998 resultados para Delitos contra el honor


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Esta investigación analiza con detalle la evolución conceptual y la heterogeneidad de definiciones entre dos tipos principales de tráfico de personas, esto es, la trata para la explotación de seres humanos y el tráfico de migrantes. Conjuntamente se estudia el desarrollo de la cooperación internacional de la acción supranacional y nacional en materia de lucha contra el tráfico de personas, se describen los aspectos más significativos y se analizan los obstáculos que la limitan o frenan, con el fin de vislumbrar instrumentos analíticos útiles para superarlos, como, por ejemplo, en el caso de la trata, los incluidos en el Convenio del Consejo de Europa, abierto a la firma el 16 de mayo de 2005.

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Desde la militancia en un colectivo de externas e internas en la Cárcel de Mujeres de Quito, desde el hecho de compartir los efectos de la violencia sistemática contra nosotras, y desde la reflexión académica, este libro explora la cárcel de mujeres: las relaciones que la habitan, las prácticas de violencia contra el cuerpo, los afectos, los proyectos vitales, la totalidad de la vida de las mujeres que encierra. En este esfuerzo, el libro va mostrando un sistema punitivo organizado en torno a las diferencias étnica, racial. sexual y de clases constitutivas de las sociedades andinas. La investigación indaga, además en historias de mujeres diversas y desiguales, mientras reflexiona sobre la presión específica que implica la cárcel para las mujeres. La experiencia marginal, la resistencia y la lucha atraviesan todo el texto hasta llegar a una discusión sobre las cualidades del colectivo militante, feminista, de izquierda y antirraista desde el que está escrito.

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He encontrado en las fuentes consultadas, algo que se repite: no es fácil definir esta condición de la notoriedad ligada a los signos. La Jurisprudencia Alemana, como nos cuenta Carlos Fernández-Nóvoa, es pionera en esfuerzos creadores importantes para proteger el renombre de los signos sobrepasando las barreras del principio de especialidad. El Bundesgerichtshof Tribunal Supremo alemán, elaboró dos propuestas de protección: la Berühmte Marke para proteger a la marca renombrada frente al riesgo de debilitamiento, y la bekannte Marke para proteger a la marca conocida contra el aprovechamiento de su prestigio por parte de un tercero. La tesis que nos entrega Jorge Otamendi, es que hay varios grados de notoriedad y es tajante en relación con la no necesidad de probar lo que es notorio. No he querido elaborar una definición. El objetivo principal es llevar nuestra atención a trabajar en lo que ya todos hemos entendido: el nivel de conocimiento de la marca implantado en la mente del público. Ese es el requisito del derecho y del no derecho (principios no vinculantes) que pide el juez para obtener la certeza que necesita para dictar un fallo objetivo y motivarlo debidamente. Un fallo en el que el juzgador pueda decir que ha quedado demostrada, sin lugar a dudas, la habilidad intrínseca del signo, de ser recordado en la mayor parte del público, que es lo que logrará certeza en la mente del juzgador para proteger el derecho subjetivo del titular del signo notoriamente conocido. La investigación que se apoya en referencias bibliográficas de estudiosos de derecho de marcas, derecho civil y en jurisprudencia consta de dos partes, el primer capítulo sobre La notoriedad de la marca en la Comunidad Andina y el segundo sobre la actividad probatoria para la demostración de notoriedad. Una fuente de consulta que resultó inspiradora para demostrar que es posible cuantificar el renombre, ha sido el análisis empírico español realizado por un equipo de la Universidad Carlos III de Madrid.

