913 resultados para Paraíba - Política social
Resumo:
El objetivo principal de este documento es realizar un análisis sobre el componente educativo del Programa Familias en Acción, para establecer si el subsidio condicionado brindado por dicho programa contribuye a garantizar el derecho a la educación básica y media. Con dicho fin, se tomará como estudio de caso el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca en el periodo comprendido entre 2006 y 2010. De este modo se analizará y explicará por qué se considera que el componente educativo del PFA ha influido de una forma parcial e incompleta a la garantía del derecho a la educación. Lo anterior, teniendo en cuenta la definición de educación y los componentes del núcleo esencial de este derecho, sumado a la exposición de las etapas de la política pública, su definición y la reconstrucción del proceso vivido por el programa en cuestión.
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El interés por desarrollar el tema de cultura ciudadana y su influencia sobre los indicadores de movilidad referidos a la accidentalidad, surge a partir de una percepción de éxito de tres alcaldías que lograron transformaciones culturales y físicas en Bogotá. El propósito era comprobar a partir de un análisis cuantitativo que la cultura ciudadana funcionó como herramienta de gestión y que había logrado afectar positivamente las crecientes tasas de accidentalidad vial en Bogotá, durante dichas alcaldías (1995-2004). Sin embargo, la caracterización de la cultura ciudadana referida a la accidentalidad vial, tenía un alto componente cualitativo que permitió comprender que las estadísticas no se podían asociar directamente a las estrategias de cultura ciudadana y que por lo tanto, la investigación debía concentrarse en dimensionar la capacidad real que tenían las acciones de cultura ciudadana sobre el problema urbano, desagregando las dos variables.
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Resumen El objetivo de este estudio fue el de diseñar un modelo de intervención para la prevención del suicidio en la población escolar de niños y adolescentes, con 72 participantes de un colegio público y un colegio privado de la ciudad de Bogotá. Se caracterizó el suicidio en la ciudad de Bogotá en los últimos nueve años, los aspectos legales, se analizaron algunos modelos de prevención, se identificaron los principales factores de riesgo y factores protectores y se propusieron estrategias para su prevención. Este modelo está basado en la administración social del riesgo y los factores protectores y de riesgo, susceptibles de modificación. Se realizó una prueba de tamizaje y fueron utilizados: el Inventario de depresión infantil (CDI de Kovacs), la escala de desesperanza de Beck y la escala de ansiedad para niños y adolescentes de Spence, validadas a nivel internacional. Se observó una correlación positiva (0.490) mediante el coeficiente de rangos de Spearman, con una significación de 0,01 (bilateral) para los tres factores de riesgo. Se hace entrega de un manual de instrucción para la intervención temprana del suicidio en esta población y un folleto informativo dirigido a padres de familia sobre los factores de riesgo y factores protectores. A partir de esto se plantean implicaciones futuras.
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En el año 2011 la humanidad alcanzó la población de 7.000 millones de personas, sin embargo, hay una creciente preocupación ya que más del 50% de la humanidad se encuentra en una situación de pobreza. Quienes se encuentran dentro de esta situación, carecen de una calidad de vida por no tener cubiertas sus necesidades básicas y contar con un bajo nivel de ingresos, el cual no le permite acceder a productos y/o servicios para alcanzar una mejor condición de vida. Esta situación de pobreza en la cual vive más de la mitad de la población mundial, hace un llamado para analizar la oportunidad de incursionar en este mercado, a través de iniciativas empresariales donde estas personas, sean incluidas como productores, proveedores, distribuidores o como consumidores, contando con un comercio justo entre las partes que consolide una relación gana-gana, entre la empresa y sus colaboradores. En este trabajo de grado se tratarán los siguientes temas: base de la pirámide, necesidades básicas y Objetivos de Desarrollo del Milenio; como apertura a las condiciones sociales en las cuales operan los Negocios Inclusivos, para concluir con un caso de estudio de la empresa Factoria Quinoa y su impacto social, económico y ambiental como un ejemplo de cómo se puede utilizar mecanismos de mercado para solucionar problemas sociales.
