519 resultados para Globalización -- Conflicto armado -- Colombia


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Tesis (Trabajadora Social).-- Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Económicas y sociales. Programa de Trabajo Social, 2014

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El desarrollo del Departamento del Meta, se ha dificultado debido a la influencia de algunos factores que si bien no originan el conflicto armado, sí lo han acelerado en los últimos diez años; como la pobreza, el analfabetismo, ausencia de oportunidades, la falta de empleo e ingreso digno y duradero, la vulnerabilidad social y familiar, la degradación ambiental, la fragilidad para orientar el desarrollo territorial, además, de factores políticos como la corrupción que en resumen facilitan la baja calidad de vida de la población.

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Las relaciones políticas entre Sudán y Chad en el período 2005-2009 se vieron afectadas por el conflicto armado de Darfur, que trajo consigo consecuencias graves para ambos países. La configuración étnica similar, los antecedentes históricos que muestran fuertes vínculos entre Sudán y Chad y las continuas acusaciones entre Omar Al-Bashir e Idriss Déby, hicieron que las tensiones entre los dos gobiernos llamaran la atención de la comunidad internacional y causara preocupación por una posible desestabilización de la región de África Central.

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El presente informe parte del concepto de sistema significado-uso acuñado por Arturo Escobar. El mencionado autor afirma que a escala local se le han atribuido unos usos diferentes a la biodiversidad, que corresponden a unos sistemas de significados de la realidad material y social distintos a los asignados por el capitalismo. La principal diferencia entre unos y otros es la externalización de la naturaleza; para las comunidades locales existe una continuidad indispensable entre el orden humano y el mundo natural, mientras que para la realidad constitutiva entre modernidad y capitalismo, la externalización de la naturaleza se traduce en su apropiación sin límites (Escobar, 1997, p. 50). Mientras los diferentes actores partan de sistemas interpretativos diferentes van a competir significados y usos disímiles en la relación con la naturaleza (Escobar, 1996, p. 27). En este orden de ideas, Escobar identifica diversos sistemas de uso-significado y a cada uno le asigna un régimen de producción de la naturaleza. El primer régimen que identifica es el de la naturaleza orgánica, el cual es encarnado por las comunidades locales y sus prácticas productivas tradicionales; el segundo es el de la naturaleza capitalizada y se refiere a los modelos económicos que se aproximan a las regiones como despensas naturales, en cuanto instalan una capacidad locativa para la explotación y abandonan la región una vez agotados los recursos naturales, dejando a su paso daños ambientales irreparables. El último régimen que identifica es el de la tecnonaturaleza, el cual se refiere a aquellas formas naturales producidas por la intervención tecnocientífica en el nivel molecular, por medio de las nuevas biotecnologías (recombinación genética, cultivo de tejidos, entre otros); éste representa un nuevo régimen de producción de lo natural, donde esto último entra a ser producido por la tecnología (Escobar, 1997, p. 28).

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En esta investigación se brindó el origen del conflicto armado en Buenaventura precedido por colisiones sociales con eventos graduales desde 1948 hasta 2010 marcando “acentos” en lo transcurrido en los últimos años. Se caracterizó el conflicto armado en el municipio de Buenaventura desde la perspectiva de actores locales los cuales expresaron visiones diferenciales sobre el conflicto dependiendo los contextos urbano-rurales que los padecen. De igual manera el presente estudio documenta acciones del PCN y PEC, organizaciones sociales estructuradas que operan en Buenaventura las cuales han emprendido acciones traducidas en tipificación del articulado constitucional y legislativo como el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991 y la Ley 70 de 1993.Finalmente se esbozaron algunas expectativas que se tienen en el momento frente al conflicto en el municipio las cuales establecen diversos escenarios frente a lo que puede acontecer en Buenaventura. Lo anterior desde la perspectiva de líderes afrocolombianos y representantes de Consejos Comunitarios.

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La presente revisión de la literatura tiene el objetivo de identificar el rol que desempeña el testigo en la elaboración individual del trauma y el papel que cumple en el establecimiento de la memoria colectiva en contextos de conflicto armado. El papel del testigo, dentro de esta situación, puede ser adoptado por el agresor, la víctima o un tercero que presencia una escena, cumpliendo con diversas funciones tanto a nivel individual como colectivo, no solo en el área jurídica, también en la antropológica, psicológica, histórica, entre otras. Su principal producción, que corresponde al testimonio, media procesos tales como la elaboración del trauma y la constitución de la memoria colectiva. El testimonio, siendo una producción lingüística, por medio de la palabra y el silencio, funciona como una herramienta con la que cuenta tanto el sujeto como las sociedades para dar sentido a su existencia. La acción de testimoniar, a través de la virtud creadora del lenguaje, permite articular a nivel individual las experiencias limite vividas por un sujeto, teniendo igualmente un efecto reparador dentro del tejido social una vez alterado.