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Analiza, evalúa y plantea hipótesis sobre el fenómeno internacional del fundamentalismo islámico y su impacto en las relaciones internacionales contemporáneas a partir de un supuesto que es: el punto de vista de occidente visto como un movimiento político-religioso que usa medios violentos para conseguir sus fines y por el que ocupa un lugar importante en la agenda internacional de los países del Primer Mundo, debido a que cobra una fuerza inusitada a partir de la caída del Muro de Berlín, época en la cual el fracaso del marxismo y del liberalismo fungen como catalizador de su movimiiento. El integrismo islámico no constituye un fenómeno nuevo; en la época colonial ya hubo un islam politizado, comprometido en la lucha por la independencia nacional, encarnado en el grupo fundador de la ideología radical islámica 'Los Hermanos Musulmanes' en el Egipto de la revolución nasserista. El integrismo es un fenómeno que aparece como producto de una serie de circunstancias de orden religioso, económico, social y cultural, el cual ha conmocionado el mundo de las relaciones internacionales en una era altamente globalizada e inevitablemente interdependiente, ya que implica una reacción violenta contra el cambio abrupto de modo de vida de los países islámicos de la periferia, en donde las respuestas demagogas y proselitistas atraen a amplias capas de marginados. En esta medida, este fenómeno ha incursionado cíclicamente en un conflicto que ocupa uno de los puntos más importantes de la agenda internacional: el Conflicto del Medio Oriente, el cual desde hace medio siglo, ha tomado un cariz dramático, pues se intensifica la lucha entre árabes y judíos, entre islam y judaísmo, pues de la lógica del problema se deriva que el aspecto político se articule a lo religioso-nacional y surja la causa de la 'jihad' o guerra santa en el un lado y la defensa de los terriotorios sagrados en el otro, haciendo de este conflicto una amenaza a la paz y un peligro de expansión a nivel mundial, pues entran en conflicto intereses de Occidente y Oriente. En consecuencia, el tema de la presente tesis es importante en el esquema global de las relaciones internacionales, pues el interismo islámico no debe ser analizado solamente como un fenómeno religioso proveniente de una zona extraña con seres que profesan un credo extremista y mal comprendido, sino que abarca a todo un complejo sociológico que va del orden social al económico, que tiende a tornar violenta la política internacional entre Oriente y Occidente, pues la conceptición de vida del fundamentalismo viene a ser una lógica reacción a los errores cometidos por el modernismo, el materialismo y el secularismo de nuestra época. El problema teórico fundamental puesto en juego en la presente tesis es la radicalización del islam como producto de la relación entre religión, identidad nacional, Estado y política y la ruptura entre sí como consecuencia de la modernidad que se profundiza en los años 70.

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En la América Latina contemporánea, la herencia de las formas coloniales del poder ha perpetuado un régimen de dominación a través de un sistema jerarquizado que ha operado desde la fuerza legítima del Estado, con la aparición de los regímenes republicanos. La entrada en la modernidad ha acarreado para nuestro continente la agudización de las inequidades, lo que inevitablemente ha desembocado, desde los años 1960 en una serie de conflictos internos, guerrillas y gobiernos dictatoriales. La inestabilidad política y la fragilidad democrática, así como las tendencias autoritaristas de los gobiernos de la región han conllevado a un recurrente ambiente de violencia social. Paralelamente, las políticas de seguridad, en la época de la “guerra fría” se sustentaron, para los Estados Unidos en la lucha anticomunista como justificativo para su intervención en otros países. Una vez finalizada, ésta derivó, desde la década de 1990, hacia la lucha antiterrorista y antinarcóticos, fenómenos identificados como las nuevas amenazas a la seguridad de los Estados Unidos y del planeta. La identificación de este nuevo “enemigo” ha sido reforzada por un conjunto de representaciones estigmatizantes sobre el narcotráfico y quienes estarían involucrados en este fenómeno Junto al discurso oficial emitido desde los Estados Unidos, y se ha difundido globalmente, se ha configurado en los países más azotados por el narcotráfico como Colombia y México, un modo de representación del fenómeno del narcotráfico que ha alimentado el imaginario social. Es así que se han desarrollado formas culturales que relacionan los modos de vida e interacciones sociales locales propias del narcotráfico con símbolos regionales y nacionales particulares: este fenómeno ha aparecido en la escena bajo el nombre de “narco cultura” En tanto la cultura es un escenario de lucha entre diversas representaciones del mundo, el propósito de este trabajo de investigación es el análisis de una de las expresiones de la llamada “narco cultura”: la telenovela “narco” colombiana, que será definida aquí en como un producto de la industria cultural televisiva. A través de este trabajo se pretenderá dilucidar, cual es el papel ideológico que ésta desempeña a través de sus construcciones discursivas, el peso que alcanza en medio de la lucha de poder entre la imposición de políticas de seguridad anti-drogas globales y la posibilidad de construcción de un sentido alternativo a la negatividad del discurso securitista contra el narcotráfico y, que además, recoge rasgos culturales y sociales desde los contextos en los que se produce, en el caso de esta investigación, en Colombia.

