858 resultados para Atención servicios sociales


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Dejar constancia de la evolución que ha sufrido tanto el tratamiento que se le han dado a la diversidad como los conceptos que se han utilizado para definirla en la legislación española del año 1850 hasta el 2000. Realiza una síntesis de los antecedentes de la educación especial en diferentes países, analiza la legislación desde 1850 a 1985 en todo lo que respecta a las personas diferentes: educación, empleo, ayudas sociales, avances médicos, puesta en marcha de diferentes centros e instituciones, patronatos y organismos. Así como examina los regímenes políticos en los que surgieron, sus contenidos, coincidencias y los intereses y valores. Además explica el paso de la integración a la inclusión a través de la cronología de la atención a la diversidad en la educación. 1) Con la revisión de las normas hemos comprobado que la legislación sigue expuesta a los avatares de los cambios políticos con las consecuencias que ello trae para los beneficiarios directos de la educación y más en concreto para los alumnos con Necesidades Educativas Especiales. Se hace patente la necesidad de llegar a un acuerdo en la educación que evite el continuo ir y venir de las leyes en un sentido o en otro en cada legislatura; llegar a un acuerdo que garantice estabilidad en la implantación de las leyes, atención a todos los colectivos y participación de todos los estamentos implicados en la educación para evaluar sus resultados. 2) No ha habido un trato equitativo ni en la implantación de normas legislativas, ni en el trato de las diferentes deficiencias. La deficiencia psíquica ha ido siempre a la zaga en el tratamiento legislativo. En relación con la educación de los enfermos mentales, en España no se encuentran indicios de atención específica hasta bien entrado el siglo XX, anteriormente todo se situaba en el marco puramente caritativo y asistencial a diferencia de otras deficiencias que contaban con esta atención ya desde mediados del siglo XIX. Hemos de esperar hasta la mitad del silgo XX para presenciar los primeros intentos claros de asistir a los deficientes mentales de forma eficaz, es decir, no sólo desde el punto de vista terapéutico sino también educativo. 3) La legislación siempre ha ofrecido respuestas a las demandas de la sociedad al tiempo que ha ido proponiendo nuevas formas en el tratamiento de la diferencia. Se puede establecer relación clara entre la publicación de los documentos legislativos y la evolución de las personas con discapacidad en lo social, laboral, sanitario y educativo. Algunas de estas normas han tenido mucha importancia, incluso las que tienen ya más de un siglo de antigüedad, como las Órdenes de 1851 y 1852 por las que la Escuela de sordomudos y de Ciegos pasaron a depender del Ministerio de Fomento, sentando las bases de lo que luego sería el carácter asistencial y educativo del Estado con estas personas. El Mismo Estado adquiere por primera vez el compromiso claro de asumir su cuidado y educación, desterrando la idea de que estas personas no merecieran atención educativa alguna y siguieran siendo tratadas como individuos de naturaleza diferente a la de los llamados normales. Estas órdenes cuajarían sin duda en una ley que constituyó una auténtica revolución aunando uno y otro ámbito, el de la ceguera y la sordera. La Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, normativa que constituyó el más importante precedente legislativo conveniente a una protección especial por parte de los poderes públicos a favor de los sordomudos y de los ciegos, determinó la obligatoriedad de la enseñanza entre los 6 y 9 años para aquellos niños cuyos padres no pudieran pagar. Aspectos como la creación de escuelas para niños sordos, la obligación que incumbía al Estado de educar a estas personas en establecimientos docentes especiales o la obligación de formar a los maestros en Pedagogía Especial dan una idea del paso adelante que supuso la publicación de esta norma a mediados del siglo XIX. 4) El ámbito educativo ha sido uno de los más prolíferos en cuanto a la redacción de las normas, en todos los años analizados. El ámbito social destaca de igual manera en todas las décadas, pero con la llegada del nuevo siglo inauguró la etapa más intensa de la primera legislación social española y se incrementó a partir de la segunda mitad de los años 60 y la década de los 70. Con anterioridad el Gobierno durante todo el siglo XX reorganizó los servicios de beneficencia y comenzó una política de tutela, protección y atención de los discapacitados físicos y psíquicos. Mientras que los Poderes Públicos han prestado en todas las décadas una especial atención a los incapacitados laboralmente y especialmente a los mutilados de guerra durante todo el siglo XX. 5) Algunos de los términos que aparecen en los epígrafes de las normas legislativas son: anormal, ciego, educación especial, inválido, minusválido, sordo y subnormal, todos ellos mencionados en más de 35 normas. Algunos son términos que hace ya tiempo que no se utilizan, otros desaparecieron hace sólo algunos años y otros se siguen utilizando. Pero es preciso destacar que en los últimos años ha habido un exceso de celo en el cuidado del lenguaje oficial, incurriéndose en errores o en la utilización de términos pedantes e incluso ridículos. Es el caso de hacer siempre hincapié en: los, las, el, la; para no ser discrimantes con el género, o la invención de giros gramaticales enrevesados como necesidades educativas especiales por educación especial, deficiente visual por ciego, deficiente auditivo por sordo, etc., incluso circunloquios verdaderamente difíciles de leer y aprender y ocurrencias modernas que han servido durante siglos para entendernos e incluso han formado parte de la legislación de nuestro país.