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La presente revisión de la literatura tiene el objetivo de identificar el rol que desempeña el testigo en la elaboración individual del trauma y el papel que cumple en el establecimiento de la memoria colectiva en contextos de conflicto armado. El papel del testigo, dentro de esta situación, puede ser adoptado por el agresor, la víctima o un tercero que presencia una escena, cumpliendo con diversas funciones tanto a nivel individual como colectivo, no solo en el área jurídica, también en la antropológica, psicológica, histórica, entre otras. Su principal producción, que corresponde al testimonio, media procesos tales como la elaboración del trauma y la constitución de la memoria colectiva. El testimonio, siendo una producción lingüística, por medio de la palabra y el silencio, funciona como una herramienta con la que cuenta tanto el sujeto como las sociedades para dar sentido a su existencia. La acción de testimoniar, a través de la virtud creadora del lenguaje, permite articular a nivel individual las experiencias limite vividas por un sujeto, teniendo igualmente un efecto reparador dentro del tejido social una vez alterado.

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La concentración de la política de fumigacion con glifosato en regiones como el Putumayo y Caquetá, trajo consigo un enorme desplazamiento de los cultivos de coca hacia Nariño (efecto globo). Motivados por ejercer un control estratégico de estos nuevos recursos, los grupos armados ilegales reflejaron un creciente interés por copar el territorio, fomentando una cruenta lucha que condujo a una degradación de las dinámicas del conflicto armado en la región.

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El conflicto armado colombiano es un fenómeno social, político, económico y simbólico que exige una lectura interdisciplinaria y desde la perspectiva de sus múltiples actores para lograr, en cierta medida, su comprensión. En este sentido, en la escena actual de la confrontación interna del país se cuenta con la posibilidad de obtener la mirada peculiar de aquellos que fueron protagonistas de la guerra, los excombatientes de los grupos armados ilegales y entre ellos un sector poblacional marginal, los menores de edad. Este último conglomerado social ha sido reconocido desde hace pocos años como un agente presente en el conflicto armado, pero no sólo como víctima sino también como actor directo de la violencia armada. Por lo tanto, la presencia de los menores en los grupos armados ilegales ha guiado recientes investigaciones que se centran en los factores que motivan su vinculación a las organizaciones irregulares, la violación a sus derechos fundamentales, las medidas de protección y reeducación que el Estado debe ofrecerles para su reintegro a la civilidad, las implicaciones psicosociales, físicas y legales de su experiencia en la guerra, y las políticas encaminadas hacia la prevención de esta problemática.

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La cruel realidad de los niños víctimas del conflicto armado en nuestro país y alrededor del planeta, indica la urgencia de asumir esta problemática de manera prioritaria y convertirla en premisa especial de las políticas gubernamentales. Millones de niños y niñas están siendo afectados por fenómenos sociales derivados de los conflictos armados como lo son la invalidez, el desplazamiento, la violencia, los abusos, e incluso la muerte. Los datos arrojados por instituciones como la UNICEF, la Human Right Watch y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hablan de que el 50% de la sociedad desplazada por la violencia y los conflictos sociales se ubica en el rango de edad niño; 80% de las muertes que se causan por los conflictos armados son de terceros pertenecientes a la sociedad civil y un tercio de estas corresponden a niños y niñas. Además, aproximadamente 300.000 niños y niñas están directamente involucrados en actividades milicianas en el mundo entero y cerca de 10.000 niños mueren anualmente por causa de minas antipersonales y demás actividades militares no convencionales

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Esta monografía busca analizar la problemática de la vinculación de niños y niñas en el conflicto armado colombiano, y la respuesta desarrollada por el Estado colombiano frente a esta problemática, durante el período de 2002-2005. A partir de lo anterior, se plantean como objetivos específicos: analizar y examinar las causas socio-económicas y culturales por las cuales el menor ingresa como actor del conflicto, al igual que los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, los mecanismos y avances del Estado en materia de prevención, y protección al menor que participa directamente en el conflicto, con la finalidad de establecer la responsabilidad estatal frente a esta problemática. Según los intereses que busca responder la presente investigación, se utilizó el método de análisis cualitativo descriptivo, y aunque se examinaron algunas cifras y comportamientos del menor en forma estadística, estos fueron instrumentos que fortalecieron el análisis cualitativo, en la medida que permitió una mejor aproximación, comprehensión y explicación de la vinculación del menor al conflicto.

