Consecuencias negociales de las prácticas desleales contra los consumidores: relaciones entre el Derecho de contratos y el Derecho de la competencia desleal

En los últimos tiempos hemos asistido a diversas situaciones en las que la contratación de productos y servicios por los consumidores se encuentra fuertemente influenciada por distintas actuaciones empresariales que pueden calificarse como prácticas desleales por engañosas o agresivas. Esta realidad pone de manifiesto la intensa interrelación que existe entre contrato y mercado, y consecuentemente la necesidad de articular puentes de conexión entre el Derecho contratos y de la competencia desleal. Este trabajo aborda las conexiones entre estos sectores normativos con el fin de analizar las posibles soluciones a los problemas derivados de la contratación de consumo afectada por prácticas desleales. Tras una breve introducción donde se da debida cuenta del propósito y justificación de la investigación, el trabajo inicia con la exposición de la tradicional situación de desconexión entre las disciplinas contractual y concurrencial. Posteriormente, se analizan las conexiones intersectoriales en los planos axiológico y funcional, así como los distintos materiales normativos de los que se infieren esas aun incipientes conexiones. Sobre la base de lo anterior, se examinan las medidas correctoras individuales que el Derecho de la competencia desleal pone a disposición de los consumidores para hacer frente a las prácticas desleales, las propuestas de lege ferenda proporcionadas por la doctrina patria para remover los efectos contractuales de estas prácticas, así como las diversas soluciones ofrecidas por distintos Estados miembros de la UE. A continuación, se analizan los nuevos materiales normativos provenientes de la UE que ahondan en el proceso de permeabilización entre el Derecho de contratos y de la competencia desleal, así como las iniciativas legislativas tendentes a su incorporación a nuestro ordenamiento. El trabajo concluye con un conjunto de conclusiones reasuntivas entresacadas del estudio realizado, que se clausuran con la propuesta de algunas directrices para lo que entendemos sería una correcta incorporación de la normativa comunitaria.

Plan de emprendimiento Restaurante Acuarela

Dadas las favorables condiciones actuales del mercado de los restaurantes en el país, con un tamaño de mercado en Bogotá de más de 4 billones de pesos por año y un crecimiento ponderado estimado del 7% para los siguientes años, el Restaurante ACUARELA decide incursionar con una idea fresca e innovadora en el mercado de ofertas gastronómicas en la capital; la necesidad de los capitalinos y sus visitantes de encontrar diferentes opciones saludables y elaboradas con altos estándares de calidad a la hora de comer y un lugar en donde puedan encontrar productos con ofertas de valor diferenciadas, se convierten en motor y eje central de la idea a desarrollar, en dónde los clientes no sólo disfrutarán de una excelente comida sino vivirán toda una experiencia diferente e inigualable.

Algunos aspectos de las prácticas de trabajo y socialización en establecimientos de enseñanza media

Incluye Bibliografía

The right to education: An unfinished task for Latin America and the Caribbean

The right to education.Our newsletter once again takes on the challenges set forth by the Millennium Declaration and the human rights approach embedded in the Convention on the Rights of the Child. In this issue, we will examine the right of children and adolescents to education.

Adolescents and the right to education

The inalienable right of all people to education is enshrined in various international covenants, conventions and agreements, yet the actual fulfilment of this right varies in quantity and quality from one country to the other. On average, the compulsory length of schooling in the countries of the region is 10 years. Half of these countries have already made all secondary education mandatory, which is eminently reasonable since it is commonly accepted as a minimum threshold for lifelong well-being and skills-building. The main article in this edition of Challenges discusses this subject in depth, and shows how far behind we are in ensuring that all adolescents have access to the education to which they are entitled. It focuses on the low secondary school-completion rate and low level of learning acquisition, the strong socioeconomic and sociocultural stratification, the lack of citizenship skills, and the persistence of a relatively high dropout rate at all levels of secondary education. The main challenge in guaranteeing the right to education lies in reducing learning and attainment gaps by helping the groups that are presently lagging behind the most. As is customary, there are also reports on relevant meetings and conferences held in the region over the past half-year, together with the opinions of experts and adolescents and success stories in promoting school attendance in Uruguay and the Dominican Republic.

Decreto rectoral No. 579 : Apruébase la extensión de la Especialización en Derecho Financiero en convenio con la Universidad de San Buenaventura de Cali

Que es política de la Universidad hacer presencia académica en el país, Que la Universidad de San Buenaventura, de la ciudad de Cali, tiene interés en ofrecer en asocio con el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario el programa en Especialización en Derecho Financiero.

