964 resultados para Human right treaties
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Las vivencias presentadas, están basadas en la experiencia de trabajo de la Biblioteca Nacional del Perú, en el establecimiento penitenciario de régimen cerrado Piedras Gordas ubicada en Ancón a 50 minutos fuera de la ciudad de Lima. Siendo la educación un derecho humano que opera como un derecho llave, ya que abre el conocimiento de otros derechos. El Sistema Nacional de Bibliotecas - SNB a través del centro coordinador de la Red Bibliotecas Educativas y Especializadas, realizó en forma experimental el servicio de maletas viajeras, como actividad de extensión bibliotecaria con el Programa Lectura sin barreras, enmarcado en los Derechos Humanos, accesibilidad a la información y la animación y fomento de la lectura. Así como el desarrollo de dos proyectos: Despertando talentos ocultos (2005) y Libres por la creatividad (2006).
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Las Empresas Militares y de Seguridad Privada (EMSP) se han caracterizado por prestar diferentes tipos de servicios en distintos escenarios internacionales y nacionales. Asimismo, por ofrecer una amplia gama de actividades que han sido útiles para quienes solicitan de ellas. En el caso especifico de la Guerra en Irak fue relevante debido a que el gobierno decidió contratar varias compañías que además de contar con cientos de empleados, llevaron a cabo funciones que antes habían sido efectuadas únicamente por las fuerzas militares o por empleados oficiales del gobierno estadounidense. De esta forma, por medio del presente estudio de caso se buscan analizar las tareas que fueron asignadas, dar a conocer datos referentes al número de contratistas en Irak, el valor de algunos contratos, las funciones que fueron cedidas a estas compañías, como también ver de qué modo afectó positiva o negativamente al gobierno de los Estados Unidos. No obstante, el estudio del caso de Irak dio la posibilidad de indagar acerca del cómo los Estados podrían utilizar de mejor forma los servicios de las EMSP sin perder el control o crear dependencia de estas.
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Estado del arte que recopila pronunciamientos de diversos autores sobre el papel de la Organización de Naciones Unidas, específicamente la Misión MINUGUA, en el proceso de reconstrucción posconflicto en Guatemala comprendido entre el año 1994 y 2004. Se basa en algunas dimensiones de la democratización como son el Estado de Derecho, la democracia representativa, la preeminencia del poder civil, y el fortalecimiento de la cultura democrática. Así mismo, tiene en cuenta los elementos de la justicia transicional, a saber: verdad, justicia y reparación.
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La cruel realidad de los niños víctimas del conflicto armado en nuestro país y alrededor del planeta, indica la urgencia de asumir esta problemática de manera prioritaria y convertirla en premisa especial de las políticas gubernamentales. Millones de niños y niñas están siendo afectados por fenómenos sociales derivados de los conflictos armados como lo son la invalidez, el desplazamiento, la violencia, los abusos, e incluso la muerte. Los datos arrojados por instituciones como la UNICEF, la Human Right Watch y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hablan de que el 50% de la sociedad desplazada por la violencia y los conflictos sociales se ubica en el rango de edad niño; 80% de las muertes que se causan por los conflictos armados son de terceros pertenecientes a la sociedad civil y un tercio de estas corresponden a niños y niñas. Además, aproximadamente 300.000 niños y niñas están directamente involucrados en actividades milicianas en el mundo entero y cerca de 10.000 niños mueren anualmente por causa de minas antipersonales y demás actividades militares no convencionales
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En el presente trabajo se analiza la obligación de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana referente a la constitucionalidad del Marco Jurídico para la paz. De la aparente remisión que hace la Corte Constitucional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario se concluye que la Corte Constitucional propone como premisa mayor una obligación que surge de una interpretación extensiva de la Convención Interamericana. De la misma forma, se estudia el tratamiento indebido del derecho aplicable a las amnistías e indultos, que se relaciona con la necesidad de evitar cualquier tipo de impunidad, cuyo concepto sirve para esclarecer cuáles son los estándares que se quiere proteger. Por último, se analiza el contexto al que se pretende aplicar dicha obligación, es decir, la justicia transicional, proponiendo un modelo interpretativo de los fines de la pena, y su aplicación por medio de la favorabilidad penal, para la justicia transicional, que sea acorde a la interpretación de la Convención Interamericana.
