860 resultados para Despesa pública - Aspectos políticos


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Este estudio de caso analiza la influencia del Crimen Organizado Transnacional en la formulación de Políticas Públicas de seguridad en Argentina entre 2001 y 2013. En contraste con otros estudios, se considera que la relación de estos dos fenómenos debe recoger aspectos fundamentales de un enfoque de seguridad integral y multidimensional. En el caso de Argentina, durante 2001 el Crimen Organizado Transnacional ocupó el primer lugar en la agenda pública, lo cual derivó en una serie de acciones públicas llevadas a cabo por los distintos gobiernos. Sin embargo, los casos de Santa Fe en 2012 y Córdoba en 2013 demostraron la debilidad institucional en la formulación de Políticas Públicas de este país. Por lo tanto, este trabajo pretende demostrar con los casos anteriormente mencionados que debilidades estatales como la corrupción estatal y la indiferencia ciudadana son obstáculos para la formulación de políticas públicas.

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La presente investigación tiene como objetivo examinar la incidencia de las estrategias de campaña ejecutadas por los partidos políticos colombianos, sobre el comportamiento legislativo tomando como referencia las elecciones senatoriales del año 2014. De esta manera, sostiene que las organizaciones partidistas que demostraron una mayor cohesión al momento electoral, se comportaron de manera disciplinada en el Senado. Por ello, se exponen las distintas estrategias que aplicaron los partidos políticos que lograron una curul en el Senado, con el fin de determinar el grado de cohesión de cada uno de ellos, utilizando como marco los dilemas organizacionales a los que los partidos se ven expuestos. Luego, se relaciona con el trabajo legislativo que tuvo lugar en el primer periodo de la primera legislatura y, se finaliza, con un análisis de la reforma política contenida en el proyecto de equilibrio de poderes.

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Conocer los aspectos psico-sociales del Sida en Cataluña. Valorar qué se está haciendo sobre el tema, constatar qué falta y sugerir qué se tendría o convendría hacer. 130 personas del ámbito socio-sanitario de un total de 53 centros o entidades de Cataluña. El informe consta de tres partes. En la primera se presentan unos principios básicos que constituyen el marco ideológico de la investigación hecha en Cataluña. En la segunda, se expone la metodología del estudio realizado con cada una de las etapas seguidas. En la tercera, se compila lo que han manifestado las personas entrevistadas. Seguidamente expone las conclusiones y recomendaciones. Estudio de campo. La Administración Pública de Cataluña tendría que conocer realmente el número de personas enfermas de Sida y de seropositivos, así como su situación médica, psicológica y social. No se puede continuar sin mecanismos institucionales para detectar las necesidades existentes en el campo del Sida y las soluciones que se dan en la actualidad y sin acoger las demandas que se hacen y los sugerimientos de diversas personas y entidades. A la vez, se tendría que realizar un estudio de previsión de la evolución del Sida en Cataluña, de sus implicaciones asistenciales y sus gastos aproximados.

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Se trata de comprobar si los factores de comunicación verbo-icónica en los carteles de propaganda política son similares a los que en su momento se detectaron como características de la publicidad comercial en la investigación de Rodríguez Diéguez 'Publicidad y Enseñanza'. La muestra se compone de 323 carteles de propaganda política, recogidos en diapositivas, pertenecientes a las campañas electorales, efectuadas en el País Valenciano por los distintos partidos con motivo de las elecciones generales de 1977, 79 carteles; elecciones generales de 1979, 79 carteles; referéndum constitucional de 1978, 76 carteles; y elecciones municipales de 1979, 92 carteles. Para comprobar el objetivo, se valora la muestra de carteles políticos con la misma escala que se utilizó para la publicidad comercial que recogía los siguientes factores: factor icónico, factor verbal, factor de función dominante, factor de convergencia formal de contenidos y factor de determinación informativa. Escala de publicidad y enseñanza de Rodríguez Diéguez. Propaganda política. Análisis factorial de componentes principales, rotación Varimax. Análisis de correlación. La matriz factorial es sometida a dos rotaciones más que incrementen la invarianza. Programas de ordenador. Representaciones gráficas. Tras las rotaciones efectuadas se observa que el factor I en ambos casos tienen un alto nivel de concomitancia, aunque el factor resultante de este trabajo es más amplio, dándose una convergencia de aspectos formales de carácter icónico y verbales, por lo que se le denomina factor de determinación cualitativa de la información. El factor II en ambos casos. Tienen una correlación casi perfecta, a pesar de lo cual se le denomina lecturabilidad. El factor III presenta variaciones sustantivas, ya que no entran en la composición, las variables que le dan su sentido de función dominante al original, sino sólo las que aluden a aspectos formales, por lo cual se le denomina factor técnico o de diseño. El factor IV, convergencia formal de contenidos, tiene un sentido equivalente al de la hipótesis. El factor V, queda descartado. La hipótesis global queda aceptada en su mayor parte.

