de la encuesta de calidad de vida, realizada en el año 2003, y de las cifras del SISVAN.4 Aunque esta encuesta no contiene muchas preguntas sobre el tema alimentario, percibió que hay un gran nivel de pobreza en la ciudad, sobretodo en ciertas localidades. Además se observó que el tema de la alimentación era muy precario porque en la encuesta se hizo una pregunta enfocada a establecer si había algún miembro de familia que había dejado de consumir las comidas diarias por problemas de falta de dinero, y el dato arrojó que “en el 8.6 de cada cien hogares hay al menos un miembro que no consume ninguna de las tres comidas (desayuno, almuerzo, comida) por falta de ingresos”.5 Motivo por el cual dentro de BSH la meta de dar apoyo alimentario a personas fue de 625 mil personas.

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Durante este trabajo se analizarán los impactos económicos, sociales y ambientales que generaría el desarrollo de una Plataforma Logística Multimodal en Puerto Asís, Putumayo, en la región amazónica comprendida por Colombia, Brasil y Ecuador, como opción de salida y entrada de mercancías. Esto con el fin de establecer cuál es la ruta más óptima para el transporte de mercancías hacia el continente asiático. Este proyecto surge como una iniciativa en la constitución de un eje de transporte para la interconexión de los puertos de la región amazónica. Consiste en el establecimiento de infraestructura para vías terrestres y marítimas que agilicen el transporte y reduzcan los altos costos a los que se enfrentan el comercio de la región. Para justificar la viabilidad de la realización este proyecto, es necesario evaluar diferentes impactos que producirían en diferentes ámbitos como los económicos, ambientales y sociales. Para la búsqueda de los impactos se establecen los perfiles actuales de los países vinculados al proyecto de la Plataforma Logística Multimodal en Puerto Asís, Putumayo. Esto con el fin de conocer sus respectivas condiciones actuales y hallar en qué medida se verán alteradas. Posteriormente, se expondrá las circunstancias de infraestructura de esta zona, demostrando los desafíos que exige el desarrollo de este tipo de proyectos en la región amazónica con la intención final de mejorar la infraestructura no solo de este sector sino del país, volviéndolo más competitivo a nivel global. Finalmente se evaluaran los efectos que la construcción de la plataforma generaría justificando su desarrollo.

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Venezuela es un país con raíces federales que inicio su proceso de descentralización en 1989 con la elección de gobernadores y alcaldes. Perú posee una base constitucional de corte unitario que, luego de una frustrada descentralización a finales de los ochenta, reinicio ese camino en noviembre de 2002 con la elección de los presidentes regionales. En ambos casos se encuentran elementos coincidentes respecto a la construcción de consensos políticos para conferirle legitimidad al proceso, y también diferencias en sus orientaciones

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Este texto se ocupa de los factores subyacentes al cambio en el manejo del espacio publico del centro historico de Bogotá, que de una politica negligente de parte de alcaldes nombrados por el ejecutivo nacional pasó a otra, caracterizada por una agresiva campaña orientada hacia su recuperacion liderada por alcaldes ejegidos popularmente desde 1988 hasta 2003, cuando se eligio a Luis Eduardo Garzón.

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Las competencias que se atribuyen a la figura jurídica conocida en Colombia como “área metropolitana” (Ley 128 de 1994), en relación con las demás entidades territoriales, han sido objeto de debate, por mucho tiempo, en la jurisprudencia y entre los gobernantes. En el presente texto se busca ilustrar la situación actual del tema y realizar una recomendación para mejorar la implementación de estas entidades administrativas, con base en aspectos sociológicos y económicos. Adicionalmente, se toma en cuenta otro aspecto álgido que deviene de lo anterior: la atribución concedida a los alcaldes metropolitanos en estas entidades administrativas que les da la oportunidad de gobernar indirectamente sobre el actuar del ente administrativo.

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El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.

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El artículo explora las experiencias francesas del modelo de policía de proximidad. Con base en la división policial francesa entre la gendarmería de corte militar y la policía nacional, institucional civil. El autor da cuenta de las experiencias de vieja data y el desarrollo que ha tenido la policía de proximidad en Francia. Aunque el modelo fue adoptado de manera reciente en ese país (desde finales de los años 90), la policía francesa ha tenido siempre una vocación de cercanía con los vecinos y los ciudadanos en general. Sin embargo, recientemente las experiencias de policía de proximidad han cedido ante las tareas y políticas de represión impuestas para combatir la delincuencia creciente. Sólo las policías municipales, enteramente dependientes de los alcaldes y tradicionalmente cuestionadas, han suplido tangencialmente este rol de policía cercana a la comunidad. El modelo de policía de proximidad en Francia no ha sido suficientemente evaluado y se encuentra en medio del debate sobre su eficacia real.-----This article examines the French experience with the so called ‘police de proximite’ or ‘proximity police’. Based on the French division of the police force into the gendarmerie, of military nature, and the national police, a civil institution, the autor describes in detail the experiences and developments of the longstanding ‘police de proximite’ in France. Even if the model was established as recently as the late 90’s, the French police force has tended right from its beginnings to be close to neighbours and citizens in general, an experience that has yielded lately to repressive tasks and policies to combat a raising crime rate. Only the local boroughs’police, entirely dependent on the city mayors and traditionally called into question, has marginally played this role of communityclase policing. In short, the proximity policing model has not been sufficiently assessed and its efficiency is now in the middle of intense debate.

