940 resultados para Contratos administrativos-México


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Analizar dos tipos de fenómenos, cuyo estudio puede ser revelador para explicar el malestar profundo que existe en amplios sectores universitarios y que se pone de relieve en las manifestaciones más externas: el muy fuerte incremento de la demanda de educación universitaria y la respuesta dada a este incremento por parte del MEC. Incremento de la demanda educativa, respuesta dada por el MEC y situación del profesorado universitario. Se analizan: los factores que deciden en la demanda educativa, el número de diplomas, cifras presupuestarias, calidad de la enseñanza universitaria, tipos de contratación de los profesores universitarios y evolución de salarios y número de profesores. Datos y cifras procedentes de MEC y el INE. Informes de bancos y de otras investigaciones. Los factores que deciden la demanda educativa son: el incremento de la renta per cápita, el aumento de la población en edad escolar, el incremento de la oferta de puestos docentes y la creencia, cada vez más extendida, de que el aumento de los años de escolarización produce un efecto inmediato de mejora en los sueldos a percibir por el profesional. Aunque en España el incremento de demanda educativa es visible ya desde 1962, el número de diplomas no ha aumentado en la misma proporción. Frente a una demanda creciente, las cifras presupuestas para las universidades han descendido en valores reales, lo cual repercute en la calidad de la enseñanza impartida en ellas. El MEC, ante el fuerte crecimiento del número de alumnos, ha optado por la contratación de mano de obra barata, buscando, además, eludir los problemas que podría plantear su permanencia en plantilla, en virtud de la existencia de contratos administrativos anuales. El coste de esta política de inseguridad ha sido el descontento de la mayor parte del profesorado contratado, y esto sí que produce un descenso claro en la calidad de la enseñanza. Para solucionar los problemas económicos de la enseñanza universitaria, resulta imprescindible una nueva orientación en la política hasta ahora seguida por el MEC.

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La obra constituye una guía explicativa de las principales modificaciones contenidas en la Ley 1150 de 2007, mediante la cual se modifica el régimen de contratación pública en Colombia. En este libro se realiza un análisis del proceso legislativo surtido por esta reforma, la cual logró materializarse después de serios intentos de modificación de las normas que rigen los contratos que celebra el Estado.

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Con sustento en la propuesta de una teoría general de los convenios de la administración, el autor examina esa categoría general, así como sus dos grandes especies: los convenios celebrados entre las mismas entidades públicas (interadministrativos) y los convenios que la administración pública celebra con los particulares (administrativos). Desde ese examen, que identifica los rangos jurídicos de cada una de tales figuras, explora la tipología existente en el derecho positivo en relación con unas y otras. Con base en dicha aproximación, aborda, por ejemplo, el estudio de los convenios y contratos celebrados con organismos de cooperación internacional y con entidades estatales cooperativas, los convenios de organización, el convenio de delegación de funciones, los convenios administrativos de colaboración, los convenios administrativos de interés público y los convenios y contratos regulados por las normas de ciencia y tecnología. El presente trabajo- adelantado con el rigor académico propio de una tesis de maestría en derecho administrativo-, aunque parte necesariamente del derecho de los contratos estatales y sus leyes básicas (80 de 1993 y 1150 de 2007), al considerar que los convenios van más allá de un simple acuerdo de voluntades, desborda ese campo y avanza en el estudio del identificado por el autor como derecho de la organización de la administración pública, que tiene fundamento especial en la Ley 489 de 1998.

