999 resultados para COLOMBIA - RELACIONES EXTERIORES - 2005 - 2010


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El autor a través de la sistematización del proceso de negociaciones -el análisis del contexto mundial, las características del sistema político ecuatoriano, la conformación de la estructura de la negociación y la dinámica decisoria- arriba a tres conclusiones: en primer lugar, que la condicionalidad implícita en los programas de reestructuración de la deuda externa y los programas de ajuste de la economía son de tal naturaleza que a la apertura externa y la liberalización de la economía ecuatoriana se anticipan y superan a las normas librecambistas de la OMC convirtiendo a las negociaciones en un simulacro. En segundo lugar, que las negociaciones reproducen las características del sistema político nacional, convirtiéndose en un proceso excluyente, cerrado y poco transparente, conducido desde la opción ideológica neoliberal del grupo negociador. Y, en tercer lugar, que la falta de sistematización de esta experiencia, el anacronismo y burocratismo institucional y la formulación “reactiva” de la política exterior convierten a la actual negociación para la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en un calco: desde la disputa interburocrática entre los ministerios de Comercio y de Relaciones Exteriores para presidir las negociaciones, hasta la exclusión deliberada de actores importantes de la “sociedad civil”, y la ausencia de mecanismos de participación.

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El escenario caucano expresa en toda su complejidad el problema agrario y la resistencia del campesinado a la expulsión hacia los centros urbanos, determinada por la evolución de la gran propiedad territorial. Se mantiene latente el problema de los campesinos sin tierra y persisten reductos de alzados en armas. Coexisten sectores y movimientos sociales y políticos diversos, como el Movimiento campesino del Macizo Colombiano y las organizaciones indígenas, cuyas luchas, conquistas y reivindicaciones se han prolongado por dos siglos.

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Colombia es el epicentro de una situación humanitaria y de derechos humanos crítica como consecuencia de un conflicto armado anacrónico que persiste sin solución militar posible, pero que continúa sin salida política y negociada a la vista. Las migraciones forzadas, que se expresan en desplazados internos, refugiados y formas de movilidad asociadas a la crisis económica, van más allá de las fronteras y representan una expansión de las consecuencias de una guerra irregular en territorios de países vecinos. Este artículo se limita a describir los cambios políticos que siguieron a la ruptura del proceso de paz, a ofrecer otra lectura del Plan Colombia y sus consecuencias específicas en el campo humanitario, a visibilizar las migraciones forzadas y el refugio y a proponer alternativa de acción conjunta y concertada en la región.

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El deterioro del conflicto colombiano se agudiza en los últimos años, con la aplicación del Plan Colombia que inicia en 1999 y en el régimen presidencial de Álvaro Uribe Vélez, acentuando el problema de violencia y generando una grave crisis humanitaria y de derechos humanos para millones de colombianos y colombianas, que se ven obligados a hacer desplazamientos internos y a atravesar las fronteras buscando “protección internacional” en los países vecinos y otros del mundo. En el caso ecuatoriano, desde enero del 2000 hasta mayo del 2003 han solicitado refugio alrededor de diecisiete mil colombianos/as. Este incremento masivo del número de solicitantes de refugio rebasó las posibilidades de respuesta de las instituciones como el ACNUR y la Oficina de Derechos Humanos-Refugio de la Cancillería, lo que ha provocado una gran vulnerabilidad a los derechos de los solicitantes de refugio en el Ecuador.

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Discriminación en la jurisprudencia constitucional de Colombia El derecho a la igualdad y la proscripción de toda forma de discriminación es, sin lugar a dudas, el elemento básico de cualquier sistema jurídico occidental. La igualdad tiene una calidad metajurídica. Se trata de un concepto que atraviesa todo el saber occidental, pasando por evidentes problemas filosóficos, de teoría política y, aún de economía.