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Identificar las fuentes de datos existentes en las Comunidades Autónomas sobre la cantidad y calidad de los servicios dirigidos a atender a los niños y niñas de 0 a 3 años durante la jornada laboral de sus progenitores, diseñar un sistema de recogida periódica de información por parte de las Comunidades Autónomas, susceptible de ser tratada a escala estatal y proporcionar los datos sobre el número de centros y de plazas, así como sobre los horarios, de la oferta pública en todo el territorio estatal. Se ha trabajado en dos procesos metodológicos diferentes aunque complementarios y coordinados: información cuantitativa e información cualitativa. El proceso metodológico para la recogida de datos cuantitativos consistió en la valoración de los datos disponibles en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y en el Ministerio de Educación y Ciencia, en la constitución de una comisión de trabajo de infancia con los representantes de las Comunidades Autónomas, en un acuerdo sobre la metodología y el calendario de trabajo, se envió una solicitud de información, se hizo un seguimiento de los procesos de cumplimentación de la información, se trató la informaciós estadísticamente y se analizaron los datos. El proceso de recogida de información cualitativa fue a través de una entrevista con un guión semiestructurado y abierto con informantes cualificados. El proceso seguido fue: constitución del equipo de investigación, diseño de la metodología y el guión para realizar entrevistas, selección de las personas a entrevistar, realización de las entrevistas y análisis de las información. Los centros y plazas ofertadas para este tramo de edad es completamente insatisfactorio para cubrir las necesidades de las familias en la mayoría de las ciudades españolas. Las diferencias entre las Comunidades Autónomas son desproporcionadas. En la mayoría de las Comunidades la oferta privada es superior a la pública en cuanto al número de centros, con respecto al número de plazas, la falta de información no permite una conclusión categórica. Se constata que la oferta pública mayoritaria es municipal en todas las Comunidades Autónomas. En la mayoría de las Comunidades Autónomas no se dispone de datos del nivel de calidad de estos servicios. En la mayoría de los casos se desconocen los horarios de la oferta, este hecho dificulta comprobar si la oferta contribuye a hacer compatibles las necesidades laborales y familiares. Se constata una gran dificultad en la mayoría de las Comunidades Autónomas para conocer el coste de una plaza. Existe una gran dificultad para obtener datos fiables sobre el tema estudiado que permitan establecer comparaciones entre las Comunidades Autónomas. El nivel de oferta registrada en el conjunto del país es de 20,7 por ciento, oferta que dista mucho de las necesidades de nuestra sociedad y que se debería incrementar en 30 puntos porcentuales. En la mayoría de las Comunidades Autónomas se han venido aplicando los criterios establecidos en el Decreto 1004 de desarrollo de la LOGSE, se detecta un alto nivel de homogeneidad entre las Comunidades Autónomas en el número de niños y niñas por grupo y educador y en las condiciones o requisitos mínimos de los espacios y existe un alto nivel de heterogeneidad en el cumplimiento del mismo Decreto en cuanto a la exigencia sobre la formación del personal educador, existe una gran desinformación sobre el cumplimiento de los mínimos de calidad del sector privado. La información obtenida sobre los horarios es escasa y desigual. Existe un laberinto burocrático de la normativa en el sector hay una escasa coherencia tanto a nivel estatal como dentro de cada Comunidad Autónoma. En base a la realidad recopilada en el informe, se considera fundamental establecer un plan de trabajo entre los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio de Educación y Ciencia y las Consejerías o Departamentos de las Comunidades Autónomas y una red informática que permita conocer la realidad sobre la atención a la primera infancia.

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Se presenta un breve resumen de las reflexiones teóricas y herramientas, principalmente procesos básicos de atención, para diseñar, acreditar y evaluar los servicios residenciales para personas con retraso mental. El enfoque se realiza conforme a los últimos cambios en la manera de entender el retraso mental y la calidad de vida y las aportaciones de los Modelos Organizacionales pioneros en las empresas prestadoras de servicios, gestión de procesos y Modelo Europeo de Calidad.

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Resumen tomado de la publicación

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Se describen diferentes unidades de convivencia, así como los procesos de intervención que se realizan en cada uno de ellos. Partiendo de la familia, se profundiza en las diderentes opciones de convivencia que se van creando para dar respuesta a los nuevos cambios sociales, los cuales requieren de la concienciación y entendimiento social, así como actuaciones y recursos de las adminsitraciones públicas. El desarrollo de estos servicios y recursos para poder concienciar, planificar y desarrollar profesionalmente programas de intervención social (servicios de atención a la familia, residencias, centros de día, pisos tutelados, casas de acogida,etc) se trata en las siguientes unidades didácticas, pensadas en especial para los estudiantes del ciclo formativo de grado superior de Integración Social: la familia como unidad de convivencia fundamental; unidades de convivencia generadas por la sociedad; principales recursos para la intervención en unidades de convivencia; proceso de intervención familiar; desarrollo de proyectos de intervención en las familias; intervención en Unidades de Convivencia con diferentes colectivos.

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Resumen basado en el de la publicación

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Discurso pronunciado por el Ministro de Educación Nacional, Jesús Rubio García-Mina, el 30 de marzo de 1957, sobre el estado de la educación español, las reformas y acciones a llevar a cabo en materia de escalonamiento de tareas, los contactos entre los órdenes de la educación, el doble aspecto de la obra educativa, las escuelas y maestros en la enseñanza primaria, la inspección educativa, las enseñanzas técnicas, la enseñanza media, el problema del latín, la formación del profesorado y la protección escolar.

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Monográfico con el título: 'Fracaso escolar y exclusión social'. Investigación original con el título: 'Estudiantes en riesgo de exclusión educativa en la ESO : situación, programas y buenas prácticas'. Resumen basado en el de la publicación