657 resultados para Gobierno representativo - Colombia


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Fondo Margaritainés Restrepo

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A partir de la pregunta de investigación ¿Cuál es la política pública de planeación urbana de la ciudad de Medellín? el artículo presenta la denominada jerarquía normativa urbana especial como parte del referencial que ha dado y sigue dando lugar a la citada política pública. Para ello, inicialmente se reseña la figura de política pública dentro de la cual se definen las categorías de referencial de política y flujo decisional, propuestas en el modelo de análisis de Pierre Muller, desde las cuales se legitima la naturaleza pública de una política y se diferencia de la política de Estado o de gobierno. Seguidamente se abordan los componentes que conforman la jerarquía normativa urbana especial, comenzando por los desarrollados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia; posteriormente los propuestos por la doctrina, frente a la cual se plantea la modificación de su esquema a partir de la derogación del artículo 7 de la Ley 388 de 1997, la actual composición de la función administrativa urbana desde la dispersión de competencias territoriales conferidas por ley, y el anacrónico rol de las áreas metropolitanas en materia urbana.

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La rendición de cuentas es una práctica nueva en Colombia -- Este estudio de caso caracteriza la implementación de esta herramienta por la gobernación del departamento de Antioquia en el período 2012-2015 -- Esta administración fue la primera que realizó rendición de cuentas en casi todos los municipios de un departamento y de forma virtual -- Esta caracterización y la exploración de las experiencias de las dos anteriores administraciones, permitirán evaluar si las prácticas de rendición de cuentas del gobierno de Sergio Fajardo son un aporte a la consolidación de una política pública de rendición de cuentas en Colombia

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Las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y Colombia se establecieron en el año 1962. A lo largo del desarrollo de sus relaciones existe un fenómeno muy notorio. La relación entre ambas partes permaneció durante décadas en un nivel de cooperación pasiva y de bajo perfil. Sin embargo, a partir del año 2006 comienza a profundizarse el grado de cooperación. A partir de ese año, empieza a aumentarse el volumen del comercio, evolucionando de manera activa la cooperación económica entre ambos países. Luego, hacia el año 2008, se consolida la cooperación entre ambos países no solamente en materia de comercio, sino que también se diversifica hacia la diplomacia, la cultura, la industria de defensa, el intercambio de funcionarios, etc. profundizando el nivel de cooperación hasta alcanzar el mejor momento en la historia en las relaciones entre ambos países. La cantidad de empresas surcoreanas instaladas en Colombia se ha multiplicado 6 veces en menos de 6 años. Ambos países firmaron un TLC en febrero del año 2013, cooperando activamente en sectores de altas barreras de ingreso como la industria de defensa. También hubo un intercambio activo de funcionarios incluyendo las mutuas visitas de los presidentes. ¿Cuáles serían las razones por las que las relaciones entre ambos países han evolucionado de manera profunda a partir de 2006/08? Se podrían destacar entre otras causas, la mejora en el ambiente de apertura en Colombia, que ha hecho que muchos países, al igual de Corea del Sur, tengan mayores incentivos y analicen las posibilidades de invertir allí. Durante mucho tiempo, Colombia ha sido un país marcado por la inseguridad, por sus guerras civiles y por la presencia del narcotráfico, atravesando por un cambio a partir de que el Presidente Uribe toma el poder en el año 2002. Las fuerzas guerrilleras perdieron fuerza, la seguridad ha ido mejorando y la economía comenzó a crecer. A partir de que el Presidente Uribe logra ser reelegido e inicia su segundo mandato en 2006, las empresas extranjeras comienzan a ingresar de manera activa en Colombia. También el gobierno colombiano mantiene una política económica abierta, y especialmente selecciona la región asiática como nuevo punto focal para la cooperación y el fortalecimiento de sus relaciones...

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Este libro explora los avances en la institucionalización de la Ciencia Política en Colombia, examinando cuáles son las conquistas y problemas pendientes de este proceso. Se trata de estudiar el momento actual que vive la disciplina, teniendo en cuenta que ya se superaron las etapas de su creación como vocación (1968-1990) y de su expansión como profesión (1990-2006). En este sentido, se propone que a partir de nuevas tendencias como la creación de la Asociación Colombiana de Ciencia Política (ACCPOL), la continuidad relativa de los congresos y encuentros nacionales, el surgimiento de programas de formación de doctorado y la consolidación de varias revistas colombianas en el escenario internacional, es posible hablar hoy del surgimiento de una nueva etapa de institucionalización de la Ciencia Política colombiana.

