1000 resultados para LEGITIMIDAD DE LOS GOBIERNOS – COLOMBIA


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Los compuestos estrogénicos son una clase de productos farmacéuticos nocivos para los animales y una de las causas de los daños ambientales. La actividad biológica de estos compuestos es elevada, pues han sido diseñados para actuar en bajas concentraciones. Por lo tanto, incluso a las bajas concentraciones en el medio ambiente, pueden producir efectos nocivos sobre los organismos acuáticos, así como en los humanos, que pudieran estar contaminados en un número de maneras (a través de agua potable o alimentos contaminados, por ejemplo). Estudios realizados en cursos superficiales de agua han demostrado una elevada concentración de estrógenos, esto se debe a que el tratamiento estándar del agua a menudo falla en eliminar el estrógeno y componentes sintéticos químicamente emparentados con el mismo, o bien el manejo inadecuado de residuos biológicos determina que se viertan a la cuenca fluvial alterando el sistema natural. En este trabajo se estudiará la presencia, origen y concentración de las tres principales hormonas estrogénicas Esatrona (E1), 17 beta-estradiol (E2) y estriol (E3) en la cuenca del Río Suquia. El objetivo principal del proyecto es determinar la presencia, concentración y origen de Estrona (E1), 17 beta-estradiol (E2) y Estriol (E3) en la cuenca del río Suquia. Sus objetivos específicos son-. Recopilar información sobre la presencia y origen de los estrógenos en cuencas hídricas y sus efectos en el ecosistema. Analizar la presencia de estrógenos en la cuenca de Río Suquia y su variación estacional. Determinar el posible origen de los estrógenos que estén presentes en la cuenca del Río Suquía Para cumplimentar con el proyecto se realizaran dos campañas de muestreo durante los peridos más secos y húmedos de la misma en 15 puntos estratégicamente seleccionados, las mismas serán analizadas en laboratorio para determinar la presencia y concentración de las hormonas estrogénicas Asimismo se realizarán 150 encuestas a mujeres de la ciudad de Córdoba y otras localidades de la cuenca del Río Suquía a fin de conocer el consumo de píldoras anticonceptivas o la utilización de parches anticonceptivos. Se llevaran adelante estudios ambientales que permitan determinar el posible origen en los estrógenos. Se extraerán conclusiones que permitan tener un conocimiento de la presencia, concentración, origen y variación estacional de las hormonas estrogénicas, estrona (E1), 17 beta-estradiol (E2) y estriol (E3) en la cuenca del río Suquia. Los resultados que se esperan es poder determinar la presencia y origen de los tres tipos de estrógenos E1, E2 y E3 en la cuenca del Río Suquía y poder general información que permita a los gobiernos tomar medidas para reducir la contaminacion. HIPOTESIS: "La cuenca del Río Suquía presenta contaminación de hormonas estrogénicas"

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El modelo americano de financiación universitaria no está centrado en la subvención directa de las Universidades sino en facilitar recursos a los estudiantes. Tanto la Unión como los Estados financian a los estudiantes directamente mediante ayudas y becas- como indirectamente, a través de beneficios fiscales. El sistema es extremadamente complejo y tiene carencias en términos de equidad, eficiencia y neutralidad, pero, en definitiva, las Universidades americanas disponen de suficientes recursos para trabajar con eficacia y los estudiantes encuentran el modo becas, préstamos y beneficios fiscales- de financiar buena parte de sus gastos educativos. El sistema español de Educación superior está en el polo opuesto. Programas de becas infradotados, precios universitarios simbólicos, programas de préstamos educativos marginales y ausencia de beneficios fiscales. Las Universidades públicas reciben sus recursos de los contribuyentes, a través de los presupuestos autonómicos, pero si se elige una Universidad privada el estudiante ha de pagar derechos de matrícula más elevados puesto que sus programas no reciben soporte financiero público- al mismo tiempo que financia el sistema público mediante el abono de sus deudas tributarias. En el ordenamiento vigente se atribuye la principal responsabilidad en lo relativo a política universitaria a las Comunidades autónomas. ¿Qué podrían aprender los Gobiernos autonómicos del modelo americano, sin repetir sus errores? Tres lecciones sencillas: (1) Reducir los créditos presupuestarios a fondo perdido e incrementar los precios públicos, y las becas para los estudiantes de rentas bajas; (2) Crear un único beneficio fiscal, no más, en forma de deducción autonómica reembolsable en el IRPF, del 20% de lo invertido en Educación superior.; (3) Crear Programas de Ayuda al Mérito para todos los estudiantes con mejores resultados académicos en forma de cheque universitario para invertir en cualquier institución del sistema, ya sea de iniciativa estatal o social. Estas tres políticas contribuirían a incrementar los recursos financieros de todas las Universidades, y a mejorar la financiación de los estudiantes en particular de quienes tienen más necesidades y condiciones para el estudio- al mismo tiempo que se refuerza la libertad de elección de Universidad. En dos palabras, mejoraría la eficacia y la equidad del conjunto del sistema.

