707 resultados para COLOMBIA. CAMARA DE REPRESENTANTES - 2002-2006


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Tanto Argentina como Venezuela son países receptores de grandes magnitudes de renta diferencial. En el caso de la Argentina, se trata de renta agraria originada por los altos precios de la soja. En el caso venezolano, encontramos grandes ingresos de renta producto de los precios petroleros. En ambos casos, esas magnitudes de renta son transferidas a diferentes sectores económicos. Uno de ellos es el sector empresarial, que se ve beneficiado por diferentes vías de transferencias como pueden ser subsidios, la sobrevaluación de la moneda, créditos, etc. Es por ello, que analizaremos cuales han sido las posiciones, estrategias y acciones de las entidades empresariales en ambos países, con el fin de reconstruir como han sido los intentos de apropiación de dicha renta, por parte de este sector en particular. Para lograr nuestro objetivo, utilizaremos como observables a FEDECAMARAS, para el caso venezolano, y la Unión Industrial Argentina, para el caso argentino

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La devaluación de la moneda a finales de 2001 afectó significativamente la situación socioeconómica de los argentinos. La Provincia de San Luis, exhibida como un modelo de prosperidad y crecimiento que parecía mantenerla protegida de las crisis económicas que azotaban al resto del país durante la década del noventa, pasó a mostrar indicadores sumamente preocupantes, con incrementos significativos de la pobreza y de la desocupación. esta situación fue atacada por el gobierno provincial sanluiseño mediante la implementación de una política pública que pretendía incluir socialmente a los habitantes de la provincia. Si bien los resultados de estas medidas son halagüeños, especialmente en cuanto a la reducción de la desocupación y de la indigencia, no están claros ni los beneficios en el mediano plazo y ni su sustentabilidad. este trabajo analiza el efecto de estas políticas en San Luis en relación con la pobreza reciente y la pobreza estructural, comparándolo con el resto de la región de Cuyo, mediante el enfoque integrado de medición de la pobreza en el período comprendido entre 2002 y 2006, utilizando los datos que surgen de la encuesta Permanente de Hogares (ePh) que realiza el Indec

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La devaluación de la moneda a finales de 2001 afectó significativamente la situación socioeconómica de los argentinos. La Provincia de San Luis, exhibida como un modelo de prosperidad y crecimiento que parecía mantenerla protegida de las crisis económicas que azotaban al resto del país durante la década del noventa, pasó a mostrar indicadores sumamente preocupantes, con incrementos significativos de la pobreza y de la desocupación. esta situación fue atacada por el gobierno provincial sanluiseño mediante la implementación de una política pública que pretendía incluir socialmente a los habitantes de la provincia. Si bien los resultados de estas medidas son halagüeños, especialmente en cuanto a la reducción de la desocupación y de la indigencia, no están claros ni los beneficios en el mediano plazo y ni su sustentabilidad. este trabajo analiza el efecto de estas políticas en San Luis en relación con la pobreza reciente y la pobreza estructural, comparándolo con el resto de la región de Cuyo, mediante el enfoque integrado de medición de la pobreza en el período comprendido entre 2002 y 2006, utilizando los datos que surgen de la encuesta Permanente de Hogares (ePh) que realiza el Indec

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Tanto Argentina como Venezuela son países receptores de grandes magnitudes de renta diferencial. En el caso de la Argentina, se trata de renta agraria originada por los altos precios de la soja. En el caso venezolano, encontramos grandes ingresos de renta producto de los precios petroleros. En ambos casos, esas magnitudes de renta son transferidas a diferentes sectores económicos. Uno de ellos es el sector empresarial, que se ve beneficiado por diferentes vías de transferencias como pueden ser subsidios, la sobrevaluación de la moneda, créditos, etc. Es por ello, que analizaremos cuales han sido las posiciones, estrategias y acciones de las entidades empresariales en ambos países, con el fin de reconstruir como han sido los intentos de apropiación de dicha renta, por parte de este sector en particular. Para lograr nuestro objetivo, utilizaremos como observables a FEDECAMARAS, para el caso venezolano, y la Unión Industrial Argentina, para el caso argentino

