961 resultados para Control estatal
Resumo:
Analizar los diferentes factores que influyen en la participación de los padres en el control y gestión de la enseñanza. Trata de la participación de los padres en la gestión de la enseñanza y la normalidad de esta participación en nuestro contexto político. Presenta las visiones políticas que existen sobre las cuestiones educativas. Analiza la legislación existente sobre este tema. Profundiza en el discurso de las dos únicas confederaciones de padres que hay a nivel estatal (CONCAPA, católica y CEAPA, laica). Finalmente se refiere a la participación real de los padres en los centros educativos, a la cual se la puede calificar de escasa. Encuesta sobre los rasgos característicos de las escuelas según su titularidad, estatal o privada. Los padres apenas tienen posibilidad de intervenir en la gestión del centro en las áreas que les interesarían más, como son las que afectan a las clases de sus hijos, y que posibilitaría la implicación de los padres en el consejo escolar.
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Dentro de las tendencias actuales de cambio e innovación, el Ecuador debe lograr los mejores acuerdos dentro de las negociaciones y el comercio internacional. Con el propósito de entrar en un proceso modernizador y disminuir los problemas de la aduana del país se concesionó a las empresas verificadoras la verificación y el aforo físico en la importación de mercancías. Empresas que debían implementar guías de control trayendo el orden y la eficiencia a la aduana nacional. A los diez años de ésta concesión, diversos criterios cuestionan la eficiencia de su servicio, por lo que nos preguntamos si aún es necesario contar con el servicio de estas empresas, o si el Estado es el indicado para tomar las riendas de este trabajo. Luego de realizar consultas, encuestas y entrevistas a actores relacionados al servicio de las verificadoras y analizar los resultados del servicio de estas empresas en otros países de la región, se reafirma la opción de que el Estado termine el contrato con las verificadoras. Se propone crear una institución autónoma de derecho público, que ponga tarifas reducidas, que incremente las arcas fiscales, que implemente nuevas tecnologías, que ofrezca servicios de calidad, tarifas equitativas, celeridad, eficiencia y la participación de profesionales capacitados. Esperamos que en base al estudio realizado, el gobierno considere la creación de la Dirección Nacional de Aforo (DNA).
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El propósito de esta tesis es aportar elementos para perfeccionar el ejercicio del derecho a la participación social en el procedimiento legislativo, como un mecanismo para que el contenido material de los proyectos de ley esté adecuado a los valores, principios y derechos fundamentales previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Esta adecuación constituirá una evidencia de la realización de la justicia a través de la creación del Derecho y de la vigencia de una democracia sustancial. En el caso de que el derecho a la participación en el procedimiento legislativo no sea respetado, ni garantizado por el Estado, es necesario institucionalizar un nuevo mecanismo de control constitucional, como el control previo de constitucionalidad de los proyectos de ley, a fin de que sea la Justicia Constitucional la encargada de dar cumplimiento a la obligación estatal de prevenir violaciones a derechos humanos que pueden derivarse de la expedición de leyes inconstitucionales. Para perfeccionar el ejercicio del derecho a la participación social en el procedimiento legislativo he ubicado diversos elementos histórico-políticos, entre los que destaco los elementos de la democracia de la comunidad originaria, de los Estudios Decoloniales, de los modelos de democracia diseñados por la Teoría Política, que permiten establecer criterios para reformular el marco normativo vigente. Realizo el análisis del caso del procedimiento legislativo que dio origen a la Ley de Minería, estableciendo las limitaciones que determinaron su impugnación por inconstitucionalidad; y el rol de la Corte Constitucional al resolver sobre el tema. Finalmente, establezco los criterios para el diseño de la institución del control previo de constitucionalidad de proyectos de ley.
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La presente investigación tiene como propósito analizar en qué forma la justicia estatal ecuatoriana, a través de la Corte Constitucional, examina o debería examinar las decisiones de carácter jurisdiccional emitidas por autoridades indígenas en la resolución de sus conflictos. El análisis propuesto pretende determinar de qué manera el máximo organismo de interpretación y control constitucional, debe conciliar las diferencias de la visión indígena y la visión eurocéntrica, en la sustanciación de la acción extraordinaria de protección en contra de decisiones jurisdiccionales indígenas. Para alcanzar los fines planteados, empiezo explorando el alcance y relaciones de los conceptos de Estado plurinacional; pluralismo jurídico, nación cívica y nación étnica cultural; control constitucional; decisiones jurisdiccionales indígenas y límites a la Corte Constitucional en la acción extraordinaria de protección en contra de resoluciones indígenas. Finalmente realizo un breve estudio del denominado caso La Cocha 2, que actualmente se sustancia en la Corte Constitucional por impugnación a una decisión judicial indígena, a fin de determinar cuáles son los parámetros que la Corte Constitucional debe considerar al momento de resolver.
