1000 resultados para Espacio público -- Aspectos jurídicos -- Bogotá (Colombia)


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Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal relatar la manera en que operan las iglesias pentecostales o conocidas popularmente en Colombia como cristianas y que tienen su sede principal en la ciudad de Bogotá. Para este fin se realizaron numerosas entrevistas a varios personajes que pertenecen a estas congregaciones y que se encargaron de contar cómo se crearon, de dónde viene el dinero que solventa sus necesidades, los gastos que tienen mensualmente y además, dieron detalles que permitirán al lector conocer de cerca las diferencias entre una iglesia pequeña, una mediana y una de gran tamaño. La voz de un experto y estudioso del fenómeno religioso en Colombia también está presente en este texto que además cuestiona de manera implícita el proceso de regulación que el Ministerio de Interior y las autoridades ejercen sobre estos lugares.

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Los precios de transferencia ocupan el interés de los Estados en el mundo actual al constituir uno de los retos fundamentales del Derecho Internacional Tributario. En el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), creada en 1961, se discutieron y desarrollaron diversas propuestas para regular el fenómeno. Estas, se materializaron en Modelos de Convenios Tributarios e instrumentos de soft law, que hoy en día constituyen los principios internacionalmente aceptados en la materia. Las Guías de la OCDE sobre precios de transferencia para empresas multinacionales y administraciones tributarias son el cuerpo normativo de soft law que se erigen, en el Ordenamiento Internacional, como el norte de las legislaciones a nivel interno para efectos de regulación de dicha temática. Su adopción por parte de los países miembros y no miembros de la OCDE se enfrenta a problemas teóricos derivados del quebrantamiento del decantado principio de reserva de ley tributaria y el respeto por la seguridad jurídica, razón por la cual su incorporación ha variado de Estado a Estado. El presente trabajo recoge la experiencia en varios países europeos y latinoamericanos y pretende proponer una fórmula de adopción en Colombia, coherente con los principios constitucionales tributarios y con virtualidad de superar las críticas realizadas por la doctrina a la aplicación directa de las Guías.

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Algunos de los efectos ambientales y sociales que se pueden apreciar luego del cierre de una mina son la desaparición de acuíferos, la existencia de aguas superficiales contaminadas con sustancias químicas y la afectación a la salud de las personas que viven cerca de minas abandonadas. Esta investigación busca analizar los principales aspectos jurídicos relacionados con la terminación y cierre definitivo de la operación minera desde el punto de vista social y ambiental. Para ello, se presentan los principales efectos ambientales y sociales de ésta terminación; se mencionan los aspectos jurídicos más relevantes del contrato de concesión minera y de la licencia ambiental; se exponen las obligaciones jurídicas que están a cargo tanto del concesionario minero como de las autoridades competentes respecto del cierre de la mina y el papel que asumen los entes de control frente a la terminación y cierre de la mina. Así mismo, se hace un breve análisis de derecho comparado de la regulación en España y Estados Unidos sobre éste tema. Finalmente, se presentan los resultados de la revisión de los expedientes administrativos que fueron proporcionados por la Agencia Nacional de Minería, en los cuales se determina la aplicación y cumplimiento en la práctica de estas obligaciones jurídicas del concesionario minero al término del contrato. Con base a los resultados obtenidos, se puede concluir, en primer lugar, que las obligaciones a cargo de los concesionarios mineros no están claras por parte de la regulación minera y ambiental; en segundo lugar, que la regulación en cuanto al cierre de minas en España y Estados Unidos es más ordenada, completa y específica y; en tercer lugar, en relación con los expedientes analizados, se puede observar que los concesionarios y las autoridades competentes no están cumpliendo sus respectivas obligaciones.

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Actualmente, Colombia se encuentra inserta en dinámicas migratorias internacionales, no sólo como país expulsor de estos flujos, sino como destino y país de tránsito; la transformación que ha tenido el panorama migratorio colombiano es reciente y obedece a múltiples factores de carácter interno y externo. El fortalecimiento de la economía colombiana y la coyuntura de la crisis económica española han creado un ambiente propicio para la llegada de una migración laboral altamente calificada proveniente de España. Esta situación no sólo ha configurado al país por primera vez como un destino migratorio, sino ha puesto en evidencia la necesidad de una política migratoria eficaz y capaz de enfrentar los desafíos que impone la nueva realidad migratoria.

