1000 resultados para Derecho constitucional-Enseñanza-Valencia-S. XIX
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Sin lugar a dudas, uno de los debates teóricos y empíricos determinantes de la filosofía política del siglo XXI es el de la democracia. Se encuentran diferentes concepciones de la democracia dependiendo de la filosofía pública subyacente en la teoría que respalda el sistema político. Una es la conservadora, de tinte elitista, que desconfía de la intervención ciudadana en los asuntos públicos, debido a los rasgos de irracionalidad y las tendencias plebiscitarias que caracterizan el accionar de las mayorías; otra visión opuesta es la populista, que tiene como punto de partida una actitud de confianza en las capacidades cívicas de las mayorías que actúan colectivamente y de su tendencia a actuar siempre de manera racional y, encontramos, además, la concepción deliberativa de la democracia que parte también de una actitud de confianza en torno a las capacidades de la ciudadanía, pero sin la necesidad de presuponer una conexión ontológica, necesaria, entre la voluntad mayoritaria y la razón. A su vez, la teoría nos ofrece dos grandes corrientes de pensamientos en lo que al control judicial de las leyes se refiere. De un lado, están los teóricos que aceptan la revisión judicial de las leyes y, con ello, que frente a los aspectos fundamentales que regulan la vida colectiva los jueces tengan la “última palabra”, pese a su carácter contramayoritario; de otro lado, están los teóricos críticos del control judicial de las leyes y del hecho de que los jueces tengan la última palabra en los aspectos fundamentales de la organización de la vida social. Esta última corriente de pensamiento, apela al carácter contramayoritorio del poder judicial para cuestionar el hecho de que en una democracia los jueces tengan la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma jurídica derivada de los órganos políticos que eligen las mayorías y, por tanto, anular sus efectos. Estas temáticas, cuya actualidad es indiscutible, reclaman de la academia un análisis desde el punto de vista jurídico y político del papel del poder judicial en los sistemas democráticos contemporáneos. En este quehacer se abre paso el VI Seminario Internacional de Teoría General del Derecho y el libro que el lector hoy tiene en sus manos, que parte de las experiencias investigativas de sus autores, convirtiéndose en una obra que aporta al debate contemporáneo en torno a la cuadratura del círculo: Constitución y democracia. Son, pues, doce trabajos de autores nacionales e internacionales que se dejan en manos del lector y de su juicio.
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[ES]Este trabajo se basa en la eficacia del tratamiento penitenciario para los fines de la pena, es decir, la reeducación y reinserción social. Para ello se llevara a cabo una revisión bibliográfica de los diferentes estudios realizados y dos entrevistas personales. Trataremos pues, de determinar si el tratamiento penitenciario contribuye de forma satisfactoria a los fines de la pena y si éste se está llevando de manera eficaz en nuestros centros penitenciarios.
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Para reseñar los efectos de la Constitución Española en el Derecho Privado Español se recuerdan en primer lugar algunas generalidades sobe el Derecho Constitucional Español y a continuación se repasan, a título de ejemplo, los efectos de la Constitución sobre los derechos de la personalidad, el derecho a la propiedad privada y el derecho al matrimonio.
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Se trata a través del trabajo de analizar sucintamente el uso que del Decreto Ley se ha hecho en las últimas legistlaturas por los diferentes ejecutivos
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Trabajo redactado en inglés sobre la última sentencia 2/13, del Tribunal de Justicia de Europa sobre la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos fundamentales. Análisis de la opinión 2/13 y sus objeciones.
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Arau hauste bat gertatzen den garaian, arau hauste hau jasan dutenekiko babestu beharrekoak diren ondasun juridikoak urratzen dira. Hauek babesteko betebeharra estatuak dauka, eta kasuan kasuko zigor prozedura ezberdinen bitartez, gizarte ordena ezarri eta elkarbizitza soziala bermatu ahal izateko erantzunak ematen dituzte arau hausteen aurrean.
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394 p.
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Se enfocó en saber diferenciar las formas de participación que establece el gobierno y a las que pueden optar los ciudadanos, para ello se ha desarrollado y detallado cada una de ellas, así mismo se analizó la importancia que a través de estas formas de participación el gobierno esté más abierto y dispuesto a escuchar a los ciudadanos para la búsqueda de mayores y mejores condiciones de vida promoviendo así el desarrollo del país. Además se determinó la evolución que tuvo la participación ciudadana a través del tiempo, estudiando las tendencias filosóficas que generaron el concepto de participación ciudadana. La estructura del documento estuvo dividida por cinco capítulos, en los cuales se detalló el concepto de participación ciudadana, sus principios, clasificación, el enfoque positivo y negativo que tiene en los procesos democráticos, utilizando referencias prácticas y teóricas de estudios, hechos sobre el tema y al mismo tiempo, en base a las diferentes entrevistas realizadas a personas relacionadas con la investigación.
