1000 resultados para FUNDACIÓN CAMINO A LA LUZ – ADMINISTRACIÓN – BOGOTÁ (COLOMBIA)
Resumo:
Esta monografía busca analizar cómo la normatividad forestal en la región de la Orinoquia, específicamente en el municipio de la Primavera, Vichada, puede convertirse en un factor generador de condiciones favorables para el desarrollo regional. Inicialmente, en el proyecto de la investigación, se propuso realizar el análisis a partir de la Ley General Forestal, pero en el transcurso del trabajo fue necesario replantear este foco de estudio, porque esta fue declarada inexequible por la Corte Constitucional Colombiana. Sin embargo, este viraje no afecta, sustancialmente el trabajo, ya que el propósito, más general, de la Ley era ordenar y agrupar las distintas medidas, instrumentos y disposiciones sobre el sector forestal que estaban dispersos en leyes anteriores, decretos reglamentarios y planes específicos formulados desde 1959 en adelante, por lo tanto al desaparecer la Ley, se regresa a la situación anterior, sin que desaparezcan los aspectos puntuales para el análisis, como son: la regulación de todas las actividades relacionadas con plantaciones forestales. La conservación y el manejo sostenible de bosques naturales y el establecimiento de varias plantaciones forestales. El otorgamiento del Certificado de Incentivo Forestal (CIF), mecanismos de financiación, créditos, estímulos, incentivos, exenciones y garantías a la inversión. Las competencias para los diferentes entes e instituciones locales, regionales y nacionales.
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La idea primordial de esta monografía es demostrar si realmente dicha cooperación de la Unión Europea sobre Colombia podrá ser sostenible en un largo plazo. Para esto se darán a conocer los comienzos de las políticas basadas en el desarrollo sostenible implementadas en la UE sobre sus países miembro y de qué forma llegó a Colombia; luego se mostrará la interconexión que han creado estos actores más la población de Colombia, por medio de las acciones bilaterales en el área local ejecutadas dentro de los Laboratorios de Paz. La intención primaria es revisar la estructuración desde sus comienzos. Complemento a esto se darán a conocer las acciones locales efectuadas en el segundo laboratorio, con el fin de plasmar la interacción entre las instituciones gubernamentales, los entes internacionales y los pobladores como eje central de dicho proceso. En la segunda parte de dicho procedimiento se pasará a revisar las políticas implementadas de lo local a lo regional, con el fin de examinar los reales alcances de los programas de desarrollo y paz a escala regional, exponiendo casos reales de congregaciones municipales así como la interacción entre éstas. De acuerdo con los resultados arrojados en las dos primeras fases de la monografía, se evidenciará los reales alcances de las políticas promovidas en los Laboratorios de Paz en el ámbito local y se tratará de determinar la viabilidad de su réplica hasta en todo el ámbito nacional. Observando la factibilidad de dicha cooperación, se pasará a identificar si realmente la cooperación formulada por la UE será realmente sostenible a pesar de los problemas internos que posee Colombia; por otra parte, en el transcurso de esta monografía se plasmarán las ayudas de cooperación aportadas por los países miembro de la UE, así como los avances de los proyectos desde su apertura hasta su ejecución. El fin último es evidenciar si dicha cooperación ejecutada por la Unión Europea podrá ser sostenible en un largo plazo, claro está, cotejando con los resultados que ha arrojado el desarrollo de los laboratorios de paz en los últimos años.
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La presente monografía es el resultado de un ejercicio analítico de pregrado que estudia cómo se han venido deteriorando las relaciones bilaterales entre Colombia y Ecuador como consecuencia de las fumigaciones con glifosato realizadas por el Gobierno colombiano a partir del inicio del Plan Colombia. La aspersión con glifosato es una de las principales estrategias del Plan Colombia para erradicar los cultivos ilícitos de coca y se ha venido implementando de manera extensiva desde el año 2000 hasta el día de hoy en los departamentos de Putumayo y Nariño, los cuales limitan con Ecuador.
