977 resultados para Legitimidad política


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Desde el inicio de su primera gestión presidencial, en el año 2002, el presidente Álvaro Uribe Vélez convirtió el concepto de Seguridad Democrática en un término recurrente para invocar una política de seguridad que legitimara la acción del Estado contra las principales amenazas identificadas por los colombianos: el terrorismo (condensado en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC - EP) y el narcotráfico. La presente investigación tiene como objetivo discutir si este discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez que privilegia, entre los años 2002 y 2004, una política del miedo, fue una estrategia de marketing del miedo o fue una estrategia de profundización democrática.

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El uso de instrumentos y directrices en la política pública para la modelación de los resultados de la actividad científica y tecnológica ha sido frecuente en el Estado colombiano. Este trabajo bajo la ‘teoría de la regulación’ de Black, examina el Modelo de Medición de Grupos de Investigación y de calificación de Revistas Científicas –Publindex- de Colciencias, como instrumentos de intervención del Estado, fundados en el uso de indicadores bibliométricos y cienciométricos. Para ello, se da respuesta a interrogantes referidos a la auto-organización de la ciencia; su relación con el Modelo de Grupos de Investigación, la influencia que dicho modelo tiene sobre la libertad de investigación; las implicaciones que tiene el otorgar categoría o status a los Grupos por actos estatales y la conveniencia de que el Estado tenga un sistema de incentivos para el examen de información científica y técnica originada en indicadores científicos, entre otros. Se busca en síntesis, aportar elementos que permitan, desde una perspectiva sistémica e interdisciplinaria explicar algunas de las razones por las cuales los elementos involucrados en la estructuración de la normativa de ciencia y tecnología, pueden inducir a afectaciones negativas y positivas en el quehacer científico y tecnológico.

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Esta investigación tiene como objetivo evidenciar la tensión entre legalidad y legitimidad, a raíz de la intervención de Estados Unidos en Irak en el año 2003. Dicha tensión es el resultado de la implementación de procedimientos democráticos que promovieron cambios legales en el gobierno iraquí. Sin embargo, fue la instrumentalización de tales procedimientos lo que generó una falta de legitimidad del gobierno iraquí por parte de algunos sectores sociales, debido a los intereses económicos, políticos y sociales que tenían aquellos grupos que detentaban el poder. La investigación ofrece un análisis sobre Irak bajo los conceptos de democracia formal, democracia sustancial, legalidad y legitimidad, con el propósito de comprender de manera detallada el tipo de democracia que se estableció en Irak y las tensiones generadas en la sociedad iraquí.

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Esta monografía busca explicar la incidencia de la cultura política nicaragüense en el mantenimiento del régimen de los Somoza (1936 – 1979). Se explorará la incidencia de la cultura política nicaragüense en el régimen autoritario tradicional de los Somoza a través de las orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas de la población, que permitieron el mantenimiento y una relativa estabilidad y duración de aquél en Nicaragua. Se comprenderá el régimen somocista como un régimen autoritario tradicional. Posteriormente, siguiendo los postulados de Gabriel Almond y Sidney Verba, se identificará los principales elementos de la cultura política nicaragüense durante el régimen de los Somoza y por último, se explicará cómo incidió la cultura política en la aceptación pasiva del régimen, el uso del terror como una herramienta de estabilización y la ausencia de una identidad ciudadana democrática.

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En este artículo se estudian dos modelos de reforma educativa y las causas posibles de su fracaso. Los dos intentos de reforma aspiran a lograr una mayor igualdad de oportunidades educativas a través de una forma más integrada de educación postelemental y preuniversitaria. En el caso de la República Federal de Alemania se centra en el intento de aumentar la equidad tanto en el acceso a la educación como en el éxito educativo, a través de la introducción de un sistema integrado de educación postelemental o Gesamtschule, en lugar del tradicional sistema dividido en tres niveles. La línea general en Francia ha sido el intento por superar o reducir la estratificación interna de la escolarización secundaria, especialmente en el tramo superior del primer ciclo de secundaria. Las posibles causas de fracaso de estas reformas son: las discontinuidades macropolíticas, que han alterado significativamente la configuración de las grandes fuerzas políticas en cada país en los últimos veinte años, la precariedad y la legitimidad del Estado, y el compromiso estructural con el orden existente en la distribución del poder y el estatus.

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Afirma que la comunicación política, como espacio de resolución de los conflictos sociales entre los distintos actores: Estado, partidos políticos, medios de comunicación y opinión pública, implica transitar por el estrecho sendero que discurre entre la adecuada transmisión de la realidad y una realidad medial construida, por lo tanto es necesario construir una identidad diferenciada y fortalecida para cada uno de los actores, sustentada en su principio de legitimidad para la adecuada gestión de los medios. El artículo forma parte de una monografía sobre comunicación, educación y democracia.

