675 resultados para Tribunales penales
Resumo:
[ES] el objetivo del presente trabajo es mostrar las características generales de la actual realidad penitenciaria en cuanto a la pena de prisión y las penas alternativas. Se analiza la pena de prisión desde una perspectiva crítica dando a conocer las limitaciones que presenta la prisión en cuanto a los derechos de las personas presas y haciendo una descripción sobre los principales efectos negativos que genera sobre estas personas. Desde la consolidación del Código Penal de 1995 hasta la última reforma penal de 2015 se ha dado un incremento constante de la dureza de las penas, aumentando la duración de la pena de prisión y su cumplimiento dentro de la prisión. Consecuentemente, se reduce la aplicación de las penas alternativas a la prisión, contrariando así el principio constitucional descrito en el artículo 25.2 orientado a la resocialización del penado y el principio de intervención mínima o ultima ratio del Derecho Penal.
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La actual política criminal comparada tiene una fuerte tendencia a contrastar los diferentes sistemas nacionales en función de su mayor o menor rigor punitivo. Algún autor (Díez Ripollés, 2011, 2013) ha abogado por un modelo de comparación más ilustrativo y complejo, basado en la inclusión social / exclusión social que los diferentes sistemas penales generan en tres colectivos concretos: sospechosos, delincuentes y exdelincuentes. Para ello identifica nueve cestas temáticas (control de espacios públicos, garantías penales, sistema de determinación de la pena y sistema de sanciones, penas máximas, régimen penitenciario, internamientos de seguridad, estatus legal y social de delincuentes y exdelincuentes, registros policiales y penales, y derecho penal juvenil), abarcando cada una de ellas diversas reglas y prácticas punitivas. A partir de este modelo se está diseñando y validando un instrumento comparativo de la política criminal de los países del Occidente desarrollado de acuerdo con la dimensión inclusión social / exclusión social. La metodología para alcanzar este objetivo consiste en someter a un acuerdo de jueces un conjunto de reglas y prácticas socialmente excluyentes identificadas previamente. En esta comunicación mostraremos el diseño del cuestionario así como los resultados de la primera fase de validación, llevada a cabo con más de 70 expertos internacionales de 18 países diferentes del Occidente desarrollado. El acuerdo de dichos expertos sobre las reglas y prácticas susceptibles de generar exclusión social sobre los tres colectivos objeto de atención se ha verificado mediante varias pruebas estadísticas de fiabilidad inter-jueces, como el coeficiente de correlación intra-clase (ICC) y el coeficiente de validación V de Aiken. Se describirán también las fases de validación pendientes. Una vez que dispongamos de este instrumento de comparación de los diversos modelos de intervención penal nacionales nos proponemos ofrecerlo a la comunidad internacional y promover su aplicación.
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Este texto tiene por objeto el análisis del concepto de discriminación indirecta por razón de género; concepto que, generalmente, pasa desapercibido, dada la tendencia a concebir la discriminación como discriminación directa. Es por ello, que hemos considerado digno de atención el concepto de discriminación indirecta, concretamente por cuestión de género, puesto que está presente en el día a día de las mujeres. A ello se suma la recepción del concepto en diversos pronunciamientos de los Tribunales. La elección de la discriminación indirecta por razón de género como objeto del Trabajo de Fin de Grado, de entre los muchos temas posibles, se debe sobre todo al desconocimiento que se da respecto a este concepto en la sociedad y a su gran importancia. En vista de su trascendencia social y la necesidad de aportar un conocimiento claro sobre en qué consiste la discriminación indirecta, optamos por este tema como objeto del trabajo.
