256 resultados para Subsidios
Resumo:
A través de esta tesis se analiza la evolución normativa de las Cajas de Compensación Familiar en el país y del particular caso de la Caja de Compensación familiar Cafam. Con el espíritu social que las ha caracterizado, las Cajas de Compensación Familiar en Colombia se han convertido en baluartes de la responsabilidad social. A través de la constitución de diversos servicios y del pago del Subsidio Familiar, han pavimentando la vía del progreso y la Seguridad Social para los colombianos.
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Aunque gracias a la puesta en marcha de la Ley 100 de 1993 (...) en la última década se ha registrado un notable aumento del gasto público en salud, han crecido las contribuciones de los afiliados, se ha elevado la cobertura del aseguramiento al sistema de Seguridad Social y se ha mejorado la focalización de los subsidios, aún persisten inequidades en el aseguramiento por ingreso y en acceso y resultados de salud. Así lo advierte un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario realizado conjuntamente con la Asociación Colombiana de la Salud (ASSALUD), en el que se indica que lo más preocupante es la presencia de múltiples indicadores de problemas de calidad en la prestación de los servicios, el notable deterioro en la capacidad territorial para manejar la salud pública y el rezago en temas como mortalidad evitable, mortalidad materna y enfermedades transmitidas por vectores (agentes transmisores).(*) Según los directores de la investigación, Francisco Yepes, de ASSALUD, y Manuel Ramírez, de la Universidad del Rosario, los hallazgos del estudio arrojan dudas sobre la eficiencia de las reformas en algunos aspectos y revelan un serio desequilibrio entre unos incentivos financieros muy fuertes y unos incentivos por resultados de salud inexistentes, así como un importante fraccionamiento en la prestación de los servicios. “No hay una relación fuerte entre el notable aumento en el gasto de salud y los resultados que se han obtenido en éstos términos. La pregunta legítima ante esta situación es: ¿estamos obteniendo lo que deberíamos por cada peso adicional que hemos dedicado a la salud?”, agregan los investigadores. El proyecto de la Facultad de Economía del Rosario y ASSALUD arrancó en el año 2004 con la recolección de información y el análisis de la evidencia disponible sobre los resultados de las reformas al sistema de salud, con el fin de establecer en qué se ganó, en qué se perdió y qué problemas subsisten para contribuir a la formulación de las políticas públicas. En desarrollo del proyecto, se identificaron más de trescientas publicaciones para el período comprendido entre 1995 y 2005, de las cuales se seleccionaron aquellas que presentaban resultados de investigaciones que aportaban evidencias para estudiar el resultado de las reformas. La investigación, también se apoyó en en los Estudios Nacionales de Salud, las Encuestas de Calidad de Vida del DANE, la Encuesta de Demografía y Salud de Profamilia y las Cuentas Nacionales de Salud del Ministerio de la Protección Social. (...) Los investigadores lograron establecer, además, que la estrategia de la política de salud durante este período de tiempo consistía en lograr un aumento en el gasto público y privado en salud, para elevar el porcentaje de la población asegurada, lo cual debería implicar un mejoramiento en el acceso a los servicios de esta área y, finalmente, una mejora en las condiciones de salud de la población. Las primeras etapas (gasto y aseguramiento) se han cumplido con respuestas bastante exitosas, y en el tema del acceso se han logrado algunos efectos. Sin embargo, los resultados en el mejoramiento de la salud son muy dudosos, lo cual permite advertir que la prioridad de la política sanitaria en el futuro cercano es el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios.(...)