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Este artículo busca presentar una revisión de la literatura sobre el estado de la Ciencia Política en Colombia y su desarrollo histórico. Para contextualizar esta temática, la revisión empieza en el plano internacional —con un énfasis en el mundo anglosajón— y latinoamericano, para luego llegar al caso colombiano

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En vista del rápido crecimiento del número de programas de formación profesional en Ciencia Política a nivel de pregrado en el país, vale la pena detenerse e indagar, a modo de evaluación, por el estado de la enseñanza en esta disciplina. Esto bien podría llevar a un análisis de las metodologías pedagógicas utilizadas en el aula de clase y fuera de ella, los grados de for-mación de los docentes en el área, o incluso las lecturas que componen los microcurrículos de los distintos cursos impartidos por 32 universidades en el país. Sin embargo, en este trabajo se opta por un acercamiento a esta cuestión desde los macrocurrículos, es decir, a partir de los cursos o materias dictadas en los diferentes programas. La metodología adoptada para este trabajo es estadística, y se complementa con reflexiones teóricas, discusiones existentes en la literatura sobre el tema y con las declaraciones de los propios programas en sus sitios web.

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Dado lo anterior, este artículo plantea la necesidad de abrir la reflexión sobre los contenidos y lecturas que unen a los programas de Ciencia Política en el país, aun a sabiendas de que la fragmentación ha sido una realidad inocultable y que la propia vocación multidisciplinar del estudio de la política es necesaria. No se trata, pues, de un estudio cuyo objetivo sea homologar y homogenizar una disciplina que por su propia naturaleza debe ser abierta, plural y desregulada. Se trata más bien de un trabajo que busca responder a preguntas como: ¿Hay elementos comunes entre estos programas? ¿Hay ele-mentos divergentes? En general, ¿cuáles son las tendencias que se vislumbran en la enseñanza de la Ciencia Política en Colombia? ¿Qué —y cómo— se está enseñando a los estudiantes que aspiran a ser politólogos en el país?

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En esta sección se analizan el uso y la aplicación de los instrumentos de gobierno en algunos programas de juventud. El objetivo de este análisis es entender, con mayor profundidad, las herramientas que son utilizadas para intervenir los problemas que ha identificado el Estado en una población o sector específico. En primer lugar, se presenta un marco teórico para comprender las discusiones principales sobre este tema y poder contar con una visión general sobre los instrumentos de gobierno, es decir, las herramientas de las cuales se sirve el gobierno local para ejecutar una acción pública. Este marco teórico se complementa con otra literatura que indica la manera como deben ser seleccionados dichos instrumentos y sobre las formas para evaluarlos cuando se está haciendo un análisis de implementación. Una vez construido el marco teórico, se analizan los programas de juventud de acuerdo con el uso de los instrumentos de gobierno. El análisis, entonces, se hace a partir de la información recolectada en las entrevistas realizadas a los operadores de los programas, así como con algunas secretarías encargadas de ejecutar los programas de manera directa. Además, se analiza la información de acuerdo con tres niveles de acción: el primero, que se compone de los programas de política universal, es decir, de programas dirigidos a toda la población; el segundo nivel contiene programas para población vulnerable y se denomina políticas de protección; y el tercer nivel de acción, dirigido a población vulnerada, pretende atender a los jóvenes que no han sido cobijados por las políticas del primer o segundo nivel y, por lo tanto, deben ser formuladas como políticas de recuperación. Esto, con el fin de sensibilizar el análisis a las condiciones de exclusión estructural.