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Los ciudadanos que en cualquier momento se ven involucrados en un proceso judicial deben conocer cómo se van a sustanciar y resolver sus causas, facilitándose mediante el sistema oral, brindando a los usuarios mayor confianza en la administración de justicia, que desempeña un rol trascendental e importante dentro del desarrollo de una sociedad. Las partes procesales buscan que sus pretensiones se vean reflejadas en una sentencia justa, considerando al Ecuador como un estado de derechos y de justicia garantizado en nuestra Carta Magna. Mediante esta monografía se pretende analizar la aplicación de la oralidad en el Código Orgánico General de Procesos. Revisando brevemente los antecedentes históricos: Egipto, Grecia, Roma hasta la actualidad, un análisis comparativo entre el sistema oral y escrito, pensamientos de autores a favor y en contra del sistema oral. Seanalizará la legislación en el ámbito nacional haciendo referencia a la Constitución del Ecuador, al Código Orgánico General de Procesos y al Código Orgánico de la Función Judicial, considerando a los principios del debido proceso. Se plasmará la opinión de juristas y profesionales de nuestro medio. Finalizando con las conclusiones de este trabajo. Ecuador como país, debe aprender de las experiencias pasadas y aprovecharlas adaptando la administración de justicia a las necesidades de nuestra colectividad, el sistema escrito no ha logrado solucionar satisfactoriamente los retos de la sociedad actual por ello ha sido sustituido y esperemos hayamos tomado el camino correcto.
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Este trabajo ha sido elaborado con la finalidad de dar a conocer el informe criminológico y cuales son sus principales utilidades tanto dentro como fuera del proceso penal. De esta manera, este trabajo puede ser de gran utilidad para jueces y tribunales a la hora de conocer las funciones del criminólogo y del informe criminológico.
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375 p.
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Esta investigación surge de la necesidad del Órgano Judicial de buscar nuevas formas de organización que contribuyan a incrementar el nivel de eficiencia de la administración de justicia en nuestro país. Con la elaboración de la Propuesta Administrativa de un Centro Integrado de Justicia Penal para el Municipio de San Salvador, se busca lograr el objetivo de Incrementar la eficiencia en la Administración de Justicia, ejercida por los diferentes tribunales en materia Penal del municipio de San Salvador. Durante el proceso de elaboración la investigación se establecieron como punto de partida en el proyecto de investigación, los elementos para el desarrollo de la misma; como son: El planteamiento del problema, justificación e importancia de la investigación, la factibilidad, los objetivos, el marco teórico, el planteamiento de hipótesis, etc. En cuanto a la metodología de investigación, en un primer momento se hizo uso de las fuentes secundarias para sustentar teóricamente la investigación, la cual representó el marco teórico referencial del Órgano Judicial, de los Centros Integrados de Justicia y de la Administración en General. Posteriormente se realizó el diagnóstico de la situación actual, representando las fuentes primarias para la recolección de información los tribunales que operan en el municipio de San Salvador, específicamente los que administran justicia en materia penal. La investigación se realizó considerando la totalidad de la población, por ser un número de unidades que se podían abarcar y por tratarse de unidades homogéneas, cuyos sujetos de estudio fueron los Magistrados y Jueces de las Cámaras y Juzgados. Las principales conclusiones y recomendaciones de mayor importancia que se establecieron, fueron fundamentales para la elaboración de la propuesta administrativa de organización y funcionamiento de un Centro Integrado de Justicia Penal para el Municipio de San Salvador; en donde se establece el planteamiento de la organización con sus objetivos, y de cada área organizacional, así como; sus funciones; y relaciones interna y externas de dicho centro. Finalmente se elaboró un plan de implementación en donde se establecen los pasos a seguir para dicho fin. El esfuerzo realizado durante el desarrollo de esta investigación, se ha plasmado en este documento, el cual será de gran ayuda para contribuir a mejorar la situación actual en la que funcionan los Tribunales de Justicia Penal en el municipio de San Salvador.
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El libro colectivo presenta como énfasis especial, el precedente judicial y el ejercicio del derecho ante las altas cortes, en el que se encontrarán discusiones que vinculan el estudio del precedente judicial en los sistemas del common law y continental europeo para reconocer su origen y reflexionar en torno a la tendencia de acercamiento del derecho legislado hacia el jurisprudencial y cómo ello impacta en el ejercicio del derecho ante las altas cortes. Igualmente se plantea en el texto un análisis del precedente constitucional y en la jurisdicción ordinaria, para concluir con el estudio del tema en los tribunales internacionales. Así, el libro colectivo El precedente judicial y el ejercicio del derecho ante las altas cortes representa una importante reflexión teórica y práctica a una de las tendencias del derecho en la Contemporaneidad, cual es la tendencia del acercamiento del derecho legislado hacia el derecho jurisprudencial. En definitiva, sus autores de Italia, España, Argentina, Brasil, Perú, México, Estados Unidos y Colombia exponen sus visiones frente a la evolución de la teoría del precedente desde las aristas de los sistemas comparados, la jurisdicción constitucional y administrativa, la jurisdicción ordinaria o común y los tribunales internacionales. De esta forma, el Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, con el respaldo de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco -Cartagena-, en el 2015 presenta un trabajo que reúne discusiones de actualidad para cumplir satisfactoriamente su misión de aportar a la comunidad jurídica y académica del mundo las tendencias actuales del precedente judicial en perspectiva comparada.
