Uso y abuso del decreto ley

Se trata a través del trabajo de analizar sucintamente el uso que del Decreto Ley se ha hecho en las últimas legistlaturas por los diferentes ejecutivos

The frustrated accesion of the European Union to the European Convention of Human Rights: a brief analysis of opinion 2/13 of the Court of Justice of European Union

Trabajo redactado en inglés sobre la última sentencia 2/13, del Tribunal de Justicia de Europa sobre la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos fundamentales. Análisis de la opinión 2/13 y sus objeciones.

Justizia leheneratzailea. Justizia eredu berriak, etorkuzuna ote?

Arau hauste bat gertatzen den garaian, arau hauste hau jasan dutenekiko babestu beharrekoak diren ondasun juridikoak urratzen dira. Hauek babesteko betebeharra estatuak dauka, eta kasuan kasuko zigor prozedura ezberdinen bitartez, gizarte ordena ezarri eta elkarbizitza soziala bermatu ahal izateko erantzunak ematen dituzte arau hausteen aurrean.

La carrera judicial en México: propuestas para su fortalecimiento.

394 p.

Participación ciudadana en el proceso constituyente de 1991

El proceso constitucional, bien sea su adopción o su reforma, es una constante en nuestra historia republicana. Durante el siglo XIX se expidieron como constituciones nacionales: la de la Provincias Unidas de la Nueva Granada, la de Colombia de 1821 y 1830 (conocida como la Gran Colombia), la del Estado de la Nueva Granada (1832 y 1843), la República de la Nueva Granada (1853), la Confederación Granadina (1858), los Estados Unidos de Colombia (1863) y la República de Colombia (1886). Las constituciones nacionales proferidas entre 1811 y 1886 fueron consecuencia de un pulso político en favor de unos intereses ideológicos claramente establecidos alrededor de la composición centralista o federalista de la naciente República. En el proceso constituyente de 1990/1991 se buscó la transformación política del Estado. Uno de sus elementos más significativos fue la convergencia de iniciativas para la búsqueda de la misma, y es así como la Constitución de 1991 representa una ruptura con el modo de proceder histórico de erección constitucional. Una de las premisas que se ha lanzado sobre el proceso del constituyente de 1990/1991 es que la participación ciudadana fue más una forma de democracia participativa que rompe la tradición representativa de la Carta Nacional vigente para el momento; esto debido, de un lado, a que el origen de la propuesta no estuvo vinculado exclusivamente a la iniciativa del ejecutivo, y del otro, a la urgencia por despertar el constituyente primario que había estado sosegado tanto por la normativa restrictiva como por los actores armados ilegales y la fuerza legítima e ilegítima del Estado. Justo sobre este debate se centra esta publicación, al derivar de un proyecto de investigación que tuvo como pregunta: ¿Cuáles fueron los alcances y las limitaciones de la participación ciudadana en la configuración de la Constitución colombiana de 1991?, Y hace un recorrido desde lo ocurrido desde la convocatoria para la votación a una Asamblea Nacional Constituyente y la participación ciudadana durante el funcionamiento de la misma.

Formas de participación ciudadana en las decisiones políticas

Se enfocó en saber diferenciar las formas de participación que establece el gobierno y a las que pueden optar los ciudadanos, para ello se ha desarrollado y detallado cada una de ellas, así mismo se analizó la importancia que a través de estas formas de participación el gobierno esté más abierto y dispuesto a escuchar a los ciudadanos para la búsqueda de mayores y mejores condiciones de vida promoviendo así el desarrollo del país. Además se determinó la evolución que tuvo la participación ciudadana a través del tiempo, estudiando las tendencias filosóficas que generaron el concepto de participación ciudadana. La estructura del documento estuvo dividida por cinco capítulos, en los cuales se detalló el concepto de participación ciudadana, sus principios, clasificación, el enfoque positivo y negativo que tiene en los procesos democráticos, utilizando referencias prácticas y teóricas de estudios, hechos sobre el tema y al mismo tiempo, en base a las diferentes entrevistas realizadas a personas relacionadas con la investigación.

Nanoteknologien arauketa juridiko komunitarioa/The European Union regulation of nanotechnologies.

953 p.

El Grooming (art. 183 ter 1 y 2 CP): Análisis típico y propuesta interpretativa

329 p.