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Estados Unidos junto a Japón y algunos Estados europeos han incentivado e impulsado al resto de los Estados a que abran sus fronteras y se inserten en el modelo de liberalización comercial. Estos países, en particular Estados Unidos promueven este modelo por medio de las relaciones comerciales que establece con otros Estados. Al establecer esta clase de relaciones, especialmente con Estados menos desarrollados, el país norteamericano busca mejorar su posición y obtener beneficios en detrimento de la otra parte por medio de la imposición de condiciones para maximizar sus beneficios y ganancias. La necesidad del gobierno estadounidense de mantener e incrementar su credibilidad ante sus ciudadanos y al mismo tiempo incentivar a los demás países para que abran sus fronteras se expresa en una incongruencia entre el discurso defensor del libre comercio y las estrategias proteccionistas como las barreras no arancelarias que pone en marcha y cuyo propósito es no perder espacio en el sistema internacional ni ver menoscabada su influencia sobre los demás Estados. Sin embargo, el establecimiento de medidas proteccionistas afecta las posiciones comerciales de países como Colombia en tanto que estas medidas ponen en desventaja a sus productos.
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Este trabajo se soporta sobre una base conformada por dos conceptos, que constituyen el horizonte contextual de la investigación: Derecho Administrativo y Comunidad de integración. Es claro que al hablar de una Comunidad de integración específica como la Comunidad Andina (CAN), incide de forma directa en la actividad del derecho administrativo.Ha sido necesario que los países que conforman los grupos de integración económica cedan parte de sus competencias para crear un ordenamiento jurídico de orden supranacional, el cual modifica la dinámica social de las relaciones comerciales y afecta la estructura de la administración pública, haciendo que el derecho administrativo no se limite a interactuar solo con derecho nacional. Esta mutua dependencia de las políticas internas y las regionales se realiza, entonces, cada vez que existe participación y compromiso de los Estados frente a las decisiones, de carácter vinculante o no. En esa medida surge el problema de investigación tendiente a esclarecer cómo ha sido la adopción de las decisiones e interpretaciones, emanadas de los mecanismos oficiales del Derecho Comunitario Andino, en el ordenamiento jurídico colombiano. La existencia de varios puntos de vista con respecto a la obligatoriedad o no de dicha adopción, moldea un tema de suficiente amplitud y profundidad para ser estudiado en un trabajo de investigación.
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Con la reglamentación del Decreto 1876 de 1994 del Artículo 194 de la ley 100 de 1993 se define a nivel nacional la participación de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creada o reorganizada por Ley, o por las asambleas o concejos. El Objeto de las Empresas Sociales del Estado es la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo de éste y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. De conformidad con lo establecido en el artículo 73 del decreto ley 1298 de 1994, las empresas sociales del Estado, para cumplir con su objeto, deben orientarse por los siguientes principios básicos: 1. La eficiencia, definida como la mejor utilización de los recursos técnicos, materiales, humanos y financieros con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población atendida. 2. La calidad, relacionada con la atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada, continua, de acuerdo con estándares aceptados sobre procedimientos científico-técnicos y administrativos, y mediante la utilización de la tecnología apropiada, de acuerdo con los requerimientos de los servicios de salud que ofrecen y de las normas vigentes sobre la materia. Estas empresas sociales del Estado se conforman como instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), creadas para que asuman la responsabilidad de la atención en salud de la población pobre vulnerable, no cubierta con subsidios, y la contratación de servicios para la atención del régimen subsidiado y el régimen contributivo Los niveles de atención de estas IPS dependerán directamente de su complejidad. Este trabajo realiza un análisis de la turbulencia en el sector de las ESE y/o IPS públicas del Norte Cercano Antioqueño, todas ellas con un nivel de complejidad de atención bajo (Nivel I). Las pruebas realizadas son: • Análisis de hacinamiento: Estrategia para la identificación de los síntomas de enfermedad del sector, que se efectúa a través de la práctica de evaluaciones cuantitativas y cualitativas. • Construcción del panorama competitivo: Metodología que permite la ubicación de las manchas blancas (oportunidades de innovación) que se encuentran en el sector estratégico. Fuerzas del mercado: Metodología que permite estudiar proveedores, competidores, compradores, nuevos ingresantes y sustitutos. • Estudio de competidores: Metodología que permite conocer el estado de las instituciones estudiadas mediante el análisis de supuestos sectoriales, crecimiento potencial sostenible e índices de erosión. Este documento fue realizado de forma conjunta por estudiantes de la asignatura Estudios Estructurales del Sector Estratégico, impartida en la Maestría en Administración en Salud del convenio Universidad del Rosario- Universidad CES de Medellín, y el profesor Hugo Alberto Rivera. Pretende hacer un aporte a la línea de investigación y relacionar las características de la definición del concepto perdurabilidad, propuestas por la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario y lo observado en las empresas. El Norte Cercano Antioqueño es una zona de Antioquia que representa una de las nueve subregiones en que está dividido este departamento. Ésta se subdivide en dos zonas, una de las cuales es la del altiplano; allí encontramos el municipio de San Pedro de los Milagros que a su vez limita por el norte con los municipios de Belmira y Entrerríos y, por el este, con el municipio de Donmatías. Las IPS de estos cuatro municipios son el sector insumo de nuestro estudio.