Decreto rectoral No. 603 :Apruébase la extensión de la Especialización en Derecho Financiero en convenio con la Universidad de San Buenaventura de Cartegena

Que es política de la Universidad hacer presencia académica en el país. Que la Universidad de San Buenaventura, de la ciudad de Cartegena, tiene interés en ofrecer en asocio con el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario el programa en Especialización en Derecho Financiero.

Decreto rectoral No. 702 : Apruébase la extensión de la Especialización en Derecho Ambiental en convenio con la Universidad Surcolombiana del Huila

Que es política de la Universidad hacer presencia académica en el país; Que la Universidad Surcolombiana del Huila, tiene interés en ofrecer en asocio con el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario el programa en Especialización en Derecho Ambiental

Decreto rectoral No. 929 : pruébase la extensión, a Bucaramanga, de los programas de: Especialización en Derec ho Administrativo y Especialización en Derecho Constitucional en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB

Que es política de la Universidad hacer presencia académica en el país; Que la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, tiene interés en ofrecer en asocio con el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario los programas de: Especialización en Derecho Administrativo y Especialización en Derecho Constitucional

Documento marco de la línea de investigación en derecho penal económico

Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

Construcción de un país pacífico : proteger la diversidad étnica y cultural, deber constitucional

Mediante una propuesta académica innovadora y vivencial en la que se involucra el diálogo con afrocolombianos, indígenas, raizales, gitanos y estudiantes(...), la Universidad del Rosario, a través de una investigación financiada por Colciencias, realizo el balance del estado actual de protección y reconocimiento de los derechos humanos de las comunidades étnicas de Colombia. Con esta experiencia etnoeducativa, que institucionalizó la Cátedra Viva Intercultural de la universidad, se contribuye a la construcción de la identidad de estos grupos étnicos, donde se validan los diversos sistemas de conocimiento no occidentales y se promueve el reconocimiento, el respeto y la aceptación de la pluralidad cultural que garantice la convivencia pacífica. Así mismo, en desarrollo de este proyecto se han invitado a diversos actores de la comunidad nacional a asumir el reto de construir un sistema educativo intercultural, pues se considera que la etnoeducación, como propuesta para el reconocimiento y la valoración de la diversidad étnica y cultural de la Nación, tiene mucho que aportar al diálogo, al entendimiento y a la paz de los colombianos. En este compartir cultural han participado 128 estudiantes rosaristas y 21 personas de otras universidades y organizaciones étnicas, quienes tuvieron la oportunidad de interactuar con un número importante de indígenas provenientes de diferentes pueblos, afrodescendientes asentados en diversas regiones del país, una representante de la comunidad raizal, originaria de los archipiélagos y dos del grupo gitano en Colombia(...). Esta experiencia de la Universidad del Rosario es pionera en el ámbito de la educación superior en el país y demuestra que la perocupación por la educación en asusntos éticos está presente en el sistema educativo y en el diálogo intercultural. La etnoeducación en el país surge del cuestionamiento, por parte de los movimientos sociales, de la función que cumple la educación formal basada en una cultural nacional homogénea que desconocía las culturas de los grupos éticos, factor que contribuye a la pérdida de su identidad cultural. En la actualidad tiene dos énfasis, la educación propia que se desarrolla en la comunidades éticas y la educación intercultural para el conjunto de la sociedad colombiana.

