Análisis crítico de las instituciones del visto bueno y de la jubilación patronal en el Código del Trabajo ecuatoriano (Tema Central)

La investigación versa sobre el visto bueno, forma de terminación unilateral del contrato de trabajo, motivada en causales determinadas en la ley y con un procedimiento ante autoridad administrativa, y sobre la jubilación patronal, incorporada en 1938 al primer Código Laboral Ecuatoriano y creada para solucionar, transitoriamente, el seguro de vejez de los trabajadores del sector privado. En el análisis hemos tratado de demostrar la obsolescencia y anacronismo de estas instituciones que no aportan en forma adecuada para el objetivo que fueron establecidas. La poca contundencia del visto bueno que, al no tener fuerza obligatoria, puede ser impugnado, la subjetividad con la que resuelve la autoridad y la lentitud del trámite administrativo, hacen necesario un sistema ágil y efectivo. La jubilación patronal debe ser sustituida por un beneficio que, sin perjudicar a los trabajadores, una vez terminada su vida laboral, les sirva como compensación a sus años de servicio.

De la prueba-desafío a la prueba administrativa tributaria

Este estudio trata sobre el descubrimiento de la verdad, a partir de la prueba, como instrumento fundamental para lograr convicción en la mente de una autoridad administrativa o judicial. Para ello, revisa su importancia en el tiempo de Antíloco y Menelao, en el juicio de Sócrates y la resolución de pleitos entre el Estado y los ciudadanos romanos respecto de sus tributos en épocas antiguas, hasta la adopción del Modelo del Código Tributario para América Latina, pues, ya en nuestros días, estudiosos de la materia tributario sostienen al menos dos teorías: 1. que el tema de la prueba en materia tributario es escaso y se debe acudir a los elementos normativos de esta prueba regulados en el propio Código Tributario para la sede contenciosa, y 2. que en materia administrativa tributaria se debe acudir a todos los medios probatorios determinados por la ley en sentido general. La autora se detiene en el estudio de la aplicación de los elementos de la prueba civil en materia administrativa tributaria, al tiempo que compara el tratamiento de las mismas reglas en vía contenciosa, así como las garantías y principios constitucionales que la atraviesan. Finalmente, explica qué se comprende por procedimiento administrativo tributario, cuáles son los medios de prueba aplicables, a quién le corresponde probar y qué sistema es viable para la valoración de la prueba en materia tributaria.

Aproximaciones al ejercicio del derecho de participación social en el procedimiento legislativo en el Ecuador

En esta investigación realizo un análisis respecto del derecho a la participación social en el procedimiento legislativo, derecho que está contemplado en la Constitución, a fin de determinar su nivel de ejercicio por parte de la sociedad civil y su respeto, garantía y cumplimiento por parte del Estado. Se considera al derecho a la participación social en el procedimiento legislativo como una de las expresiones de la vigencia de una democracia participativa y deliberativa, garante de la adecuación material de la legislación a la Constitución. Luego de la presentación de los marcos doctrinario, constitucional, legal y reglamentario, analizo el procedimiento legislativo adoptado en la tramitación de una muestra de proyectos de ley en materia de derechos humanos, tramitados por la Asamblea Nacional, AN, en el período comprendido entre octubre de 2010 y noviembre de 2011. Del análisis, evidencio las limitaciones del procedimiento adoptado en la mayoría de las comisiones especializadas permanentes u ocasionales de la AN y planteo alternativas para lograr la vigencia del derecho a la participación social en la creación legislativa del derecho.

Procedimientos aplicados a adolescentes indígenas kichwas en el cometimiento de delitos

El presente trabajo analiza la interpretación intercultural del debido proceso – concretamente en las garantías del derecho a la defensa, del derecho a ser escuchado, el derecho a presentar, actuar y contradecir pruebas, y la obligación de motivar las decisiones del poder público–, en el contexto de las decisiones adoptadas en casos en los que se ha juzgado a adolescentes infractores. Dicho análisis se realiza con el objeto de determinar el estatus de protección de dichos derechos en la jurisdicción indígena, en comparación con la jurisdicción ordinaria, para así determinar la plausibilidad de criterios que tienden a favorecer a la segunda, en detrimento de la primera. La investigación se ha efectuado en dos dimensiones: La primera, de orden jurídicoconstitucional, describe y analiza tanto la potestad jurisdiccional de las autoridades de lascomunidades, pueblos y nacionalidades, como de las garantías del debido proceso anteriormente descritas; todo esto, bajo el enfoque de la protección integral que la Constitución de la República prevé para situaciones en las que se vean involucrados niños, niñas y adolescentes. La segunda dimensión, efectúa un análisis a través del estudio comparativo de casos y de las resoluciones adoptadas por las autoridades en cada uno de ellos. El primer caso se refiere al procedimiento que se sigue en la justicia ordinaria para el juzgamiento de adolescentes infractores, en el cual se aplican normas especializadas contenidas en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. En el segundo caso se juzga a dos adolescentes indígenas en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, por medio de una interpretación cultural de las normas del debido proceso. El tercer caso se desarrolla en su totalidad dentro de una comunidad indígena, en aplicación de las normas consuetudinarias propias. Por último, se hace referencia al juzgamiento de adolescentes indígenas por sus propias autoridades, en coordinación y colaboración de operadores de la justicia ordinaria. A raíz del análisis antes descrito se ha podido determinar que las garantías antes expuestas están presentes en los procedimientos seguidos por la jurisdicción indígena si se recurre a una interpretación intercultural de los mismos. No obstante, se ha observado que existen falencias en la coordinación y cooperación entre autoridades de ambas jurisdicciones.