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"Observando las sentencias recogidas en los medios de comunicación sobre la incapacitación laboral en pacientes con Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica o Sensibilidad Química Múltiple advertimos que dichas sentencias proceden con más frecuencia de los tribunales judiciales de Cataluña. Analizar las desigualdades territoriales en materia de incapacidad laboral y tomar las medidas correctoras adecuadas debe ser uno de los objetivos principales de las autoridades sanitarias, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, así como de los jueces y magistrados. En este trabajo estudiamos las variables que pueden influir en estas diferencias".
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El presente trabajo tiene como objetivo abordar la situación actual del enfermo mental en el medio penitenciario desde dos puntos de vista diferentes. En primer lugar, dedica una especial consideración a las consecuencias jurídico-penales aplicables a los sujetos declarados inimputables en virtud de la concurrencia de un supuesto de anomalía o alteración psíquica prevista en el art. 20.1 CP. En segundo lugar, resalta los problemas que conlleva la aplicación del sistema vicarial a aquellos sujetos declarados semiimputables (art. 21.1.CP). Un estudio exploratorio realizado en el C.P. de Alhaurín de la Torre (Málaga) pone de relieve la situación de los enfermos mentales que cumplen una medida de seguridad de internamiento psiquiátrico en centros penitenciarios ordinarios.
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La monografía titulada “La Aplicación del principio Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente” en los procesos disciplinarios administrativos del Ministerio de Educación; analiza el cumplimiento del mismo principio, en relación a la aplicación de acciones educativas disciplinarias en los procesos instaurados en contra de los estudiantes, dependiendo de la gravedad de la falta cometida. Posteriormente se analiza la legislación ecuatoriana en cuanto a la clasificación de las faltas, la sustanciación y resolución del proceso, a través de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, con su Reglamento General, y el Acuerdo Ministerial 434, cuerpos normativos que velan por el respeto y garantía de los principios y derechos constitucionales de este grupo de atención prioritaria. Serealiza un análisis jurídico de aspectos relacionados al ámbito disciplinario entre la normativa colombiana del departamento de Caqueta, con respecto de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento General. También se consideran los procesos disciplinariosinstaurados en contra de los estudiantes del Colegio Nacional Juan Pio Montufar de la ciudad de Quito,desde el Auto Inicial hasta la emisión de la Resolución;fiscalizando que en cada una de sus etapas se respete el principio del Interés Superior de los niños, niñas y adolescentes, yel derecho al Debido Proceso.
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La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el año 2008, reconoce y garantiza derechos para los ciudadanos domiciliados en el país, entre ellos trabajadores/as y servidoras y servidores públicos. En diciembre de 2015, la Asamblea Nacional del Ecuador, mediante el procedimiento de Enmienda Constitucional unificó el régimen laboral de las personas que prestan sus servicios laborales en las instituciones y organismos estatales, debiendo adecuarse la normativa legal y secundaria a esta modificación de la Carta Magna hasta junio de 2016. En el presente trabajo abordaremos en su primer capítulo antecedentes históricos del derecho al trabajo en general y la legislación histórica que ha regido en nuestro país. En el segundo capítulo nos centraremos en distinguir cuales son las características del régimen laboral público y del privado en Ecuador y realizaremos recomendaciones en relación a derechos individuales de los servidores públicos. En el tercer capítulo haremos referencia a los Convenios Internacionales de la OIT ratificados y no ratificados por nuestro país. En el cuarto capítulo estableceremos similitudes y diferencias entre las legislaciones regionales en razón del reconocimiento de derechos colectivos para servidores públicos. En el capítulo cinco detallaremos criterios doctrinarios sobre los derechos de ejercicio colectivo, es decir: huelga, convenio colectivo y sindicalización en el sector público para finalmente en el sexto y último capítulo dar recomendaciones para la inminente reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP.