1000 resultados para Indígenas de Colombia--Aspectos sociales
Resumo:
Fil: Lentini de Inchaurraga, Iris.
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La autora analiza algunas de las implicaciones sociales, pragmáticas y culturales que la labor del traductor conlleva. Se toman bajo consideración cambios histórico-lingúísticos, localización e internacionalización y los prejuicios sociales y su relación a la traducción en tanto práctica. La traducción se visualiza entonces como un acto de afirmación política, cultural, ideológica y ética.
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Al emprender iniciativas que permiten dar forma al futuro del país que soñamos, la Universidad del Rosario asume un compromiso claro con las comunidades objetivo de las mismas en materia de viabilidad, sostenibilidad, e impacto real a sus condiciones de vida. En esta perspectiva, la institución entiende la responsabilidad social universitaria como una vía para generar efectos pertinentes y evidentes, a partir de cada una de sus intervenciones.
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El presente trabajo pretende analizar los cambios institucionales, administrativos y de gestión producidos en el sector de agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Chocó, a causa de las reformas impulsadas por la política de descentralización y sus distintos procesos entre 1986 y 1996 que se caracterizaron por combinar formas de centralización y descentralización con el ánimo de coordinar y generar colaboración y responsabilidades mutuas entre los distintos niveles de gobierno, dentro del enfoque de la inserción del “agua” como un derecho constitucional a partir de 1991.
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En esta investigación se brindó el origen del conflicto armado en Buenaventura precedido por colisiones sociales con eventos graduales desde 1948 hasta 2010 marcando “acentos” en lo transcurrido en los últimos años. Se caracterizó el conflicto armado en el municipio de Buenaventura desde la perspectiva de actores locales los cuales expresaron visiones diferenciales sobre el conflicto dependiendo los contextos urbano-rurales que los padecen. De igual manera el presente estudio documenta acciones del PCN y PEC, organizaciones sociales estructuradas que operan en Buenaventura las cuales han emprendido acciones traducidas en tipificación del articulado constitucional y legislativo como el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991 y la Ley 70 de 1993.Finalmente se esbozaron algunas expectativas que se tienen en el momento frente al conflicto en el municipio las cuales establecen diversos escenarios frente a lo que puede acontecer en Buenaventura. Lo anterior desde la perspectiva de líderes afrocolombianos y representantes de Consejos Comunitarios.
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Esta monografía busca analizar la Crisis Humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta en el año 2005, a partir de la ayuda humanitaria brindada por el Plan Integral de Acción Social, en el resguardo indígena kankuamo. Se plantean como sus propósitos particulares: estudiar la situación en la que se encontraba la población indígena kankuama en el momento de aplicar el Plan Integral de Acción Social y analizar las acciones y los resultados obtenidos por el Plan Integral de Acción Social, en el resguardo indígena Kankuamo.
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Esta monografía busca entonces describir un conjunto de relaciones de poder mediante el análisis de los conceptos de frontera y comunidad en el marco de la desobediencia civil, utilizando como caso práctico a la comunidad Wayúu, a partir del reconocimiento de sus subjetividades en la Constitución de 1991. La propuesta que se desarrolla en esta monografía da cuenta de una investigación de tipo cualitativa, interesada en desarrollar tres conceptos que aparentemente no guardan relación alguna, pero que situados dentro del contexto colombiano tienen como resultado un fenómeno político que en la actualidad precisa ser desarrollado en tanto que alberga nuevas claves que permitirán el entendimiento de ciertas conductas tipificadas de forma maniqueísta por algunos legisladores. El objetivo principal de este texto es reconstruir el camino conceptual y teórico que nos lleva afirmar que la frontera desempeña un rol de designación del imperio de la ley que es desafiado por los Wayúu a través de la desobediencia, como una acción política, que pone en evidencia el cuestionamiento del poder del Estado -y su hegemonía identitaria- frente a las prácticas de los grupos étnicos. De esta forma evidenciaremos entonces dentro del marco de la subjetividad cultural que “el problema es que la opción que se deja a los Wayúu es la de la marginalidad y la ilegalidad”8, en tanto que no se reconoce que la realidad legal en este contexto “constituye una especie de collage de prácticas obligatorias y normas emanadas de fuentes estatales y no estatales”
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Fondo Margaritainés Restrepo
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Se investigó las características y desarrollos que han tenido los programas de educacion indígena en cuatro universidades bogotanas teniendo en cuenta las experiencias de los estudiantes indígenas vinculados en las mismas.
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El discurso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en su primer periodo presidencial, y el discurso de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en torno a las fumigaciones con glifosato resultan en una relación antagónica, la cual produce una deslegitimación de la identidad cultural necesaria para la supervivencia de las comunidades indígenas. El análisis de los elementos de dicho antagonismo permite entender cómo se articula el discurso reivindicativo de las comunidades indígenas y cómo se fortifica la lucha reivindicativa por la legitimación de la identidad cultural. El discurso reivindicativo unifica las demandas generadas por dichas comunidades en torno a las fumigaciones con glifosato, mientras la lucha reivindicativa por la legitimación pretende resolver estas demandas y sentar las bases de un modelo de accionar político regido a partir de la aplicación de la palabra y el pensamiento tradicional de los pueblos indígenas.
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Los pueblos indígenas, desde hace varias décadas, dejaron de ser simples objetos de discusión y pasaron a ser actores del sistema internacional, y a ser participes del diálogo multilateral de los derechos humanos entre Estados, actores no estatales y organizaciones internacionales. Aunque su participación se ha favorecido con la creación de diversos instrumentos internacionales y escenarios propios al interior de las Organizaciones Internacionales, y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (Art. 7 Constitución Política), los canales entre el gobierno y la sociedad no funcionan correctamente, motivo por el cual los pueblos indígenas han desarrollado diferentes redes transnacionales de defensa en conjunto con actores no estatales (ONG"s) y Estados. Bajo este contexto la investigación gira en torno a analizar, a partir del estudio de caso, cómo las redes transnacionales de defensa y las prácticas de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC, y su interacción con el gobierno y la Organización de Naciones Unidas -ONU, incidieron y permitieron la visita y el análisis de la situación de desplazamiento forzado de los pueblos indígenas Embera por parte de los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas durante 2004-2009.
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El problema del paramilitarismo en Colombia ha afectado diversas capas de la sociedad colombiana. En la Sierra Nevada de Santa Marta específicamente unos de los principales afectados han sido las comunidades indígenas que ahí habitan (Koguis, Arhuacos, Wiwa y Kankuamos), siendo estos obligados a pertenecer a una lógica de guerra caracterizada por involucrar a la población civil y por utilizar al narcotráfico como medio de financiación. Por lo tanto la investigación que se presenta a continuación es una aproximación teórica a las lógicas de la guerra paramilitar en la zona y su influencia sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades indígenas entre los años 2002 y 2007.
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La concentración de tierras ha sido una problemática recurrente en la historia de Colombia. La desigualdad en la distribución de las tierras ha moldeado constantemente a lo largo de las décadas nuestra realidad nacional. A pesar de la implementación de políticas agrarias en el pasado como la ley 200 de 1936 y la ley 135 de 1961, el conflicto agrario ha afectado de manera constante como generador de inequidad, violencia y desplazamiento dentro de la sociedad colombiana desde la Independencia hasta nuestros días, sin que hasta el momento el problema sobre la tenencia de la tierra haya sido resuelto.