La aplicación del principio interés superior del niño, niña y adolescente” en los procesos disciplinarios administrativos del ministerio de educación

La monografía titulada “La Aplicación del principio Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente” en los procesos disciplinarios administrativos del Ministerio de Educación; analiza el cumplimiento del mismo principio, en relación a la aplicación de acciones educativas disciplinarias en los procesos instaurados en contra de los estudiantes, dependiendo de la gravedad de la falta cometida. Posteriormente se analiza la legislación ecuatoriana en cuanto a la clasificación de las faltas, la sustanciación y resolución del proceso, a través de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, con su Reglamento General, y el Acuerdo Ministerial 434, cuerpos normativos que velan por el respeto y garantía de los principios y derechos constitucionales de este grupo de atención prioritaria. Serealiza un análisis jurídico de aspectos relacionados al ámbito disciplinario entre la normativa colombiana del departamento de Caqueta, con respecto de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento General. También se consideran los procesos disciplinariosinstaurados en contra de los estudiantes del Colegio Nacional Juan Pio Montufar de la ciudad de Quito,desde el Auto Inicial hasta la emisión de la Resolución;fiscalizando que en cada una de sus etapas se respete el principio del Interés Superior de los niños, niñas y adolescentes, yel derecho al Debido Proceso.

Derechos colectivos de las y los servidores públicos al amparo de las Enmiendas Constitucionales de 2015

La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el año 2008, reconoce y garantiza derechos para los ciudadanos domiciliados en el país, entre ellos trabajadores/as y servidoras y servidores públicos. En diciembre de 2015, la Asamblea Nacional del Ecuador, mediante el procedimiento de Enmienda Constitucional unificó el régimen laboral de las personas que prestan sus servicios laborales en las instituciones y organismos estatales, debiendo adecuarse la normativa legal y secundaria a esta modificación de la Carta Magna hasta junio de 2016. En el presente trabajo abordaremos en su primer capítulo antecedentes históricos del derecho al trabajo en general y la legislación histórica que ha regido en nuestro país. En el segundo capítulo nos centraremos en distinguir cuales son las características del régimen laboral público y del privado en Ecuador y realizaremos recomendaciones en relación a derechos individuales de los servidores públicos. En el tercer capítulo haremos referencia a los Convenios Internacionales de la OIT ratificados y no ratificados por nuestro país. En el cuarto capítulo estableceremos similitudes y diferencias entre las legislaciones regionales en razón del reconocimiento de derechos colectivos para servidores públicos. En el capítulo cinco detallaremos criterios doctrinarios sobre los derechos de ejercicio colectivo, es decir: huelga, convenio colectivo y sindicalización en el sector público para finalmente en el sexto y último capítulo dar recomendaciones para la inminente reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP.

Las garantías constitucionales y la acción extraordinaria de protección en la constitución de la República del Ecuador

Desde la vigencia de la Constitución del 2008, nuestro país evidencia una serie de cambios significativos, relacionados principalmente con las garantías constitucionales. En la presente monografía se ha realizado un estudio detallado de cada uno de estos mecanismos constitucionales, que garantizan una protección eficiente de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y en los instrumentos internacionales a favor de las personas. La presente investigación se divide en dos importantes secciones, que son las siguientes: Inicialmente, se presentan los avances en tema de garantías constitucionales establecidas en la Constitución de 2008, en relación a las garantías reguladas en el cuerpo político de 1998; se desarrolla además, un análisis de cada uno de estos mecanismos constitucionales, garantías normativas, institucionales, de políticas públicas, y jurisdiccionales, efectuando una referencia de las instituciones que abarca cada una de ellas.

Evaluación de la calidad académica en la educación media de los institutos públicos del municipio de San Salvador que tienen bachillerato en contaduría.