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Tiene como propósito determinar si ¿ha funcionado correctamente la inaplicabilidad de preceptos contrarios a la Constitución por parte de los jueces ordinarios ecuatorianos frente a la tutela efectiva de los derechos ciudadanos?. Interrogante que a través de los distintos capítulos que componen la presente tesis pretende ser resuelta mediante la confrontación de dos tendencias - legalismo vs. constitucionalismo- en donde los actores judiciales juegan un papel trascendental a la hora de interpretar las normas existentes, observar su apego al texto constitucional y si fuere el caso declararlas inaplicables. Dentro del trabajo se recurre a un estudio entre otras fuentes de las normas contenidas en la Constitución ecuatoriana codificada en 1998, así como de la nueva Constitución del 2008, en donde realizamos un estudio crítico de las debilidades y fortalezas que cada una de estas Cartas Políticas presentan. Los principales temas abordados en la tesis los podemos sintetizar en: la tensión existente entre jueces y legisladores, asumiendo un estudio del "principio contramayoritario" según el cual los jueces no gozarían de una legitimidad democrática; lo cual conlleva a realizar un análisis de la democracia procedimental propia de la denominada "soberanía parlamentaria", y la democracia sustancial en donde hace su aparecimiento la llamada "soberanía constitucional". Partimos de un estudio de la institución del control constitucional de manera general para luego direccionarnos hacia el análisis del control difuso de constitucionalidad. También recurrimos a la revisión de casos emblemáticos de inaplicación de preceptos inconstitucionales, mismos que de manera sumaria los exponemos ejemplificadamente.

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El conflicto político que actualmente se vive en Venezuela ha sido caldo de cultivo para el surgimiento de lo que suele denominarse “polarización social”; puede definirse como el posicionamiento radical de las personas y grupos en alguno de los “bandos” que participan de un conflicto. Dicho posicionamiento es excluyente, es decir, cada parte involucrada niega la legitimidad o la existencia de las otras, generalmente con una fuerte carga emocional que involucra la vida personal dentro del conflicto político. La polarización alcanza todas las instancias de la vida social y política, siendo al mismo tiempo causa y consecuencia de “la deslegitimación de las instituciones que, dentro del Estado, están capacitadas para intervenir en la resolución de los conflictos: poder electoral, poder judicial, poder legislativo, etc., dejando a los/as ciudadanos/as en una especie de mezcla explosiva entre deriva, desesperanza, desconfianza y pesimismo” que puede tener, entre otras, dos salidas: el recrudecimiento de la polarización y la violencia, o la apatía absoluta frente a la política y la participación en la vida pública. Cualquiera de estos dos caminos produce el deterioro y obstaculiza el ejercicio de la ciudadanía. De todo esto se deduce la necesidad de intervenir la sociedad en su conjunto, para de esta manera disminuir los niveles de conflictividad y polarización que se presentan en todos las capas sociales, sin distinción de credo, color, sexo o edad. Así la sociedad venezolana podrá garantizar la transformación efectiva de la forma en que tradicionalmente se ha entendido el conflicto en el país.

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«La soberanía reside en el pueblo». En este precepto descansa el sistema democrático; sin embargo, en sociedades con una elevada desigualdad social, la participación del pueblo en la toma de decisiones mediante canales institucionales es casi inexistente. Las acciones colectivas y los movimientos sociales surgen, en estos contextos, como la única oportunidad de quienes han sido excluidos del debate político para hacer escuchar su voz. La protesta social ha conseguido en Ecuador la inclusión o ampliación de derechos en la Constitución y la ley, detener la agenda neoliberal e inclusive revocar de facto el mandato a tres presidentes de la república. La participación popular no institucional en la conducción de los asuntos públicos fue reconocida en la Constitución mediante el derecho a la resistencia. Sin embargo, la otra cara es la criminalización de la protesta. Sucesivos gobiernos han utilizado al derecho penal como herramienta de amedrentamiento y desmovilización de los movimientos sociales. El presente trabajo analiza la interrelación del derecho a la resistencia y la criminalización. En él se defiende que la constitucionalización del derecho a la resistencia genera consecuencias jurídicas que alteran el sistema de fuentes del derecho, la aplicación del derecho penal e inclusive la forma en que se conciben los conceptos de participación política y democracia.

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El propósito del trabajo es analizar el caso particular de un grupo organizado de hinchas de fútbol, conocido popularmente en Argentina como la barra o la hinchada. En primer lugar, realizo una presentación de la organización social y política del sector de hinchas y de los valores que subyacen a las prácticas violentas que éstos sintetizan en la categoría nativa aguante.Teniendo en cuenta estos aspectos, en segundo lugar, estudio cómo se sostiene legítimamente el poder de los jefes de la barra. La descripción de la participación de éstos y de ciertos hombres prestigiosos del sector en la elección de autoridades del club en 2005 permite convalidar la idea sobre el desarrollo de formas particulares de organización y pautas propias de legitimación de sus líderes.

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Para entender la relación entre religión y política en Argentina, necesario reconocer las tendencias de justificación sagrada en los imaginarios religiosos. En este sentido, la legitimidad religiosa es construida sobre la crítica de la política neoliberal y sus consecuencias en la vida social (pobreza, exclusión, marginalidad). La presencia católica, las manifestaciones protestantes, y la crítica de otros grupos religiosos (por ejemplo, la crítica del rabino Alejandro Bloch) tienen en común una profunda objeción al neoliberalismo.