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Desde la segunda mitad del siglo XX, una de las exigencias más apremiantes que se le hace a los Estados contemporáneos es que propicien formas de organización social aptas para la vida democrática. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 propuso, una nueva configuración jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha propuesta esta fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la creación de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política. En el caso colombiano, este marco normativo se fortalece partir de la Carta Política de 1991 que proclama a Colombia como un Estado Social de Derecho. Sin embargo, la situación vivida por los colombianos en las últimas décadas llena de sombras cualquier reflexión acerca de los derechos humanos. La zozobra se apodera de vastos sectores de la población; intelectuales, políticos, empresarios, campesinos, ciudadanos de la calle, medios de comunicación, entre muchos otros, no escapan a la pesadumbre de la guerra. Los informes sobre la violación sistemática de los derechos son cada vez más alarmantes y sus índices de vulneración aumentan constantemente. Resulta paradójico, que el actual estado de cosas se genere luego de la promulgación de la carta constitucional de 1991, que buscaba precisamente menguar el clima de violencia generalizado en casi todos los escenarios de la sociedad. Hoy, once años después, pareciera que la realidad se resistiera a cambiar y que la suma de nuestras adversidades y vicisitudes hubiera domesticado los principios democráticos y sociales de la carta.

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El Salvador es uno de los países con más homicidios en América Latina desde hace más de cinco años. Un análisis comparativo de la tasas de homicidios de las naciones con más asesinatos en Latinoamérica reveló que, durante el 2005, en el territorio salvadoreño ocurrieron 54.7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para entonces Honduras, con problemas de delincuencia juvenil como la nación salvadoreña, tenía una tasa de 40.6 homicidios; mientras que Colombia, sumergido en un conflicto armado y con problemas de narcotráfico, alcanzó una tasa de 33.7 homicidios ese mismo año. Pese al panorama, no todo en El Salvador es así. Al analizar los homicidios por departamentos desde el 2002 hasta el 2007 se puede encontrar que existen alrededor de 21 municipios que no registran asesinatos. Tres de ellos llaman la atención en particular por su pasado violento al estar ubicados en sitios que fueron escenarios del conflictivo armado durante la guerra civil (1980–1992) y por la organización municipal que han alcanzado tras los Acuerdos de Paz entre la guerrilla y el gobierno salvadoreño en 1992.

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La lectura y discusión de este texto de Herán lbarra es recomendable, por un lado porque constituye un aporte ecuatoriano al debate especializado acerca del significado de las rebeliones indigenas, tema que ha ocupado un espacio importante en la historiografta andina, por otro lado porque es un texto significativo en la discusión acerca del proceso de definición de identidades politicas actuales en nuestro país. El estudio de Ibarra plantea tres entradas al tema de la rebelión indígena, especificamente la de Yaruquíes, ocurrida en 1871, cuyo protagonista más conocido es Fernando Daquilema. La primera entrada es un acercamiento a las interpretaciones y apropiaciones que se han generado alrededor de este hecho histórico y este personaje. La segunda, es un estudio del contexto de los cambios sociales que afectaron a los indígenas en general \ durante el siglo XIX y en especifico a la zona lévantisca ubicada en la sierra central. Un tercer tema es la interpretación del sentido politico de este levantamiento y sus reivindicaciones. Por último Ibarra incluye tres anexos, el primero es un Cuadro que muestra el número de indígenas contribuyentes del trabajo subsidiario en Riobamba entre 1856-1871, diferenciando haciendas de comunidades. El segundo es el juicio criminal seguido a Serafín Ipo, por el tumulto en Yaruquíes y por último una exposición del Ministro del Interior y Relaciones Exteriores, en 1873, relativo al estado de sitio declarado en Chimborazo.

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El texto es un testimonio de dimensiones poco abordadas de Alfredo Pareja: el lado humano del diplomático, del docente en el extranjero, de integrante del Grupo de Guayaquil. Principalmente reseña el nacimiento de un espacio clave de recuperación de la memoria: el Archivo Histórico y la biblioteca especializada del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. Durante tres años, desde 1981, se trabajó en una pequeña oficina, elaborando fichas a partir de manuscritos, pergaminos y demás documentos que allí reposaban, Pareja veía necesario este rescate para la construcción de la historia del país. A partir de ésta y de otras fuentes -coloniales y del siglo XIX, hasta entonces desconocidas o interpretadas de diferente modo por los territorialistas ecuatorianos-, Pareja planteó una nueva interpretación del conflicto limítrofe con Perú, y sostuvo la necesidad de un acuerdo de paz, ello implicaba la aceptación del Protocolo de Río de Janeiro, situación que despertó en su contra muchos comentarios enconados, pero que formó parte de la tesis que prevaleció. El Archivo Histórico «Alfredo Pareja Diezcanseco» se inauguró en julio de 1996.

