998 resultados para MORTALIDAD - COLOMBIA - ESTADISTICAS - 1985-2004
Resumo:
Based on the experiences of Colombia, Brazil and Bolivia, the paper proposes a general analytical framework for participatory mechanisms. The analysis is oriented to detect the incentives in each system and theethics and behavior sustaining them. It investigates about the sustainability of participatory democracy, in the face of tensions with representative democracy. The article presents a theoretical framework built from theseexperiences of institutional design and political practice, and confronts it against the theoretical conceptualizationsof participatory democracy in Bobbio, Sartori, Elster and Nino, among others. In this context, different waysin which those schemes can be inserted in the political systems become apparent, along with the variables thatresult from combining elements of direct, representative and participatory democracy”
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El artículo describe las características centrales de la reforma regulatoria al sector eléctrico en 1994 y evalúa el desempeño y la eficiencia de las empresas públicas antes y después de la reforma. El análisis de desempeño evalúa los cambios en medias y medianas en ganancias, eficiencia, inversión y ventas de las empresas privatizadas en el sector. La eficiencia técnica es estimada mediante la técnica DEA en una muestra de 33 plantas térmicas de energía, que representan el 85% del parque térmico; y 12 empresas distribuidoras de energía. La muestra de plantas generadoras está compuesta por plantas que estaban activas antes de la reforma y plantas nuevas que entraron en operación después de la reforma. Los principales resultados muestran que la eficiencia mejoro después de la reforma y que la política regulatoria ha tenido un efecto positivo en la eficiencia de la generación térmica de energía. Por el contrario, las distribuidoras de energía menos eficientes empeoraron después de la reforma y no llevaron a cabo una reestructuración para alcanzar la eficiencia productiva respecto a las empresas que conforman la frontera de eficiencia en distribución de energía.
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En este trabajo se examinan los más importantes estudios realizados sobre la pobreza, el empleo y la distribución del ingreso en zonas rurales de Colombia, con especial referencia a la década de 1990. Aunque hay cierta dificultad para identificar los “hechos estilizados” que caracterizan la evolución de estas variables, durante el período de interés, los resultados de la revisión permiten indicar lo siguiente: la pobreza rural tiende a disminuir en el largo plazo, aunque se ve afectada negativamente por el ciclo económico y por la forma como interactúa con el resto de la economía. El empleo rural disminuye su participación en el empleo total y tiende a adquirir características que lo asimilan más al empleo urbano, en la medida en que parece “terciarizarce”. Existe un sesgo antirural que determina que la brecha de ingresos rural-urbana se amplíe secularmente; en tanto que las reformas económicas introducidas a comienzos de la década tuvieron una incidencia positiva en la disminución de la concentración del ingreso rural.
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Este artículo muestra la relación existente entre las políticas de Ciencia y Tecnología (CyT) y los resultados que éstas han producido a través del gasto en CyT, como indicador de insumo, y de las publicaciones, como indicador producto. El documento describe el proceso histórico que ha tenido el sistema a través de la construcción y acumulación de capacidades, éste es dividido en cuatro etapas. Por su parte, el gasto en CyT presenta un aumento de recursos hasta 1996, a partir de allí se da un decrecimiento. Este gasto proviene, en su mayoría, del sector público a través de créditos externos. Las publicaciones muestran un rendimiento sobresaliente de Colombia en términos de crecimiento, aunque los números absolutos sean todavía muy pequeños. Dichas tasas de crecimiento muestran una correspondencia con la financiación de la CyT y con la acumulación de capacidades del sistema de innovación.
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El documento hace una revisión de las principales fuentes de protección social que hay en Colombia y las características de los sistemas de protección de otros países. Se encuentra que gran parte de lo que se conoce como gasto social se destina al tema pensional y que los resultados de los fondos de solidaridad son muy pequeños frente a la autoprotección de los hogares. Se propone tener en cuenta los esfuerzos individuales y privados que hay en Colombia al diseñar un sistema de protección social, pues de lo contrario se estarían desincentivando estos esfuerzos.
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El presente trabajo intenta estimar si las empresas emplean estratégicamente la deuda para limitar la entrada de potenciales rivales. Mediante la metodología de Método Generalizado de Momentos (GMM) se evalúa el efecto que tienen los activos específicos, la cuota de mercado y el tamaño, como proxies de las rentas del mercado, y las barreras de entrada sobre los niveles de endeudamiento, a nivel de empresa para Colombia, durante 1995-2003. Se encuentra que las empresas utilizan los activos específicos para limitar la entrada al mercado y que el endeudamiento decrece a medida que las empresas aumentan su cuota en el mercado
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El análisis de la dimensión de riesgo en el estudio del desempleo, complementa el estudio de aspectos como su tipología, la importancia de la intermediación laboral o la vulnerabilidad de ciertos grupos. En este sentido, la tasa de incidencia representa un indicador compuesto que tiene en cuenta el volumen de desempleados y la persistencia en este estado mediante la incorporación de la duración media del desempleo. El análisis de la tasa de incidencia permite caracterizar de manera más completa a quienes tienen una mayor probabilidad de entrar en el desempleo o permanecer en esta situación. Se encuentra que en Colombia existen diferencias significativas entre la tasa de desempleo y la tasa de incidencia, lo que implica que la situación del mercado de trabajo no sólo se explica por el efecto que los choques económicos tienen sobre la composición de la oferta y demanda de trabajo sino también por los fenómenos de duración en los diferentes estados laborales. Estos eventos se pueden considerar igualmente importantes para explicar la dinámica de corto y mediano plazo del mercado laboral.