El delito de tortura y su compatibilización en la legislación ecuatoriana

El delito de tortura, considerado delito de lesa humanidad por el Estatuto de Roma, se tipifica, igualmente, como delito de lesa humanidad, en el Art. 89 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Ambos cuerpos normativos establecen como requisito esencial que este delito se cometa como parte de un ataque generalizado contra una población civil, lo que concuerda con el Art. 119 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica como tortura el ilícito que se cometa con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado en el territorio nacional o a bordo de una aeronave o de un buque de bandera ecuatoriana, lo que no requiere del “ataque generalizado” a que alude el Art. 89 ibídem. Igualmente, el Art. 151 del Código Orgánico Integral Penal, tipifica como tortura a la persona que inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico, con cualquier finalidad en ambos supuestos, el cual se sanciona con una pena privativa de libertad de siete a diez años, agravándose el delito en los casos de los numerales 1 a 4 del referido artículo y que dicen relación con los conocimientos técnicos para aumentar el dolor de la víctima (1); cuando se trate de funcionarios o servidores públicos u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, por instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia (2); que se cometa con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual (3) y se cometa en persona con discapacidad, menor de 18 años, mayor de 65 años o mujer embarazada En esta investigación se analiza la tortura consagrada en los Convenio y Tratados Internacionales con nuestro derecho interno, para establecer la diferencia de la tortura, sus efectos y causas. Pero lo relevante es compatibilizar este tipo penal con nuestra legislación desde la perspectiva que dicha acción sea considerada imprescriptible, para evitar como el Caso Tibi, que los violadores de los derechos humanos quedan sin sanción alguna. Finalmente, el Ecuador no ha cumplido, con las Sentencias de la CIDH, respecto a enjuiciar y castigar a los responsables de las violaciones de los DD.HH.

La acción de repetición en la legislación ecuatoriana

El tema materia de esta tesis comprende dos partes: (i) La responsabilidad del Estado análisis conceptual, doctrinario y jurídico de la responsabilidad directa, indirecta, patrimonial, contractual, extracontractual, análisis de las teorías de responsabilidad del Estado para profundizar sobre la acción de repetición, generalidades y características, objetivos, evolución histórica, evolución constitucional en nuestra legislación. (ii) Fundamentos constitucionales y legales de la acción de repetición, el servicio público, los servidores públicos y sus tipos de responsabilidades como las responsabilidades administrativa y civil, la acción de repetición a través de la historia constitucional, la acción de repetición en la constitución de la república del 2008, la acción de repetición en la normativa vigente, la acción de repetición en materia constitucional, procedimiento actual, el legitimado activo, requisitos de la demanda, documentos que debe acompañar a la demanda , Juez competente, la acción de repetición en el Código Orgánico de la Función Judicial, Procedimiento, De la jurisdicción Contencioso Administrativa, Recurso de Apelación, el análisis comparativo con la legislación colombiana, requisitos para la acción de repetición, aspectos sustanciales, procesales. Si bien en la norma actual no existe un procedimiento específico y eficaz para demandar la acción de repetición hasta obtener una sentencia ejecutable, el problema central radica precisamente en la dificultad de ejercer el derecho de repetición.El Estado ecuatoriano incorporó a la acción de repetición a partir del 2008 en la Constitución de la República, sin brindarle la importancia que la misma posee dado que se realizaron reformas a leyes existentes tal como es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el Código Orgánico de la Función Judicial, los cuales no poseen un procedimiento claro y uniforme que permita ejercerla.

Alimentos e a responsabilidade civil da genitora em decorrência da negativa de paternidade

O presente trabalho teve como ponto de partida o estudo dos alimentos e da obrigação alimentar. Em seguida, realizou-se um breve estudo sobre o direito à filiação, o qual é assegurado pelo Código Civil de 2002 nos artigos 1.596 e seguintes; artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal e algumas leis complementares, tais como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também foi abordado o tema da investigação de paternidade e seu ônus probatório, enfatizando a ação negatória de paternidade, a qual isenta o réu da obrigação alimentar. Por fim, um estudo sucinto da responsabilidade civil da genitora que, sabendo não ser o réu o pai do seu filho, ajuíza ação pleiteando alimentos, bem como o dano e sua relação com os alimentos pagos ao menor hipossuficiente.