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Los estudios sobre mass-media tienden a suponer que un medio de comunicación estatal es o debe ser, por su determinación de propiedad, un medio público y, bajo esta segunda denominación, acumulan características que parten de distintas definiciones de lo público y también de diferentes conceptos de Estado. Este ensayo explora cuatro elementos distintos en la forma como los medios de comunicación de propiedad estatal se articulan a los procesos de control ideológico que posibilitan la reproducción de las relaciones de poder y que suponen formas específicas de concebir al Estado y a lo público: medios con administración gubernamental, servicio o bienes públicos, espacios de participación ciudadana, productos de la globalización. Se concluye en que la construcción de lo público no tiene vínculo directo con la propiedad del medio. La determinación no está en la discrepancia entre lo privado y lo público, como tampoco debe buscársela entre lo privado y lo estatal, sino en la naturaleza de clase que conduce al Estado y sus formas de reproducción ideológica.
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Este trabajo pretende documentar los cambios en la organización y las políticas estatales respecto al ambiente a mediados del siglo XX. Para ello nos hemos concentrado en la revisión de los informes ministeriales entre 1925 y 1960, que es la época en que nacen silenciosamente las organizaciones e instituciones ambientales antes de la eclosión pública de discursos y preocupaciones ecológicas entre los años 1960 y 1990. En efecto, en 1959 se creó el Parque Nacional Galápagos, con la decisiva influencia de científicos naturalistas del mundo. Puede considerarse ese año como el inicio de una nueva etapa que incluirá la aprobación de la Ley de Prevención de la Contaminación (1976), el nacimiento de Fundación Natura (1978), la creación de la mayor parte de las áreas protegidas del país (1979), y la Ley Forestal y de Vida Silvestre (1981). El moderno enfoque ambiental del Estado surgió en ese período inmediatamente posterior. Al situarnos en el período anterior a la plena formalización de las políticas públicas ambientales, buscamos mostrar distintas vertientes y corrientes que confluirán en el proceso de “institucionalización” de las preocupaciones por la protección ambiental en el Estado ecuatoriano hacia los años 1950. El interés que guía esta indagación preliminar es el de mostrar el proceso de formación de los mecanismos de “gobierno” del patrimonio natural del país, es decir, los medios e instrumentos que sirven para regular tanto el acceso como el uso de dicho patrimonio para fines humanos. Tanto en políticas públicas como en ciencias sociales, se detecta un creciente interés en la consideración de los sistemas de “gobernanza” del patrimonio ambiental aunque el término es todavía objeto de muchas controversias y se usa para indicar combinaciones variables de mecanismos de participación social, presencia empresarial y regulación estatal.4 Por nuestra parte, este artículo se concentra en la formación de las organizaciones estatales encargadas de llevar a cabo la vigilancia, el control y la regulación de acceso y uso al patrimonio ambiental del país. La hipótesis general de la que partimos es que a partir de las primeras décadas del siglo XX se han ido desarrollando paulatinamente mecanismos que progresivamente desplazan una parte del control de los medios de manejo del patrimonio ambiental del país desde una serie de actores privados y comunitarios hacia el Estado. Aunque la parte del control ambiental que se desplaza es pequeña, no es en modo alguno desdeñable.
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El derecho a la participación social en el procedimiento legislativo es una expresión de la democracia participativa y deliberativa y contribuye al cumplimiento de la responsabilidad estatal de adecuar materialmente todo proyecto de ley a la Constitución y a los estándares de protección de los derechos humanos contemplados en los instrumentos internacionales. A partir de un diálogo interepistémico entre los conocimientos y las prácticas de la democracia de la comunidad indígena, con los conocimientos occidentales del derecho, de la teoría política y de la perspectiva decolonial, se evidencia el origen y evolución histórica de este derecho, así como los mecanismos para alcanzar su pleno ejercicio ante las limitaciones del contexto planteadas por el modelo económico capitalista y el patrón de poder colonial. Luego del abordaje de los alcances y limitaciones del marco constitucional, legal y reglamentario del derecho a la participación en el procedimiento legislativo, se evalúa su aplicación en la génesis legislativa de la Ley de Minería, evidenciando las razones que de terminaron su impugnación por inconstitucionalidad y el rol de la Corte Constitucional al actuar sobre el tema. Ante la ausencia del respeto al derecho a la participación en el procedimiento legislativo, se propone institucionalizar el mecanismo de control previo de constitucionalidad de proyectos de ley por parte de la justicia constitucional.