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El plan de Desarrollo para Bogotá “Bogotá sin indiferencia 2004-2008”; contempla tanto en sus lineamientos de política social, como en su programa específico cero tolerancia con el trabajo, el maltrato y la explotación infantil, la promoción de todas las estrategias, incluidas las relacionas con la familia, tendientes a prevenir el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil, y atender y proteger a los niños y niñas víctimas de tales flagelos. En cumplimiento de este propósito, el proyecto Prevención y erradicación de la explotación laboral infantil promueve que las acciones del Estado, con la participación de la familia y de la comunidad, estén encaminadas a la defensa y protección de los derechos de la niñez, bajo los postulados de la doctrina de protección integral1 .
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Este artículo busca evaluar la sostenibilidad de un proyecto de desarrollo alternativo realizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en Colombia (UNODC) una vez que esta institución se retiró de la zona de implementación del proyecto. El proyecto analizado se llevó a cabo en 30 municipios entre los años 1997 y 2003. Para determinar si este proyecto fue sostenible, se realizó una breve introducción al tema de la evaluación de proyectos de inversión pública, se delimitó el concepto de desarrollo y se contextualizó el concepto de desarrollo alternativo en Colombia. En el estudio empírico se escogieron cinco indicadores para evaluar la sostenibilidad del proyecto: número de familias asociadas, número de hectáreas erradicadas, ingresos de la organización campesina, cantidad de producción lícita y número de hectáreas sembradas. Estos indicadores fueron contrastados entre el año 2003 – fecha de finalización del proyecto – y el año 2006 para determinar su comportamiento en el mediano plazo, luego de 3 años de haber finalizado las actividades de UNODC en el proyecto. Se encontró finalmente, con base en la comparación de dichos indicadores, que este proyecto es sostenible, con base en los indicadores utilizados, pero que debido a la forma como está planteada la política anti-drogas en Colombia el impacto de estas experiencias exitosas en el problema general de los cultivos ilícitos en el país es muy reducido.
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La cruel realidad de los niños víctimas del conflicto armado en nuestro país y alrededor del planeta, indica la urgencia de asumir esta problemática de manera prioritaria y convertirla en premisa especial de las políticas gubernamentales. Millones de niños y niñas están siendo afectados por fenómenos sociales derivados de los conflictos armados como lo son la invalidez, el desplazamiento, la violencia, los abusos, e incluso la muerte. Los datos arrojados por instituciones como la UNICEF, la Human Right Watch y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hablan de que el 50% de la sociedad desplazada por la violencia y los conflictos sociales se ubica en el rango de edad niño; 80% de las muertes que se causan por los conflictos armados son de terceros pertenecientes a la sociedad civil y un tercio de estas corresponden a niños y niñas. Además, aproximadamente 300.000 niños y niñas están directamente involucrados en actividades milicianas en el mundo entero y cerca de 10.000 niños mueren anualmente por causa de minas antipersonales y demás actividades militares no convencionales
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Esta investigación es importante porque Bogotá sin hambre pone de actualidad la seguridad alimentaria, lo que constituye una oportunidad para revisar este tema, pues muy pocas veces en Bogotá se le ha dado trascendencia al problema de la malnutrición y aunque los anteriores alcaldes manejaban ciertos programas de alimentación, ninguno se constituía como parte importante de su programa de gobierno, como en este caso. La iniciativa del gobierno de Garzón de establecer una política de seguridad alimentaria para Bogotá surgió principalmente por el análisis de la encuesta de calidad de vida, realizada en el año 2003, y de las cifras del SISVAN.4 Aunque esta encuesta no contiene muchas preguntas sobre el tema alimentario, percibió que hay un gran nivel de pobreza en la ciudad, sobretodo en ciertas localidades. Además se observó que el tema de la alimentación era muy precario porque en la encuesta se hizo una pregunta enfocada a establecer si había algún miembro de familia que había dejado de consumir las comidas diarias por problemas de falta de dinero, y el dato arrojó que “en el 8.6 de cada cien hogares hay al menos un miembro que no consume ninguna de las tres comidas (desayuno, almuerzo, comida) por falta de ingresos”.5 Motivo por el cual dentro de BSH la meta de dar apoyo alimentario a personas fue de 625 mil personas.
