1000 resultados para Economías regionales


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La demanda formulada por la Institución Facultad de Agronomía y Veterinaria (UNRC) expresa una necesidad relacionada con su actividad prioritaria, la formación profesional en el campo de la ingeniería agronómica. Es decir, su tarea educativa. El objeto de este proyecto está en función de de esa actividad y procura resolver una vacancia de material bibliográfico sobre una temática de relevancia provincial al abordar un cultivo de características típicamente regionales. Es la provincia de Córdoba donde se localiza más del 95% de la superficie cultivada con maní de Argentina, y es también el ámbito donde se asientan y desarrollan todos los eslabones de la cadena de valor (provisión de insumos y servicios, provisión de maquinaria y equipamiento, comercialización, industrilización y exportación) de este producto alimenticio para el hombre. Es también en Córdoba donde se localizan la mayoría de los grupos de investigadores que abordan diferentes aspectos de este sistema productivo, vinculados mayoritariamente a las instituciones públicas (universidades de gestión pública y privada -UNRC, UNC, UCC, UNVM, UESXXI-, insitutos de investigación y experimentación -INTA, IFFIVE, Ceprocor-) y privadas (empresas, asociaciones de profesionales -CAM, CIA, CIAPC-), entre otras. Las universidades radicadas en la provincia de Córdoba son el ámbito donde se concentra la demanda cuantitativa más relevante, referida a los estudiantes de las carreras de grado y postgrado quienes conforman los destinatarios del producto de este proyecto. A ellos, se agregan también los profesionales ingenieros agrónomos que desempeñan sus actividades en los diferentes eslabones de esta cadena de valor y requieren de permente actualización de sus conocimientos. En este sentido, la Facultad de Agronomía y Veterinaria (UNRC) viene a formular la demanda de continuar disponiendo de un libro sobre maní que recopile la producción científica generada localmente y la contextualice con los recientes avances a nivel mundial. Contaría así con un como material bibliográfico soporte para las actividades de docencia de grado y postgrado y de transferencia de la producción al medio.

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El presente ensayo pretende evaluar la contribución que haya podido suponer la condición de territorio de frontera a las particularidades del proceso de desarrollo económico de Cataluña desde el siglo XVIII en adelante. En las secciones que siguen dedicaré un breve espacio a presentar cada uno de los mecanismos relacionales que pueden asociarse a la existencia de la frontera y a los contactos que se mantuvieron regularmente con las economías de los países al Norte de la misma. El primer apartado se dedica a las oportunidades del comercio, con el recurso a dos ejemplos específicos. El segundo se ocupa del comercio transfronterizo ilegal o de contrabando. El tercero atiende a los canales empleados para la transferencia de tecnología. El cuarto se refiere a la inversión extranjera directa. El quinto está reservado al turismo internacional. El sexto trata de ponderar la nueva situación que ha suscitado en la región la incorporación de España a la Unión Europea a partir de 1986. Una sección final ensaya una breve valoración de conjunto.

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Desde finales de los años 80’s, Barcelona se convierte en una metrópolis internacional en la que se concentra el grueso de la competitividad exterior de la economía española. Hasta el momento, el esfuerzo para comprender las razones por las cuales la economía de Barcelona ha conseguido esta posición tan destacada son de naturaleza fundamentalmente urbana. En diferentes investigaciones se ha subrayado la existencia de factores territoriales de competitividad específicos: proximidad a los mercados europeos, expansión del área metropolitana, y existencia de economías externas de naturaleza territorial como son las economías de localización, de urbanización y de red. En el presente trabajo destacamos que el nuevo modelo económico de Barcelona presenta también otra característica propia de las ciudades y las economías más avanzadas. Se trata del cambio de su base productiva hacia una dirección fundamental: el impulso de la economía del conocimiento. El objetivo es averiguar hasta qué punto los cambios detectados en la forma de producir y en la localización de la actividad económica se relacionan con el crecimiento de las actividades densas en conocimiento, y si en el éxito internacional del modelo de Barcelona existen razones asociadas a la progresión de las actividades de tecnología e intensidad de conocimientos más elevada.

