728 resultados para Derecho ambiental-México


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El presente estudio tiene el objetivo, por una parte, de proponer un enfoque metodológico para introducir en el análisis de la política monetaria la consideración de un conjunto de derechos humanos y, por otra, aplicarlo a México, Guatemala y Costa Rica, los tres países latinoamericanos indicados por la Sede Subregional de la CEPAL en México. Los derechos humanos considerados para este trabajo, siguiendo las instrucciones de la CEPAL, son el derecho a un trabajo digno, el derecho a la seguridad alimentaria y el derecho a una vivienda decente y salubre.

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El tema del diseño de sistemas apropiados de gestión del agua reviste enorme importancia para América Latina y el Caribe. En este documento, se destaca la asistencia técnica dada a un gran número de países en la formulación y puesta en marcha de leyes, regulaciones y políticas públicas relacionadas con los recursos hídricos. Esto siempre hecho bajo la óptica de que la inserción sustentable del agua en la economía y en la sociedad depende de un adecuado equilibrio entre intereses públicos, ambientales, económicos, sociales y privados.

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En este documento se examina la pertinencia y oportunidad de las Reformas Fiscales Ambientales (RFA) para tres servicios públicos en cinco países de la región (Chile, Ecuador, El Salvador, México y Uruguay). Se discute el significado de la RFA en la oferta y uso de esos servicios y se muestra que existen prioridades comunes y específicas de cada país, dependiendo de cómo son producidos, “comercializados” y utilizados, lo que a su vez se relaciona con las estructuras sociales y productivas, las políticas públicas, y la conformación y dinámica de los mercados relevantes. Luego de caracterizar las estructuras de mercado, políticas de precios y tarifas, y acceso o uso de los servicios por estratos de hogares y sectores productivos, se identifican políticas fiscales ambientales que cabría considerar, tomando como referencia las experiencias exitosas de países más avanzados. Se identifican los posibles efectos no deseados por su regresividad o deterioro de la competitividad de agentes productores y se discuten medidas compensatorias o complementarias de las innovaciones ambientales.

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El presente estudio tiene por objeto relacionar la problemática del desarrollo sostenible con la explotación de gas natural no convencional a nivel general y en específico para los países seleccionados

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La medición del gasto en protección ambiental permite evaluar el desempeño, la eficacia y el impacto de políticas, planes, programas e instrumentos económicos de gestión ambiental. Sin embargo, para medir los progresos y realizar ajustes a las políticas ambientales es necesario que estas mediciones sean sistemáticas, continuas y estandarizadas. En América Latina y el Caribe existen experiencias de cálculo del gasto en protección ambiental del sector público, aunque la mayoría no ha perdurado en el tiempo. Las mayores dificultades en la medición de este gasto se asocian con la falta de uniformidad de conceptos y clasificaciones, la doble contabilidad y los escasos registros administrativos existentes. Para abordar los retos mencionados es necesario un marco ordenador, basado en estándares internacionales, que permita fortalecer las capacidades técnicas de los países y calcular el gasto en protección ambiental de manera regular. Por ello, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México han elaborado esta guía metodológica, con el fin de apoyar los esfuerzos de los países vinculados a la generación y difusión de estadísticas oficiales sobre el gasto en protección ambiental.

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El panorama demográfico internacional apunta en una misma dirección: la población mundial está envejeciendo. América Latina y el Caribe no es la excepción, las grandes transformaciones de las décadas pasadas abren paso a nuevas realidades en la región. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 22, señala que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”, y en su artículo 25 establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

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Programa de doctorado en Ingenierí­a Ambiental y Desalinización

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Existe un amplio consenso internacional de que los flujos de inversión en el sector agrícola en los países en desarrollo necesitan ser aumentados. Pero hay también acuerdo en que estas inversiones deben ser sostenibles. Para ser sostenibles, no sólo ha de ser beneficioso para la economía pública, sino también para los hogares rurales y el medio ambiente en el corto y el largo plazo. Para que las inversiones sostenibles tengan lugar, dependera sobre todo del marco jurídico en el que estas inversiones estén situadas. Esto es cierto para los marcos jurídicos nacionales, tanto del país de origen como del país receptor de la inversión. Pero los marcos jurídicos internacionales en los que están inmersos los estados de origen y de acogida también establecen incentivos positivos o negativos para que las inversiones sean sostenibles. Este trabajo presenta una visión general de los marcos normativos que vienen a centrarse en este aspecto. A continuación, se profundiza en la regulación del comercio internacional de productos agrícolas, asumiendo que las inversiones sostenibles en la agricultura suponen un “régimen de comercio sostenible”. De esta manera, el artículo presenta las partes del debate sobre un régimen comercial agrícola sostenible, como ha sido desarrollado por la autora en los últimos años.

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Los espacios verdes y, en general, la vegetación que cumple funciones estéticas y de protección ambiental son valorados, medidos y calculados por el área destinada al cultivo, en lugar de basar los cálculos en los elementos vegetales constitutivos. Esto significa una simplificación excesiva de la valoración de la vegetación (actual o proyectada) que no aporta criterios de cuantificación valorativa necesarios, actualmente, tanto para preservar vegetación existente como para políticas de desarrollo urbano y proyectos de ingeniería del mejoramiento ambiental. En el presente trabajo se propone aplicar a la valoración de los jardines frontales urbanos de la ciudad de Mendoza una metodología cuantitativa desarrollada por R. Codina et al., que se apoya en un concepto nuevo que es su influencia como mejoradores ambientales. La ecuación de cálculo se integra con índices de valoración como el Índice de Vegetación Ambientalmente Activa y el Índice Ambiental Urbanístico, que permiten cuantificar la importancia urbanística y ambiental de la vegetación. También se propone una base para implementar una política de incentivo de los jardines frontales mediante la disminución del avalúo valor terreno del impuesto inmobiliario, en una escala progresiva según el Índice Ambiental Urbanístico de cada propiedad, tendiente a la transformación de la ciudad en una ciudad-jardín, mejorando la calidad de vida y el atractivo turístico urbano.

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El objetivo de este trabajo es analizar las relaciones de cooperación y conflicto entre una compañía minera y las comunidades, los Nuevos Movimientos Sociales y los tres niveles de gobierno involucrados. La compañía Minera inició operaciones para una mina a cielo abierto de oro y plata con el apoyo de los gobiernos locales, estatales y federal. Los habitantes de estas comunidades apoyados por grupos ambientalistas y Organizaciones No Gubernamentales argumentan que el proyecto contamina las Fuentes de agua fresca además de perturbar el medio ambiente y la ecología de la región. La metodología empleada consistió en un análisis histórico social para determinar, en un estudio exploratorio, las principales variables económicas, políticas, legales, sociales y culturales que inciden en el caso, sobre todo después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los hallazgos de esta investigación contribuyen a explicar las relaciones de cooperación y conflicto entre las empresas multinacionales que operan en las comunidades, a analizar el rol del gobierno en sus tres niveles y de los nuevos movimientos sociales en la conformación de las economías locales bajo procesos de integración económica regional. Los resultados también son de relevancia por sus contribuciones para el entendimiento de procesos de responsabilidad social corporativa de las empresas transnacionales y los procesos de contestación y acción colectiva de los nuevos movimientos sociales en el desarrollo económico y ambiental de las comunidades locales.

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La necesidad de estudiar la presencia de metales pesados en el suelo radica en su impacto como indicador de contaminación ambiental. Se determinó la presencia de Cu, Zn, Pb y Cd en suelos donde se distribuyen especies vegetales en un corredor ecológico. Entre los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí (México) fueron establecidos 30 puntos distribuidos en cinco prácticas dominantes de usos de suelo: agropecuario, residencial rural, comercio y servicios, residencial urbano y minero. Los muestreos se realizaron en cuatro épocas durante 2009 y 2010 (verano, otoño, invierno y primavera). Se encontró un efecto significativo del uso del suelo en cuanto a los niveles de Cu (p = 0,000), Pb (p = 0,043) y Cd (p = 0,010). En el caso del Zn, el uso del suelo (p = 0,000) y la estación (p = 0,059) fueron significativos. El uso del suelo minero mostró las mayores concentraciones de metales y el agrícola las menores. Los niveles de los cuatro metales se encuentran en el rango marcado como alto por la EPA y por otras fuentes técnicas. En el caso de Pb y Cd no rebasan los estándares NOM-147- SEMARNAT-SSA1. Estos resultados reflejan el potencial indicativo del uso del suelo en la evaluación de la calidad ambiental, sin embargo, se requiere continuar con un monitoreo de metales pesados en la zona.

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La presencia de arsénico (As) en suelos permite su migración hacia cultivos como el garbanzo (Cicer arietinum L.). En este trabajo se comparan contenidos de As en tres suelos de dos estados de la República Mexicana, y su acumulación en C. arietinum L. Los suelos resultaron moderadamente alcalinos, no salinos, reductores intermedios y con potenciales zeta (pZ) que indican suspensiones coloidales moderadamente estables. Con moderados contenidos de humedad y texturas franco- arcillosas, densidad aparente, capacidad de campo, agregados estables y capacidad de intercambio catiónico, significativamente diferentes y semejantes en velocidad de infiltración y espesor del horizonte A. En materia orgánica, carbono y nitrógeno son significativamente diferentes y con bajos contenidos. Existen diferencias importantes entre semillas de C. arietinum L. certificadas o no en su capacidad de germinación y desarrollo de raíces. El efecto genotóxico del As en raíces de C. arietinum L. se apreció por inducción de micronúcleos, reducción de 2,8 veces la división celular de muestras tratadas con agua con As, respecto de muestras control. Se apreció incremento de As de 9,5 veces en plántulas germinadas en suelo de El Salitre, que en suelo de Bella Vista, indicativo de migración del As. La suma de efectos de concentración de As en suelos y agua se incrementa 15,3 veces. Entre suelos de Bella Vista y Querétaro la correlación fue 2,9 veces mayor. En controles positivos los IBAs resultan 3 veces mayores que en las pruebas experimentales.

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La acumulación por desposesión es un ejercicio de poder que se ha expresado en el devenir histórico del capitalismo, aunque la acumulación por desposesión, cobra fuerza ideológica a partir del modelo neoliberal y representa, sino la única forma, si la más importante actualmente para sostener o incrementar la acumulación de capital en la geografía glocal (lograr el establishment del sistema bancario y de las grandes corporaciones y centros de poder -BM-FMI y BCE). El rasgo económico-político que definiría dicha acumulación por desposesión, es que su instrumentación para llevarse a cabo, necesita obligatoriamente que el Estado y los dueños de capital (productivo, comercial, financiero) tengan el interés común “contubernio" de que los espacios receptores sirvan para que el capital incremente su capital; esto sólo se logra expropiando el derecho del trabajador de vivir dignamente con un empleo bien remunerado. En palabras de David Harvey (2003, 2004, 2204b, 2007a, 2007b 2007c) quien posibilita la acumulación por desposesión es la liberación de un conjunto de activos, incluida la fuerza de trabajo a un coste muy bajo y en algunos casos, nulo.