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Teniendo en cuenta la apuesta institucional del Gobierno de llevar lo acordado en La Habana a la realidad de los territorios del país y la deuda histórica que hay con el campo colombiano, este documento se presenta como un análisis de la relación entre el conflicto armado y la ruralidad, las estrategias de política social y de reforma a la institucionalidad que se han propuesto, con el objetivo de fortalecer el desarrollo rural y asegurando su correspondencia con las necesidades de la población campesina. Para ello, en primer lugar se analiza la relación entre el conflicto armado y la ruralidad para el caso colombiano, haciendo énfasis en el desarrollo económico insuficiente y desigual y el sesgo anticampesino que lo ha caracterizado. Luego se expone una definición para el campesinado colombiano y su relación con la Política de Desarrollo Rural, de acuerdo con el análisis de las propuestas encontradas en dos documentos: el borrador del primer punto de los Acuerdos de La Habana y el informe de la Misión para la Transformación del Campo. En tercer lugar se presentan las Zonas de Reserva Campesina como iniciativas que contribuyen a la construcción de paz territorial, a partir de la exposición de su marco normativo y del análisis de los Planes de Desarrollo Sostenible. Finalmente se plantean algunas conclusiones en torno a la discusión sobre la cuestión rural y la construcción de paz en Colombia.

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Este trabajo revisa las diferentes etapas de la cadena de valor del narcotráfico en Colombia, empezando por el cultivo de la hoja de coca, pasando por el microtráfico en ciudades del país y el lavado de las rentas provenientes de este negocio. Asimismo, revisa las implicaciones que sobre la cadena del narcotráfico tiene la firma de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC. Esta revisión hizo evidentes dos retos principales de cara al posacuerdo: Primero, la lucha contra la cadena del narcotráfico se ha fundamentado en acciones dirigidas a los eslabones más fáciles de atacar, que a su vez son los menos valor agregado generan en el negocio. En particular, gran parte de los recursos se ha orientado a la reducción de cultivos ilícitos enfrentando campesinos cultivadores, con menos acciones dirigidas a la destrucción de laboratorios e interdicción, pocas al microtráfico y casi ninguna al lavado de activos. Esto tiene serias implicaciones sobre la legitimidad del Estado y sobre resultados tangibles que logren disminuir de manera significativa las rentas del tráfico de cocaína. Segundo, no es claro que el Gobierno Nacional tenga la capacidad de copar los espacios de control territorial que tienen hoy las FARC. Este grupo armado ilegal controla gran parte de los cultivos ilícitos de coca y pretende apoyarse en los cultivadores, entre otros, como base política en el posacuerdo. No obstante, es claro que otros grupos como el ELN y las bandas criminales tienen suficientes incentivos para, una vez las Farc estén por fuera del espectro político y se vean impedidas para obtener sus intereses por la fuerza, ampliar su control territorial sobre estas zonas. Una parte importante de las ganancias que trae el posacuerdo para el país dependerán de cómo se sortea esta situación. Este trabajo propone una revisión de estos retos, y contribuye a la discusión de política pública sobre las que se fundamentarán las instituciones del posacuerdo.

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Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el IASB (International Accounting Standar Board), nacieron como una necesidad mundial de estandarizar el lenguaje financiero y contable de las empresas -- Para cada país que las adopta, constituyen un medio que facilita el intercambio de bienes y la participación en el comercio mundial a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC) -- A pesar de que las NIIF tengan aceptación mundial, cada uno de los países ha tenido que realizar procesos de adaptación con el fin de que las mismas se ubiquen en el contexto local y particular de cada nación -- La convergencia como tal en Colombia inició en el año 2009 con la expedición de la Ley 1314 y desde allí se iniciaron múltiples actividades que han tenido la participación de diferentes actores de la economía nacional, entre las que se destacan también las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) -- No obstante, a partir de esta fecha, por medio de diferentes conceptos solicitados al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, se sigue cuestionando la aplicación de las normas en este tipo de entidades (Véase Concepto 109 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública de febrero de 2015) -- A pesar de todo, a partir del año 2014, la convergencia a NIIF inició con las empresas más grandes del país, el resto comenzó a partir del 1 de enero de 2015 -- Las ESAL deberán encontrar entonces la mejor manera de incorporar las normas internacionales de contabilidad y el Gobierno nacional, al mismo tiempo, tendrá que ir realizando los ajustes necesarios para que esta etapa de transición de las normas tradicionales contables a las NIIF, se lleve a cabo sin mayores dificultades

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Antecedentes de la política exterior de los Estados Unidos – Líneas de acción de la política exterior de Colombia – Impacto de las políticas de intervención de Estados Unidos en Colombia, en relación a su posición regional, a través de los cambios de gobierno

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Bogotá (Colombia) : Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública