806 resultados para Funcionarios civiles y militares


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Reportaje periodístico sobre las consecuencias jurídicas de la toma del Palacio de Justicia ocurrida los días seis y siete de noviembre de 1985 en Bogotá. Análisis de la búsqueda de los familiares de los 11 desaparecidos, las trabas judiciales que soportaron por más de 20 años y la reapertura del proceso en contra de cuatro militares por el delito de desaparición forzada.

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Este trabajo se centra en el análisis del discurso político y desde allí analiza la problemática que tiene el aborto en Colombia, con la intencionalidad de permitir a las mujeres decidir sobre su cuerpo sin que sean notablemente estigmatizadas y penalizadas por llevar a cabo una práctica que desde ciertos puntos de vista debe ser permitida para respetar los derechos de las mujeres. En ese sentido, la despenalización del aborto en Colombia se permite en tres casos específicos, por violación, peligro para la vida de la mujer o malformaciones en el feto; bajo estas premisas que han pasado por una evolución discursiva, que no sólo ha afectado a las mujeres, sino a la sociedad, ya que el problema se ha acrecentado y se ha convertido también, en un problema de salud pública. Es así, que desde autores como Bourdieu, Butler y Austin, se crean actos de palabra que desprenden el cuerpo de su lenguaje, crea fuerza en él y permiten acciones que aumenten el posicionamiento de las mujeres en la lucha reivindicatoria que les permita decidir qué hacer con su cuerpo.

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El conflicto armado en Colombia se presenta en zonas rurales y urbanas; sin embargo, en municipios y territorios distantes, el fenómeno del desplazamiento forzado incide en la vida de la población civil, planteando nuevos escenarios a nivel social. Por esta razón, hay impactos a nivel humanitario, social, económico, político, cultural y psicológico en las poblaciones más vulnerables, como lo son los niños desplazados; con importantes incidencias en salud pública, específicamente en salud mental. El propósito de este artículo de revisión es describir la situación actual de las condiciones de salud mental, desarrollar el concepto de resiliencia y describir la interacción que existe entre el trastorno de estrés postraumático de la primera infancia en condiciones de desplazamiento y la atención psicosocial en las políticas públicas para éste grupo poblacional. Teniendo en cuenta que en éste hecho social han intervenido organizaciones civiles, religiosas, no gubernamentales y estatales, se resalta la importancia de desarrollar un trabajo vinculante y cohesionado entre estas organizaciones.

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En los últimos seis años las relaciones del Líbano con Siria han estado marcadas por momentos de tensión política y militar específicamente a partir del 2005 cuando se dio un cambio en la geopolítica libanesa luego de dos sucesos relevantes como lo fueron la muerte del ex primer ministro Rafik Hariri y la retirada de las tropas sirias del Líbano. No obstante, es desde la guerra civil en 1975 que Siria toma un papel importante dentro del Líbano cuando interviene en este. Aunque esta intervención se transforma con el fin de la guerra, generando desequilibrio, interfiriendo en los asuntos internos, amenazando la soberanía, autonomía e integridad territorial libanesa.

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Esta monografía busca responder preguntas relativas al accionar de las FARC- EP, su papel dentro de la economía de la droga y su relación con la población civil. Así, se pretende establecer en qué medida la guerrilla colombiana de las FARC-EP ha experimentado un proceso de involución política dentro de sus formas de lucha político-militares en el periodo 1994-2002.

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Esta disertación se centra, en una primera parte en el estudio teórico del concepto de nuevas guerras, para posteriormente, en una segunda parte, exponer el modelo teórico de Paul Collier, paradigma del enfoque economicista de las nuevas guerras. Finalmente se procede a su aplicación a un caso concreto: la Guerra de Disolución de la Antigua Yugoslavia. Esto permite un estudio de los límites del modelo.