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El siguiente trabajo se encuentra dividido en dos grandes capítulos. El primero, trata los aspectos teóricos en los que se sustenta la institución del reconocimiento de beligerancia, así como los desarrollos históricos que ha tenido y que han ayudado a definir su naturaleza. En él también se hace una revisión de sus características, requisitos, bases jurídicas y vigencia de la figura como herramienta del derecho internacional público. El segundo capítulo trata sobre el nacimiento y la evolución de las FARC como organización guerrillera, los intentos por convertirse en fuerza beligerante y los resultados hasta ahora obtenidos en ese sentido a partir del análisis de los requisitos exigidos por la jurisprudencia y la doctrina, comparándolos con la conducta militar y política de las FARC. Finalmente, se exponen las conclusiones que arrojó la investigación sobre el origen y desarrollo del reconocimiento de la beligerancia, enmarcadas dentro de las dos teorías normativas de la guerra, el ius ad bellum y el ius in bello, para así señalar los alcances que tiene esta figura en la actualidad, en especial, frente al conflicto armado con las FARC.
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La presente monografía busca analizar la relación existente entre la reforma al sistema de transferencias (Acto Legislativo 01 de 2001) y el panorama que ha tenido el Sistema Educativo Colombiano en materia de calidad y cobertura en los últimos siete años. Por lo tanto se pretende examinar desde un caso en concreto el nexo entre la política fiscal y la política social del país como también la incidencia de lo anterior en los ciudadanos. Para el desarrollo de dicho propósito se trazan tres objetivos en concreto: describir el sistema educativo colombiano a la luz de las participaciones territoriales; analizar la incidencia del Acto Legislativo 01 de 2001 en la cobertura del sistema educativo colombiano y, por último, analizar la incidencia del Acto Legislativo 01 de 2001 en la calidad del sistema educativo colombiano. Así las cosas, cada uno de estos objetivos conforman en su orden un capítulo en el presente trabajo de manera tal que en el primero se esboza un panorama general sobre la evolución que ha tenido la educación en el país, observando la importancia que tuvo en ello la Constitución de 1991 a partir del desarrollo de bases axiomáticas, legales y administrativas, mientras que el segundo y tercer capítulo son la médula del trabajo ya que desarrollan la hipótesis y aterrizan en la praxis la tensión que generó la reforma legal en cuestión en el desarrollo de la cobertura y la calidad del sistema educativo
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Esta monografía busca establecer la forma en que la estrategia para la destrucción de cultivos de coca a la luz de la teoría del neoinstitucionalismo de Douglas North forma parte de un esquema de cooperación internacional en el marco del Plan Colombia porque por medio de las instituciones, ya sean formales o informales, y el poder que estas tienen se estipulan las condiciones a las cuales el Estado y la sociedad se acogen para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos.
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Este estudio analiza la repercusión de las instituciones internacionales y el regimen al interior de éstas concerniente a la lucha contra drogas, en la política interna sobre reducción de demanda. Para esto nos debemos remitir al concepto de “Neoliberalismo Institucional” presentado por Robert Keohane quien afirma que aunque la política internacional carezca de un gobierno común, y se crea que prima la anarquía en las relaciones entre Estados, la política mundial está institucionalizada . Además, sostiene que “las variaciones en la institucionalización de la política mundial ejercen significativo efecto en el comportamiento de los gobiernos”10 Estas instituciones pueden tomar diferentes formas como: las organizaciones intergubernamentales formales o no gubernamentales internacionales, los regímenes internacionales, y las convenciones. Colombia no está exenta de la influencia emanada del institucionalismo internacional, y con base en ello se deben crear políticas que vayan de acuerdo a lo aceptado dentro de las diferentes instituciones; tal es el caso de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Comunidad Andina de Naciones (CAN); organizaciones con las que el Estado ha adquirido compromisos al respecto, y que serán analizadas en el transcurso de este estudio. Asimismo estas instituciones pueden afectar las decisiones de los líderes, ayudando a determinar como se definen los intereses y como se interpretan las acciones. No obstante, la presión de los intereses internos ejerce efectos muchos mayores en la política estatal que las instituciones internacionales. Esto explica por qué desde 1998 a 2006 en cada uno de los períodos presidenciales hay variaciones en la acción política en cuanto la reducción de demanda de drogas ilícitas, pero se sigue actuando en un marco general presentado por las instituciones internacionales.Por otra parte los "Regímenes Internacionales" son definidos por Stephen Krasner como: “conjunto de principios, normas, reglas y procesos de decisión implícitos y explícitos, por los cuales las expectativas de los actores convergen en una área determinada de las relaciones internacionales”.13Es decir que no solo las organizaciones de las que hace parte Colombia afectan en la creación de las políticas, sino el régimen contenido al interior, en este caso la lucha contra drogas es un área específica la cual incluye la demanda de drogas ilícitas.