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Tanto Argentina como Venezuela son países receptores de grandes magnitudes de renta diferencial. En el caso de la Argentina, se trata de renta agraria originada por los altos precios de la soja. En el caso venezolano, encontramos grandes ingresos de renta producto de los precios petroleros. En ambos casos, esas magnitudes de renta son transferidas a diferentes sectores económicos. Uno de ellos es el sector empresarial, que se ve beneficiado por diferentes vías de transferencias como pueden ser subsidios, la sobrevaluación de la moneda, créditos, etc. Es por ello, que analizaremos cuales han sido las posiciones, estrategias y acciones de las entidades empresariales en ambos países, con el fin de reconstruir como han sido los intentos de apropiación de dicha renta, por parte de este sector en particular. Para lograr nuestro objetivo, utilizaremos como observables a FEDECAMARAS, para el caso venezolano, y la Unión Industrial Argentina, para el caso argentino

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La devaluación de la moneda a finales de 2001 afectó significativamente la situación socioeconómica de los argentinos. La Provincia de San Luis, exhibida como un modelo de prosperidad y crecimiento que parecía mantenerla protegida de las crisis económicas que azotaban al resto del país durante la década del noventa, pasó a mostrar indicadores sumamente preocupantes, con incrementos significativos de la pobreza y de la desocupación. esta situación fue atacada por el gobierno provincial sanluiseño mediante la implementación de una política pública que pretendía incluir socialmente a los habitantes de la provincia. Si bien los resultados de estas medidas son halagüeños, especialmente en cuanto a la reducción de la desocupación y de la indigencia, no están claros ni los beneficios en el mediano plazo y ni su sustentabilidad. este trabajo analiza el efecto de estas políticas en San Luis en relación con la pobreza reciente y la pobreza estructural, comparándolo con el resto de la región de Cuyo, mediante el enfoque integrado de medición de la pobreza en el período comprendido entre 2002 y 2006, utilizando los datos que surgen de la encuesta Permanente de Hogares (ePh) que realiza el Indec

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Esta dissertação descreve e analisa a Campanha Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania , no período de 2002 a 2006. A pesquisa examina as estratégias da Campanha que tem por objetivo a valorização dos direitos humanos e a dignidade do cidadão nos programas de televisão. Observa sua forma de organização, mobilização social e influência na melhoria da qualidade da programação televisiva. Discute o papel do Estado e os limites da fiscalização. Investiga, ainda, a repercussão da Campanha nas ações dos poderes constituídos: Executivo, Legislativo e Judiciário. Trata-se de um Estudo de Caso de natureza qualitativa. As estratégias de comunicação e as ações da Campanha mobilizaram a sociedade civil, a mídia e o Ministério Público a favor da qualidade da programação. Patrocinadores foram convencidos a não associarem suas marcas a programas de qualidade duvidosa. Emissoras de televisão aberta foram punidas e até mesmo obrigadas a substituir programas de baixa qualidade por programas independentes selecionados pelo Coletivo Intervozes. Em cinco anos de atuação, a Campanha gerou quase 30 mil denúncias contra a baixaria na TV e provocou a mudança da Classificação Indicativa para programas de televisão com a edição da Portaria 264/07 do Ministério da Justiça, publicada no dia 12 de fevereiro de 2007. A nova Portaria estabelece regras mais rígidas para o setor, com critérios já adotados em outros países e vem provocando reações dos empresários de televisão. Finalmente, a pesquisa demonstrou a dificuldade de diálogo entre os diferentes setores da sociedade civil com os empresários de televisão e o Ministério das Comunicações. Revela, ainda, que o controle social da TV aberta é necessário para garantir a qualidade da programação na televisão e que a mobilização social, quando organizada, produz resultados em benefício do interesse público.(AU)

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Esta dissertação descreve e analisa a Campanha Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania , no período de 2002 a 2006. A pesquisa examina as estratégias da Campanha que tem por objetivo a valorização dos direitos humanos e a dignidade do cidadão nos programas de televisão. Observa sua forma de organização, mobilização social e influência na melhoria da qualidade da programação televisiva. Discute o papel do Estado e os limites da fiscalização. Investiga, ainda, a repercussão da Campanha nas ações dos poderes constituídos: Executivo, Legislativo e Judiciário. Trata-se de um Estudo de Caso de natureza qualitativa. As estratégias de comunicação e as ações da Campanha mobilizaram a sociedade civil, a mídia e o Ministério Público a favor da qualidade da programação. Patrocinadores foram convencidos a não associarem suas marcas a programas de qualidade duvidosa. Emissoras de televisão aberta foram punidas e até mesmo obrigadas a substituir programas de baixa qualidade por programas independentes selecionados pelo Coletivo Intervozes. Em cinco anos de atuação, a Campanha gerou quase 30 mil denúncias contra a baixaria na TV e provocou a mudança da Classificação Indicativa para programas de televisão com a edição da Portaria 264/07 do Ministério da Justiça, publicada no dia 12 de fevereiro de 2007. A nova Portaria estabelece regras mais rígidas para o setor, com critérios já adotados em outros países e vem provocando reações dos empresários de televisão. Finalmente, a pesquisa demonstrou a dificuldade de diálogo entre os diferentes setores da sociedade civil com os empresários de televisão e o Ministério das Comunicações. Revela, ainda, que o controle social da TV aberta é necessário para garantir a qualidade da programação na televisão e que a mobilização social, quando organizada, produz resultados em benefício do interesse público.(AU)