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El objetivo de este trabajo es mostrar la evolución de las políticas de vivienda en Colombia, así como hacer un acercamiento a las crisis del mercado hipotecario por las que ha pasado el país en el último siglo. Igualmente se analizan las opciones que trae el leasing habitacional como alternativa al crédito hipotecario y se identifica para qué segmentos de la población se ajusta cada tipo de financiación. Los análisis y las conclusiones de éste trabajo apuntan a explicar cómo las diferentes opciones de crédito pueden disminuir el déficit habitacional en Colombia.
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La investigación presentada parte de la definición del derecho a una vivienda digna y cómo este se configura como un derecho social fundamental a lo largo del discurso de los derechos humanos. Posteriormente se aborda la problemática del desplazamiento forzado en Colombia como consecuencia directa de la violencia, estableciendo sus orígenes, su dinámica espacial en el país y sus consecuencias. Se pone en evidencia la masiva movilización de la población rural afectada a las áreas urbanas, identificando las principales necesidades que afrontan por causa del desarraigo al que se ven sometidos. Entre las principales necesidades identificadas está la necesidad de una vivienda digna. Consecutivamente se hace un repaso de las medidas que el Estado colombiano ha desarrollado para suplir esta necesidad, analizando el marco legal diseñado y, en particular, la respuesta dada para cumplir con las directrices impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004. Este repaso hace énfasis en el modelo implementado por medio del subsidio a la demanda, mostrando sus falencias. Posteriormente se analiza el nuevo modelo desarrollado por el gobierno nacional, basado en el subsidio mixto de oferta y demanda. Finalmente, el trabajo propone recomendaciones que pueden complementar el modelo actual, mediante la conformación de un triángulo de cooperación entre el Estado, el Sector Privado y la población desplazada. Se enuncian algunas propuestas tendientes a fortalecer el modelo actual del gobierno nacional en temas como el suelo, la financiación, las formas de construcción y el acceso a servicios básicos.
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La perforación del apéndice es una complicación temprana de la apendicitis aguda, demoras en el diagnóstico o tratamiento incrementan la tasa de perforación. Se desconoce si la perforación dl apéndice es un reflejo de inequidades sociales. Se pretendió determinar la asociación de la apendicitis aguda perforada en adultos y la equidad en acceso a salud. Estudio tipo cohorte retrospectivo documental, de historias clínicas de pacientes con apendicitis aguda; el análisis se realizó con Stata 11.1 y Epi-info. Los resultados se presentaron en tablas y figuras. Se incluyeron 540 casos (292 hombre y 248 mujeres), el grupo de edad que aporto más datos fue el de 18 a 49 años (391 pacientes); el tiempo medio de síntomas a consulta fue de 37,45 horas, y de 5,3 horas para el paso a cirugía desde el ingreso, fueron solicitadas 76 ecografías y 53 tomografías, 50 interconsultas a urología y 10 a ginecología hasta el diagnostico. El grupo de mayores de 49 años, el estrato socioeconómico tres y la tomografía fueron factores de riesgo independientes para perforación del apéndice. El análisis multivariado mostró asociación lineal entre el estrato socioeconómico y tiempo de síntomas al ingreso, tiempo para paso a cirugía, solicitud de ayudas diagnósticas e interconsultas, con buena significación estadística. La apendicitis aguda perforada en adultos, podría ser un indicador de inequidad en salud. Se requiere de estudios multi-céntricos, con mayor tiempo de evaluación y muestra para demostrar si el apéndice perforado es un trazador de inequidades en salud en Colombia.