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Presenta las reseñas de los libros: RAÚL VALLEJO, CRÓNICA MESTIZA DEL NUEVO PACHAKUTIK (ECUADOR: DEL LEVANTAMIENTO DE 1990 AL MINISTERIO ÉTNICO DE 1996), UNIVERSIDAD DE MARYLAND, COLLEGE PARK, MARYLAND, 1996, 56 PP. -- MARÍA MOGOLLÓN, XIMENA NARVÁEZ, MANUELA SÁENZ, PRESENCIA Y POLÉMICA EN LA HISTORIA, CORPORACIÓN EDITORA NACIONAL, QUITO, 1997, 176 PP. -- MARÍA ELENA PORRAS, DIR. Y COORD., CATÁLOGOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, ABYA-YALA, Quito, 1996. -- CÁRDENAS, MARÍA CRISTINA, (ESTUDIO INTRODUCTORIO Y SELECCIÓN), PENSAMIENTO DE FRAY VICENTE SOLANO, VOL. 39, BIBLIOTECA BÁSICA DEL PENSAMIENTO ECUATORIANO, BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/CORPORACIÓN EDITORA NACIONAL, QUITO, 1996,356 PP.

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Palabras del Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Dr. Guillermo Fernández De Soto, ante el Grupo de Apoyo al Proceso de Paz. Madrid, 7 de julio del 2000. Documento proporcionado por la Embajada de Colombia en Ecuador.

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Esta tesis pretende determinar si los atentados del 11 de septiembre de 2001 generaron un cambio en el enfoque de la política de asistencia de Estados Unidos hacia Colombia. Con este fin, se presenta la posición del Congreso norteamericano frente a la ayuda destinada hacia Colombia antes de los atentados y luego de estos, permitiendo realizar una comparación entre los dos momentos. Mediante la revisión del discurso de los congresistas norteamericanos previo a la aprobación del Plan Colombia en el 2000 y de la Ley de Apropiaciones Suplementarias de Emergencia para el 2002, - en la cual se pone especial énfasis - se muestran los principales elementos manejados por los legisladores para argumentar su posición a favor o en contra de la destinación de recursos hacia Colombia. La identificación de estos elementos es la herramienta principal que permiten determinar el grado de incidencia del 11 de septiembre sobre el enfoque de política hacia Colombia, en un momento en donde la seguridad nacional pasa a ocupar las prioridades de la agenda internacional de Estados Unidos.

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El nuevo escenario internacional, caracterizado por el fin de la guerra fría y el auge de la globalización, no hizo realidad el anhelo de alcanzar una paz estable y duradera, y dio lugar a un orden fracturado en lo político y lo social, en el cual las principales potencias compiten por afianzar sus áreas de influencia y lograr una mayor supremacía política y un mayor poder económico. Frente a esta dinámica de atracción la respuesta de los cinco países andinos, vulnerables, dependientes y con escaso margen de maniobra para intentar de manera individual respuestas propias a sus necesidades, fue agruparse para participar de la manera más beneficiosa posible en el nuevo contexto internacional. La integración surge como la "opción estratégica" de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que a través de la Comunidad Andina decidieron establecer vínculos externos fuertes para adquirir mayor autonomía interna y compensar la relación dependiente con la potencia del norte. El nuevo ímpetu de la integración fue recogido por el Protocolo de Trujillo, adoptado en la reunión presidencial celebrada en la mencionada ciudad peruana en marzo de 1996 que incorporó jurídicamente la dimensión política de la integración, mediante el establecimiento de dos órganos responsables de llevarla adelante: el Consejo Presidencial, responsable de definir la política de laintegración andina; y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, encargado de formular la Política Exterior Común. El fundamento de la Política Exterior Común sería dotar de sentido a la integración, que superando el ámbito económico y comercial, identificará una agenda propia como "base para la definición de una estrategia comunitaria que permita la proyección de la Comunidad Andina en el contexto internacional". La instrumentación de la Política Exterior Común fue recogida por la Decisión 458, que estableció sus lineamientos a partir de la identificación de acciones concretas de cooperación entre los países miembros que permitan definir una acción concertada para "la lucha contra el problema de la droga y la corrupción, el fortalecimiento de la seguridad, el fomento de la confianza y el impulso de la vigencia de los derechos humanos y la profundización de la democracia en la Subregión andina". Desde entonces la Secretaría General de la Comunidad Andina ha comprometido sus esfuerzos por impulsar la integración política, que hasta entonces se había mantenido a la zaga de la integración económica. Si analizamos los resultados de los esfuerzos de la Comunidad Andina en términos de declaraciones, éstos serán alentadores, sin embargo a la luz del contexto andino actual se hace evidente que la estrategia integracionista impone grandes desafíos a las políticas nacionales de cada una de las partes y la adopción de una estrategia en la que converjan factores económicos, políticos y sociales. La Política Exterior Común Andina debería constituirse en el instrumento esencial de la integración que enfrente a lo que Aldo Ferrer llama "los cuatropecados capitales";5 la dependencia; la pobreza y la exclusión social; las asimetrías en las estrategias nacionales; y las divergencias en la inserción internacional. El presente trabajo aspira analizar descriptivamente las posibilidades y limitaciones de la Política Exterior Común Andina como elemento dinamizador de la integración en la Subregión y sus perspectivas en la evolución del sistema internacional.