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En nuestro país existen múltiples entidades y materias que no aplican la Ley 80 de 1993. Así, el desarrollo de su actividad contractual escapa al ámbito normativo que establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, configurándose de esta manera los denominados regímenes excepcionales. Sin embargo, teniendo en cuenta que son entidades que administran recursos públicos y en virtud del deber de observancia de los principios que orientan la función administrativa establecido por el ordenamiento jurídico, el Derecho Público que pareciere inicialmente no exigible a estos regímenes termina siendo aplicado, llegando a convivir e interactuar entonces con el Derecho Privado preponderantemente aplicable en este tipo de entidades. Dentro de estas, precisamente, se encuentran las denominadas Empresas Sociales del Estado - ESES -, las cuales por disposición expresa del legislador en materia contractual se rigen por el Derecho Privado, pero otorgándoles además la facultad de utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto Contractual. Este escenario particularmente confuso, donde impera la incertidumbre sobre el alcance de la aplicación del Derecho Público y/o del Derecho Privado, constituye el problema jurídico que se aborda en el presente trabajo, el cual se desarrolla a partir del estudio del régimen contractual de las ESES, señalando sus rasgos más importantes y brindando una serie de criterios para la determinación de aspectos puntuales como: la aplicación de los principios, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable, la utilización de las cláusulas y potestades exorbitantes, las modalidades de selección del contratista, entre otros.

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El presente trabajo de investigación, parte de un análisis histórico general del contrato de concesión en Colombia, así como de las diferentes figuras y cambios que el mismo ha tenido a lo largo de los años, con el fin de acercar al lector de una manera más clara a las disposiciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico, que regulan los temas del contrato de concesión, equilibrio económico del contrato y distribución de riesgos previsibles en materia de contratación pública. El autor realiza una análisis normativo de todas y cada de las disposiciones jurídicas relevantes, así como el entendimiento que sobre dichas disposiciones y los conceptos de riesgo previsible y equilibrio económico del contrato, ha existido en la doctrina, jueces y árbitros, en los últimos años; conceptos que contrapone con las políticas públicas que en materia de contratación estatal, ha fijado el Estado y los cuales evidencian, diferentes posiciones y entendimientos, de lo que es, del deber ser y del entendimiento de las normas pertinentes en materia de distribución de riesgos. Finalmente, presenta un análisis propositivo frente a la definición de riesgo previsible, su posible tipificación, estimación y cuantificación, lineamientos que se deben respetar en una adecuada distribución de riesgos, los errores que generalmente se han cometido en algunos procesos licitatorios de gran envergadura, y las consecuencias jurídicas que en vía judicial o arbitral puede implicar una indebida o ilegal distribución de riesgos previsibles en el contrato estatal.

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A partir de las últimas décadas, el gobierno nacional ha venido integrando las TICs en los organismos gubernamentales, con el objetivo de optimizar su gestión administrativa en beneficio del desarrollo social y económico de las comunidades.

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El trabajo pretende constituir un aporte más, a la discusión sobre el concepto de servicio público y su papel dentro de la contratación estatal. De esta manera, no solo se hará mención a la jurisprudencia y las normas más importantes, sino que se trascribirán para que el lector pueda analizarlas y tener una posición jurídica propia.

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El presente estudio tiene como objetivo primordial, efectuar un análisis sobre la evolución legal y jurisprudencial del control jurisdiccional que se ha ejercido sobre los denominados actos separables, a través de la normatividad que los ha regulado

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Como consecuencia de la reglamentación Constitucional, surgieron en Colombia dos postulados legales de sin igual importancia en el año 1993, como lo son el estatuto contractual del Estado y el estatuto de la seguridad social

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En la rama ejecutiva del poder público, se viene presentando como modalidad de vinculación a la administración, la contratación de servicios profesionales de un buen número de personas naturales. Servicios éstos que son prestados en las diferentes

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En este trabajo se propone la teoría de los convenios de la administración, bajo la concepción de que esta figura –el convenio de la administración- constituye un género que además de ser un instrumento negocial diferente del contrato administrativo6, involucra dos grandes tipos

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La concesión administrativa de obra, entendida como aquel mecanismo mediante el cual la Administración otorga a una persona llamada concesionario la construcción explotación o conservación de una Obra o Bien

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se abordará el problema planteado frente a la aplicación de dos normas aparentemente contradictorias en el proceso de registro de nuevos programas académicos por parte del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES

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Estatuto contractual de nuestro país, enmarcada en una filosofía de desmonopolización de las actividades estatales y competencia productiva nacional e internacional, adoptó mecanismos antiburocráticos reduciendo al mínimo la tramitología