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Introducción: La escala LLANTO para dolor es una escala que hasta la fecha ha sido solo validada en población infantil española, actualmente no se conocen datos en población colombiana. Se pretende validar la escala de dolor LLANTO en pacientes neonatos y menores de 5 años, a través de su aplicación en pacientes atendidos en una de tres instituciones, además comparándola con las escalas FLACC y PIPP dependiendo de edad del paciente. Metodología: Se incluyeron niños con cualquier tipo de dolor, clasificándolos en dos grupos por edad: 1) neonatos y 2) niños entre 1 mes y 5 años de edad, que asistieron a la Fundación Cardioinfantil, Clínica Infantil Colsubsidio o al Hospital Universitario Mayor. Las escalas fueron aplicadas por dos residentes de pediatría y una enfermera especializada en el cuidado de población infantil. Para la prueba piloto se diseñó un cuestionario determinar dificultades en la aplicación de la escala LLANTO. Una vez corregidos los problemas identificados se procederá a la validación de la escala. Resultados: Se presentan los datos de la prueba piloto. Se incluyeron 8 neonatos y 8 niños entre 1 mes y 5 años, esta muestra fue obtenida en un periodo de un mes, con la encuesta se evaluó la aceptación y entendimiento de la escala LLANTO por parte de los evaluadores. La prueba piloto mostró resultados favorables en el 100% de los encuestados. Discusión: Se considera que la escala LLANTO no requiere cambios para continuar con su validación.
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Introducción: La gran mayoría de las medidas de normalidad utilizadas para la interpretación de resonancia cardiaca son extrapoladas de las medidas de ecocardiografía. Los limitados registros de medidas de normalidad se encuentran ajustados en poblaciones extranjeras, no hay registros en latinoamericanos. Objetivo: Determinar las dimensiones cardiacas utilizando resonancia magnética en una población de personas sin antecedente médicos con repercusión cardiaca para lograr una muestra de valores que permitan ajustar las medidas de normalidad utilizadas por nuestro servicio. Materiales y métodos: se analizaron 45 sujetos sanos con edad comprendida entre los 21 y 45 años, las adquisiciones se realizaron utilizando un equipo de RM de 1,5 teslas, el análisis de las imágenes se realizó mediante el programa Cardiac Volume Vx. Se evaluaron múltiples parámetros morfofuncionales a través de análisis estadístico por medio del sistema SPSS versión 23. Resultados: Mediciones obtenidas de ventrículo izquierdo principales fueron volumen diastólico en mujeres de 62 ml +/- 7.1 y en hombres de 65 ml +/- 11.2 y fracción de eyección de 60 % +/- 5 en mujeres y de 62 % +/- 9 en hombres. En ventrículo derecho el volumen diastólico final se encontró 81.8 ml +/- 14.6 en mujeres y 100 ml +/- 24.8 en hombres y fracción de eyección de 53 % +/- 17 en mujeres y de 45 % +/- 12 en hombres. Volumen de fin de diástole de 50 +/- 12.7 ml en mujeres y de 49 ml +/- 19 ml en hombres y fracción de eyección de aurícula izquierda de 55 % +/- 0.08 en mujeres y de 50 % +/- 0.07 en hombres. Volumen de fin de diástole de 44.1 ml +/- 18.5 en mujeres y de 49.2 ml +/- 22.9 en hombres y fracción de eyección de aurícula derecha de 50 % +/- 11 en mujeres y de 45 % +/- 8 en hombres. Se obtuvieron otras medidas lineales y volumétricas adicionales de cavidades cardiacas y de grandes vasos supracardiacos. Conclusiones: se describen los valores de referencia de los parámetros morfofuncionales de las cavidades cardiacas y de vasos supracardiacos. El sexo fue tenido en cuenta como covariable relacionada con la modificación de los parámetros evaluados. Se sugieren variaciones en las medidas de cavidades cardiacas para la población estudiada relacionada con aclimatación crónica a la altitud de la ciudad de Bogotá.