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El propósito principal de este trabajo es descubrir cuál es el papel de las fronteras en el proceso de integración regional, especialmente en la región andina de la frontera colombo–ecuatoriana. A lo largo del primer capítulo se desarrollan conceptos básicos como frontera y límite, se estudia su desarrollo en la Comunidad Andina, la incorporación y desarrollo en el Acuerdo de Cartagena, por medio del X y XI Consejo Presidencial Andino y la incorporación de las Políticas de Desarrollo Fronterizo mediante las Decisiones 459 y 501. Se realiza un estudio de las normas constitucionales colombianas que regulan el tema fronterizo y las atribuciones que da a las autoridades locales para el desarrollo de las regiones ubicadas en las zonas fronterizas, así como la Ley de Fronteras o Ley 191 de 1995, el Plan Fronteras y el Plan Fronteras para la Prosperidad, políticas lideradas durante los últimos diez años por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en territorio colombiano, cuyo principal objetivo es brindar ayuda a los municipios y corregimientos que hacen parte de las zonas fronterizas y presentan necesidades básicas insatisfechas. El capítulo primero finaliza analizando y mencionando las políticas fronterizas ejecutadas por el departamento de Nariño durante el periodo 2008–2011 y a lo largo del capítulo segundo se desarrollan las principales características de la frontera colombo–ecuatoriana como son: el narcotráfico, la violencia, la inseguridad, las fumigaciones, las migraciones, los desplazamientos, el Plan Colombia y el Plan Ecuador, que han sido las causantes del quebrantamiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. En este capítulo también se estudian las instituciones que existen en la frontera, tales como la Zona de Integración Fronteriza y su evolución, las Comisiones de Vecindad e Integración Colombo–Ecuatoriana y el proyecto de los Centros Binacionales de Atención en Frontera. Por último se mencionan los principales acuerdos binacionales como el Proyecto de Residuos Sólidos entre Ipiales y Tulcán y la Mancomunidad entre Ipiales y Tulcán.

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    Economic growth is the increase in the inflation-adjusted market value of the goods and services produced by an economy over time. The total output is the quantity of goods or servicesproduced in a given time period within a country. Sweden was affected by two crises during the period 2000-2010: a dot-com bubble and a financial crisis. How did these two crises affect the economic growth?     The changes of domestic output can be separated into four parts: changes in intermediate demand, final domestic demand, export demand and import substitution. The main purpose of this article is to analyze the economic growth during the period 2000-2010, with focus on the dot-com bubble in the beginning of the period 2000-2005, and the financial crisis at the end of the period 2005-2010. The methodology to be used is the structural decomposition method.     This investigation shows that the main contributions to the Swedish total domestic output increase in both the period 2000-2005 and the period 2005-2010 were the effect of domestic demand. In the period 2005-2010, financial crisis weakened the effect of export. The output of the primary sector went from a negative change into a positive, explained mainly by strong export expansion. In the secondary sector, export had most effect in the period 2000-2005. Nevertheless, domestic demand and import ratio had more effect during the financial crisis period. Lastly, in the tertiary sector, domestic demand can mainly explain the output growth in the whole period 2000-2010.