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Los esfuerzos de la presente investigación se concentran en el cumplimiento del objetivo principal, el cual consiste en analizar el arrendamiento como un programa que puede ser incorporado en la política de vivienda en Colombia, para dar respuesta de forma transitoria y/o temporal de alojamiento a los hogares con ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos, ya que actualmente la política sectorial no incorpora esta forma tenencia de la vivienda para ofertar soluciones habitacionales. El arrendamiento tiene rasgos interesantes e importantes de destacar, tales como que él mismo constituye una forma de tenencia de vivienda eminentemente urbana. Además, es un mercado al que acuden todos los estratos socioeconómicos, por lo cual no es un mercado segregado. Igualmente, al relacionar ésta tenencia con el territorio y por ende con la economía espacial, se puede decir que no existe segregación socio-espacial muy pronunciada frente a la distribución urbana de la tenencia de la vivienda en arrendamiento. En este sentido, la tenencia de la vivienda en forma de arrendamiento se presenta en todo el territorio urbano de Cali, Medellín y Bogotá.
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El objetivo principal de este documento es realizar un análisis sobre el componente educativo del Programa Familias en Acción, para establecer si el subsidio condicionado brindado por dicho programa contribuye a garantizar el derecho a la educación básica y media. Con dicho fin, se tomará como estudio de caso el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca en el periodo comprendido entre 2006 y 2010. De este modo se analizará y explicará por qué se considera que el componente educativo del PFA ha influido de una forma parcial e incompleta a la garantía del derecho a la educación. Lo anterior, teniendo en cuenta la definición de educación y los componentes del núcleo esencial de este derecho, sumado a la exposición de las etapas de la política pública, su definición y la reconstrucción del proceso vivido por el programa en cuestión.
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Las nuevas generaciones colombianas vemos con gran preocupación los cambios realizados en la última década al Sistema General de Seguridad Social, en materia de pensiones y como en el mercado laboral es más difícil adquirir a futuro una pensión digna acorde con las necesidades de la persona. Es preocupante como a través de pequeñas reformas al Sistema General de Seguridad Social, se hace más gravosa la situación del empleado. Dentro de los temas más inquietantes se encuentran mayor edad para adquirir la pensión, más semanas de cotización y menos subsidios. Adicional a estos esta la falta de empleo y por ende la disminución salarial que no permite acceder a una pensión digna, porque quienes tienen acceso a la vida laboral se encuentran con salarios muy bajos que generan gran dificultad al momento de mejorar las rentas pensionales. Según estudios realizados en la Universidad del Rosario: “El Sistema de Seguridad Social en Colombia ha sufrido grandes cambios en los últimos diez años. Una de las razones se debe al crecimiento demográfico. Según las estadísticas del DANE, las personas de 60 años fueron el grupo de mayor crecimiento en el año 2.000 y representan el 7 por ciento de la población total del país, por tanto son las pensiones de estas personas las que los jóvenes trabajadores están subsidiando.”1 Por tanto, el desafió que tenemos los jóvenes es asegurar nuestro futuro desde ahora, tomando parte en las decisiones que puedan menoscabar nuestros derechos. En materia económica es indispensable un crecimiento de productividad que permita aumentar los salarios reales y así mejorar los aportes para formar la pensión, mejorar la mesada de retiro e incrementar los niveles de cobertura.
