Integración de la recomendación WMS-C en los estándares preexistentes en la IDE

La experiencia en el uso de los servicios de mapas basados en la especificación Web Map Service (WMS) del Open Geospatial Consortium (OGC) ha demostrado que es necesario utilizar cachés de teselas para lograr un rendimiento aceptable en aplicaciones de difusión masiva, sin embargo no hay ningún mecanismo estándar para que los clientes de mapas aprovechen, a partir de la información proporcionada por el servidor de mapas, la disponibilidad de esta caché. A la espera de que la nueva recomendación WMTS se implante suficientemente, el mecanismo más extendido es la recomendación de perfil WMS-C de OsGeo. Para conseguir que la definición de mapas que contienen servicios WMSC sea lo más automática posible, se ha ampliado el servidor Geoserver para soportar un modelo de mapas de acuerdo con la recomendación WMC con algunas extensiones ad-hoc. La extensión desarrollada para Geoserver amplía su API REST para incluir soporte de WMC. De esta forma, cuando se registra una nueva configuración de mapa, mediante un documento WMC, en el que ciertas capas están cacheadas se procede automáticamente a la activación del cacheado mediante la extensión GeoWebCache. Para la utilización de las nuevas capacidades proporcionadas a Geoserver, se ha desarrollado un cliente de mapas que identifica la existencia de capas cacheadas y procede a utilizar, según convenga, los servicios cacheados y los servicios WMS tradicionales

La epidemia del VIH/SIDA y los derechos humanos en la Comunidad Andina de Naciones

La enfermedad de VHI/SIDA ha sido abordada por los países de la Comunidad Andina de formas diferentes, sin políticas claras en algunos casos, con instituciones establecidas pero sin financiamiento o con programa que cubren a personas que viven con el virus en porcentajes muy reducidos. Esta situación no tiene perspectivas de cambiar a corto

¿Es posible conciliar los derechos colectivos y los derechos individuales en la justicia indígena en el Ecuador?

El ejercicio de la administración de justicia de los pueblos indígenas es uno de los derechos colectivos más visibilizados en la sociedad ecuatoriana; sus prácticas, vistas desde una concepción occidental, han sido cuestionadas al argumentar que los usos y costumbres propios contravienen los principios de los derechos humanos. El presente estudio pretende aclarar el contexto y la definición de la justicia indígena como derecho propio, diferenciándola de otros hechos, tales como el linchamiento y ajusticiamiento. Reflexiona sobre cómo los derechos individuales (a la vida, la libertad, integridad, propiedad) están garantizados en la aplicación de la justicia indígena y analiza los mecanismos de conciliación que pueden interactuar y fortalecer los dos sistemas de justicia, a partir del reconocimiento y respeto del derecho propio, el diálogo intercultural, el desarrollo de las leyes y la constitución de un sistema jurídico de los pueblos indígenas. Para lograr el pleno ejercicio del derecho propio, el estudio analiza la Constitución del Ecuador, los instrumentos internacionales sobre pueblos indígenas, normas que de una u otra manera garantizan los principios, procedimientos y autonomía de la justicia indígena. Finalmente, a partir del análisis de expedientes, el trabajo reflexiona sobre las fiscalías indígenas, independientemente de cada uno de los actores: indígenas, instituciones, jueces, fiscales. En relación a la incidencia en la justicia indígena, se plantea la preocupación de si las fiscalías indígenas pueden llegar a constituirse en un espacio que atente contra la autonomía y la facultad jurisdiccional que tienen las autoridades indígenas, principio consagrado en el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador.

El caso Sarayaku: una lucha por el ambiente y los derechos humanos en la Amazonía ecuatoriana

El 26 de julio de 1996, el Estado Ecuatoriano concesionó a favor de la Compañía General de Combustibles (CGC) el denominado bloque petrolero 23 que comprende una extensión de 200.000 hectáreas en la amazonía ecuatoriana, un 65% de las cuales afectan al territorio de Sarayaku. Actualmente la petrolera estadounidense Burlington Resources es propietaria del 50% de los derechos en el Bloque 23. Esta concesión fue efectuada sin que se haya realizado ningún proceso jurídico de información, consulta o pedido de consentimiento al Pueblo de Sarayaku para la realización de actividades petroleras en el territorio de su propiedad, pese a que dicho proceso constituye un estándar obligatorio que debe cumplir de acuerdo a la legislación ambiental nacional y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Justicia contencioso administrativa: su activación a través de los recursos previstos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Ecuatoriana