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En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.

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En l'última dècada, les administracions públiques han fet un esforç especial per desenvolupar portals d'administració i oferir serveis en línia. L'objectiu d'aquest article és crear un marc teòric i analític per a investigar els efectes dels nous canals d'interacció basats en la tecnologia entre els governs i els ciutadans en l'estructura organitzativa i les dinàmiques de les administracions públiques i, finalment, en el lliurament de serveis. També assenyala possibles enfocaments metodològics que podrien resultar útils en la recerca futura sobre aquest tema.

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Després de 30 anys de la restauració de la Generalitat es desconeix gairebé tot del perfil social de l¿elit política Governamental catalana, aquest Treball fa una aproximació inicial al tema a partir dels últims quatre Governs de la Generalitat de Catalunya. Els seus membres presenten biaix social respecte la població d¿acord amb el model d¿aglutinació de les elits polítiques, tot i això el model de Desproporció Social Creixent només es valida respecte el gènere. El seu perfil és el d¿un home, de més edat que la mitjana, nascut a Catalunya, amb la carrera prèvia desenvolupada a Barcelona ciutat, amb una formació molt per sobre de la mitjana i de professió economista. Aquest perfil no és exactament el mateix que el dels Parlamentaris regionals espanyols, les diferències es centren l¿edat i la professió mentre que el gènere, l¿origen i el nivell de formació coincideixen. S¿observa també que els Governs d¿esquerra-centre esquerra presenten un percentatge lleugerament superior de dones que la resta, els membres vinculats amb PANE són més joves, incorporen menys dones, menys immigrants interiors, menys educadors i no presenten credencials educatives sensiblement diferents del membres vinculats a partits d¿àmbit estatal.

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El medioambiente ha ganado en las últimas décadas más atención por parte las organizaciones internacionales y de los gobiernos. El abuso o mal uso de los recursos del planeta lo están poniendo en peligro. El aire y el agua se agotan, los bosques se reducen y muchas especies animales se están extinguiendo por la caza, la pesca y la destrucción de hábitat naturales. Además de organismos oficiales, la población también está preocupada y son muchos los que levantan la voz y aportan su grano de arena para luchar contra el cambio climático y los problemas medioambientales. Hayao Miyazaki, director de cine y dibujante japonés, incluye en la mayoría de sus películas el reflejo de lo que ocurre y su postura ante este problema. Es uno de los pocos japoneses que ha ganado un Oscar de la Academia de Cine Norteamericana y el Oso de Oro en el Festival de Berlín. En su país es mucho más conocido que en Occidente, pero su obra es apreciada y, debido a la difusión que tiene, llega a muchos espectadores de todas las edades. Consciente o inconscientemente, su obra transmite respeto por la Naturaleza, cuidado para mantener el equilibrio entre los hombres y su entorno y otros muchos temas medioambientales.La cuestión que nos planteamos es la siguiente: Si Miyazaki refleja problemas medioambientales en su obra y vive en un país en concreto ¿se reflejan los problemas medioambientales de ese país, Japón, en sus películas?

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Fa més d'un quart de segle que Xipre està dividit, després que l'exèrcit turc intervingués a l'illa, davant l'intent de cop d'estat greco-xipriota recolzat per Grècia. Aquest episodi va concloure amb l'ocupació turca de la part nord de l'illa i el transvasament de població entre nord i sud fins a configurar dos territoris ètnicament homogenis i separats físicament per la "Línia verd" de Nacions Unides. Aquest conflicte que secciona l'illa ha quedat congelat fins als nostres dies, tot i els repetits intents i propostes de pau promoguts per la comunitat internacional1. L'11 de novembre de 2002, el Secretari General de Nacions Unides, Kofi Annan, va presentar un nou pla als líders xipriotes i als governs dels estats garants Grècia, Turquia i el Regne Unit. Donada la conjuntura actual, sobretot arran del procés d'ampliació europea, aquesta proposta constitueix una oportunitat "històrica" per desbloquejar la situació i arribar a un acord definitiu. En aquestes pàgines, plantegem els possibles escenaris de futur per Xipre, tenint en compte els diferents elements que poden condicionar les polítiques exteriors dels actors implicats en el contenciós.