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Esta monografía busca analizar la eficacia de la cooperación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con el Estado colombiano en la lucha contra la trata de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el periodo comprendido entre 2000 y 2007. Por un lado, se contextualiza el fenómeno de la trata de personas (TP), en especial de NNA tanto en Colombia como a escala mundial durante el periodo de 2000 a 2007; por otra, se define y analiza la cooperación internacional (CI) en el marco de dos teorías de las relaciones internacionales, a saber el la Interdependencia Compleja y el Neoliberalismo Institucional; por otra parte, se analiza la cooperación técnica de la OIM y la UNODC con el Estado colombiano en la lucha contra la trata de NNA en dicho periodo, se precisan sus alcances y se formulan aportes y recomendaciones para incrementar la CI.
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El objetivo central del presente trabajo, es analizar y evaluar el desempeño de las empresas prestadoras del servicio de telefonía local, a través de variables de calidad, regulatorias, control y principalmente de gobernabilidad local y corporativa bajo el esquema de estructura, conducta y desempeño, como mecanismo de análisis del sector después de la reforma regulatoria en Colombia. Para tal fin, este trabajo está organizado en seis secciones. La sección 2, presenta un análisis de la estructura del sector de las telecomunicaciones, específicamente del subsector de telefonía local. La sección 3, realiza un análisis de conducta, a través del comportamiento de variables como tarifas, financieras, entre otras. La sección 4, presenta un análisis de la relación existente entre la Gobernabilidad (Local y Corporativa) y la prestación del servicio de telefonía local. La sección 5, presenta una apreciación global del desempeño de las empresas de telefonía local, a través de la estimación de un ejercicio econométrico de datos de panel, utilizando como variables de desempeño indicadores de cobertura, rentabilidad, endeudamiento, gestión, entre otros. Finalmente, la sección 6, presenta algunas conclusiones relevantes.
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Es fácil comprender porqué las sociedades a través de todos los tiempos se han preocupado por el daño y el perjuicio, a efecto de eliminar, atenuar o cuando menos paliar las huellas dejadas en la víctima por parte del victimario. Así, los regímenes han evolucionado utilizando diversas metodologías para el logro de estos fines, que bien se ven reflejados y respaldados en la teoría de la solidaridad social, ya que ante un hecho dañino el grupo reacciona jurídicamente con miras a lograr el posible restablecimiento del derecho menguado al damnificado. Esto implica, que jamás podríamos imaginar siquiera la falta de respuesta del Estado y la sociedad, apuntando hacia la reparación o resarcimiento de lo ocurrido. Antes de aclarar las inquietudes específicas que nos orientan, tenemos qué señalar que daño es el mismo hecho dañino, el golpe, la conducta agresora, el ataque, “la alteración negativa de un estado de cosas existente”1 , o lo que es lo mismo, “la aminoración patrimonial sufrida por la víctima”2 . Entonces, el daño es el acontecimiento ilegal, que no puede confundirse con el perjuicio que es lo que le sobreviene; son diferenciables; su relación es consecuencial, y no se refunden.
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Es innegable la situación de constante y acelerada evolución que ha venido experimentando nuestra sociedad pos industrial, y a la par con este, el vertiginoso ritmo de difusión que el desarrollo tecnológico ha tenido. En atención a tales supuestos, puede decirse que se ha generado un modelo social, cuyo progreso depende en gran medida de los sistemas de información y comunicación. Hace tiempo que el centro de gravedad de la lucha por el poder político y económico se ha desplazado del ámbito del control de las grandes energías al del dominio de la información. Por eso puede afirmarse que a diferencia de la primera revolución industrial, que dependía de recursos finitos y que se organizaba en torno a la energía, la sociedad post-industrial se asienta en la información y se nutre del suministro inagotable de conocimientos. No se puede negar por tanto que la información se configura como un bien de incuestionable valor1 , cuyo tratamiento automatizado repercute en múltiples ámbitos (económico, social, político, cultural) y cuya salvaguarda merece tutela jurídica.
