Clinical Governance podcast.

Interview with Anne Baileff by Trevor Kettle

Efectos de la reducción del nivel del Lago Chad sobre la Seguridad Regional (Nigeria, Níger, Chad y Camerún) durante el período de 2000-2010

El Lago Chad ha sido durante varias décadas, una fuente de supervivencia económica para millones de personas que habitan en cuatro Estados a saber; Nigeria, Níger, Chad y Camerún. No obstante, el cambio climático, el aumento acelerado de la población, la explotación insostenible y la mala regulación de los Estados ribereños han sido los principales factores que han dado lugar, en la última década, a la dramática reducción del nivel del Lago Chad. Teniendo en cuenta que los Estados aledaños al Lago, se encuentran inmersos en una Interdependencia Compleja, este nuevo contexto, ha tenido un impacto directo en la región, debido a que ha agravado otras variables económicas, sociales, ambientales y políticas, dejando un ambiente de inseguridad regional. De esta manera, la reducción de la Cuenca del Lago Chad representa una amenaza compartida que vincula estrechamente a Nigeria, Níger, Chad y Camerún, lo que permite vislumbrar la existencia de un Subcomplejo de Seguridad Regional.

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Análisis del Espacio Schengen en materia de seguridad como base para la implementación del Protocolo sobre la Facilitación del Movimiento de Personas de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC)

El fin de la Guerra Fría supuso no sólo el triunfo del capitalismo y de la democracia liberal, sino un cambio significativo en el Sistema Internacional; siendo menos centralizado y más regionalizado, como consecuencia de la proximidad y relaciones de interdependencia entre sus actores (no sólo Estados) y permitiendo la formación de Complejos Regionales de Seguridad (CRS). Los CRS son una forma efectiva de relacionarse y aproximarse a la arena internacional pues a través de sus procesos de securitización y desecuritización consiguen lograr objetivos específicos. Partiendo de ello, tanto la Unión Europea (UE) como la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC) iniciaron varios procesos de securitización relacionados con la integración regional; siendo un ejemplo de ello la eliminación de los controles en sus fronteras interiores o libre circulación de personas; pues consideraron que de no hacerse realidad, ello generaría amenazas políticas (su influencia y capacidad de actuación estaban amenazadas), económicas (en cuanto a su competitividad y niveles básicos de bienestar) y societales (en cuanto a la identidad de la comunidad como indispensable para la integración) que pondrían en riesgo la existencia misma de sus CRS. En esta medida, la UE creó el Espacio Schengen, que fue producto de un proceso de securitización desde inicios de la década de los 80 hasta mediados de la década de los 90; y la SADC se encuentra inmersa en tal proceso de securitización desde 1992 hasta la actualidad y espera la ratificación del Protocolo para la Facilitación del Movimiento de personas como primer paso para lograr la eliminación de controles en sus fronteras interiores. Si bien tanto la UE como la SADC consideraron que de no permitir la libre circulación de personas, su integración y por lo tanto, sus CRS estaban en riesgo; la SADC no lo ha logrado. Ello hace indispensable hacer un análisis más profundo de sus procesos de securitización para así encontrar sus falencias con respecto al éxito de la UE. El análisis está basado en la Teoría de los Complejos de Seguridad de Barry Buzan, plasmada en la obra Security a New Framework for Analysis (1998) de Barry Buzan, Ole Waever y Jaap de Wilde y será dividido en cada una de las etapas del proceso de securitización: la identificación de una amenaza existencial a un objeto referente a través de un acto discursivo, la aceptación de una amenaza por parte de una audiencia relevante y las acciones de emergencia para hacer frente a las amenazas existenciales; reconociendo las diferencias y similitudes de un proceso de securitización exitoso frente a otro que aún no lo ha sido.

Relationship between physical capacity and quality of life in workers university

Aim: Examine the relationship between the functional capacity and the quality of life related to health in university workers. Methodology: Cross-sectional study in 146 subjects, divided in two groups: Low functional Capacity (< 9 METs) and High functional Capacity (> 9.1 METs). We evaluated quality of life related to health (HRQOL-Health Questionnaire SF-12) and functional capacity (Questionnaire PAR/PAF) as indicators of health status. Results: 47.3% (69 men) and 52.7% (78 women). The average age of the groups was 35.0 ± 9.7 years (range 19,0-60,0 years). For HRQOL, the average found in the population assessed was 45.2 ± 4.42 (range 33,0-58,1) and 43.8 ± 6.87 (range 19,8-43,8) in components Physical Component Summary (PCS-12) and Mental Component Summary (MCS-12), respectively p = NS. Significant differences were found when comparing functional ability and sex, p<0,001 in both groups. Similarly, sex and mental component MCS-12 (group of Lower Functional) p = 0,049 as well as women and the physical component PCS-12, p = 0,05 between groups. Finally, a better score in HRQL observed in the group of High Capacity and functional components in both sex OR 0.59 (0.25-1.38). Conclusions: The results of this study demonstrate the relationship between High functional Capacity and a better HRQOL in this population.

Gobierno y gobernancia de los territorios, sectorialidad y territorialidad de las políticas públicas

El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.