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Resumen tomado de la publicación. Monográfico titulado: organización en instituciones educativas : la dirección de centros

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Resumen tomado de la publicación

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El objetivo de este trabajo es la adaptación y validación en población española del Fibromyalgia Impact Questionaire (FIQ; Burckhardt, Clark y Bennett, 1991). El FIQ mide el funcionamiento físico, la interferencia de la enfermedad en el trabajo, el dolor, la fatiga, el cansancio matutino, la rigidez, la ansiedad, y la depresión. La versión traducida y adaptada del FIQ se administró a 41 mujeres diagnosticadas de fibromialgia. Se recogió información de todas las diagnosticadas de fibromialgia. Se recogió información de todas las pacientes acerca de la severidad del trastorno, evaluado a partir de una escala analógico-visual, así como los síntomas más relevantes de la enfermedad (dolor, fatiga, ansiedad). Los resultados obtenidos indican que la consistencia interna del FIQ, calculada a partir de alfa de Cronbach, es aceptable (a=0.93). El análisis factorial de la escala muestra una estructura de dos factores, con un porcentaje de varianza total explicada de un 81,3.

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Promover la evaluación institucional en las instituciones educativas públicas del estado boliviano de manera que sea entendida como camino y soporte para mejorar la calidad del funcionamiento de las mismas y, obteniendo como consecuencia la mejora de la calidad del servicio educativo que brindan. Realizar un diagnóstico inicial para conocer las condiciones de funcionamiento de la institución. Comprender y explicar la naturaleza del funcionamiento institucional para mejorar su práctica, enriqueciendo la toma de decisiones. Estimular a los docentes para que realicen la práctica evaluativa como constante reflexión. Centros educativos de Bolivia. a.- Recolección de datos de forma precisa y continua. b.- Utilización de técnicas adecuadas para la recolección de datos precisos. c.- Análisis e interpretación de los datos. d.- A partir de los datos obtenidos se procederá a la toma de decisiones con el objetivo de mejorar la calidad educativa de la institución. Cuestionarios elaborados por el centro, entrevistas, observación. Análisis estadístico y análisis de documentos del centro. A lo largo de la investigación se han expuesto los diferentes aspectos que hacen referencia a la evaluación de las instituciones educativas, ofreciendo posibilidades de mejora de la calidad de la educación La revisión de los objetivos, metas trazadas y metodología utilizada que deben tener las instituciones educativas, posibilita el constante replanteamiento de planes de mejora, la evaluación institucional constituye un camino y soporte fundamental para la mejora de la calidad de la educación boliviana. Los temas abordados en la presente investigación constituyen aquellos temas que es necesario planificar en una evaluación orientada a mejorar la evaluación de cualquier institución educativa. La evaluación de instituciones educativas debe constituirse en una base sólida para la propuesta y adopción de programas individualizados de mejora. Si en las instituciones educativas se determina la calidad de la educación, se comprenderá la importancia que adquiere su evaluación al permitir la detección de los puntos fuertes y débiles de su funcionamiento. La evaluación institucional debe ser un proceso autónomo y colectivo de reflexión, análisis y decisiones cuyo objetivo debe ser examinar y valorar de qué manera se va progresando para alcanzar las metas fijadas por la propia institución. La evaluación de una institución no puede ser estandarizada, sino que ha de tener en cuenta las características propias de la institución. La evaluación institucional en el ámbito educativo debe asegurarse al eliminar cualquier tipo de rechazo o malestar entorno al proceso evaluativo, considerando que está orientada a mejorar la calidad de la enseñanza que se ofrece. Los instrumentos y métodos que se han de utilizar en la evaluación han de responder a las características y peculiaridades de cada institución. La evaluación aplicada a las instituciones educativas permite promover cambios cualitativos en la medida que permite que los profesores, bien individualmente o en equipo puedan comprender mejor su práctica y el contexto en el que se encuentran inmersos.