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En su objetivo del establecimiento de una pena frente a la existencia de la infracción, la legitimidad de la misma (pena) proviene del cumplimiento del debido proceso que, en su esencia, son los derechos que tiene el procesado para defenderse del poder punitivo, a efectos de que éste no vaya más allá de los límites establecidos legal y constitucionalmente. Sin embargo, el cumplimiento cabal del debido proceso ha sido visto como un obstáculo en el camino del Estado cuando pretende imponer una pena con el mayor ahorro de tiempo y recursos, porque supuestamente genera que el procedimiento y trámite penal de cada caso emplee mayor tiempo del que debería, generándose una crisis del sistema de justicia penal, que no podría tener la capacidad para dar la respuesta (imposición de una pena) frente a cada delito, respuesta que de no ocurrir, a su vez hipotéticamente causa mayores niveles de impunidad e inseguridad ciudadana, factores que unidos a la supuesta crisis del sistema de justicia penal, han hecho que el Estado –fundamentado en el eficientismo penal– promueva reformas procesales penales con la creación de mecanismos que tengan como objeto principal el castigo de los delitos en el menor tiempo posible, tal es el caso del procedimiento penal abreviado, que para cierto tipo de delitos promueve que la pena sea sólo el producto de un acuerdo entre el fiscal y el procesado. Bajo la mirada desde el garantismo penal de Luigi Ferrajoli, nuestro estudio pretende analizar si el procedimiento penal abreviado cumple o no el debido proceso o, si el mismo cede ante el eficientismo penal.

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Desde que el ser humano produce energía a partir de los combustibles fósiles, los cuestionamientos cada vez han sido más severos, tanto en el orden ambiental como en el social. Este tipo de fuentes energéticas son limitadas ya que dependen únicamente de la extracción de su materia prima, la misma que cada vez está más cerca de agotarse. Su consumo es también contaminante y contribuye con la mayor parte de los gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático. Ante esta situación tan compleja, han surgido algunas alternativas para generar un posible abastecimiento energético, más limpio. Entre estas posibles alternativas, están los biocombustibles, que son combustibles de origen biológico que se generan a base productos agrícolas como la palma, la caña de azúcar, la soya, el maíz, la jatrhopa, la nuez, entre otros. Sin embargo alrededor de esta alternativa, se ha desatado un intenso debate mundial, con muchos argumentos a favor y en contra. El presente trabajo de investigación, aborda el debate mundial sobre los biocombustibles y examina los avances actuales sobre esta alternativa en Ecuador. De manera más específica, por medio de un caso se ha tratado de dar a conocer la realidad del sector campesino en una zona rural de nuestro país y como se enfrenta desde este sector las posibles consecuencias de una producción a gran escala de biocombustibles.

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Durante los últimos cuatro meses, la crisis policial desplazó gran parte de los ejes del debate político y social en el país. Esquemáticamente, este último período se puede dividir en dos momentos y un interludio: hasta el fin del año 2010, mientras el gobierno intentaba normalizar las relaciones con los uniformados sin renunciar a su política de restructuración institucional, arreció una campaña política y mediática contra el gobierno centrada en el temor a la delincuencia y la exigencia de reforzar la seguridad ciudadana. Durante esos dos meses, por primera vez desde su llegada al poder, la agenda política estuvo marcada por la oposición y no por el gobierno. Entre enero y febrero de 2011, en un giro notable, gracias a la decisión presidencial de convocar a una consulta popular, el gobierno reconquistó la iniciativa política sobre el tema y cambió el eje de la discusión nacional hacia las preguntas y el nuevo proceso electoral. En el vértice de este giro político, a inicios de enero, el régimen ciudadano cumplió cuatro años en funciones, un récord de longevidad en un país que no ha visto gobiernos que terminen su mandato desde 1996. Durante ese breve interregno, en la discusión pública dominaron los balances globales de logros y dificultades. Este breve informe hará un análisis de esos tres momentos y tentará una lectura de su significado.

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La presente investigación se enmarcó dentro del estudio científico del campo de la Administración Pública. La atención recayó sobre el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en Ecuador y la participación ciudadana dentro de sus procesos de toma de decisión en la elaboración, y posterior implementación, de políticas públicas para combatir diferentes posibilidades de desastre. Para el efecto de este estudio, el objetivo fue iluminar y explicar las falencias e incoherencias dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en Ecuador a través del uso de los conceptos aplicables al espacio de la Administración Pública. De hecho, se partió de la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, especialmente de su componente político de la ‘ciudadanía deliberativa’, y de los aportes investigativos en el campo de la gestión social de Fernando Tenório. Metodológicamente, se hizo uso del análisis del discurso para poder evidenciar y comprender cómo se define y ejerce el rol ciudadano dentro de este sistema, así como la importancia que la misma tiene en un sector en dónde la ciudadanía entra en relación con los representantes del componente científico-técnico y del político en la estructuración de planes comunitarios de acción contra el riesgo. Como resultado, puede evidenciarse que se dio un proceso de ordenamiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos a través de la introducción de ciertos principios operativos a partir de 2007: la descentralización operativa y decisional, la incorporación social de una cultura de prevención de riesgos, y la centralidad de la participación ciudadana. Pero, el reconocimiento formal de estos principios no aparece como condición suficiente para un ejercicio real de participación ciudadana por la conjunción con ciertos factores que influencian de manera negativa en el funcionamiento del sistema: por ejemplo, la falta de delimitación de competencias claras entre los diferentes actores y la escasez de recursos de diferente tipo. Por último, cabe recalcar la importancia de este tipo de estudios sobre los diversos sistemas de Administración Pública en el país, pues es de vital importancia para comprender las condicionantes que limitan, así como las potencialidades, de los procesos políticos en Ecuador.