La relación entre los conceptos de relación estratégica comunitaria de las organizaciones con las comunidades y la responsabilidad social

Para maximizar los beneficios, una compañía fundamenta sus acciones en ciertas estrategias que ayudan a cumplir su objetivo de generar utilidades. Entre las diferentes acciones que una organización puede utilizar, están las de responsabilidad social y las de relaciones estratégicas con la comunidad. Partiendo de la definición de comunidad, pasando por una descripción de responsabilidad social y sus diferentes formas de aplicabilidad dentro de una empresa, hasta la definición de relación estratégica con la comunidad; esta investigación dirige sus esfuerzos a determinar el vínculo que existe entre los conceptos de responsabilidad social y relación estratégica comunitaria. Adicionalmente, se plantea que otras estrategias de relacionamiento con clientes, como el mercadeo relacional o el CRM, las cuales enfocan sus esfuerzos en conocer a cada uno de los clientes de una compañía para plantear una oferta acorde a sus necesidades, no son muy efectivas a la hora de crear un vínculo emocional con la comunidad.

Controlling regional monopolies in the natural gas industry: the role of transport capacity

This paper analyzes some optimal fiscal, pricing, and capacity investment policies for controlling regional monopoly power in the natural gas industry. By letting the set of control instruments available to the social planner vary, we provide a characterization of the technological and demand conditions under which “excess” capacity in the transport network arises in response to the loss of the two other control instruments, namely, transfers and pricing. Hence, the analysis yields some insights on an economy’s incentives to invest in infrastructures for the purpose of integrating geographically isolated markets.

Investment in transport capacity and regulation of regional monopolies in natural gas commodity markets

This paper develops a model of the regulator-regulated firm relationship in a regional natural gas commodity market which can be linked to a competitive market by a pipeline. We characterize normative policies under which the regulator, in addition to setting the level of the capacity of the pipeline, regulates the price of gas, under asymmetric information on the firm’s technology, and may (or may not) operate (two-way) transfers between consumers and the firm. We then focus on capacity and investigate how its level responds to the regulator’s taking account of the firm’s incentive compatibility constraints. The analysis yields some insights on the role that transport capacity investments may play as an instrument to improve the efficiency of geographically isolated markets.

Corporate valuation and governance: evidence from Colombia

We examine for the first time the association of different measures of ownership and control, and separation ratios with firm’s value and performance for 108 non-financial firms that traded their stock during the period 1998 to 2002. We found that large blockholders exert a positive influence upon firm’s valuation and performance, which validates the positive monitoring approach of large shareholders, but also found that this relation is not monotone implying that when separation of control and ownership tends to increase, a negative effect is exerted on firm’s valuation. Furthermore, we report first estimates of a survey of corporate governance practices conducted in 2004 for 43 Colombian non-financial companies. The index’s scores suggest that implementation of good governance in Colombian firms has been slow and poor as measured by the average of the Index that is below half the maximum attainable value. Regrettably, we did not find any support to recent theories that predict a positive association between good governance practices, measured by the CGI, and performance. At most there exists a positive relationship for sub-index but the results were not statistically significant in general.

Regulatory governance in the latinamerican telecommunications sector

Empezando con Chile a comienzos de 1980, los países de América Latina han profundizado la reforma a las telecomunicaciones para crear un entorno regulatorio que incentive la inversión privada, en particular la inversión extranjera. En este artículo, trabajo las tendencias regulatorias en el sector telecomunicaciones de 24 países latinoamericanos y del caribe durante el período 1980-1997 y construyo un índice basado en : autonomía, rendición de cuentas, claridad de las funciones y objetivos, transparencia y participación, y el tipo de mandato legal que crea el ente regulador. El índice muestra que, en promedio, la mayoría de los países llevaron a cabo fuertes reformas regulatorias en la dirección sugerida por expertos e investigadores. El índice también se correlación bien con varias variables políticas, de riesgo, económicas y de telecomunicaciones.

La cooperación en América del Norte : de las seguridades económica y militar a la bioseguridad (2001-2009)

El nuevo orden internacional derivado de la Guerra Fría se caracterizó por la multiplicación de nuevas amenazas a la seguridad y la construcción de bloques regionales con el propósito de enfrentarlas. Esta investigación plantea que bajo tales circunstancias, en América del Norte, fue adoptada una agenda ampliada y profundizada en materia de seguridad que permitió articular las seguridades económica, militar y la bioseguridad. En este sentido, la configuración de dicha agenda fue posible gracias a la adopción de una retórica neoliberal de seguridad económica desde la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio en 1994, la cual luego del 11 de septiembre de 2001 fue articulada con la agenda de seguridad militar propuesta por el gobierno estadounidense en materia de lucha antiterrorista, que a su turno permitió la adopción de una retórica y unas medidas extraordinarias en materia de bioseguridad, motivada por los ataques bioterroristas con ántrax en EE.UU., el brote de SARS en Canadá y la pandemia de AH1N1 en México.

Natural resource windfalls and efficiency of local government expenditures: evidence from Peru

We study the role of natural resource windfalls in explaining the efficiency of public expenditures. Using a rich dataset of expenditures and public good provision for 1,836 municipalities in Peru for period 2001-2010, we estimate a non-monotonic relationship between the efficiency of public good provision and the level of natural resource transfers. Local governments that were extremely favored by the boom of mineral prices were more efficient in using fiscal windfalls whereas those benefited with modest transfers were more inefficient. These results can be explained by the increase in political competition associated with the boom. However, the fact that increases in efficiency were related to reductions in public good provision casts doubts about the beneficial effects of political competition in promoting efficiency.