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El presente estudio de caso hace un análisis y revisión de la consulta previa en un contexto suburbano como es la comunidad muisca de Bosa. Se describe cómo este mecanismo permite la defensa del territorio ante la expedición del plan parcial El Edén El Descanso que busca desarrollar en esta zona un proyecto de vivienda. En este sentido se hace una revisión de la documentación pública del Cabildo muisca de Bosa, del Distrito y del Ministerio del Interior que sirven de insumo para analizar las dinámicas y fases de este caso al ser el único en un contexto suburbano. A partir de esto se retoman varios elementos del Estado social de derecho, como los derechos colectivos y los mecanismos de participación, entre otros, en el marco del enfoque diferencial para las comunidades indígenas

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El símbolo su aprovechamiento como recurso innovador en el ejercicio del gobierno su manejo para la construcción comunicativa de nuevos discursos políticos y su incidencia para la formación y construcción de una imagen común o como proyecto de ciudad

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El sistema de organización territorial ha pervivido hasta el día de hoy con algunas modificaciones como por ejemplo la elección popular de alcaldes y gobernadores o el ascenso a la categoría de departamentos de las intendencias y comisarías

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El propósito del presente trabajo de grado es determinar la incidencia que tuvo la trashumancia electoral en los comicios locales de 2003-2007-2011 en Boyacá, para la designación de Alcaldes municipales en dichos momentos. De esta manera, se sostiene que el fraude en inscripción de cédulas, como se le conoce al delito, ayudó a llegar al poder a líderes que utilizaron el transporte de votantes como forma de hacerse elegir en cada uno de los territorios en los que aspiraban al cargo. Por ello, se identificaron las inconsistencias existentes entre el crecimiento poblacional mayor de 18 años y el censo electoral de cada uno de los periodos analizados, considerando las diferentes denuncias tanto administrativas como penales, presentadas ante los organismos competentes, así como las percepciones sociales a través del análisis de prensa local. Con esto, se busca dar a conocer una de las consecuencias del fraude en los contextos democráticos.

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La presente investigación tiene como objeto analizar la influencia de la estrategia de guerra jurídica de las Farc en la autonomía del sistema judicial colombiano. Así mismo, se busca desarrollar un análisis de la VIII Conferencia Nacional Guerrillera de las Farc, con el fin de dar cuenta de la evolución de sus planes estratégicos, que han llevado a la inserción en nuevos teatros de operaciones. Lo anterior irá enfocado en la importancia que tiene para la guerrilla de las Farc el paso de la guerra de guerrillas a la guerra asimétrica; y en ésta última será posible encontrar el sustento teórico necesario para realizar el presente estudio. Por último, se pretende resaltar que la evolución del plan ha conllevado a una inseguridad jurídica perjudicial para los principales fines del Estado, causando con esto un debilitamiento de las instituciones.

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La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del Estado de Derecho en el siglo XXI. Su incidencia reduce la eficacia de la inversión, aumenta el valor de los bienes y servicios, reduce la competitividad de las empresas, vulnera la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y sobre todo condena a la miseria a quienes deben ser destinatarios de las políticas públicas.Sin embrago, la lucha que han realizado muchos gobiernos y funcionarios judiciales contra este fenómeno ha modificado sus formas de aparición, pues es cada vez menos frecuente la apropiación directa de los caudales públicos o la entrega de sobornos a los funcionarios, prefiriéndose métodos mucho más sutiles como los sobrecostos, la subcontratación masiva o la constitución de complicadas sociedades, en las cuales tienen participación los funcionarios públicos o sus familias.Este libro constituye un esfuerzo por el estudio jurídico y criminológico de la corrupción y los delitos contra la administración pública en Europa y Latinoamérica y reúne la selección de los temas penales más relevantes de la tesis doctoral del profesor Carlos Guillermo Castro Cuenca, denominada Aproximación a la Corrupción en la contratación pública y defendida en la universidad de Salamanca en febrero de 2008, con lo cual obtuvo la calificación de sobresaliente por unanimidad.