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Estudiar y analizar las características legales que mayor incidencia han tenido en la educación de personas adultas. En primer lugar, se ha efectuado un análisis legal acerca de las distintas disposiciones legales que se han publicado durante el siglo XIX y XX. Se ha estudiado la relación que ha existido entre la educación establecida para las personas adultas y la educación de párvulos y la educación permanente. Tras explicar esta relación, se ha centrado en la educación de personas adultas desde los centros destinados a la misma. Posteriormente, se ha proseguido con el análisis legal sobre el analfabetismo registrado en la población adulta y la función que han realizado las escuelas y clases destinadas a la educación de personas adultas para solventar esta carencia cultural. A continuación, se ha realizado un recorrido legal por las Misiones Pedagógicas con el fin de conocer su contribución en la erradicación del analfabetismo y la relación que ha existido con las escuelas y clases para personas adultas. El estudio cronológico de las distintas normativas que se han publicado relacionadas con la educación de personas adultas está acompañado de un comentario acerca de los aspectos más importantes que se han generado sobre las mismas, incidiendo en los textos legales que mayor aportación han tenido en este tipo de educación. Por último, se han analizado los datos facilitados por diferentes ministerios acerca del desarrollo escolar que ha tenido la educación de adultos. Para ello, se ha incidido en cada una de las diferentes provincias que configuran el mapa español. La Ley de 9 de septiembre de 1857 con respecto a la educación de adultos ha influido en la diversa normativa que se ha publicado sobre la misma hasta 1969. La educación que se ha impartido en las escuelas y clases para personas adultas ha estado marcada por el carácter de educación remedial o compensatoria para todos los que han sobrepasado la edad establecida legalmente como período de escolaridad obligatoria. La legislación promulgada acerca de las escuelas y clases de educación pública para las personas adultas ha pretendido ser una copia de la enseñanza primaria establecida para los niños. La legislación sobre educación de adultos ha seguido un crecimiento irregular y discontinuo. Se han producido importantes diferencias legales dentro de la educación pública para las personas adultas en función del factor sexo. Los responsables políticos, salvo en determinadas ocasiones de carácter concreto, no han centrado su mayor preocupación con respecto a la educación de las personas adultas en las zonas más depauperadas culturalmente. Los temas que mayor incidencia y desarrollo han tenido por parte de las distintas normativas, no se han decretado en función de las necesidades exclusivamente culturales.

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Dejar constancia de la evolución que ha sufrido tanto el tratamiento que se le han dado a la diversidad como los conceptos que se han utilizado para definirla en la legislación española del año 1850 hasta el 2000. Realiza una síntesis de los antecedentes de la educación especial en diferentes países, analiza la legislación desde 1850 a 1985 en todo lo que respecta a las personas diferentes: educación, empleo, ayudas sociales, avances médicos, puesta en marcha de diferentes centros e instituciones, patronatos y organismos. Así como examina los regímenes políticos en los que surgieron, sus contenidos, coincidencias y los intereses y valores. Además explica el paso de la integración a la inclusión a través de la cronología de la atención a la diversidad en la educación. 1) Con la revisión de las normas hemos comprobado que la legislación sigue expuesta a los avatares de los cambios políticos con las consecuencias que ello trae para los beneficiarios directos de la educación y más en concreto para los alumnos con Necesidades Educativas Especiales. Se hace patente la necesidad de llegar a un acuerdo en la educación que evite el continuo ir y venir de las leyes en un sentido o en otro en cada legislatura; llegar a un acuerdo que garantice estabilidad en la implantación de las leyes, atención a todos los colectivos y participación de todos los estamentos implicados en la educación para evaluar sus resultados. 2) No ha habido un trato equitativo ni en la implantación de normas legislativas, ni en el trato de las diferentes deficiencias. La deficiencia psíquica ha ido siempre a la zaga en el tratamiento legislativo. En relación con la educación de los enfermos mentales, en España no se encuentran indicios de atención específica hasta bien entrado el siglo XX, anteriormente todo se situaba en el marco puramente caritativo y asistencial a diferencia de otras deficiencias que contaban con esta atención ya desde mediados del siglo XIX. Hemos de esperar hasta la mitad del silgo XX para presenciar los primeros intentos claros de asistir a los deficientes mentales de forma eficaz, es decir, no sólo desde el punto de vista terapéutico sino también educativo. 3) La legislación siempre ha ofrecido respuestas a las demandas de la sociedad al tiempo que ha ido proponiendo nuevas formas en el tratamiento de la diferencia. Se puede establecer relación clara entre la publicación de los documentos legislativos y la evolución de las personas con discapacidad en lo social, laboral, sanitario y educativo. Algunas de estas normas han tenido mucha importancia, incluso las que tienen ya más de un siglo de antigüedad, como las Órdenes de 1851 y 1852 por las que la Escuela de sordomudos y de Ciegos pasaron a depender del Ministerio de Fomento, sentando las bases de lo que luego sería el carácter asistencial y educativo del Estado con estas personas. El Mismo Estado adquiere por primera vez el compromiso claro de asumir su cuidado y educación, desterrando la idea de que estas personas no merecieran atención educativa alguna y siguieran siendo tratadas como individuos de naturaleza diferente a la de los llamados normales. Estas órdenes cuajarían sin duda en una ley que constituyó una auténtica revolución aunando uno y otro ámbito, el de la ceguera y la sordera. La Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, normativa que constituyó el más importante precedente legislativo conveniente a una protección especial por parte de los poderes públicos a favor de los sordomudos y de los ciegos, determinó la obligatoriedad de la enseñanza entre los 6 y 9 años para aquellos niños cuyos padres no pudieran pagar. Aspectos como la creación de escuelas para niños sordos, la obligación que incumbía al Estado de educar a estas personas en establecimientos docentes especiales o la obligación de formar a los maestros en Pedagogía Especial dan una idea del paso adelante que supuso la publicación de esta norma a mediados del siglo XIX. 4) El ámbito educativo ha sido uno de los más prolíferos en cuanto a la redacción de las normas, en todos los años analizados. El ámbito social destaca de igual manera en todas las décadas, pero con la llegada del nuevo siglo inauguró la etapa más intensa de la primera legislación social española y se incrementó a partir de la segunda mitad de los años 60 y la década de los 70. Con anterioridad el Gobierno durante todo el siglo XX reorganizó los servicios de beneficencia y comenzó una política de tutela, protección y atención de los discapacitados físicos y psíquicos. Mientras que los Poderes Públicos han prestado en todas las décadas una especial atención a los incapacitados laboralmente y especialmente a los mutilados de guerra durante todo el siglo XX. 5) Algunos de los términos que aparecen en los epígrafes de las normas legislativas son: anormal, ciego, educación especial, inválido, minusválido, sordo y subnormal, todos ellos mencionados en más de 35 normas. Algunos son términos que hace ya tiempo que no se utilizan, otros desaparecieron hace sólo algunos años y otros se siguen utilizando. Pero es preciso destacar que en los últimos años ha habido un exceso de celo en el cuidado del lenguaje oficial, incurriéndose en errores o en la utilización de términos pedantes e incluso ridículos. Es el caso de hacer siempre hincapié en: los, las, el, la; para no ser discrimantes con el género, o la invención de giros gramaticales enrevesados como necesidades educativas especiales por educación especial, deficiente visual por ciego, deficiente auditivo por sordo, etc., incluso circunloquios verdaderamente difíciles de leer y aprender y ocurrencias modernas que han servido durante siglos para entendernos e incluso han formado parte de la legislación de nuestro país.