La educación es una actividad por la cual todas las personas tienen derecho constitucional, ya que por medio de ella el individuo puede desarrollar sus conocimientos, habilidades, destrezas entre otras, a través una profesión la cual estará reflejada ante la sociedad. Esta educación estará regulada por medio del Ministerio de Educación como ente rector de la educación, y esta será impartida en todas las aulas de educación de la red de educación pública. En ese sentido como su producto es el conocimiento, es importante evaluar la calidad académica con la que se les brinda a los institutos que tienen bachillerato en contaduría, dichas instituciones disponen de una unidad de gestión de calidad académica a nivel nacional que es parte integral para la mejora de la misma, sin embargo esta unidad tiene limitación en el acceso a sus registros, documentos, actividades y operaciones institucionales. La referida unidad no ha llevado a cabo ninguna evaluación a la calidad académica a los institutos de educación pública específicamente en lo relativo a la educación media, lo cual se debe a que no dispone de una herramienta que contenga procedimientos de evaluación a la calidad académica que le facilitaría el trabajo al momento de evaluarla en una institución especifica en beneficio de la población estudiantil. El objetivo de proporcionar una herramienta que contenga procedimientos de evaluación a la calidad académica basado en leyes y normativas técnicas vigentes que se origina desde el anteproyecto de la investigación en la formulación del problema con la pregunta ¿En qué medida afecta a la educación media la falta de una herramienta de evaluación de calidad académica, en los institutos públicos de san salvador, para un mejor rendimiento del estudiantado?, Pará lo cual se pretende analizar la normativa legal y técnica aplicada a las variables determinadas en la investigación es decir los institutos públicos de educación media y la calidad académica, diseño de los procedimientos de evaluación a la calidad académica de los institutos públicos. Se utilizaron técnicas de investigación que fueron básicas para el logro de los objetivos descritos anteriormente ya que se elaboró el diseño metodológico utilizado, el cual comprendió como tipo de estudio exploratorio y el descriptivo, los institutos públicos de educación media del municipio de San Salvador y las autoridades rectoras de los mismos como unidades de análisis, el universo y muestra, las técnicas e instrumentos de investigación, el procesamiento, análisis e interpretación de los resultados y el diagnostico. Luego de analizar la información pertinente, así como los resultados obtenidos en la investigación de campo se puede concluir principalmente que una evaluación a la calidad académica consistiría en el procedimiento objetivo, independiente, imparcial, sistemático y profesional de las actividades relacionado con la enseñanza y el aprendizaje que se imparten en los institutos, por esa razón se deben considerar procedimientos de evaluación apropiados que aseguren la obtención de mejores resultados en la calidad académica como es demandado por la población estudiantil. La calidad académica no es evaluada por el MINED, debido a la falta de indicadores que permitan evaluarla adecuadamente, los docentes no cuentan con planes de estudios actualizados los cuales repercuten en la baja la calidad académica, las autoridades de los institutos públicos de educación, están en la disposición de colaborar y apoyar al momento de ejecutar el procedimiento de evaluación a la calidad académica. Una evaluación a la calidad académica permitiría identificar las áreas de mejora y fortalecer aquellas que son desarrolladas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, estableciéndose como determinantes los planes de estudio, docentes y estudiantes, el MINED debe crear alianzas con diversas instituciones que estén en la disposición de brindar capacitaciones a los docentes sobre temas relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje, tecnología e innovación u otros temas, las autoridades, docentes y estudiantes deben de tomar esta evaluación a la calidad académica como una oportunidad de mejora continua. Por lo anterior se puede concluir que las evaluaciones que el Ministerio de Educación realiza a los institutos públicos no están enfocadas a evaluar la parte técnica, por falta de tiempo sólo verifica aspectos administrativos y metodológicos, lo que incide en la calidad de enseñanza, también los institutos públicos que tienen bachillerato en contaduría no cuentan con una herramienta de evaluación de la calidad académica, razón por la cual no existe un indicador que permita al ente rector medir el rendimiento académico de la población estudiantil, además los planes de estudio del bachillerato en contaduría tienen más de 10 años de no ser actualizados, y los docentes que imparten las asignaturas en contabilidad no se han capacitado, lo que indica que imparten una mala enseñanza y así obstruyen la formación profesional del bachiller. Por lo tanto se recomienda a los institutos que tienen bachillerato en contaduría crear la unidad de gestión de calidad institucional y que esta sea la encargada de evaluar los procesos de enseñanza de estas instituciones, con el objetivo de garantizar la calidad de la educación, también proponer la implementación por parte de los directores la herramienta de evaluación de la calidad académica propuesta por el equipo de investigación y por último que los directores de los institutos se dirijan a los comités de actualización curricular para la actualización de los planes de estudio técnicos y realizar capacitaciones continuas en el área contable a los docentes que imparten dichas clases educativas para el bachillerato opción contador, ya sea con recursos propios o institucionales para la mejora de la calidad académica.

La controvertida nacionalidad de Ricardo Maduro Joest, candidato a la Presidencia de la República de Honduras.

Con independencia de una eventual aplicación retroactiva de los preceptos sobre nacionalidad de la vigente Constitución hondureña, el relato fáctico puesto en relación con los sucesivos cambios legislativos acaecidos en Honduras y con la incorporación a Convenios internacionales de este país, es totalmente favorable a la consideración de que Ricardo Maduro Joest posee la nacionalidad hondureña por nacimiento y que junto a otras circunstancias personales que en él concurren esta en plenitud, por ende, de los derechos de ciudadanía que tal modalidad de nacionalidad confiere.

Análisis del juicio de cuentas aplicado a los funcionarios públicos para la obtención del finiquito

Órganos de fiscalización de la administración pública – Responsabilidad del estado y de los servidores públicos – Corte de cuentas de la República de El Salvador –El juicio de cuentas en EL Salvador – El finiquito

La necesidad de regulación de las medidas cautelares en el proceso de inconstitucionalidad en El Salvador

Control de constitucionalidad – La tutela cautelar – Las medidas cautelares en el proceso de inconstitucionalidad y su necesidad de regulación – Legislación nacional aplicable y análisis de las medidas cautelares en el derecho comparado