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El conflicto armado ha generado diversas respuestas que en la mayoría de los casos son violentas pero paradójicamente en otros genera respuestas de tipo pacífico y de acciones colectivas como alternativas distintas a la violencia en medio del conflicto, en donde podemos identificar marchas, resistencias pacíficas, asociaciones, programas con alternativas de construcción de paz, inclusión de grupos excluídos, etc. Desde este último punto, se configura un escenario propicio para la participación e inclusión de actores y actoras sociales que comúnmente han sido marginadas o son víctimas, y con los cuales se promueve un escenario donde se fortalecen capacidades locales, se apoyan proyectos productivos, se configuran apuestas sociales, entre otras cosas. En ésta línea, es necesario blindar y apoyar este tipo de respuestas civiles no-violentas desde agencias nacionales, departamentales municipales e internacionales a través de la cooperación internacional que acompaña estos procesos para el diálogo y la concertación. Se promueven propuestas que vienen desde diferentes puntos cardinales direccionados hacia la construcción de paz, el desarrollo humano y la equidad de género en donde el gobierno y otras instituciones internacionales son garantes de las acciones encaminadas hacia estos propósitos.

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El problema del paramilitarismo en Colombia ha afectado diversas capas de la sociedad colombiana. En la Sierra Nevada de Santa Marta específicamente unos de los principales afectados han sido las comunidades indígenas que ahí habitan (Koguis, Arhuacos, Wiwa y Kankuamos), siendo estos obligados a pertenecer a una lógica de guerra caracterizada por involucrar a la población civil y por utilizar al narcotráfico como medio de financiación. Por lo tanto la investigación que se presenta a continuación es una aproximación teórica a las lógicas de la guerra paramilitar en la zona y su influencia sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades indígenas entre los años 2002 y 2007.

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Existen factores competitivos dentro de Colombia, como el suelo, la variedad de climas, la variedad de pasturas y la experiencia ganadera del país que le podrían brindan la oportunidad de entrar al mercado internacional de la carne de bovino. Inicialmente, durante el gobierno de Uribe, se llevaron a cabo Tratados de Libre Comercio con Mercosur, Canadá, Triángulo del Norte y EFTA, de los cuáles solamente dos (Mercosur y Canadá) incluyen condiciones benéficas para la exportación de carne, resultado que se da producto de la falta de especialización técnica en el sector de quienes negocian dichos acuerdos, constatación que se generó tras analizar sus perfiles profesionales. Existe una desventaja muy notoria entre las exportaciones de carne de bovino de Colombia y las de Argentina, pues existe una diferencia en la diversificación de mercados colombianos, que solo comprende 5, y los argentinos, que incluye 50 destinos diferentes para sus exportaciones, mostrando un estancamiento del sector en Colombia. Por otra parte, dentro del tema de cooperación internacional, existe un proceso de negociación mucho más especializado y con funcionarios conocedores de temas técnicos del sector, pero solamente existen 11 acuerdos de cooperación vigentes que beneficien al sector generados desde Estados Unidos, Francia, Hungría y Polonia. Finalmente, dado que no existen herramientas eficientes y las que existen no son aprovechadas en este período, se propone, en esta investigación, la creación de un equipo diplomático especializado en el sector de carne de bovino que funcione de manera similar a como funcionó en los años 60 la "Diplomacia Cafetera".

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Los resultados obtenidos por Colombia en los diferentes índices internacionales que miden el desempeño del país en factores como competitividad, libertades económicas, corrupción, gobernabilidad, libertades políticas y derechos civiles son bastante pobres y evidencian una fuerte debilidad institucional. De acuerdo con el estudio realizado por el grupo de investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, desde la década de los noventa, se ha desarrollado una serie de indicadores que permite comparar la evolución de los países, con el fin de entender cómo se afectan el desempeño económico, el crecimiento y la estabilidad política de un país, por causa de aspectos relacionados con el Gobierno, la capacidad de integración económica, el respeto por la ley y los costos de transacción políticos y económicos. A los estudios académicos se ha sumado el interés de los organismos internacionales y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) de sistematizar los datos y fortalecer la comparación entre naciones, a partir de indicadores económicos y de desarrollo social. La necesidad de ampliar el análisis y de buscar parámetros deseables o alcanzables, en términos institucionales, ha propiciado la realización de estudios que tienen por objeto comparar los países. Esto ha dado lugar a una “explosión” de índices de desempeño económico y político, que permiten la comparación sistemática entre Estados y su clasificación de acuerdo con el desempeño. Colombia no ha estado exenta de ser calificada y ha sido recurrente ver la rezagada posición que ocupa el país en el ámbito mundial. Sin embargo, frente a este creciente interés por la calificación, se hace necesario conocer más acerca de los índices y su elaboración, con el fin de entender sus implicaciones en la toma de decisiones sobre políticas públicas, inversión extranjera y endeudamiento, y en la capacidad que tienen para reflejar y describir la coyuntura en forma acertada.