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El texto analiza el impacto de la corrupción policial presentada por los medios de comunicación desde 1993 hasta el 2012 en la estructura interna de la Policía Nacional de Colombia. En el primer capítulo se plantea un estado del arte del concepto de corrupción policial, asimismo, se incluyen las teorías bajo las cuales se ha entendido el fenómeno a nivel mundial buscando generar soluciones plausibles a un flagelo en el que se ven inmiscuidos una gran cantidad de cuerpos policiales en el mundo. En el segundo apartado, se evalúa de manera cuantitativa cómo los casos de corrupción han modificado la estructura de la Policía Nacional, pero a su vez, cómo éstas modificaciones han sido evanescentes. En el tercer capítulo, se escudriña el impacto y los cambios estructurales desde la perspectiva de los miembros del cuerpo policial, recurriendo a la recolección de datos de manera cualitativa por medio de entrevistas y encuestas. En el cuarto momento se analiza la incidencia de los directores de la policía en la lucha contra la corrupción policial y como se establece una relación entre los subalternos y los mandos medios al momento de realizar este tipo de actividades. Finalmente se plasman las conclusiones a las que se llegó posterior a la realización del trabajo investigativo.
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Este artículo analiza la supremacía de la Constitución, en el escenario boliviano, frente al resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico. Se estudia de manera particular a los tratados internacionales –en particular aquellos que forman parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos– en relación al debate sobre su jerarquía en el ordenamiento jurídico boliviano y, en particular, frente a la Constitución. Finalmente, se precisa la jerarquía que le corresponde a las normas propias de los pueblos indígenas, originarios y campesinos en el ordenamiento jurídico boliviano.
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El desarrollo de la presente tesis es hacer un estudio comparativo de la implementación de los tributos Medioambientales en nuestro país, a partir de la experiencia de la Comunidad Europea quienes desarrollaron y siguen desarrollando la protección y conservación del Medio Ambiente a través de la imposición tributaria. En ese sentido partimos definiendo y precisando el término Medio Ambiente y ecología a fin de delimitar el tema de estudio, ya que el objetivo de la tesis es identificar las formas o mecanismos de protección del Medio Ambiente, enfatizando en la imposición Medioambiental que pueden ser a través de los impuestos, tasas o contribuciones; además de la consideración por nuestra Constitución del medio ambiente como un derecho humano fundamental de los seres humanos. Durante el desarrollo de la tesis, exponemos los instrumentos nacionales e internacionales, cuya finalidad busca garantizar la protección y conservación del Medio Ambiente, bajo el principio “quien contamina paga”, que no es otra cosa que la el criterio objetivo en la que el sujeto que deteriora o contamina el Medio Ambiente debe ser el responsable de reparar el daño causado. Finalmente analizamos la viabilidad de la protección del Medio Ambiente en los países andinos y en nuestro texto constitucional.
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El presente trabajo aborda los efectos que tienen los derechos constitucionales en las relaciones entre particulares. La doctrina ha distinguido en este campo entre el efecto inmediato, el efecto mediato y el deber de protección de los derechos constitucionales, este último que incluso se encuentra presente dentro del compromiso internacional adquirido por el estado ecuatoriano a través de la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos. Además, se revisan algunos fallos constitucionales dictados por nuestro ex Tribunal Constitucional y la Corte Constitucional de Colombia en este ámbito, que nos muestran una vista panorámica de la irradiación de los derechos constitucionales.
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When it comes to human rights, the first thoughts that come to mind are the rights to life, liberty or equality, among others, which possess the concept of being fundamental. Commonly, culture and heritage are not usually considered as rights; however, as well as there is the right to own legal identity, there is also the right to enjoy a cultural identity. This paper deals precisely with the study of culture and cultural heritage as a human right. Cultural heritage’s meaning concept is analyzed, its enclosure between fundamental rights and the way that it should be protected, essentially by the State. The Ecuadorian case is also analyzed around their legislation and cultural management, in order to assess the treatment that this right has been received in the country.
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This article highlights the predicament of persons recognized as refugees according to the Convention Relating to the Status of Refugees (CSR1951 refugees) when they travel outside their state of asylum. Their status entails ipso facto that, if they are ill-treated abroad, they cannot turn to representatives of their state of nationality and request its diplomatic protection, nor can they expect to receive its consular assistance. It is submitted that a state of asylum ought to extend the scope of protection that it offers CSR1951 refugees residing in its territory, and provide them diplomatic protection and consular assistance when they travel abroad as if they were its nationals. Four claims are advanced in support of this contention: First: the advent of human rights treaties has not rendered obsolete the protection of nationals abroad nor has the practice fallen into disuse. On the contrary, protection abroad retains its pedigree and significance, as is illustrated by the recently adopted International Law Commission's Draft Articles on Diplomatic Protection and by frequent resort to consular assistance. Second: while states previously enjoyed unfettered discretion concerning whether and when to protect their nationals abroad, recent developments in domestic jurisdictions as well as in European Union (EU) treaties point to the potential emergence of a qualified duty to exercise state protection or to be willing to provide justifications for its refusal. These developments call particular attention to the vulnerability of CSR1951 refugees: the professed aim of the EU treaty regime is that EU citizens should enjoy effective state protection wherever they travel; by contrast, CSR1951 refugees are in need of state protection wherever they travel. Third: according to CSR1951, states of asylum are required to issue Convention Travel Documents (CTDs) to recognized refugees lawfully staying in their territory. While CTDs do not in of themselves authorize states of asylum to provide protection abroad to their CSR1951 refugees, they reflect partial recognition of the instrumental role of these states in facilitating safe refugee travel. Fourth: while the 'nationality of claims' requirement remains pivotal to the institution of diplomatic protection, and efforts to effectuate its general relaxation have thus far failed, the International Law Commission (ILC) has 'carved out' an exception authorizing states of asylum to provide protection abroad to their recognized refugees. The ILC's protection-enhancing agenda, reflecting progressive development of the law, is laudable, even though it has opted for a rather cautious approach.
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A temática urbana no Brasil foi legitimada pela Constituição Federal em 1988 e pela Lei Federal do Estatuto da Cidade, em 2001. Depois disso, as formulações das legislações municipais, em relação a planos diretores participativos e à regulamentação de instrumentos urbanísticos específicos, têm sido acompanhadas com a promessa de um enfrentamento das desigualdades que integram o cenário urbano brasileiro. Esta dissertação pretende analisar, dentro do contexto supracitado, o processo de formulação e regulamentação do instrumento de intervenção urbana denominado “concessão urbanística”, considerando três momentos distintos. Primeiro: sua origem no Executivo durante a gestão Marta Suplicy (PT, 2001-2004) e sua inserção no Plano Diretor Estratégico de São Paulo (2002-2012). Segundo: a estratégia das gestões José Serra (PSDB, 2005-2006) e Gilberto Kassab (DEM, 2006-2008/2009-atual) de promover a “revitalização” do centro de São Paulo, por meio do projeto Nova Luz, utilizando a concessão urbanística. Terceiro: desde o período das discussões realizadas pela Sociedade Civil quando o projeto de lei sobre a concessão urbanística (projeto de lei nº 87 de 2009) foi enviado à Câmara de Vereadores até o de sua regulamentação pelo Legislativo (Lei Municipal nº 14.917 de 2009). Ao investigar esse processo, a dissertação pretende contribuir para a análise sobre a inclusão da concessão urbanística na agenda pública governamental, considerando as estratégias de atores da Sociedade Civil para influenciar as ações do Governo Municipal. O objetivo é alcançar uma melhor compreensão das limitações na produção de políticas públicas urbanas no contexto democrático pós-Constituição de 1988 e pós-Estatuto da Cidade de 2001.
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Nos últimos vinte anos vem acontecendo, em âmbito mundial, uma mudança na compreensão do conceito de direito humano à educação. Tradicionalmente esse entendimento envolvia basicamente o acesso aos níveis obrigatórios de escolarização. Hoje, é crescente o consenso de que não só o acesso é fundamental, mas também a qualidade do aprendizado de cada criança e jovem. Assim sendo, as metas e indicadores, que permitem que se quantifique a trajetória e as expectativas de melhorias na educação, ganharam uma dimensão central nos esforços de acompanhamento do cumprimento do direito à educação em todo o mundo. Assim, a presente dissertação tem por objetivo analisar como os atores sociais e governamentais na América Latina como um todo e no Brasil especificamente têm lidado com o uso de metas e indicadores educacionais, enquanto elemento relevante para monitorar o cumprimento do direito humano à educação.