Responsabilidade civil dos profissionais de saúde frente à iatrogenia

Profissionais de saúde tem como objeto de trabalho o processo saúde-doença sendo inegável a evolução dos meios utilizados para a sua prática e que, isso tem possibilitado resultados importantes mas não suficientes para garantir o sucesso absoluto dos tratamentos. Os danos decorrentes de resultados indesejáveis acometem pacientes e familiares que sofrem diretamente as consequências físicas ou psíquicas. A responsabilidade civil do profissional de saúde decorre da constatação do dano de qualquer tipo ou espécie ao usuário dos serviços de saúde, por lesão a um direito ou a qualquer tipo de interesse legítimo, resultando em danos físicos, patrimoniais ou morais. O resultado indesejado ao paciente, obtido pela ação de um profissional de saúde, é denominado iatrogenia nem sempre é decorrente de uma ação dolosa ou em função de imperícia, imprudência ou negligência, mas pela probabilidade de ocorrência mesmo com a obediência e emprego das melhores técnicas e preceitos profissionais. O dever de indenizar entretanto, mesmo à luz do Código de Defesa do Consumidor, dependerá se a obrigação do profissional era de meio ou de resultado. Há o entendimento portanto que, mesmo sendo o trabalho em saúde uma atividade, que por sua própria natureza envolva riscos e que os resultados indesejados fazem parte da realidade cotidiana, exige-se do profissional de saúde a cautela para o esclarecimento dos riscos envolvidos incluindo prognóstico e possíveis sequelas advindas do tratamento e neste sentido, profissionais e pacientes, devem ser orientados por seus advogados sobre os desdobramentos advindos de uma possível iatrogenia e da necessidade de se possuir contratos que estabeleçam direitos e deveres para as partes antes do início de qualquer terapêutica.

Responsabilidade do estado brasileiro pela concretização da Razoável duração do processo civil

O presente trabalho possui como objetivo analisar do ponto de vista estritamente acadêmico e doutrinário a responsabilidade do Estado brasileiro na concretização da razoável duração do processo civil, postulado processual tipificado na constituição federal através da emenda nº 45, criando um novo inciso em seu art. 5º que dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais do homem. O embasamento teórico deste trabalho se manifesta através de consiste pesquisa doutrinária, em livros e periódicos da área jurídica, realizando um cotejo das opiniões de estudiosos nacionais e estrangeiros, da área do direito público. Desenvolve-se, por fim, a noção de dupla responsabilidade do Estado, sendo a primeira, a responsabilidade do Estado como norma definidora de tarefas a serem perseguidas, e a segunda a responsabilidade civil, devida por possíveis danos gerados em processos excessivamente lentos que violam o postulado da razoável duração do processo.

Sujeição passiva do credor na obrigação tributária e alienação fiduciária em garantia de bens imóveis: um estudo sobre IPTU à luz da jurisprudência e doutrina brasileira

O presente trabalho visa elucidar se com a formação do negócio de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel para garantia de uma Obrigação Civil, o Credor-fiduciário, em razão das prerrogativas que a Lei 9.514/97 e suas respectivas alterações lhe conferem, poderiam levá-lo a figurar como sujeito passivo do Imposto Predial Territorial Urbano-IPTU para fins tributários. Para tanto, serão analisados aspectos gerais a cerca do IPTU e da Alienação Fiduciária para Bens Imóveis, utilizando como norte a legislação, a doutrina e jurisprudência pátria. Por conseguinte, em razão deste estudo, será levado a debate se o credor-fiduciário é realmente parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que visem à execução de débitos tributários inadimplidos, que remetam a época em que o devedor-fiduciante exercia a posse direta sobre a coisa. Esta obra analisa se existe compatibilidade do parágrafo 8º do art. 27 da Lei 9.514/97 frente ao Código Tributário Nacional e a Constituição da República, sob duas análises interpretativas da norma, procurando revelar que vigora atualmente um cenário de insegurança jurídica para os credores-fiduciários e, caso não seja sanado, provocará um aumento no custo dos empréstimos.