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Desde finales de los 80 se produce un aumento significativo y rápido de los programas de asistencia financiados por la Unión y que incluyen medidas destinadas a la protección y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, este aspecto positivo de promoción encuentra su anverso en una serie de medidas que la UE introduce en sus acuerdos con terceros y que permiten, en caso de que se produzcan violaciones en este campo que la Unión pueda dar por terminado, o bien suspender, el acuerdo en cuestión. Este tipo de medidas son las llamadas cláusulas de condicionalidad democrática o de condicionalidad negativa, objeto de estudio del presente working paper. Dichas cláusulas establecen que los derechos humanos y los principios democráticos se consideren elementos esenciales en la relación con la Unión, lo que permite que en caso de incumplimiento se pueda llegar a la terminación del acuerdo. Si bien inicialmente los criterios que se tenían en cuenta para condicionar créditos o ayudas eran los económicos, con el tiempo vemos como crece la importancia que van adquiriendo los derechos humanos y la democracia como requisitos indispensables en base a los cuales se condicionan las ayudas económicas o la celebración de acuerdos internacionales, y un medio en manos de la UE para mostrar su disconformidad ante determinadas situaciones, y para presionar a los gobiernos infractores y que deseen establecer relaciones con la comunidad. En el presente working paper se analizará el origen y la posterior consolidación como práctica habitual en las relaciones con la UE. Asimismo, se dará un repaso a la tipología utilizada en el clausulado de los Tratados con países terceros

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Este artículo analiza las contribuciones de los representantes de los Gobiernos nacionales en la Convención Europea en materia de Política Exterior y de Seguridad Común. Intenta mostrar de forma gráfica los principales temas de debate abiertos sobre Acción Exterior y como queda plasmado en las discusiones los ejes de fractura pre-existentes en el seno de la familia europea.

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Importa si una guerra civil es combat com un conflicte irregular, convencional o simètric no convencional? En altres paraules, tenen les “tecnologies de la rebel·lió” un impacte sobre la gravetat d’una guerra, la seva durada o el seu resultat? Aquest treball mostra que els conflictes irregulars duren més que els altres tipus de conflicte, mentre els convencionals tendeixen a ser més greus en termes de letalitat al camp de batalla. D’altra banda, els conflictes irregulars tendeixen a ser guanyats pels governs, mentre els altres són més propensos a acabar en empat. Substancialment, aquests resultats ens ajuden a donar sentit a l’evolució de les guerres civils, les quals tendeixen a ser més curtes, més intenses i més difícils per als governs. Teòricament, aquests resultats donen suport a la importància de la tecnologia de rebel·lió a l’estudiar la gravetat, la durada i els resultats de les guerres civils; a més, contribueixen a una millor comprensió de la contribució històrica de la guerra irregular a la construcció de l’Estat i al canvi social.

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El mundo ha evolucionado imparablemente en el último siglo. El hombre ha dado ungran salto en el progreso modificando los sistemas productivos, el ritmo de vida eincluso la organización económica. Varias son las voces de alarma que se han alzado enlos últimos años poniendo de relieve las nefastas consecuencias que todo elloproyectaba sobre el medio ambiente. Y es que el progreso ha ido innegablemente ligadoa otro nuevo concepto: la contaminación.La preocupación por adaptar sistemas productivos sostenibles, reduciendo el impactoambiental, ha ido en aumento implicando a los gobiernos y los entes internacionales. Unimportante instrumento para reducir el impacto medioambiental ha sido laconcienciación y la educación de la población pero, desafortunadamente, es una tareaque requiere mucho tiempo, por lo que, acorto plazo, no siempre es suficiente. Por ello,en los últimos años, se ha sucedido un aluvión de normas cuyo objetivo se centra en lapreservación del medioambiente imponiendo obligaciones a los ciudadanos a fin de irmoldeando actitudes sostenibles.El presente trabajo se centra en el análisis de las normas administrativas en materiamedioambiental. Nuestro estudio pretende analizar si los incentivos económicos que deellas se derivan son suficientes para imprimir una actitud cívica y respetuosa con elmedio ambiente o, si de lo contrario, el legislador se ha de servir de instrumentos másseveros como las sanciones penales o la clausura de actividades empresariales. Unapregunta clave se esconde tras este estudio ¿es rentable económicamente cumplir lanormativa medioambiental?Las principales conclusiones que hemos alcanzado tras la realización de este estudiogravitan sobre la idea de que los incentivos económicos son muy débiles como paraconseguir guiar la conducta de los empresarios conduciéndola al cumplimiento de lanormativa. Son necesarias medidas más drásticas, más coercitivas, para conseguir laadecuación del comportamiento de los agentes económicos. Lamentablemente, laAdministración no les puede conceder la libertad de decidir cumplir o no cumplir, bajola amenaza de la sanción económica. Por el contrario, debe imprimir sobre el agenteeconómico un grado superior de fiscalización, controlando, antes del inicio de suactividad, la adecuación de su comportamiento a la normativa de protección del medioambiente, bajo pena de no poder desarrollar su empresa.Sin embargo, nuestro estudio también arroja conclusiones esperanzadoras: a pesar deque el análisis económico de la normativa conduce al empresario a la solución óptimade no cumplir, las medidas alternativas emprendidas por la Administración van forjandoen la mente de los agentes económicos la percepción de que el desarrollo sostenible esuna obligación, más allá de los incentivos pecuniarios, y las medidas en pro de lapreservación del medio ambiente se van convirtiendo, con el paso del tiempo, enacciones que indudablemente se tienen que emprender. Por ello, la idea central quedebemos extraer de este estudio es que, a pesar de que las sanciones -económicas o deotro tipo- son necesarias para reorientar la conducta de los empresarios, toda vez queotorgan incentivos para actuar de una forma que no lo hubieran hecho en el ejercicio dela más absoluta libertad, al final lo que verdaderamente lleva a conjugar los interesespúblicos y privados es la concienciación de los individuos, su educación y elafianzamiento de la creencia de que el mundo es un pequeño paraíso que debemoscuidar. Cueste lo que cueste.