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La categorización jurídica de los mal llamados “falsos positivos” en Colombia es un tema controversial: en algunas ocasiones se habla de ejecuciones extrajudiciales, otras veces de homicidio en persona protegida y en otros casos de desapariciones forzadas, dependiendo de la institución que juzgue los casos. Ahora bien, al no existir unidad de criterios en la categorización jurídica de los “falsos positivos”, se hace imprescindible la integración de conceptos en torno a entender dichos hechos ilícitos inequívocamente como tales, toda vez que esto permitiría generar seguridad jurídica al interior del derecho administrativo colombiano. Precisamente, en lo a referente a la responsabilidad extracontractual del Estado. De igual manera, el concepto de reparación adoptado en los estamentos de Derecho Administrativo Colombiano, no siempre coincide con los estándares delineados por el Sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, lo cual repercute de manera negativa en el tratamiento dado a las víctimas de los “falsos positivos” que encuadran en la categoría de desapariciones forzadas, lo que hace necesario el estudio detallado de las decisiones propias de cada sistema y compararlas, para buscar un mejoramiento de los estándares nacionales de reparación. Para dar un aporte teórico importante, esta investigación partirá del análisis sistemático de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después inspeccionará los elementos fácticos y la reparación de los “falsos positivos”, determinando el grado de aplicación que se ha dado del sistema interamericano en los fallos proferidos por el Consejo de Estado.

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En la presente investigación se contrasta el Modelo Tradicional de Concesión con el Renovado Esquema de Asociación Público Privada propuesto por la Ley 1508 de 2011 y sus decretos reglamentarios, para establecer, a partir de puntos de contacto y fuga entre una y otra institución, que existe una verdadera transformación del paradigma; y que, este modelo mejorado de participación privada que cuenta con sus propios rasgos definitorios, se erige en principio, como una solución a las exigencias actuales de los proyectos viales de la Cuarta Generación de Concesiones en Colombia, pero a la vez da apertura al debate para la construcción académica del conocimiento, por su reciente implementación.

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Las políticas públicas de ordenamiento territorial contienen múltiples implicaciones. Por un lado, definen visiones de ocupación sobre el territorio y, por el otro, establecen mecanismos para su consecución. La zona norte de Bogotá permanece a la espera de un modelo que permita su ocupación con fines urbanos. La presente investigación presenta las implicaciones y caminos desde los cuáles se ha buscado sustentar las posiciones sobre la ocupación de la zona, como las contraposiciones existentes sobre el modelo de ciudad con el que se asocia. La expansión de la ciudad pone de relieve las discusiones sobre lo que debe ser una ciudad, y cambian en el tiempo de la mano con los discursos, intereses e ideologías dominantes.

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Esta investigación analiza la construcción del límite sur de la zona patrimonial de Bogotá de los años 80, a partir de dos procesos simultáneos: la demolición de un sector del barrio Santa Bárbara y la patrimonialización de La Candelaria. A pesar de que estos dos sectores de la ciudad hicieron parte de la ciudad antigua y compartieron un origen común, solo La Candelaria logró hacer parte de la zona considerada de valor histórico. Por lo tanto, este proyecto de grado se interesa, principalmente, por conocer por qué el barrio Santa Bárbara fue excluido del relato histórico de la ciudad, a partir del estudio de la discusión sobre su valor histórico que dio paso al uso público del pasado y a una “lucha por la memoria”, en palabras de Elizabeth Jelin.

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El marco jurídico de la inmigración ha ido tomando cuerpo en España como uno de los debates de mayor trascendencia política y social. La polémica no es irrelevante, toda vez que subyace en ella la contraposición entre la elección de los Derechos del hombre, como valor supremo de un Estado democrático, frente a los imperativos de un modelo de economía libre de mercado como el europeo y el español. Esta discusión adquiere hoy matices que van más allá de los términos estrictamente técnicos-jurídicos, pues afectan a la construcción misma del espacio público en un contexto de globalización. En el artículo se analizan aspectos como el marco jurídico de los derechos y libertades de los extranjeros, se analiza la Ley de Extranjería y se hacen comparaciones con la Constitución.