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El objetivo de este estudio es analizar las decisiones de localización de las actividades industriales desde una óptica sectorial. En concreto, se explica la distribución municipal en Catalunya del número de nuevas inversiones procedentes del Registro de Establecimientos Industriales, durante el período 1986-2000. Los determinantes de la localización industrial se han agrupado en tres categorías: condiciones de oferta de factores, economías de aglomeración y accesibilidad. El análisis se lleva a cabo utilizando un modelo de eventos discretos con datos de panel. Los resultados obtenidos muestran que los tres conjuntos de variables introducidas son relevantes en la explicación de la localización de las empresas manufactureras y que actúan en diferente grado para los diferentes sectores.

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El propósito de este papel es describir los principales instrumentos económicos que pueden utilizarse en la política medio ambiental. Se examinan críticamente las soluciones clásicas, sin olvidar las espurias. Se introduce el tiempo en el análisis, se examina la importancia de la tasa de descuento en el cálculo económico y se presenta el concepto de economías de duración, para estudiar el conflicto entre los intereses individuales y el social y generar propuestas de solución. Se presta especial atención al conflicto entre los intereses de las generaciones presentes y las futuras, apuntando algunas vías para solventarlo.

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A nivel mundial, en las últimas tres décadas, la inversión directa ha experimentado un desarrollo espectacular. Los datos de la UNCTAD muestran como, entre 1970 y 2005, los flujos de inversión emitida crecieron más de un quinientos por cien. A pesar que, para el conjunto del periodo estos incrementos inversión fueron continuados, hay que diferenciar cuatro etapas. Hasta principios de los ochenta, el volumen no era excesivamente elevado, pero las tasas de incremento mostraban una tendencia cada vez mayor en el desarrollo de la inversión a nivel mundial. Entre mediados de los ochenta y noventa, los flujos empezaron a crecer de forma más notable y sostenida. El boom inversor se produjo, sobretodo, a partir de los cuatro últimos años del siglo veinte, cuando la inversión creció a un ritmo espectacular; con tasas de incremento anual que en algunos años (como el de 1999) rozaron el sesenta por ciento. Tras el inicio del siglo XXI, la inversión directa se ralentizó. Entre los años 2001 y 2005 las salidas de capital disminuyeron y, aunque se mantuvieron en niveles ciertamente altos en comparación con el conjunto del periodo, fueron sensiblemente más bajos que los registrados a finales de la década de los noventa. El incremento general de este tipo de movimientos internacionales de capital, iniciado, sobretodo, a partir de la década de los ochenta y eclosionado a mediados de los noventa tuvo origen en un contexto de progresiva y paulatina liberalización de las relaciones económicas a nivel mundial; en transformaciones institucionales de gran calado en prácticamente todas las economías del mundo, y en un contexto de fuerte crecimiento económico impulsado, en gran parte, por el desarrollo tecnológico de la llamada "nueva economía".

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Desde 1975 y sobre todo a partir de su incorporación a la Unión Europea en 1986, los cambios que se han producido en la estructura económica y productiva española han favorecido la convergencia de la mayoría de sus indicadores económicos con los de los países de la Unión. Sin embargo, no ha habido el mismo éxito por lo que se refiere al mercado de trabajo. Esta comunicación es, por una parte, el resultado de mi trabajo de investigación sobre la evolución de la educación superior y el mercado de trabajo en España durante las últimas cuatro décadas del último siglo y, por otra parte, el punto de partida de un estudio más profundo sobre las diferencias regionales en la correspondencia entre la oferta y la demanda de trabajo cualificado en España y en Europa. El objetivo de esta comunicación es comparar la evolución de los niveles educativos y de los principales indicadores del mercado de trabajo en España y en otros países europeos (Alemania, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Reino Unido) desde 1986, año de incorporación de España a la Unión Europea, hasta la actualidad, para determinar los factores o mecanismos que influyen en el mercado de trabajo cualificado español y su difícil convergencia con los de otros países europeos.

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En este trabajo se presenta una metodología que permite estimar la función de costes implícita en la fórmula de reparto de la financiación sanitaria utilizando datos de gasto autonómico y controlando por la financiación total de cada comunidad. Aunque los resultados no son tan precisos como sería deseable, sí permiten extraer algunas conclusiones de interés sobre la dirección en la que habría que modificar la actual fórmula de necesidades de gasto para dotar a todas las regiones de los recursos necesarios para ofrecer un nivel uniforme de servicios sanitarios. Encontramos, en particular, que la fórmula actual muy probablemente infravalora los costes derivados del envejecimiento. También encontramos evidencia de economías de escala y de que los costes de la atención sanitaria aumentan con la superficie regional y con la insularidad y descienden con la renta disponible a través del grado de utilización del sistema sanitario público. Por otra parte, cuantificamos los sobrecostes salariales ligados a diferencias de niveles de precios entre regiones. Corrigiendo nuestras estimaciones por este último factor, construimos indicadores tentativos de necesidades de gasto regional a salarios de igual poder adquisitivo para el personal sanitario

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En este documento se presenta un estudio acerca de cómo variables de estructura económica y de estructura espacial afectan el crecimiento del empleo en 50 provincias españolas entre los años 1999 y 2004. Para ello, se realiza una estimación global que abarca los sectores de manufacturas y de servicios. Los resultados evidencian economías de urbanización, pero ambigüedad para las economías de localización. Además, variables de estructura espacial como los índices de centralización y concentración resultaron no ser significativos, mientras que el porcentaje de empleo disperso y en subcentros explican ampliamente el modelo además de alcanzar su signo esperado

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Esta investigación trata de esclarecer qué opinión merece y cómo repercute la existencia de gobiernos regionales en las organizaciones empresariales de ámbito regional. Ello lo observamos mediante el análisis de dos organizaciones empresariales catalanas: Foment del Treball Nacional y la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Desafortunadamente, como sucede para el caso español, tras más de veinticinco años de experiencia regional existe un vacío en la literatura académica, tan sólo unos pocos estudios referenciados, tanto de organizaciones empresariales regionales como de su opinión sobre el Estado de las Autonomías y sus implicaciones para un determinado modelo económico y proyecto político.

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Este trabajo responde a la réplica de Leandro Prados de la Escosura acerca de mi estimación de la serie histórica del Producto Interior Bruto de España (R.E.A., 49 (XVII), 2009, págs. 5 a 45). Demuestra que el IPC es el mejor deflactor disponible para reconstruir el PIB antes de la CNE porque mide correctamente las variaciones interanuales del nivel general de precios. Emplea un procedimiento de enlace de la serie histórica de la contabilidad nacional que es consistente con los nuevos sistemas de cuentas nacionales SCN-93 y SEC-95 y coincide con los empleados por todos los organismos económicos internacionales. La actualización del sistema contable, con la inclusión de la economía sumergida y de la producción para uso final propio, ha dejado obsoletas las estimaciones anteriores y exige estimaciones de segunda generación, con la inevitable readaptación de los niveles relativos de las distintas economías.

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En el present estudi s’han analitzat quines són les fonts energètiques utilitzades a les llars de Haër, així com les repercussions que aquestes tenen sobre el medi natural i socioeconòmic de les famílies. Per tal de poder identificar quines són aquestes fonts i els seus efectes, s’ha realitzat un inventari i una diagnosi energètica. S’ha estudiat l’ús de l’energia en dos àmbits domèstics principals: la il·luminació i el cuinat, analitzant la freqüència d’ús i quantificant el consum energètic familiar. Les fonts energètiques detectades són: llenya, carbó, gas, querosè, piles i espelmes, de les quals, la llenya, el querosè i el carbó són les majoritàriament utilitzades. El consum energètic per càpita és de 2.100 kWh/any. Per altra banda, l’obtenció d’algunes d’aquestes fonts energètiques, suposen un cost econòmic molt elevat per les economies familiars, arribant a suposar un 60% dels ingressos. A partir de les dades obtingudes a la diagnosi, s’ha aplicat un indicador per tal de quantificar la magnitud de l’impacte sobre el medi produït pel model energètic seguit dins de les llars. L’indicador estudiat ha estat la petjada energètica, amb la qual s’ha traduït aquest consum en unitats de superfície biològicament productiva, requerida per absorbir el CO2 emès. El resultat ha estat que una persona produeix anualment 2,09·10-2 tCO2, que requereix de 7,53·10-3 gha/persona de superfície forestal per ser absorbides. S’ha comparat aquest resultat amb la petjada energètica domèstica calculada pel poble d’Araós, el qual, amb un model energètic totalment diferent, té una petjada energètica de 1,53 gha/persona. Un cop detectats els problemes o impactes causats pel model energètic actual, es proposa una alternativa energètica per tal de reemplaçar algunes fonts convencionals, principalment el querosè dels quinqués. Així doncs, mitjançant l’aprofitament de l’energia solar, es plantegen dos models fotovoltaics adaptats a dues tipologies de llars diferents, amb l’objectiu de minimitzar el cost i optimitzar els recursos energètics. Finalment es planteja una solució financera per abordar el cost inicial de la instal·lació solar.