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La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del Estado de Derecho en el siglo XXI. Su incidencia reduce la eficacia de la inversión, aumenta el valor de los bienes y servicios, reduce la competitividad de las empresas, vulnera la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y sobre todo condena a la miseria a quienes deben ser destinatarios de las políticas públicas.Sin embrago, la lucha que han realizado muchos gobiernos y funcionarios judiciales contra este fenómeno ha modificado sus formas de aparición, pues es cada vez menos frecuente la apropiación directa de los caudales públicos o la entrega de sobornos a los funcionarios, prefiriéndose métodos mucho más sutiles como los sobrecostos, la subcontratación masiva o la constitución de complicadas sociedades, en las cuales tienen participación los funcionarios públicos o sus familias.Este libro constituye un esfuerzo por el estudio jurídico y criminológico de la corrupción y los delitos contra la administración pública en Europa y Latinoamérica y reúne la selección de los temas penales más relevantes de la tesis doctoral del profesor Carlos Guillermo Castro Cuenca, denominada Aproximación a la Corrupción en la contratación pública y defendida en la universidad de Salamanca en febrero de 2008, con lo cual obtuvo la calificación de sobresaliente por unanimidad.
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Ante el fenómeno de la globalización, el gigante asiático se presenta como un actor fundamental para establecer relaciones económicas, por su reciente ascenso en la jerarquía de poder, su creciente industria demandante de materias primas y su densa población, cuya capacidad de consumo aumenta día a día. Lo anterior le permite a Colombia abrir nuevos mercados que generen un mejoramiento económico y un mayor reconocimiento internacional La presente investigación se desarrolló mediante una metodología cualitativa que abarca la revisión de material bibliográfico, investigaciones realizadas y consulta de documentos oficiales. También se recogen datos estadísticos, fundamentales para soportar los objetivos de este documento y se citan casos de países como Brasil, Argentina y Chile, que constituyen un referente para conocer los procesos que llevan a cabo estas naciones con el gigante asiático relacionados a las importaciones de carne Bovina. La inclusión actual del sector ganadero en los nuevos contextos nacionales e internacionales de competencia por mercados, resulta indispensable para asegurar no sólo la estabilidad sino fundamentalmente la sostenibilidad de la actividad a mediano y largo plazo. Lo anterior debe convertirse en un propósito nacional de los sectores públicos y privados para comenzar a desarrollar, conjuntamente con los gremios; acciones que permitan remover los obstáculos que hoy en día se presentan y promover la modernización de esta actividad. Es pertinente elevar la condición de la producción, comercialización y mercadeo de la ganadería bovina colombiana, además de garantizar niveles de rentabilidad que permitan consolidar la confianza y el impulso necesario para el desarrollo de las inversiones básicas, que la normatividad a nivel de logística y salubridad exige para llegar a nuevos países.
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El presente trabajo de grado tiene como propósito examinar la incidencia de la organización interna de los partidos políticos colombianos sobre el grado de polarización del sistema partidario, durante el periodo 2002-2014. De esta manera, sostiene que la poca disciplina interna determinó el bajo grado de polarización del sistema, facilitando la conformación de coaliciones contradictorias, efímeras e indisciplinadas en el Congreso y en el Ejecutivo a nivel nacional y local. Por ello, se exponen los principales cambios que sufrió el sistema partidario a partir de las reformas implementadas, y se analiza el comportamiento de las coaliciones de gobierno en el Congreso. Finalmente, se examina el comportamiento de la coalición de la Unidad Nacional en las elecciones locales de 2011, utilizando como marco para este trabajo algunos conceptos básicos sobre la teoría de partidos.
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La Playa es un sector de la ciudad de Bogotá, donde se encuentra la oferta de músicos informales más grande de Colombia: mariachis, tríos de cuerda y grupos vallenatos. En esta investigación, se analiza la migración de músicos vallenatos provenientes del Caribe colombiano a este sector de la capital del país; se examina el trabajo de estos músicos en La Playa; y se revisa el proceso de consolidación del vallenato como música nacional.
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El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general
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Se analiza la relación entre movimientos sociales y nuevos medios en Colombia, preguntando en particular por las posibilidades narrativas que tienen los movimientos sociales en el nuevo espacio comunicativo abierto por internet. Para ello, se lleva a cabo un estudio descriptivo del relato elaborado en la red social Twitter por activistas virtuales del movimiento de indignación surgido en Bogotá tras la destitución del alcalde mayor, Gustavo Petro, a finales de 2013. Se encontró que Twitter fue un espacio esencialmente de disputa. El relato del movimiento fue construido en permanente contrapunteo no solo con las informaciones de los medios de comunicación tradicionales y las intervenciones de los líderes políticos, sino también con expresiones ciudadanas rivales, que se movilizaron paralelamente en la misma red social en un ejercicio de contestación. Esta investigación emplea como marco analítico la “autocomunicación de masas” propuesta por Manuel Castells.
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El juez constitucional es motivo de apasionados debates tanto por quienes defienden su actividad en tanto expresión constitucional de la democracia como por quienes lo atacan por poner en peligro la separación tradicional de los poderes públicos. Sin embargo una nueva dimensión de su actividad emerge en medio de la re definición de los conceptos jurídicos y políticos que fundan la noción del Estado. Las políticas Públicas hasta hace muy poco eran competencia exclusiva de la administración sin embargo el juez constitucional ha ido consolid?ndose como un actor capaz de determinar sus contornos desarrollando un concepto amplio de gobernanza que va más allá de la idea de gobierno y de gobernabilidad. Entonces esta investigación está orientada a presentar tanto a juristas politólogos y administradores el proceso mediante el cual el sistema jurídico constitucional regula el sistema de políticas públicas y en este caso la política territorial para buscar demostrar cómo una nueva dimensión del control constitucional se consolida dentro de una nueva idea Estado y de democracia.