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En el presente trabajo que tiene como título “Elementos del Delito de Secuestro Extorsivo”, he abordado en su Capítulo Primero “El delito de Secuestro Extorsivo y su incidencia en la sociedad ecuatoriana”, dentro del cual, en primer lugar he analizado los orígenes del secuestro, entendiéndose como la privación de la libertad de una o más personas, con el fin de pedir o exigir “rescate”. Dentro del primer capítulo se analizó “El bien jurídico tutelado en el Secuestro Extorsivo”, estableciéndose que son dos: la libertad individual y la propiedad; sin embargo, en ciertos casos, de acuerdo a las circunstancias que rodean al hecho también pueden afectarse o vulnerarse otros bienes jurídicos, como la integridad física e incluso la vida. Como otro tema tratado dentro de este capítulo, consta “Sujetos del delito de Secuestro Extorsivo”; y que, al igual que en otros delitos tenemos al sujeto activo y al sujeto pasivo. En el Capítulo Segundo, denominado “El Secuestro Extorsivo como tipo penal independiente”, se establece que este tipo penal está tipificado como tal en el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal; es decir, hace su aparición como tal, en nuestra legislación, a partir de la vigencia del Cuerpo de Leyes en mención. Dentro de este capítulo consta el “Objeto del Secuestro Extorsivo”, que según la doctrina sería el “rescate” que exigen los secuestradores. Asimismo, contiene “Circunstancias agravantes del Secuestro Extorsivo”, que en general, constituyen las previstas en el segundo inciso del artículo 162 del Código Orgánico Integra Penal. En el Capítulo Tercero, se analiza “Repercusiones en la víctima del Secuestro Extorsivo”. Considerándose víctima, aquella persona que directamente ha sufrido el secuestro; y, por la forma de la comisión de la infracción quedan afectadas psicológicamente, en forma leve en ciertos casos y grave en otros; en algunos casos, incluso en forma permanente; pero asimismo, pueden sufrir repercusiones físicas y hasta pierden la vida en manos de los secuestradores. En este capítulo consta el análisis de la “Reparación integral a las víctimas”, que está previsto en el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador y artículos 77 y 78 del Código Orgánico Integral Penal, que tiene su fundamento en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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La presente investigación propone estudiar el control mixto de constitucionalidad en el ordenamiento jurídico del Ecuador, en función del análisis del principio de aplicación directa de la Constitución y la consulta de constitucionalidad de la norma jurídica. El contenido está dirigido a identificar la relación existente entre el desarrollo del valor normativo de la Constitución, el principio de aplicación directa y el control de constitucionalidad; y, a establecer el modelo de control de constitucionalidad que determina la Constitución del año 2008, los elementos que lo sustentan, y su incidencia directa en la protección de los derechos constitucionales. Para el desarrollo de esta investigación se estudió el origen del valor normativo y el principio de supremacía de la Constitución en el constitucionalismo europeo continental y de los Estados Unidos de Norteamérica; aspecto histórico que incide directamente en el desarrollo del control de constitucionalidad y consecuentemente en el principio de aplicación directa de la Carta Constitucional en los modelos constitucionales señalados; además se revisó el control de constitucionalidad en la historia del Ecuador, en el texto de la Carta Magna vigente, en la ley de la materia y en los precedentes constitucionales determinados por la Corte Constitucional. Finalmente esta tesis está dirigida a brindar elementos que permitan concluir que en el control mixto de constitucionalidad, el juez puede ejercer un control difuso sin atentar contra el derecho de la seguridad jurídica; y, que por medio de este modelo se garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos constitucionales, situación que no sucede en el incidente de constitucionalidad que genera demoras indebidas en la tramitación de las causas judiciales y garantías constitucionales, para ello se analiza dos casos en los cuales se evidencia que la consulta de constitucionalidad efectivamente genera vulneración de los derechos constitucionales.

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