980 resultados para Intervención estatal
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Documento informativo, n. 40
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Hasta no hace muchos años, en Argentina, la tenencia de la tierra era casi una condición suficiente para la producción agrícola. En los últimos años, el crecimiento en las cantidades obtenidas de granos, se ha dado en el contexto de una nueva forma de organización, donde son muy importantes otros factores productivos (capital –maquinarias-, capacidad empresarial), nuevos insumos (semillas transgénicas, nuevos agroquímicos y fertilizantes) y donde la tecnología que ambos tienen incorporada se potencia en agentes que acumularon un importante stock de conocimiento tácito. Más que por quién usa la tierra, el eje pasa por cómo la misma se utiliza. Los cambios tecnológicos y organizacionales tienen mucho que ver en la expansión agrícola argentina de las últimas décadas. Relacionado con estos factores e insumos, se destacan nuevos y remozados actores que, en conjunto con los productores y los eslabonamientos con la industria y los servicios, conforman y trabajan en forma de red (Bisang y Kosacoff, 2006). Como aporte a la descripción de este fenómeno, el objetivo de este trabajo es estudiar uno de esos protagonistas: los prestadores de servicios o contratistas. Se plantea como hipótesis que los cambios tecnológicos evidenciados en el agro fueron, en parte, canalizados hacia los productores por un actor (contratistas) que, especializado en la tenencia de un factor productivo (maquinaria), conjuga capacidad empresarial y financiera, necesidad por aplicar los cambios tecnológicos junto con conocimiento tácito, mayor posibilidad de diversificar el riesgo agropecuario y estrechas relaciones con el resto de los actores (dueños de la tierra, Centro de Servicios, etc.). A lo largo del trabajo se resume la interacción histórica entre los contratistas y la agricultura como una forma de caracterizar a estos empresarios y resaltar los aspectos que han influido en su expansión, convirtiéndolos en una peculiaridad de la agricultura argentina. Este repaso ofrece claros indicios sobre la hipótesis planteada -luego confirmados con información estadística- que, además, permite medir el peso de estos actores en la economía y su evolución reciente.
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[ES] La necesidad de reducir emisiones de CO2, consecuencia del Protocolo de Kyoto, hace que la intervención estatal sea necesaria para forzar al mercado a asumir los costes sociales y medioambientales de la producción eléctrica actual. Una vía de acción es el uso de políticas que promuevan sistemas de producción más limpios: un mayor uso de energías renovables. Con el fin de minimizar el coste de cambio de sistema es conveniente un estudio ex-ante de las políticas aplicables. El alto coste que la insularidad repercute al sistema eléctrico convierte a las Islas en un escenario privilegiado para su estudio.
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En este artículo se propone reflexionar sobre un conjunto de herramientas conceptuales que permitan analizar los modos en los cuales se configura la acción pública en el espacio urbano. Para ello se revisan una serie de contribuciones de la teoría política que consideran al aparato burocrático, en tanto objetivación de las instituciones estatales, como garante de las relaciones de producción hegemónicas. Y, al mismo tiempo, se supone que el ámbito intraestatal posee una dinámica específica, constituyéndose como un espacio de disputa política entre diversos actores. Teniendo en cuenta este escenario, el análisis de las políticas públicas implica una lectura dinámica acerca de la articulación de las relaciones sociales en el ámbito estatal, que exige indagar las estrategias y los intereses de los actores que se organizan en torno a redes o entramados según las cuestiones socialmente problematizadas que logran permear la agenda pública. Desde esta perspectiva se propone elaborar una definición de política urbana y delimitar una serie de interrogantes básicos para su abordaje. Para tal fin, se consideran ciertas particularidades que asume la política urbana como una política pública de fuerte impronta territorial. Además, se reconocen distintas formas de intervención estatal en el espacio urbano y ciertos nudos problemáticos que hacen a la definición de la cuestión urbana en la actualidad, escenario de la sanción de un nuevo marco normativo en la provincia de Buenos Aires.
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El propósito del presente trabajo es reconocer, cómo a partir de las tensiones globales y locales, de carácter socio - espacial e imbricadas en el proceso de metropolización que acusa el ámbito expandido de la ciudad de Paraná, es factible identificar y analizar los criterios básicos para proyectar una inédita gestión metropolitana dentro del espacio regional que constituyen tanto el ejido de la capital de la Provincia de Entre Ríos como el de sus tres municipios conurbados. En consecuencia y a tal fin, se intenta aquí establecer los nuevos desafíos incorporados a la gestión urbano-ambiental, tanto provincial como municipal, dentro de los que se platea articular la intervención estatal y la participación comunitaria, en el marco de un proceso de ordenamiento territorial del ámbito metropolizado en esas cuatro jurisdicciones en las que hoy habitan más de trescientos mil comprovincianos. Se trata, por tanto, de un proyecto estratégico que institucionalmente persiga la posibilidad de articular en simultáneo cuatro criterios políticos considerados aquí básicos para la gestión democrática del territorio metropolitano: la gobernabilidad, la competitividad, la sustentabilidad y la inclusión social. Criterios que, dentro de esa inteligencia, guiarán el análisis desarrollado sobre propuestas de actuación, jurídico-normativas y de gestión para abordar la compleja problemática del espacio urbano-regional. Es en tal contexto entonces, y dentro de esos principios primordiales para la intervención urbano-territorial, en el que se estima posible plantear, desde el ámbito institucional del Gobierno de la Provincia y de los gobiernos municipales, un acotado y preciso conjunto de políticas sectoriales básicas de ordenamiento que habiliten al despliegue de estrategias comunes y de consenso social posible, destinadas a transformar las críticas condiciones por las que atraviesa la conurbación en su conjunto, sin por eso vulnerar la autonomía de la jurisdicciones municipales incluidas en el espacio geográfico. Concluyendo, en el presente trabajo se analizan e identifican en forma iniciática, los criterios esenciales para el logro de los objetivos territoriales y las metas institucionales que dentro de la gestión metropolitana, puedan asumir el Estado Provincial y las jurisdicciones municipales, en tanto dispositivos gubernamentales destinados a que legal y orgánicamente, sean orientadas las políticas que tengan el propósito de afrontar tanto los procesos territoriales distorsivos como los déficit, las asimetrías y las carencias socio-ambientales que acusa la población del Gran Paraná