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Resumen tomado del propio recurso
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En Colombia ha existido un gran problema en cuanto al reconocimiento de minorías étnicas, ya que por décadas han sufrido el abandono y la exclusión por parte del Estado. Estos Pueblos han tenido que luchar durante mucho tiempo para subsistir y mantener sus formas de vida, lo cual ha sido más difícil en los últimos tiempos, en la mediad en que el papel del Estado como garantizador del bienestar de la población ha cambiado su función, ahora su fin último consisten en garantizar la continuidad del sistema capitalista, razón por la cual se generan confrontaciones entre el Estado colombiano y aquellos que tiene concepciones distintas frente al mundo.
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En la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia fundamental. La idea de la participación indirecta y del papel inactivo de las personas y de las comunidades mostró su carácter insuficiente para resolver las complejidades de los asuntos contemporáneos y las necesidades de las naciones. Los cambios que se han dado en los últimos tiempos proponen un Estado que se relaciona de manera más directa con el ciudadano, con el cual toma además las decisiones a través de procedimientos de incidencia real y eficiente. La participación pasa a ocupar un puesto muy importante en la gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que el derecho a la participación sea reconocido: también se hace necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio como una obligación por parte del Estado. La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho de primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. En temas ambientales, una regla importante para orientar la actividad del Estado es la incidencia ciudadana en todos los ámbitos, desde las acciones de ordenamiento ambiental hasta las que tienen que ver con la investigación, con programas de control y protección de recursos, en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales y en la planeación ambiental, entre otros. De esto se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos Naturales en 1974, cuando se señaló que la actividad del Estado debería inducir a un manejo participativo, por cuanto se postula como regla de administración que debe promoverse la formación de asociaciones y de grupos cívicos para lograr la protección de los recursos naturales renovables y su utilización adecuada, con base en el estudio de las relaciones de la comunidad con tales recursos. Un componente importante para generar gobernabilidad es la participación de los diferentes actores sociales,1 la cual permite además una gestión ambiental planificada y evita la utilización de espacios judiciales para la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano y para garantizar la inclusión en los programas, proyectos y decisiones en la materia. No obstante la importancia de esta fi gura, hoy se encuentran dificultades en su accionar, como la falta de educación, la ignorancia (se cree que solo se participa a través del voto) o el desconocimiento de los diferentes espacios y mecanismos de participación. Las posibilidades de intervención o manipulación que se presentan en muchos casos en el ejercicio de la participación, hacen que hoy exista desconfianza en la utilización de estos instrumentos y en las autoridades. Hoy se presenta el fenómeno del desencanto y la decepción en el ejercicio de la participación que obedece al fracaso y a la injerencia de intereses privados. Por esta razón, la participación termina viéndose como una demagogia dado que se ha legislado mucho al respeto pero no se han ejercido estos mecanismos o cuando se hace, terminan las comunidades por encontrar otros intereses en las decisiones finales. En materia ambiental, en Colombia en las últimas décadas se han establecido diferentes mecanismos y espacios de participación a través de los cuales se busca hacer realizar el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. Sin embargo, los altos costos y los escasos resultados evidencian una deficiencia en su implementación lo cual incentiva el uso de mecanismos como las acciones populares. Después de la Constitución Política de 1991, que promovió los derechos ambientales y la democracia participativa, de la institucionalización del sector público encargado de estas materias con la creación del hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la reorganización del Sistema Nacional Ambiental a través de la Ley 99 de 1993, es necesario ver qué ha pasado con el principio según el cual la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La Universidad del Rosario, a través de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental, viene trabajando en desarrollo del principio de participación ambiental a través de diferentes proyectos, en especial sobre los temas que tienen que ver con los mecanismos de tipo administrativo y judicial, mediante los cuales es posible hacerse parte en procesos como el de otorgamiento de una licencia o un permiso ambiental. Este documento contiene los resultados del proyecto de investigación financiado por el