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Resumen basado en el que aporta la revista

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El presente artículo reúne los aspectos más relevantes de la forma en que el estado de Chile está enfrentando el problema de los adolescentes inculpados de infringir la ley penal. El estudio se realizó durante el año 2002, tomando como fuentes principales los documentos orientadores de la Política Pública hacia el menor infractor de la ley y el Proyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que se encuentra actualmente en proceso de estudio por el Parlamento chileno. El objetivo que se persigue es analizar estas políticas para mejorar las estrategias implementadas..

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Resumen tomado de la revista

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La escuela pública ha estado sometida en los últimos tiempos a una intensa presión social. La propuesta que el actual gobierno acaba de formular a través de la Ley de Calidad atribuye todos los problemas de la escuela a las leyes anteriores LODE, LOGSE y LOPEG. Con la Ley de Calidad se pretende mejorar el sistema proponiendo alternativas que afectan a todos los elementos vitales del mismo, entre ellos a la dirección de los centros. El perfil que toma el proyecto de Ley de Calidad es un modelo mixto entre profesional y administrativo. El director será un administrador con amplios poderes de carácter burocrático muy dependiente de la administración educativa, un modelo muy acorde con el modelo de educación que se intenta implantar en los centros. La dirección de los centros tiene que estar acorde con los nuevos tiempos. Cuando se revisa la literatura comparada sólo aparecen dos aspectos en los que hay acuerdo: se necesita un director con amplia formación específica en legislación, habilidades sociales, gestión de recursos humanos y procesos educativos y, por otro lado, debe ser capaz de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje compartiendo el liderazgo con sus colaboradores y animando a la comunidad escolar con un proyecto de futuro.

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Se analiza la asignatura de religión en las escuelas y la regulación jurídica de los contratos de los profesores en esta materia. En el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado con la Santa Sede en 1979, el Estado se compromete a que la enseñanza de la religión católica se integre en todos los planes de estudios de los centros de educación de los niveles equivalentes a Primaria y Secundaria y a que dicha asignatura se imparta en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. En las últimas décadas, se plantean varias alternativas a la asignatura de religión como ética, actividades lúdicas, estudio asistido, cultura religiosa o sociedad, cultura y religión. En cuanto a su evaluación, el Real Decreto 2348/1994 establece que en Primaria y en la ESO, la religión se evalúe como las demás áreas; y en Bachillerato, la nota no cuente a efectos de acceso a la Universidad ni para la obtención de ayudas y becas convocadas por las Administraciones Públicas. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) establece que la religión se evalúe para la obtención del título de Bachiller, pero no para la obtención de becas. En cuanto al profesorado, en la enseñanza privada y concertada se somete al Estatuto de los Trabajadores; mientras que en los centros de enseñanza pública, los profesores, aún siendo empleados de la Administración Educativa, la Iglesia Católica es la que se encarga de su contratación o cesión.