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El escándalo causado por el asesinato de un cabecilla guerrillero por parte de uno de sus subalternos y el subsecuente pago de una cuantiosa recompensa económica por parte del Estado a su asesino trajo los primeros interrogantes sobre la legalidad del sistema de recompensas en Colombia. El presente artículo busca determinar si la política estatal de recompensas respeta las normas del derecho internacional humanitario aplicables en el conflicto interno colombiano. Con este fin, se analizarán tanto el desarrollo legislativo del tema como tres de las situaciones más controversiales derivadas de su práctica, que demuestran los alcances y los efectos del uso de recompensas como táctica estratégica dentro del conflicto armado.

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El conflicto armado colombiano está lleno de enseñanzas para la resolución negociada de conflictos. En la medida en que ha sido una confrontación compleja y prolongada, los grupos armados se han convertido en protagonistas. Tanto sus objetivos como el uso de la violencia han generado controversias alrededor de cuáles deben ser las acciones o respuestas que se implementan para hacer frente a dichas situaciones. Al igual que en otros países, los actores involucrados han participado en numerosos acercamientos, diálogos políticos o procesos de paz, aportando experiencias de negociaciones que involucran a diferentes sectores de la sociedad civil, actores estatales, comunidad internacional y organizaciones multilaterales.En este sentido, resulta pertinente no sólo retomar el surgimiento, caracterización y posibles motivaciones de tres de los más grandes grupos al margen de la ley —paramilitares, ELN, FARC— que han participado en el conflicto, sino también explorar las formas de acercamiento a estos por parte del gobierno colombiano y sus diferentes administraciones, para así comprender la complejidad y las múltiples dimensiones desde las cuales se representan diversas visiones sobre la evolución del conflicto y los hechos de corta, mediana y larga duración, en tanto esto permite dilucidar las continuidades y discontinuidades que han dado paso a ver el fenómeno a través de causas culturales, complejos políticos o perspectivas económicas.-----The armed conflict in Colombia is full of lessons for negotiated conflict resolution. Insofar as this has been a complex and long-lasting confrontation, the armed groups have now become protagonists. Their objectives as much as their use of violence has generated controversy about which actions or responses should be implemented to face such situations. Similarly to other countries, the players concerned have participated in several rapprochements, political dialogues or peace processes by contributing experience in negotiations that involve different sectors of the civil society, state players, the international community, and multilateral organizations. To that effect, it is relevant not only to retake the emergence, characterization and possible motivations of three of the biggest groups outside the law –paramilitary, ELN, FARC– which have participated in the conflict, but also to explore the rapprochement methods the Colombian government and its different administrations have employed with these groups. This way, we can fully understand the complexity and the multiple dimensions in the representation of various views of the conflict evolution and the short, medium, and long-term events in as much as this allows clarification of the continuity and discontinuity that have resulted in seeing the phenomenon from the standpoint of cultural causes, political complexities or economic perspectives.

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Este artículo se basa en una investigación realizada en tres municipios de la región del Catatumbo (Norte de Santander, Colombia); analiza las disfunciones en el arreglo institucional, derivadas de la presencia de grupos armados ilegales activos y de cultivos ilícitos; señala las afectaciones que se presentan en el régimen político y en el ejercicio de la democracia; y plantea los problemas que deben afrontar los gobiernos locales para dar cumplimiento a su mandato.El artículo propone que la acción del Estado en esta región se ve afectada por fuertes fallas de legitimidad, eficiencia y eficacia, las cuales generan limitaciones críticas a la gobernabilidad del territorio. Dichas fallas tienen que ver con la supresión del pacto social y con la inoperancia de la democracia en su versión mínima. Se concluye que en los municipios estudiados, las fallas de Estado disminuyen radicalmente los costos de transacción de los grupos armados ilegales para acceder al control del territorio y establecerse como agencias de protección en competencia con el Estado. Además, conducen al establecimiento de un círculo de afectación perverso en el que el aumento de los costos de inversión pública necesarios para la corrección de dichas fallas hace que a su vez disminuya el interés de los actores del ámbito político para solucionarlas, generando una trampa crónica de reducción de la gobernabilidad en la escala regional.-----This article is based on research carried out in three municipalities of the Catatumbo (North Santander department, Colombia) region, and analyzes institutional arrangement dysfunctions that arise from active illegal armed groups and illicit crops, pointing out the effects on the political regime and the exercise of democracy and stating the problems that must be faced by local governments in order to perform their mandate.The article suggests that Government action in this region has been affected by deep failures in legitimacy, efficiency, and effectiveness, which generated critical limitations to governability in that territory. Such failures are related to the factual suppression of the social contract and to the ineffectiveness of a democracy in its least representation. It concludes that in the municipalities under examination, Government failures strongly reduce the settlement costs for illegal armed groups to access territory control and to establish as protection agents in competition with the State. They also lead towards the establishment of a vicious affectation cycle where the cost increase of the public investment required to correct such failures in turn reduces political actors’ interest in solving them, thus creating a chronic trap that reduces governability in the regional level.