Dinamicização da distribuição do ônus da prova no processo civil brasileiro

Esta dissertação tem como objetivo principal analisar o cabimento, no direito processual brasileiro, de uma distribuição dinâmica das regras do ônus da prova. Na primeira parte, são analisados o conceito, o objeto e a finalidade da prova, com apontamento da distinção entre fontes e meios. Após, são estudados o conceito de ônus da prova e sua distinção da obrigação, dando ênfase aos seus aspectos objetivo e subjetivo e às principais teorias, antigas e modernas, que tratam dos critérios para a distribuição do ônus da prova. Estudou-se, em seguida, os principais fenômenos relacionados ao ônus da prova, quais sejam a distribuição, cuja regra geral está no art. 333 do CPC, e a redistribuição como gênero, tendo com espécies a redistribuição strictu sensu, cabível em casos de probatio diabolica e em excepcionais casos em que a prova se apresenta difícil por fatores externos ao processo, e a inversão, cujo exemplo, no direito pátrio, é o art. 6o, inc. VIII, do CDC. Na segunda parte do trabalho, são apresentadas duas novas teorias sobre a distribuição do ônus da prova: a visão solidarista do ônus da prova e a teoria dinâmica dos ônus probatórios. Por fim, ante a necessidade de flexibilização das atuais regras gerais de distribuição do ônus da prova e, ao mesmo tempo, controle do excessivo subjetivismo judicial, analisa-se o cabimento da aplicação da teoria dinâmica no direito brasileiro, apontando-se os parâmetros para a decisão judicial que a aplique. Do estudo, concluiu-se que o direito processual brasileiro admite a aplicação da teoria dinâmica dos ônus probatórios em face da incidência do princípio da igualdade, dos poderes instrutórios do juiz e do dever de lealdade, boa-fé e colaboração das partes. Concluiuse, ainda, que embora possa acontecer em momento diverso, o momento mais oportuno para a ocorrência da redistribuição do ônus da prova é a audiência preliminar, não podendo se verificar, em nenhuma hipótese, surpresa às partes, sob pena de ferimento ao princípio do contraditório. Quanto à decisão judicial que aplica a teoria dinâmica, deve esta levar em conta que tal aplicação é de caráter excepcionalíssimo, devendo ser bem fundamentada.

Curial exegese do art. 14, caput, da lei 9.307/96: hermenêutica lege ferenda ou real vontade do legislador?

Considerando toda a evolução da ciência processual, não há mais qualquer dúvida acerca da importância de se garantir juízes imparciais para o exercício da atividade jurisdicional. Em sede de arbitragem, a preocupação não poderia ser diferente. Dado que o árbitro exerce igualmente as prerrogativas concedidas pela jurisdição, sendo árbitro de fato e de direito, a necessidade de que sejam pessoas munidas de inquestionável imparcialidade e independência em relação às partes é ainda maior, dado que a confiança é o principal requisito para a função de tal munus. Desta forma, o trabalho pretende compreender se pode o princípio da autonomia da vontade das partes relativizar a proibição estabelecida em lei, que impede a atuação de árbitros quando incidentes nas hipóteses de impedimento e suspeição.

A tutela constitucional da exploração de petróleo em águas internacionais em face do princípio do desenvolvimento sustentável: a possibilidade de responsabilização civil do dano futuro

The demands brought by a society doomed to the constant production of global risks, which whose effects are not immediately noticed effects are not perceived immediately, claim from the Law a new Theory about the Risk, that would offer a broad environmental protection, at the same time it would still be compatible with the idea of economic efficiency, required by the Modern Industry. The expansion of the methods and technologies regarding the exploitation and production of oil causes the constant expansion of the exploitable boundaries, especially in ultra-deep waters with the Pre-salt layer, in Brazil, or the still incipient research about the polymetallic nodules and other mineral sources in international waters, like the Atlântico Sudoeste, by the Programme on Ocean Science in Relation do Non Living Resources (OSNLR), a global study performed in partnership with the Intergovernmental Oceanographic Commission, from UNESCO (IOC UNESCO) and also with the Division of Ocean Affairs and Law of the Sea (UNDOALOS). Thus, we aim to analyze the correlation, and possible collisions between the right to a balanced environment and the free exercise of economic activity and the occurrence of environmental damages from the perspective of the exploitation activities of oil and other natural resources in international waters, specifically in the Area, from the constitutional principle of sustainable development and its legitimacy by the environmental international protection. Therefore, this study also aims to evaluate the legal framework for exploration and production of oil in international waters, particularly in the Area, and appraise how the constitutional instruments and mechanisms for environmental protection can impact on the international environmental protection system in order to ensure the present and future generations an ecologically balanced environment, laid down in Article 225 of the Brazilian Constitution, even with so many risks posed by the activities of exploitation and production of oil in international waters. In the meantime, we intend to also intend to investigate the possibility of future liability for environmental damage in order to ensure that constitutional principle and, consequently, and try to define the concept of environmental damage and its implications on the constitutional principle of environmental protection. Given all that was in summary, this work aims to contribute to the evolution of the new Theory of Environmental Risk, turning the law into something more than a punitive or corrective element in this society, but into a legal risk management, that may be triggered even before the consolidation of the damage