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En este trabajo se exploran los condicionantes sociológicos e institucionales del mercado del servicio doméstico en Europa. Para ello se trabajó, básicamente, en tres líneas de investigación que aun están en curso. La primera, consiste en una exploración filosófica republicana, histórica y jurídica de la familia y la empresa capitalistas como instituciones que tienen una raigambre histórica común –la antigua domus, donde se desarrollaban todas las actividades productivas y reproductivas y que se caracterizaba constitutivamente por relaciones de dominación entre el propietario de los medios de producción y todos aquéllos que dependían de éste para subsistir-. Bajo el capitalismo, la familia –entendida ya como el hombre, su mujer e hijos legítimos- se constituyó en una institución eminentemente privada y las actividades desarrolladas en su seno quedaron fuera de lo que se consideró trabajo susceptible de reconocimiento económico. En este sentido, la normativa que regula al servicio doméstico como una relación laboral de carácter “especial” es un reflejo de la desvalorización socioeconómica de que ha sido objeto el trabajo reproductivo y la asociación conceptual entre la “improductividad” del ama de casa y la empleada doméstica. En la segunda línea del trabajo se exploraron las variaciones cuantitativas del mercado del servicio doméstico en Europa, cuya trayectoria presenta una forma de U entre la década de 1880 y mediados de la década de 1990. También mediante el análisis de fuentes secundarias de datos se pudieron establecer las profundas diferencias regionales que ha comportado este resurgimiento del empleo en servicios domésticos y su peso dentro de la estructura de empleo de cada sociedad. Por último, en la tercera se indagó la fluctuación histórica y geográfica de la oferta de trabajadoras domésticas en Europa, que pasó de las migraciones internas a las internacionales, coincidiendo con periodos de fuerte desigualdad económica entre las zonas expulsoras y receptoras.

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El objetivo de esta investigación es aportar evidencia sobre las fuentes de las economías de aglomeración para el caso español. De todas las maneras posibles que se han tomado en la literatura para medir las economías de aglomeración, nosotros lo analizamos a partir de las decisiones de localización de las empresas manufactureras. La literatura reciente ha puesto de relieve que el análisis basado en la disyuntiva localización / urbanización (relaciones dentro de un mismo sector) no es suficiente para entender las economías de aglomeración. Sin embargo, las relaciones entre los diferentes sectores sí resultan significativas al examinar por qué las empresas que pertenecen a diferentes sectores se localizan unas al lado de las otras. Con esto en mente, intentamos explicar que relaciones entre diferentes sectores pueden explicar coaglomeración. Para ello, nos centramos en aquellas relaciones entre sectores definidos a partir de los mecanismos de aglomeración de Marshall, es decir, labor market, input sharing y knowledge spillovers. Trabajamos con el labor market pooling en la medida en que los dos sectores utilizan los mismos trabajadores (clasificación de ocupaciones). Con el segundo mecanismo de Marshall, input sharing, introducimos cómo dos sectores tienen una relación de comprador / vendedor. Por último, nos referimos a dos sectores que utilizan las mismas tecnologías en cuanto a los knowledge spillovers. Con el fin de capturar todos los efectos de los mecanismos de aglomeracion en España, en esta investigación trabajamos con dos ámbitos geográficos, los municipios y los mercados de trabajo locales. La literatura existente nunca se ha puesto de acuerdo en cual es el ámbito geográfico en el que mejor trabajan los mecanismos Marshall, por lo que hemos cubierto todas las unidades geográficas potenciales.

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En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.