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953 p.
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329 p.
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La monografía titulada “La Aplicación del principio Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente” en los procesos disciplinarios administrativos del Ministerio de Educación; analiza el cumplimiento del mismo principio, en relación a la aplicación de acciones educativas disciplinarias en los procesos instaurados en contra de los estudiantes, dependiendo de la gravedad de la falta cometida. Posteriormente se analiza la legislación ecuatoriana en cuanto a la clasificación de las faltas, la sustanciación y resolución del proceso, a través de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, con su Reglamento General, y el Acuerdo Ministerial 434, cuerpos normativos que velan por el respeto y garantía de los principios y derechos constitucionales de este grupo de atención prioritaria. Serealiza un análisis jurídico de aspectos relacionados al ámbito disciplinario entre la normativa colombiana del departamento de Caqueta, con respecto de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento General. También se consideran los procesos disciplinariosinstaurados en contra de los estudiantes del Colegio Nacional Juan Pio Montufar de la ciudad de Quito,desde el Auto Inicial hasta la emisión de la Resolución;fiscalizando que en cada una de sus etapas se respete el principio del Interés Superior de los niños, niñas y adolescentes, yel derecho al Debido Proceso.
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La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el año 2008, reconoce y garantiza derechos para los ciudadanos domiciliados en el país, entre ellos trabajadores/as y servidoras y servidores públicos. En diciembre de 2015, la Asamblea Nacional del Ecuador, mediante el procedimiento de Enmienda Constitucional unificó el régimen laboral de las personas que prestan sus servicios laborales en las instituciones y organismos estatales, debiendo adecuarse la normativa legal y secundaria a esta modificación de la Carta Magna hasta junio de 2016. En el presente trabajo abordaremos en su primer capítulo antecedentes históricos del derecho al trabajo en general y la legislación histórica que ha regido en nuestro país. En el segundo capítulo nos centraremos en distinguir cuales son las características del régimen laboral público y del privado en Ecuador y realizaremos recomendaciones en relación a derechos individuales de los servidores públicos. En el tercer capítulo haremos referencia a los Convenios Internacionales de la OIT ratificados y no ratificados por nuestro país. En el cuarto capítulo estableceremos similitudes y diferencias entre las legislaciones regionales en razón del reconocimiento de derechos colectivos para servidores públicos. En el capítulo cinco detallaremos criterios doctrinarios sobre los derechos de ejercicio colectivo, es decir: huelga, convenio colectivo y sindicalización en el sector público para finalmente en el sexto y último capítulo dar recomendaciones para la inminente reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP.
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Desde la vigencia de la Constitución del 2008, nuestro país evidencia una serie de cambios significativos, relacionados principalmente con las garantías constitucionales. En la presente monografía se ha realizado un estudio detallado de cada uno de estos mecanismos constitucionales, que garantizan una protección eficiente de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y en los instrumentos internacionales a favor de las personas. La presente investigación se divide en dos importantes secciones, que son las siguientes: Inicialmente, se presentan los avances en tema de garantías constitucionales establecidas en la Constitución de 2008, en relación a las garantías reguladas en el cuerpo político de 1998; se desarrolla además, un análisis de cada uno de estos mecanismos constitucionales, garantías normativas, institucionales, de políticas públicas, y jurisdiccionales, efectuando una referencia de las instituciones que abarca cada una de ellas.
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Con independencia de una eventual aplicación retroactiva de los preceptos sobre nacionalidad de la vigente Constitución hondureña, el relato fáctico puesto en relación con los sucesivos cambios legislativos acaecidos en Honduras y con la incorporación a Convenios internacionales de este país, es totalmente favorable a la consideración de que Ricardo Maduro Joest posee la nacionalidad hondureña por nacimiento y que junto a otras circunstancias personales que en él concurren esta en plenitud, por ende, de los derechos de ciudadanía que tal modalidad de nacionalidad confiere.
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Órganos de fiscalización de la administración pública – Responsabilidad del estado y de los servidores públicos – Corte de cuentas de la República de El Salvador –El juicio de cuentas en EL Salvador – El finiquito