789 resultados para Derechos humanos – Venezuela
Resumo:
Título anterior de la publicación : Boletín de la Comisión Española de la UNESCO
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Analiza la comunicación como una dimensión que en la sociedad de masas se concreta en un espacio institucionalizado en el que las personas intercambian datos, conocimientos y, en último término, significaciones. Preguntarse por la importancia de la comunicación en la sociedad actual, vista según algunos como sociedad de la información, y discutir acerca del potencial de las nuevas tecnologías comunicativas para cambiar nuestra realidad son los puntos de partida para sumergirse en una apreciación jurídica del complejo fenómeno comunicativo. Su parte central esta obra plantea el problema de los derechos humanos fundamentales dentro de la dimensión de la comunicación social -derechos nuevos y a la vez clásicos en un régimen democrático-: libertad de expresión, derecho a y de la información, y derecho a comunicar. Las relaciones que se producen en el espacio comunicativo entre los medios y los ciudadanos resultan complejas, especialmente aquellas que se traban a partir de los procesos informativos. Busca responder a las siguientes interrogantes: ¿cuáles son los contenidos de los derechos de la comunicación?, ¿cómo los ejercen los medios y la ciudadanía?, ¿bajo qué premisas, alcances y limitaciones lo hacen? Los juristas y comunicadores, docentes y estudiantes de materias afines, profesionales e interesados en la promoción de los derechos ciudadanos encontrarán aquí materiales útiles para la reflexión.
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Este libro analiza la construcción del discurso jurídico de los derechos sexuales en Ecuador. Enfatiza en la interrelación entre los derechos sexuales reconocidos en la Constitución Política del Ecuador –componente normativo– los debates en la Asamblea Constituyente de 1998 y las interpretaciones del Tribunal Constitucional –componente estructural-institucional– y las propuestas de organizaciones sociales de mujeres, transgénero y jóvenes, y la posición de la Iglesia católica –componente político-cultural. La autora busca dar respuestas a preguntas como: ¿Qué condiciones favorecen el surgimiento del discurso de derechos sexuales en Ecuador? ¿Es un punto de inflexión nombrar los derechos sexuales como derechos humanos? ¿Cómo se expresan, a través del discurso de los derechos sexuales, las formas de emancipación o regulación? ¿De qué manera este discurso produce sujetos y no sujetos? ¿Cómo se manifiesta la relación entre controles y resistencias? ¿Qué tensiones y contradicciones se expresan en el discurso de los derechos sexuales? ¿Qué retos y rupturas plantea la inclusión de la sexualidad en el discurso de los derechos humanos?
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Realiza un análisis de la garantía de amparo constitucional, sus orígenes históricos y posterior evolución jurídica en Latinoamérica, poniendo énfasis en el desarrollo constitucional en el Ecuador. El estudio de la efectividad del amparo como garantía de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, es realizado con base a un estudio de casos resueltos por el Tribunal Constitucional entre 1997 y 2004. Los casos analizados fueron tomados de una muestra estadística representativa que analiza el tipo de derechos, su origen jurisdiccional y geográfico, los tipos de legitimarios pasivos y activos y las motivaciones formales y de fondo de las resoluciones tomadas. Finalmente el trabajo concluye con una reflexión sobre el inadecuado ejercicio del amparo constitucional en casos de carácter laboral y administrativos; ante ello, se recomienda el perfeccionamiento y fortalecimiento de las vías contencioso administrativas.
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El Ecuador en noviembre del 2001, ratificó la Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. En cumplimiento de sus obligaciones internacionales, a cinco años de su ratificación formal y tres años de su entrada en vigor a nivel internacional, ha presentado su Primer Informe de Cumplimiento. Ante ello, la sociedad civil organizada en Ecuador, a través de la Coalición Interinstitucional para el Seguimiento y Difusión de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias en Ecuador, pone a consideración del Comité el presente Informe Sombra, con el cual se proporciona información de contexto general sobre la situación de los/as trabajadores migratorios/as como un insumo para la revisión preliminar del informe del Estado.
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La administración de justicia indígena, en la óptica de la construcción de un Estado plurinacional, implica reformular los conceptos de justicia y derecho. El reconocimiento del pluralismo jurídico rompe con el esquema del Estado nacional, donde solo cabe un sistema jurídico, siendo imposible entender la coexistencia de varios sistemas. El pluralismo jurídico significa que los miembros de la sociedad hegemónica acepten la existencia de diferentes concepciones de hombre, sociedad y derecho.
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Existe una gran similitud del estado de situación de nuestros pueblos sometidos al mismo modelo neoliberal, medidas de ajuste estructural indolentes que nos imponen los mismos resultados aciagos. Pese a que nuestros Estados han suscrito un sinnúmero de instrumentos internacionales, no solo han dejado de lado su aplicación, sino que los vulneran constantemente.
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Nuevas contextos exigen nuevas estrategias. Pero no puede hablarse de una estrategia de exigibilidad si ésta carece de una sostenibilidad de actores, de organizaciones, de sujetos sociales que se reconozcan como sujetos, como titulares de derechos y, por lo tanto, se organicen, movilicen y exijan la plena realización de esos derechos.
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El conflicto político que vive Venezuela ha limitado la discusión del problema clave que nos afecta desde hace más de una década: la pobreza y la exclusión. La aprobación de un modelo de seguridad social garantista, solidario y apegado a la Constitución es una de las condiciones fundamentales para promover y lograr la inclusión social.
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Estamos en una época en la que se hace imprescindible un genuino y fructífero diálogo entre culturas para expandir y profundizar los consensos. Ni el universalismo debe enmascarar la brecha que existe entre diferentes percepciones sobre los derechos humanos, ni el relativismo puede enmascarar violaciones a los derechos de la niñez y adolescencia. La brecha no será acortada si la diferenciación cultural y la visibilidad de la niñez y adolescencia son negadas.
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La sociedad civil venezolana ha ido creciendo cada vez más. Ya no son los medios con sus voces de difusión y/o excitación, ahora es la propia sociedad civil que se difunde como mensaje y medio a la vez. La acción política ya no se presentó como antaño con desprecio y asco. Si antes los medios jugaron a ese desprestigio, ahora la sociedad civil está apostando a la valorización de la política a través de sus actuaciones y llamado. Ella copa los hechos noticiosos, ella es noticiable como actor junto a la calle que es el espacio que ella a escogido en esta coyuntura que vivimos.
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Las organizaciones de la sociedad civil pueden ser agrupaciones mediadoras en la medida que responden a necesidades, expectativas y búsquedas de la sociedad que las colocan en el debate público. Al contribuir con al debate, las organizaciones de la sociedad civil hacen política. La búsqueda de rating mediático puede deformar el objetivo de las organizaciones de la sociedad civil, pero si su objetivo es incidir globalmente en la sociedad, también estarían alejándose de su misión si no logran influir en la construcción de lo público y ello pasa necesariamente por la comunicación.
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Organizaciones de la sociedad civil venezolana han reaccionado ante el debilitamiento de la democracia, organizando movilizaciones sociales en nombre de la libertad. Este movimiento se ha desarrollado frente al debilitamiento de los vínculos de la democracia (libertad individual, ciudadanía y representación política de intereses), que en Venezuela se encuentran en crisis desde hace por lo menos 20 años. Desde allí se desarrollan nuevas propuestas sobre la necesaria armonización entre intereses particulares e intereses públicos.