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Esta pesquisa tentou estabelecer, através de um estudo exploratório, as comparações relevantes entre o sistema de controle gerencial implantado em um banco estatal brasileiro e a literatura sobre Controle Gerencial . Para isso, foi feita uma revisão da literatura e dos fundamentos teóricos existentes na teoria de Controle Gerencial, principalmente aqueles abordados na Ciência Comportamental . Como resultado dessa revisão foi estabelecido um plano de referência que foi utilizado nesta pesquisa. O estudo de caso foi a metodologia adotada no trabalho e as razões de seu uso sao apresentadas, bem como são discutidos os procedimentos empregados na pesquisa de campo,além das limitações desse tipo de estudo. Entrevistas, utilizando questionários com a maioria de questões abertas, permitiram descrever o processo de controle gerencial em uso pelo banco pesquisado. Os resultados obtidos possibilitaram análises sobre a natureza deles e o estado do sistema de controle , gerencial da empresa estudada. Finalmente, uma comparação entre os resultados da pesquisa de campo e a literatura revista possibilitou chegar a algumas conclusões importantes relativas a suas relações bem como permitiu que se levántassem questões para o Governo Federal e para o banco pesquisado. Também foram feitas algumas Sugestões para novos estudos.
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Pós-graduação em Direito - FCHS
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Incluye Bibliografía
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Propuesta preliminar para explorar y estructurar el sistema de informática que resulta necesario para llevar a cabo las tareas de vigilancia y control de la calidad del agua en las cuencas de los ríos Esmeraldas y Teaone.
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Con el presente el trabajo se pretendió abordar la capacidad de gestión en función de los intereses y necesidades del conjunto de la sociedad y las herramientas que pueden contribuir a mejorar dicha capacidad, como así también contribuir a generar valor público. En función de ello, se realizó un análisis documental y bibliográfico acerca de los antecedentes sobre capacidad de gestión pública, reforma del estado, herramientas óptimas para mejorarla.
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En este período de formación estatal, las atribuciones asumidas por las instituciones estatales tuvieron en la reconfiguración y formalización del aparato represivo una de sus manifestaciones más patentes. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en la ciudad de Santa Fe, el control y el castigo de los comportamientos cotidianos en los espacios públicos estuvieron a cargo de la Policía, ella misma en conformación. Desde un enfoque crítico sobre las relaciones sociales de poder, emergen nuevas preguntas a realizar al respecto a las fuentes policiales. En este sentido, la información que ellas brindan sobre los sujetos perseguidos y apresados por delitos contra el orden público arroja información plausible de utilizarse en análisis tanto cuantitativos como cualitativos, que contribuyan a reconstruir la conformación de los sectores subalternos urbanos como objeto de control, dada la notoria escasez de fuentes procedentes de dichos sectores. El presente trabajo analiza partes emitidos por la Jefatura de Policía del Departamento La Capital al Poder Ejecutivo provincial, proponiendo dos líneas de indagación: qué información se brinda y cuál no sobre los sujetos arrestados (género, procedencia, edad, ocupación, entre otras) y qué apreciaciones subjetivas hacen los funcionarios policiales sobre dichos sujetos
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En este período de formación estatal, las atribuciones asumidas por las instituciones estatales tuvieron en la reconfiguración y formalización del aparato represivo una de sus manifestaciones más patentes. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en la ciudad de Santa Fe, el control y el castigo de los comportamientos cotidianos en los espacios públicos estuvieron a cargo de la Policía, ella misma en conformación. Desde un enfoque crítico sobre las relaciones sociales de poder, emergen nuevas preguntas a realizar al respecto a las fuentes policiales. En este sentido, la información que ellas brindan sobre los sujetos perseguidos y apresados por delitos contra el orden público arroja información plausible de utilizarse en análisis tanto cuantitativos como cualitativos, que contribuyan a reconstruir la conformación de los sectores subalternos urbanos como objeto de control, dada la notoria escasez de fuentes procedentes de dichos sectores. El presente trabajo analiza partes emitidos por la Jefatura de Policía del Departamento La Capital al Poder Ejecutivo provincial, proponiendo dos líneas de indagación: qué información se brinda y cuál no sobre los sujetos arrestados (género, procedencia, edad, ocupación, entre otras) y qué apreciaciones subjetivas hacen los funcionarios policiales sobre dichos sujetos
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En este período de formación estatal, las atribuciones asumidas por las instituciones estatales tuvieron en la reconfiguración y formalización del aparato represivo una de sus manifestaciones más patentes. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en la ciudad de Santa Fe, el control y el castigo de los comportamientos cotidianos en los espacios públicos estuvieron a cargo de la Policía, ella misma en conformación. Desde un enfoque crítico sobre las relaciones sociales de poder, emergen nuevas preguntas a realizar al respecto a las fuentes policiales. En este sentido, la información que ellas brindan sobre los sujetos perseguidos y apresados por delitos contra el orden público arroja información plausible de utilizarse en análisis tanto cuantitativos como cualitativos, que contribuyan a reconstruir la conformación de los sectores subalternos urbanos como objeto de control, dada la notoria escasez de fuentes procedentes de dichos sectores. El presente trabajo analiza partes emitidos por la Jefatura de Policía del Departamento La Capital al Poder Ejecutivo provincial, proponiendo dos líneas de indagación: qué información se brinda y cuál no sobre los sujetos arrestados (género, procedencia, edad, ocupación, entre otras) y qué apreciaciones subjetivas hacen los funcionarios policiales sobre dichos sujetos