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La Política Exterior rusa ha tenido un giro sustancial con la llegada de Vladimir Putin en el año 2000. En consecuencia, esto se ve reflejado en las acciones tomadas por el Kremlin con las revoluciones de Ucrania (Revolución Naranja) y Georgia (Revolución de las Rosas). La apuesta de los dos mandatos de Putin era claramente influenciar su zona geográficamente más cercana, es decir el "Espacio Post-soviético".
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Se parte del entorno y su estudio, previo a la posterior comprensión de realidades actuales y lejanas que hagan comprensible el complejo mundo actual, primando la adquisición por parte de los alumnos a través de la construcción de contenidos realizada por ellos mismos.
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Lamentablemente los conflictos territoriales son una constante de las relaciones internacionales, siendo de suma importancia que las mismas se arreglen de forma pacífica. La labor de la Corte Internacional de Justicia en este sentido ha sido fundamental. Su vasta jurisprudencia en este ámbito ha generado toda una serie de principios y reglas sobre las cuales se sustenta dicho arreglo, tales como el principio de continuidad de los tratados de carácter territorial, el uti possidetis iuris, la primacía del título jurídico, la relatividad de la efectividad, o la fecha crítica. Principios y reglas cuyo conocimiento es fundamental para futuros arreglos.
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Este artículo plantea que el diseño institucional contenido en las normas jurídicas sobre propiedad agraria, en el período 1991-2010 no tiene como fundamento la distribución de la tierra y que, por el contrario, incentiva o permite la concentración de la misma; esto, distanciándose de las tesis que aborda el problema de la tierra como una consecuencia de la indebida aplicación de las normas que regulan el tema rural. Además, en materia de propiedad agraria, la Constitución de 1991, a pesar de su sesgo garantista y de haber cambiado un sinnúmero de estructuras sociales y políticas, en el tema de propiedad de la tierra conservó la estructura decimonónica y liberal clásica de los derechos de propiedad regulados en el Código Civil. Si bien los fenómenos de la concentración y el despojo de la tierra no se pueden explicar únicamente desde la variable de la norma jurídica, esta sí puede arrojar indicios sobre dichas situaciones. Así las cosas, se realizará un análisis desde las normas jurídicas para determinar si, desde su diseño, existen elementos que hayan contribuido a la concentración y al despojo de la tierra en Colombia.
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La justicia transicional debe enfrentar la negación de las atrocidades. A pesar de la sofisticación del marco de derechos humanos presente en el sistema legal colombiano, el campo de la justicia transicional en Colombia adolece de un significativo grado de indeterminación normativa, como si dicho campo aconteciera en un vacío constitucional”. Como consecuencia, ha sido objeto de uso estratégico por parte de distintos actores políticos dotados de intencionalidad en la fijación del sentido del arreglo institucional de la llamada justicia transicional. El uso estratégico gravita entre el acatamiento pleno del marco de derechos humanos o su elusión en distintos grados. La elusión niega las atrocidades. Para que el discurso de la justicia transicional en Colombia contribuya a hacer justicia por las atrocidades, debe dar viabilidad práctica a los derechos de las víctimas, no reducir esos estándares. Para ello, son necesarios dos requisitos: desde el punto de vista sustantivo, debe acatar las obligaciones en materia de verdad, justicia y reparación, que son parámetro de constitucionalidad, y respetar el núcleo esencial de tales derechos, sin perjuicio de la libertad de configuración legislativa y de la ponderación judicial. Desde el punto de vista procedimental, debe adoptar como metodología un enfoque contextualizado de análisis comparado que evite el trasplante acrítico de experiencias internacionales inaplicables.
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El propósito del artículo se centra en analizar la necesidad que hay o no de crear una sanción especial para el sujeto con psicopatía, teniendo en cuenta sus particulares características (incurable, ausencia de remordimiento, ausencia de temor al castigo, alto nivel de reincidencia, cosificación del ser humano), y la naturaleza de las sanciones contenidas en la ley penal nacional, en defensa de la justicia, el respeto por los derechos humanos de víctima y victimario, la seguridad de la sociedad y la adecuada punición.
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