Sobre la base del principio de justiciabilidad de los actos administrativos, consagrado en el artículo 196 de la Constitución Política de la República del Ecuador y de la anacrónica clasificación del recurso contencioso administrativo en: subjetivo o de plena jurisdicción y objetivo o de anulación, establecida en el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, he desarrollado esta tesis que tiene como propósito fundamental determinar el marco legal que en el ámbito ecuatoriano, permite la activación de la justicia contencioso administrativa. Las reformas constitucionales de diciembre de 1992, otorgaron a los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, competencia para conocer y resolver, en única instancia y mediante la interposición de los recursos contencioso administrativos antes indicados, las impugnaciones de los actos administrativos y normativos expedidos por la Administración en ejercicio de la potestad estatal; atributo que hasta entonces había correspondido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción nacional. Tales presupuestos constituyen el fundamento de esta tesis que aborda también, temas necesariamente inmersos en la justicia contencioso administrativa, como administración, justicia, principios de legalidad y constitucionalidad, autotutela administrativa y tutela jurisdiccional final; distinción entre los recursos subjetivo y objetivo y la acción de lesividad, los términos legales previstos para su ejercicio, los operadores de la justicia contencioso administrativa, y, finalmente, la determinación de los asuntos sometidos a la jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad con el ordenamiento jurídico administrativo vigente.

Los sistemas educativos en la perspectiva del derecho humano a la educación. Referencia para la reflexión.

Presenta los antecedentes de la Declaración Mundial Educación Para Todos (EPT), su estado actual y el cumplimiento de sus metas en Latinoamérica y el Caribe con énfasis en el Ecuador, desde una perspectiva de calidad de la educación con enfoque de derechos. Toma como base los últimos informes mundiales de monitoreo de los objetivos EPT e información documental oficial. Analiza algunos indicadores actuales de la educación ecuatoriana, en relación con las transformaciones recientes en la institucionalidad del país, y señala algunos retos y desafíos, en orden al cumplimiento de las metas de Educación para Todos (EPT) en el 2015.

Modalidades de liberalización y trato preferencial para los países en desarrollo: los temas pendientes en la negociación de servicios en el ALCA (Tema Central)

El artículo analiza las posibilidades y condiciones del comercio de servicios dentro del proceso del ALCA, tomando como ejes fundamentales las modalidades de liberalización del comercio de servicios y el trato preferencial a las economías en desarrollo. El autor aborda estos dos aspectos como factores definitorios de los posibles resultados de la negociación regional, y sugiere, además, algunas ideas sobre la base del enfoque de "agenda positiva".

La Carta Andina de Derechos Humanos. ¿Un paso hacia la concepción comunitaria de los derechos humanos en la Comunidad Andina?

El presente documento recoge los resultados del estudio realizado sobre la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, mejor conocida como la Carta Andina de Derechos Humanos, firmada por los Presidentes de los Estados Miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) el 26 de julio de 2002 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en el marco de la Segunda Reunión de Presidentes Suramericanos. Examinaremos aquí el proceso de elaboración de este instrumento tan sui generis, así como su contenido según lo cual identificaremos su naturaleza, finalidad, características, aportes, límites, contradicciones, vacíos y potencialidades. La naturaleza de esta investigación, nos ha llevado a ubicar en el contexto de la integración subregional andina el discurso de los derechos humanos y los antecedentes históricos que han permitido su elaboración, así como los vínculos que la misma Comunidad ha establecido entre democracia, derechos humanos y desarrollo. Todo esto lo hemos hecho con la finalidad de responder a la pregunta central de nuestra investigación ¿Cuáles son los aportes de la Carta Andina de Derechos Humanos, para la promoción y defensa de los Derechos Humanos en el ámbito de la Comunidad Andina?

Barreras regulatorias para la regularización de los locutorios multimarca en la ciudad de Quito

El presente trabajo de investigación busca recomendar los aspectos generales, jurídicos y técnicos para la propuesta de Regularización de los Locutorios Multimarca en la ciudad de Quito, sabiendo que esta modalidad de comercialización del servicio de telefonía pública ha tenido un considerable crecimiento, y teniendo en cuenta que la regulación vigente ha provocado varios inconvenientes de control y desarrollo en este tipo de establecimientos.