Fondo Institucional de la Universidad del Rosario, cuyo objetivo general es realizar una evaluación al ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para el otorgamiento de licencias ambientales en Colombia. Para ello se analizó el esquema conceptual y la caracterización constitucional, legal, política, social y cultural del derecho a la participación ambiental en Colombia; se señaló la naturaleza jurídica y los efectos de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, para de esta forma poder analizarlos dentro de los procedimientos administrativos. Adicionalmente, con este proyecto, cuyos resultados se presentan a continuación, se pretende determinar cuáles eran los espacios de participación dentro de los procesos administrativos para el otorgamiento de una licencia ambiental y así establecer la posibilidad de emplearlos y su capacidad de incidencia en las decisiones ambientales. A través de este documento se podrá identificar el impacto de la participación en la gestión ambiental y la situación de este ejercicio en Colombia. El estudio realizado permite además establecer cuáles son los aciertos y las dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa en materia ambiental. En este punto, y previo a la exposición de resultados, es preciso anotar que la totalidad del análisis que se realiza a continuación tiene como base información oficial suministrada por parte de las instituciones ambientales estatales correspondientes y que los documentos de soporte se encuentran debidamente archivados y disponibles en la Línea de Investigación para cualquier tipo de verificación. Los estudiantes que hacen parte de la Línea de Investigación han venido apoyando el proceso de recopilación y análisis de información. Este trabajo ha consistido en acceder directamente a algunos de los expedientes de estudio en las autoridades ambientales, tomar copias de la información relevante y diligenciar las guías de sistematización y análisis de los documentos. La metodología utilizada tiene como objetivo principal identificar las situaciones que tienen que ver con el ejercicio de los mecanismos de participación que hemos venido presentando y efectuar un análisis de las principales confrontaciones o problemáticas que se presentan entre la sociedad civil, las autoridades y los dueños de los proyectos por la ejecución de estos proyectos. Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero tiene que ver con los antecedentes y la contextualización en el ámbito jurídico nacional e internacional de la participación, desde las primeras formas de participación hasta lo acontecido en los últimos años en materia constitucional y legislativa. El segundo capítulo hace referencia a las clases, tipos, niveles, mecanismos y espacios de la participación, incluyendo de manera específica aspectos reglamentarios y jurisprudenciales. El tercer capítulo, de manera específica, se adentra en el análisis y conceptualización de la participación en materia ambiental. Aquí se hace referencia a la participación ambiental en el marco del derecho comparado y se establece el panorama, los elementos y espacios de incidencia de las comunidades en la gestión ambiental. En el cuarto capítulo se estudia el ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para las actuaciones administrativas, donde tienen competencia las autoridades ambientales, en especial la participación en el otorgamiento de licencias ambientales. Con este documento se pretende contribuir a la divulgación y al conocimiento de los diferentes mecanismos de participación ambiental, esperando que este sirva a las comunidades y a las autoridades ambientales para tomar los correctivos necesarios que permitan la concreción de espacios en los procedimientos y en la incidencia en la toma de decisiones ambientales. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales que les incumben a las comunidades o a las personas en general, podemos ver como resultado de este proyecto de investigación que los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Tampoco son promovidos por las autoridades ambientales. Evidencia de esta problemática se encuentra en los continuos conflictos o confrontaciones que se presentan cuando una empresa, o incluso el Estado, desea realizar un proyecto y encuentra oposición por parte de las comunidades que carecen del conocimiento de los mismos o que conociéndolos de fondo, no son tenidos en cuenta. Se encuentra en muchos casos escasa información y divulgación de los proyectos y de los programas de desarrollo que propone el gobierno nacional, o también que muchos de estos proyectos no atienden las necesidades e intereses de las comunidades que habitan el área de influencia de los mismos y además que sus reclamos no son escuchados en el proceso de toma de decisiones. Hoy el reto está en buscar solución para que se dé una verdadera participación, a través de programas que permitan difundir entre las comunidades el conocimiento de la democracia participativa y promover el fortalecimiento de la sociedad civil y de sus organizaciones para que la participación sea eficaz y permita construir de manera colectiva a un mejor país. La consigna debe ser: “Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”.