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En Colombia, los movimientos sociales buscan recuperar el espacio público y el de la ciudadanía, en un contexto donde el Estado bipartidista es débil a la vez que excluyente, donde los conflictos sociales se han desbordado y la violencia ha llegado a límites insospechados. Parte de estos movimientos sociales, el movimiento de los Derechos Humanos enfrenta diversos obstáculos: conflicto armado interno, paramilitarismo, impunidad, desplazamiento forzado, que dificultan el desarrollo de su labor.

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Presenta las reseñas de los libros: Óscar Almario García, Castas y razas en la independencia neogranadina, 1810-1830. Identidad y alteridad en los orígenes de la nación colombiana, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia/Comisión para la celebración del Bicentenario, 2012, 280 pp. -- María Elena Bedoya, Prensa y espacio público en Quito 1792-1840, Quito, FONSAL, 2010, 153 pp. -- Enrique Muñoz Larrea, Albores libertarios de Quito de 1809 a 1812. El principio del fin del Imperio español, tomo I, y Cuenca del Rey. Los últimos presidentes de la Real Audiencia de Quito, tomo II, Quito, Academia Nacional de Historia/Atlantic International University, 2012, tomo I, 384 pp., tomo IIII, 483 pp.

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El piropo callejero ha dejado de ser visto exclusivamente como una práctica “positiva” para comprenderse como un problema social. Así, gobiernos, organismos internacionales y activistas han generado iniciativas que lo abordan como una forma de acoso basada en la desigualdad de género. Un boom de experiencias latinoamericanas de rechazo, la diferencia de sus propuestas y sus coincidencias en formatos que van desde leyes hasta expresiones artísticas, pasando por un agitado activismo, fueron el punto de partida de este trabajo. Preguntarse ¿cómo un piropo se convierte en un problema social?, y ¿cuáles son las estrategias que se usan para enfrentarlo?, permitió acercarse a un complejo objeto de estudio que da cuenta de varias relaciones de convivencia en las ciudades contemporáneas, surcadas situaciones de violencia y desigualdad de género. Este trabajo explora diversos escenarios del piropo callejero. Desde su historia, hasta sus principales rasgos culturales; la forma en la que entran a operar estas iniciativas que lo objetan en Suramérica y se detiene en dos experiencias concretas: Quito y Bogotá. La primera, “Quiero andar tranqula, calles sin acoso”, cuenta con una campaña estatal y la segunda, “¡Atrévete!”, con un proceso de tipo activista. En ambas la relación con la Internet y la comunicación es determinante para operar. Finalmente, este estudio se presenta como una propuesta para comprender las relaciones de “socialidad” a partir de prácticas de comunicación en la ciudad. El piropo callejero se asume como un asunto social que problematiza la relación de las mujeres con el espacio público. Transforma la experiencia de habitar el escenario indivisible de la comunicación determinada por la cultura e interpela los códigos de convivencia urbanos, en suma, la tradición.

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El estudio del “dominio público hidráulico” y su relación con los gobiernos subnacionales en el contexto del Derecho administrativo iberoamericano -en la coyuntura de renovación del ordenamiento jurídico ecuatoriano y de otros países iberoamericanos- responde a la necesidad de profundizar en la comprensión de este concepto, que en la legislación hídrica española y de otros países latinoamericanos, representa el eje jurídico que estructura el contenido legal de la misma. Esto implica, abordar el estudio de los aspectos jurídicos del gobierno de los recursos hídricos, esto es, el agua y los elementos del entorno que contienen al agua. Se parte del análisis del “dominio público en general” para abordar el concepto de estudio, en tanto una forma particular de éste, a través de la revisión de la normativa jurídica constitucional y legal en materia de aguas de una selección de países iberoamericanos. Se considera en especial el estatus jurídico del agua y de los elementos naturales por los que discurre. Se analiza el gobierno de los recursos hídricos, tanto en relación con los derechos constitucionales y los rasgos del régimen administrativo de aguas; y dos conceptos técnico administrativos relacionados: la gestión integrada de recursos hídricos y el desarrollo sustentable. Luego se considera el marco legal del ejercicio en el territorio de las potestades públicas que conforman el dominio público hidráulico, por parte de los gobiernos subnacionales: Municipios, Comunidades autónomas españolas y Circunscripciones territoriales de identidades étnico-culturales. Finalmente, se resumen los argumentos que el estudio aporta, en favor de introducir el dominio público hidráulico, en tanto factor de innovación jurídica de la legislación hídrica y de fortalecimiento del Derecho administrativo y el Derecho político.