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Essa pesquisa objetiva a análise da relação entre religião e política, em perspectiva de gênero considerando a atuação de parlamentares evangélicos/as na 54ª Legislatura (de 2011 a 2014) e a forma de intervenção desses atores no espaço político brasileiro quanto à promulgação de leis e ao desenvolvimento de políticas públicas que contemplem, dentre outras, a regulamentação do aborto, a criminalização da homofobia, a união estável entre pessoas do mesmo sexo e os desafios oriundos dessa posição para o Estado Brasileiro que se posiciona como laico. Ora, se laico remete à ideia de neutralidade estatal em matéria religiosa, legislar legitimado por determinados princípios fundamentados em doutrinas religiosas, pode sugerir a supressão da liberdade e da igualdade, o não reconhecimento da diversidade e da pluralidade e a ausência de limites entre os interesses públicos / coletivos e privados / particulares. Os procedimentos metodológicos para o desenvolvimento dessa pesquisa fundamentam-se na análise e interpretação bibliográfica visando estabelecer a relação entre religião e política, a conceituação, qualificação e tipificação do fenômeno da laicidade; levantamento documental; análise dos discursos de parlamentares evangélicos/as divulgados pela mídia, proferidos no plenário e adotados para embasar projetos de leis; pesquisa qualitativa com a realização de entrevistas e observações das posturas públicas adotadas pelos/as parlamentares integrantes da Frente Parlamentar Evangélica - FPE. Porquanto, os postulados das Ciências da Religião devidamente correlacionados com a interpretação do conjunto de dados obtidos no campo de pesquisa podem identificar o lugar do religioso na sociedade de forma interativa com as interfaces da laicidade visando aprofundar a compreensão sobre a democracia, sobre o lugar da religião nas sociedades contemporâneas e sobre os direitos difusos, coletivos e individuais das pessoas.

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A presente dissertação analisa como o Partido Social Cristão (PSC), ao longo do tempo, se apropriou da identidade religiosa de seus atores políticos que na sua maioria são membros da Frente Parlamentar Evangélica, os quais defendem no espaço público a “família tradicional”, em detrimento da pluralidade de arranjos familiares na contemporaneidade. Para explicitar o objeto - “família tradicional” e PSC -, foi necessário retroceder no tempo e investigar na historiografia os primórdios da inserção dos evangélicos na política brasileira. Em vista disso, analisamos a participação dos evangélicos nos respectivos períodos do Brasil: Colônia, Império e República. A dificuldade da entrada de evangélicos na política partidária, dentre outros fatores, se deve àinfluência do catolicismo no Estado. Assim sendo, averiguamos em todas as Constituições (1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e 1988) o que a mesma diz no que tange a proibição e a liberdade religiosa no país. Logo, verificamos entre as Eras Vargas e República Populista, que ocorreu com intensidade a transição do apoliticismo para o politicismo entre os evangélicos brasileiros, porém, eles não recebiam o apoio formal de suas igrejas. Em seguida, a participação dos evangélicos na arena política durante a ditadura militar foi investigada com destaque para o posicionamento de vanguarda da IECLB, através do Manifesto de Curitiba e, também com a presença de parlamentares evangélicos no Congresso Nacional. A politização pentecostal é ressaltada em nosso trabalho, através do pioneirismo de Manoel de Mello e, depois na Redemocratização quando as instituições evangélicas se organizaram para eleger seus candidatos à Assembleia Nacional Constituinte. E, com o fim do regime militar, o PSC surge como partido “nanico”, contudo, deixa o anonimato e ganha visibilidade midiática quando o pastor e deputado, Marco Feliciano, assume a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, em 2013. Esse é o pano de fundo histórico que projetou o PSC e seus atores no pleito de 2014 com o mote “família tradicional”.

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