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A raíz del pavoroso terremoto que tuvo lugar en el Eje Cafetero colombiano en 1999, que causógrandes pérdidas humanas y una gran destrucción, sobre todo del inventario inmobiliario, hubo ungran movimiento nacional de solidaridad tanto estatal como privado para socorrer las víctimas. Elprincipal rubro fue de recursos en la forma de subsidios a los afectados para que compraran nuevasviviendas, pero no se tomaron precauciones con respecto al mercado de tierras, a pesar de que lalegislación tiene valiosos instrumentos de gestión del suelo. En este estudio se hace una estimacióndel monto de estos subsidios que en realidad fueron apropiados por los propietarios de los terrenos,en la forma de elevación de precios del suelo y no por los damnificados. El caso es interesante porquelo observado tal vez pueda aplicarse al sistema general de subsidios de vivienda que constituyeel eje central de la política gubernamental
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La industria metalúrgica a nivel mundial es considerada como el segundo clúster más grande y emplea aproximadamente setenta millones de personas sumando los sectores que se mueven en esta industria no formalizados. Igualmente genera el segundo PIB más grande en el mundo después de la industria petrolera. Además, en el panorama nacional, es una industria con un alto desarrollo , crecimiento acelerado y de grandes aportes económicos al país, tanto en materia de empleo como en desarrollo infraestructural, siendo de los principales sectores con mayor contribución en el país aportando un 9% de PIB. De acuerdo a esto se realizó un estudio que permitirá conocer el desarrollo de esta industria en Colombia y evaluar su infraestructura logística, ya que se puede percibir un importante potencial en esta industria debido a la necesidad y alta demanda del acero como materia prima; así como su contribución al desarrollo económico en Colombia. En este documento se apreciara la estructura de la cadena de suministros del acero, se describirá el clúster, se interpretaran datos reales de producción, ventas y exportaciones. Igualmente se estudiarán las percepciones del gremio y sus propuestas de crecimiento, las influencias políticas y económicas que inciden en la operación de esta industria. De acuerdo a esto, el interés es que mediante este proyecto de investigación se realice un estudio de la situación actual de la industria del acero en Colombia, identificando sus competencias, elementos para implementar y la infraestructura necesaria para estar al nivel de los principales competidores a nivel mundial.
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La vivienda es un bien social importante para el progreso del país porque influye en el desarrollo social y económico de su población. Si cumple las condiciones mínimas de habitabilidad, tales como infraestructura de calidad, servicios públicos
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La salud además de ser un derecho fundamental también es un servicio público, el cual debe brindarse adecuadamente en términos de oportunidad, cobertura y calidad. Al entender la salud como un derecho fundamental autónomo, significa, que requiere por parte del Estado la garantía de su goce efectivo para todos los habitantes del territorio nacional, el cual es susceptible de limitaciones, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, dentro del marco de la dignidad humana. Por otro lado, el análisis de la salud como un servicio público puede abordarse desde la prestación del mismo por parte de los particulares, lo que significa analizar la figura de la descentralización por colaboración en un Estado Unitario, lo que implica: 1. La actuación de particulares en la prestación del servicio público, previa autorización legal 2. La implementación de sistemas de control, inspección y vigilancia, por parte del Estado sobre dicha prestación. 3. La expedición de instrumentos de regulación y reglamentación normativa que regulen la prestación del servicio público de salud. A través de la interpretación integradora podemos afirmar que la salud es un derecho de la persona que se materializa mediante la prestación de un servicio público de carácter obligatorio. Es decir, los servicios públicos se constituyen como instrumentos para garantizar el logro de la plena vigencia y eficacia de los derechos constitucionales y por ende de la realización de los fines del Estado Social de Derecho.