Los derechos fundamentales en la norma jurídica, la argumentación jurídica y el IVA

El ensayo tiene seis partes. En una primera expondré la teoría de la norma jurídica de acuerdo con el positivismo jurídico; en la segunda parta contrastaremos esta teoría con la teoría de la norma en neoconstitucionalismo; en la tercera parte analizaremos el rol de los derechos fundamentales en ambas teorías; en la cuarta sección, afirmaremos que la argumentación jurídica tiene vital importancia para la garantía de los derechos fundamentales en la aplicación de las normas por parte de los juzgadores; en quinta parte aplicaremos la teoría de la norma al caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), haciendo referencia a un caso resuelto por la Corte Constitucional colombiana (me encantaría señalar una sentencia de la Corte Constitucional ecuatoriana, pero no existe aún sobre esta materia). En una penúltima parte, haré una breve referencia al control difuso de constitucionalidad y a una sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador que sostiene que solo existe control concentrado en el Ecuador. Finalmente, sintetizaré las ideas centrales del ensayo.

Aproximaciones desde la Critica Jurídica al estudio de los derechos de la naturaleza y buen vivir, en relación a los derechos sociales, en la Constitución ecuatoriana de 2008

En el presente trabajo nos proponemos analizar desde un análisis de la crítica jurídica latinoamericana, algunos cambios jurídicos que implican a los derechos sociales ya que en el Ecuador en la nueva constitución de 2008, se reconocen derechos como los de la naturaleza y del buen vivir, que en la teoría fortalecen los derechos sociales; sin embargo, se trata de derechos de origen contrahegemonico reconocidos en un instrumentos hegemónico, como resultado de una lucha por la emancipación; retomamos el estudio que hace el autor Oscar Correas, del sentido deóntico y del sentido ideológico del derecho, lo que implica tensiones o en su defecto su aplicación implicara vaciar de contenido original esos derechos, ya que es precisamente en la parte deóntica y la parte ideológica donde esa pugna se manifieste, en el entendido que el derecho reproduce relaciones de poder.

Los tributos heterodoxos en la Comunidad Andina y sus consecuencias jurídicas

Debido a la urgencia de aumentar la recaudación tributaria por parte de los países de Latinoamérica, principalmente por el incremento de necesidades del pueblo a ser satisfechas por parte del Estado, se optó por la creación de tributos considerados como innovadores, atípicos o heterodoxos, puesto que salen del esquema de los tributos tradicionales por medio de los cuales se venía recaudando. Con su creación y aplicación aparecieron varias quejas, tachándolos de instrumentos que facilitan la recaudación al Estado, cubriendo fallas de los regímenes tributarios de una manera cómoda, sin tener que resolver el problema de fondo, como es la necesidad de fortalecimiento de los tributos tradicionales, lo cual, consideran sus detractores, tiene como consecuencia que no se tome en cuenta la manera en la que estos nuevos tributos afectan a los derechos de los contribuyentes y a los principios constitucionales tributarios. Con el presente supuesto, se ha desarrollado una investigación en torno a este tipo de tributos, para lo cual primeramente se ha dejado claro cuáles son los tributos tradicionales u ortodoxos, con el fin de presentar una diferenciación entre aquellos; se ha expuesto cuáles son los tipos de tributos heterodoxos que existen en Latinoamérica, cuáles son los más utilizados y qué fines persiguen, además del recaudatorio. Con esto de base, se ha concretado la investigación en torno a los tributos heterodoxos existentes en los países miembros de la Comunidad Andina, cómo se han creado y aplicado y cuáles han sido las quejas puntuales que se han presentado por parte de los contribuyentes por vulneración de derechos o principios constitucionales. Así, con la información recabada y al análisis realizado, se ha llegado a conclusiones fundamentadas respecto a los problemas jurídicos que dichos controversiales tributos generan.

La participación de los artesanos quiteños en la política ecuatoriana entre 1929 y 1933

Entre los años 1929 y 1933, en una época de transición histórica y de crisis económica y política, al final del reformismo juliano e inicios del velasquismo, los maestros de talleres artesanales quiteños organizados en sus gremios, y los aprendices, operarios y trabajadores autónomos en el marco de las organizaciones mutuales y en tránsito hacia las formas sindicales, ingresaron en la política nacional en medio de la multitud que ocupaba los espacios públicos. Construyeron una agenda política que recogió sus demandas específicas y las aspiraciones, visiones y mentalidad de los distintos sectores. Interpelaron al Estado y a las élites y enfrentaron al poder utilizando variadas formas de lucha: asambleas, peticiones y demandas a las autoridades; participación en elecciones locales y nacionales; movilizaciones, paros, huelgas parciales y generales y resistencia armada. De esta manera,contribuyeron al proceso de formación histórica de la clase obrera ecuatoriana.