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El artículo aborda, desde un punto de vista del diseño institucional, la zonificación educativa en dos sistemas político-institucionales complejos, Cataluña y Estados Unidos de América, en un marco de gobernanza multinivel. El análisis de los elementos de diseño institucional que emergen de la creación de espacios de gestión donde confluyen distintos niveles de gobierno en la prestación de políticas públicas es el foco de atención principal. A pesar de las grandes diferencias entre ambas realidades, es posible destacar conceptos clave para comprender el diseño de la zonificación educativa en Cataluña, donde el papel de los gobiernos locales está jurídicamente muy limitado y donde la prestación del servicio público educativo se realiza de forma muy centralizada. Así, a partir de la comparación con el caso americano, se puede concluir que la zonificación educativa y la corresponsabilidad educativa local en Catalunya se han implementado en un entorno jurídico-político “adverso” y con un diseño institucional “ajeno” que han desencadenado finalmente en su desaparición.

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La actividad internacional de los gobiernos locales ha traído consigo nuevos debates que cuestionan a los estados como únicos representantes de las relaciones internacionales. Las tendencias actuales del sistema internacional muestran ciudades fortalecidas que han ido adquiriendo un rol cada vez más importante en la construcción del desarrollo de las naciones. Por tanto, este documento aspira contribuir al debate sobre la necesidad de que los gobiernos locales se involucren más en la construcción de paz a través de la cooperación descentralizada bajo un enfoque de reciprocidad, beneficio mutuo e interés mutuo. En síntesis, hay un interés particular por analizar las autoridades locales como actores potenciales para el fortalecimiento de una paz positiva en un contexto en el cual las estrategias de desarrollo se empiezan a pensar cada vez más desde lo local.

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El proceso de privatización y concentración territorial es objeto de estudio de este trabajo que analiza la ocupación del Gran Chaco durante las décadas previas a la guerra sostenida por los gobiernos paraguayo y boliviano entre 1932 y 1935, conflicto que supuso, finalmente, su definitiva nacionalización. La adquisición de tierras chaqueñas por parte del español Carlos Casado del Alisal, uno de los más polémicos y, a la vez, uno de los más importantes latifundistas del Chaco paraguayo, permitirá entender la manera en que aquella privatización de tierras se articuló en la década de 1880 con redes sociales, políticas y empresariales construidas en la Argentina, en particular con una entidad creada en la capital del país a finales de la centuria, la Asociación Patriótica Española.

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[spa] El objetivo de este trabajo es analizar si los municipios españoles se ajustan en presencia de un shock presupuestario y (si es así) qué elementos del presupuesto son los que realizan el ajuste. La metodología utilizada para contestar estas preguntas es un mecanismo de corrección del error, VECM, que estimamos con un panel de datos de los municipios españoles durante el período 1988-2006. Nuestros resultados confirman que, en primer lugar, los municipios se ajustan en presencia de un shock fiscal (es decir, el déficit es estacionario en el largo plazo). En segundo lugar, obtenemos que cuando el shock afecta a los ingresos el ajuste lo soporta principalmente el municipio reduciendo el gasto, las transferencias tienen un papel muy reducido en este proceso de ajuste. Por el contrario, cuando el shock afecta al gasto, el ajuste es compartido en términos similares entre el municipio incrementado los impuestos y los gobiernos de niveles superiores incrementando las transferencias. Estos resultados sugieren que la viabilidad de las finanzas pública locales es factible con diferentes entornos institucionales.