569 resultados para Colombia - Relaciones exteriores - México
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Este escrito realiza un estudio de los procesos migratorios entre Colombia y Estados Unidos desde el 2000 hasta el 2005, determinando los principales patrones que han promovido dichos movimientos a la luz de aspectos políticos, económicos, sociales y culturales.
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Ante todo, debe efectuarse una precisión metodológica en un doble sentido: en primer lugar, sobre la noción del Gran Caribe o de cuenca del Caribe, y, en segundo término, en referencia al nivel de análisis que utilizamos. Los países europeos tienen sobre el continente americano una visión que coincide, en buena medida, con la que poseemos en América Latina. Estaríamos hablando de que el continente americano puede ser estudiado por países y grupos de países, al tomar en cuenta a varios actores más o menos definidos: en primer lugar, tenemos a Canadá, con su carácter específico, y a Estados Unidos, también tratado de manera autónoma. México constituye también, en esta visión, un capítulo aparte; luego estaría América Central, con sus particularidades, pese a tratarse de varios países, y con sus propios mecanismos de diálogo con la Unión Europea; el Caribe insular, por supuesto, tiene también un carácter distinguible.
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De los 6.004 Km. de frontera terrestre de Colombia, 2.219 corresponden a los límites con Venezuela y 586 a los límites con Ecuador.1 Estas regiones se caracterizan por tener una amplia riqueza en recursos naturales y en especial de recursos hídricos, presentando éstos últimos fenómenos de estrés ambiental, como lo demuestran los casos analizados en el presente documento: la cuenca del río Catatumbo en la frontera colombo-venezolana, y las cuencas de los ríos Mira-Mataje, Carchi-Guáitara y San Miguel y Putumayo en la frontera colombo-ecuatoriana. Estas cuencas presentan dificultades tales como el deterioro de la calidad del agua y alteraciones en la oferta hídrica natural causada por la extracción inadecuada de minerales, por los malos usos que se dan a otros recursos naturales como los páramos y la cobertura boscosa, y por el aumento de la demanda del recurso hídrico. Adicionalmente, las dinámicas del conflicto armado producen efectos adversos para el medio ambiente en estas regiones debido a la presencia de cultivos ilícitos y laboratorios de procesamiento de drogas ilegales, y a la voladura de oleoductos y gasoductos, principalmente. A la problemática socio-ambiental que se desarrolla en estas cuencas compartidas, se suma la carencia de esquemas de gestión binacional de los recursos hídricos que permitan mitigar el desgaste de los recursos naturales y contribuyan a la implementación de prácticas sostenibles para su explotación y a la solución de los problemas de inseguridad ambiental que se presentan en esta zona.
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Colombia y Ecuador, en particular, atraviesan por complejos fenómenos sociales, económicos y políticos, que los conducen a mantener un alto grado de vulnerabilidad e inseguridad en la región. Por esta razón, el tema de la seguridad en Colombia y el desborde del conflicto interno colombiano en las fronteras se constituyó en un asunto importante escalonamiento del conflicto interno colombiano en los últimos seis años ha deteriorado las condiciones de vida en la zona fronteriza de Colombia y Ecuador, lo que ha generado violencia e inestabilidad y han impactado neurálgicamente la débil institucionalidad en ambos países. Por lo tanto, el impacto del conflicto ha llevado a que las agendas seguridad de Colombia y Ecuador consoliden una visión que ha determinado la necesidad de emprender acciones preferiblemente militares y policivas contra los grupos al margen de la ley; por tal razón, la mejor forma de sostener la integridad del Estado ha sido actuar militarmente sobre las amenazas.
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El problema del tráfico de estupefacientes se ha convertido no solo en un dificultad para los países productores y consumidores, sino también para países de paso que a su vez se convierten en consumidores. Así la frontera entre Brasil y Colombia se ha convertido en objetivo para la lucha contra las drogas, usando herramientas como la interdicción aérea.
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La investigación analiza las incidencias de la Política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Velez en los escenarios de seguridad política y militar de las relaciones con Venezuela, desde el 2002 hasta el 2008.