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Los giros de la fortuna, con la reivindicación que significó la amnistía propiciada por el presidente Rafael Caldera, y la persistencia en un proyecto político que había concebido con tiempo suficiente, le permitieron a Hugo Chávez aparecer en los siguientes comicios como candidato abanderado de un proyecto alternativo, añorado quizás por muchos venezolanos. Puesto en el ejercicio del poder por la vía electoral mayoritaria, el presidente Chávez dio inicio a un proyecto político en el que las Ffuerzas Armadas cambiarían, bajo su liderazgo personal, la función que se les había atribuido en el Pacto de Punto Fijo. Conforme al nuevo esquema, éstas se convertirían en la principal organización con capacidad para adelantar los objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana. Los cambios constitucionales de la proclamada Quinta República se orientaron en esa dirección. >De acuerdo con la Constitución de 1999 (...), el tema de la Seguridad de la Nación (Cap. VII) adquirió por primera vez rango constitucional. Se incorporaron dos nuevos conceptos: “seguridad y defensa integral” y se estableció el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para la defensa de la seguridad de la nación. Una Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación (2002)(...) , vino a definir los conceptos de “seguridad de la nación, defensa integral y desarrollo integral”, que son los principales componentes de la actual visión venezolana sobre la seguridad. Sus campos de aplicación son múltiples: económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, dando a entender que los principales ámbitos de la vida social conciernen al tema de la seguridad y que el accionar de los militares se amplía por ese mismo conducto a las demás esferas. Conforme al nuevo esquema, desapareció el carácter plural de las Fuerzas Armadas Nacionales, separadas en fuerzas diferentes bajo el esquema anterior, para ser reemplazado por el singular de una Fuerza Armada Nacional, bajo el concepto de unidad en el mando. Dentro de las atribuciones del presidente se incluyó la de promover oficiales a partir de un cierto grado, poniendo fin a una atribución que le correspondía al Senado y que respondía al ejercicio del control civil. Se estableció, así mismo, el derecho al voto de los militares y se eliminaron diferentes características que permitían calificar a la institución militar como “apolítica” y “no deliberante”, para sustituir su carácter por el de una organización “sin militancia política”. Los conceptos, las estrategias y las definiciones anteriores han puesto en marcha un nuevo pensamiento militar que –al decir de su propio inspirador– se debe fundar en unas nuevas relaciones cívico-militares, y tener una orientación anti-imperialista, ésto es destinada a resistir a la influencia tradicional de los Estados Unidos como potencia continental. El desarrollo del proyecto implica el seguimiento de tres líneas estratégicas: el fortalecimiento del poder militar de la nación, la consolidación y profundización de la unión cívico-militar en diferentes actividades y la participación popular en las tareas de defensa nacional. Ésta es la línea de pensamiento que da origen a la condición cívico-militar del Gobierno, así como a la insistencia en la preparación generalizada contra una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. El proclamado carácter cívico-militar del régimen venezolano encuentra, entre otros, asidero institucional en la existencia de dos nuevas figuras llamadas Cuerpos Especiales, que se suman a los componentes tradicionales del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, y que se denominan Reserva Nacional y Guardia Territorial (...). La creación de estos dos últimos cuerpos tiene profunda significación en el propósito de involucrar a la población civil en actividades complementarias del papel que corresponde a la Fuerza Armada Nacional. En la medida que la orientación del conjunto corresponde al propio Presidente de la República, se consolida un mecanismo que hace coincidir los propósitos de las fuerzas militares tradicionales con los de un pueblo en armas desde la civilidad, siempre al servicio de un propósito político controlado por el Ejecutivo, que a su vez, es el conductor supremo de la llamada Revolución Bolivariana. El presidente Chávez se refiere a la actual Fuerza Armada Nacional como un “ejército libertador”, agente y protagonista de los cambios que anuncia hacia el futuro, en unión de los sectores civiles que incorpora al mismo propósito. Ésta es la Venezuela dirigida por un esquema cívico-militar que de alguna manera se nutre, en el siglo XXI, de tradiciones y experiencias históricas que marcaron la vida nacional. El seguimiento del curso de acción de esa alianza resulta de gran importancia para Colombia, en la medida que la marcha de nuestros procesos sociales, políticos y económicos no se puede desligar de la del país vecino. Las credenciales democráticas del presidente Chávez, en cuanto al origen de su mandato, le confieren una legitimidad que, a su vez, le da un amplio margen de maniobra, tanto nacional como internacional. La orientación que en ambos escenarios tome su gobierno en desarrollo de sus estrategias, o ante circunstancias particulares, debe ser objeto de la mayor atención y análisis de parte nuestra. En todo caso, conviene tener en cuenta el propósito de combinación de lo civil y de lo militar, bajo su inspiración, porque de ello se pueden derivar consecuencias esencialmente diferentes de las correspondientes a un sistema de la índole del nuestro.

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La “seguridad democrática” ha sucitado una profunda discusión en el páis. Aunque dicha discusión es vital para la construcción de la democracia, el hehco de que algunos de sus críticos y defensores no ofrecerian suficientes razones y evidencias para respaldar sus afirmaciones contribuyó en cierto modo a polarizar la sociedad colombiana. Fundamentada en algunas consideraciones conceptuales y luego de explicar otros esquemas de seguridad democrática en América Latina, esta investigación sostiene que el enfoque de la política de seguridad democrática del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe respondió a conceptos de seguridad y democracia restingidos. En efecto, esta política se limitó a identificar amenazas militares asociadas a los Grupos de Margen de la Ley (GAML), en especial las Frac, y les concedió a los ciudadanos un rol limitado en construcción.

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La creación de un entorno seguro para otorgar la ayuda humanitaria a la población somalí, fue un desafío de proporciones internacionales, en el que la máxima potencia del mundo, Estados y organizaciones, vieron fracasar todos los proyectos tanto en forma de ayudas como en estrategias y operaciones. Las razones de este fracaso de carácter mundial, debido a que representó una amenaza para la paz y la seguridad internacional, todavía se pueden evidenciar en Somalia; este país continúa siendo uno de los más pobres de mundo, no cuenta con gobierno efectivo y no se logró hacer cesar las continuas violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario en contra de los civiles. La importancia de este caso de estudio radica en el nuevo contexto en el cual se desenvuelve la actuación de la ONU y Estados Unidos en Somalia, en un escenario donde se hace crucial el respeto por los derechos humanos, y se puede evidenciar cómo en esta medida se da lugar a efectuar una intervención humanitaria que antes de la guerra fría hubiera sido inadmisible, partiendo de la importancia del concepto de soberanía estatal. El período fundamental en el cual el problema somalí asume magnitud internacional fue en 1991 con la caída de la dictadura militar y el inicio de un período de carestía que volvió la ya inestable situación del país en un escenario violento, caracterizado por una desastrosa situación de crisis humanitaria, culminado en la batalla de Mogadiscio, que obligó a las interrupciones de las intervenciones internacionales y al fracaso completo de estas últimas en 1995. La actuación de la ONU y de Estados Unidos en el intento de crear un entorno seguro para asistencia humanitaria en Somalia en un período de cuatro años, llevó a la creación de la UNOSOM I, UNITAF y UNOSOM II; durante este tiempo la ONU autorizó el uso de la fuerza si era necesario para asegurar la entrega de la ayuda humanitaria, por lo que los cascos azules hicieron una fuerte presencia. Finalizando 1995 los intentos fracasaron y la ONU y los Estados Unidos decidieron retirarse de Somalia indefinidamente. El siguiente trabajo se enfoca en cuatro años de un adverso desequilibrio en el territorio somalí, dando cuenta del papel que desempeñaron Estados Unidos y la ONU en el intento de crear un entorno seguro parar asistencia humanitaria, dada la precaria situación que atravesaban los civiles envueltos en la guerra civil que hasta hoy no ha culminado, y en un discurso moral que caracterizó a la comunidad internacional acerca la responsabilidad de proteger. A la luz de la carta de Naciones Unidas y de los hechos que transcurrieron antes y durante la actuación de la ONU y Estados Unidos, este caso de estudio pretende exponer los rasgos que definieron la intervención en el intento de crear un entorno seguro para asistencia humanitaria y que finalmente fracasaron.