Tendencias actuales de la inversión extranjera en Colombia

En los últimos años, las políticas en materia de inversión extranjera han evidenciado cambios profundos. Luego de un largo periodo en el que especialmente los países en desarrollo aplicaron fuertes restricciones y controles a la entrada de capitales extranjeros, se pasó a una etapa de plena liberalización que desató una competencia entre los países por la atracción de este tipo de capitales. Este cambio de paradigma se explica principalmente por la necesidad que tienen los países en desarrollo de encontrar nuevas fuentes de financiación, luego de la crisis de la deuda. En este contexto, la atracción de la inversión extranjera se ha convertido en una prioridad para los gobiernos. Siguiendo esta tendencia, desde 1990 Colombia ha venido implementando una estrategia de promoción de la inversión extranjera que contempla una serie de modificaciones normativas, incluida la Constitución misma, y la suscripción de diversos acuerdos que tienen por objeto su promoción y su protección. El resultado de estas acciones ha sido un incremento significativo de los capitales foráneos en el país. Sin embargo, el Grupo de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la línea de investigación en Inversión Extranjera de la Facultad de Jurisprudencia, considera que los resultados no son óptimos. A pesar del crecimiento positivo de los flujos de inversión, los investigadores advierten que el impacto en la economía no ha sido el esperado porque la mayor parte de estos capitales se ha concentrado en el sector primario (de manera especial en el sector petrolero) y la inversión realizada en el sector productivo se ha canalizado principalmente a través de la compra de empresas ya existentes, tanto públicas como privadas. Aunque las inversiones en el sector primario pueden registrar altas tasas de crecimiento y que la inversión en industrias ya existentes puede generar externalidades positivas (formación de recursos humanos, introducción de una gestión empresarial moderna o fomento de capacidades productivas locales), el verdadero impacto económico sólo se logra en aquellos casos en los que hay creación de nuevas empresas (greenfield), especialmente cuando éstas se sitúan en sectores innovadores o en aquellos que se caracterizan por su alto valor tecnológico. De otra parte, los investigadores subrayan que es preciso tener en cuenta que los potenciales efectos positivos atribuidos a la inversión extranjera no operan en todos los casos. Estos dependen del tipo de inversión(...), de los intereses que persigan los inversionistas, del lugar donde se instale la inversión y de los sectores en los cuales se lleve a cabo, así como del entorno político institucional existente en el país receptor. Por consiguiente, las acciones para atraer la inversión extranjera deben dirigirse no sólo a garantizar la institucionalidad y la seguridad jurídica, sino también a la implementación de políticas públicas en materia de ciencia y tecnología por parte del gobierno y a la formación de capital humano, ya que, solamente de esta manera, será posible la atracción de inversiones susceptibles de generar un alto impacto en la economía, puntualizan los investigadores.

La seguridad en los países que rodean a Colombia

En América Latina el tema de la seguridad nunca ha sido -hasta ahora- objeto de una atención y preocupación constante y sistemática por parte del foro académico en tanto dimensión específica de los problemas de las relaciones internacionales. A ello ha contribuido lo que algunos estudiosos han denominado la “relativa irrelevancia” de la región en materia de seguridad a nivel mundial, resultado de diversos factores dentro de los que pueden destacarse al menos los tres siguientes: el bajísimo nivel de conflictividad interestatal (a pesar de episodios esporádicos como la Guerra de las Malvinas y la escaramuza bélica entre Ecuador y Perú en la Cordillera del Cóndor), el hecho de ser un área relativamente libre de armas nucleares (el tratado de Tlatelolco, suscrito en 1967, es pionero en materia de control de armas y de no proliferación), y en los últimos años, el fin del conflicto centroamericano y con ello, la pacificación de la región, no obstante la persistencia del conflicto interno colombiano. Esta marcada tendencia ha empezado a cambiar de curso bajo la influencia de los efectos que en la dinámica de las relaciones internacionales produjeron los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. En efecto, estos acontecimientos no sólo provocaron una creciente securitización de la agenda internacional (lo que implica que las políticas exteriores, o el análisis de las relaciones internacionales, tengan que ser pasados por el prisma de la seguridad, a la que todo se subordina, desde la economía -el libre mercado como herramienta para luchar contra el terrorismo- hasta los intercambios culturales -las restricciones al acceso de extranjeros a ciertos programas de educación superior). También obligaron a darle una nueva mirada a las zonas consideradas pacíficas, en la medida en que el terrorismo es una amenaza global que se viene enfrentando con una guerra igualmente global, que no se atiene a la clásica distinción geopolítica entre zonas bajo un orden de paz y zonas en estado de guerra. En este contexto aparece el esfuerzo colectivo de los miembros de la línea sobre seguridad regional e internacional del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI)(...), de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, en torno al análisis de la construcción de la seguridad en América Latina, cuyo primer resultado es un afortunado y pertinente intento por delinear los perfiles de seguridad de los países que integran el “círculo de Colombia”: Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela(...) y al cual seguirán tres trabajos adicionales dedicados a la seguridad de los países del Cono Sur, de Centroamérica y el Caribe, y por último, de Colombia con una perspectiva comparada. Esos perfiles de seguridad se determinan a través de un análisis que se considera un espectro mucho más ensanchado de nuevas amenazas a la seguridad y en el que los factores de seguridad clásicos, principalmente geopolíticos y militares, se enlazan fluidamente con los económicos, sociales, ambientales y culturales, hasta ahora relegados a una posición relativamente secundaria.

La Venezuela cívico-militar

Los giros de la fortuna, con la reivindicación que significó la amnistía propiciada por el presidente Rafael Caldera, y la persistencia en un proyecto político que había concebido con tiempo suficiente, le permitieron a Hugo Chávez aparecer en los siguientes comicios como candidato abanderado de un proyecto alternativo, añorado quizás por muchos venezolanos. Puesto en el ejercicio del poder por la vía electoral mayoritaria, el presidente Chávez dio inicio a un proyecto político en el que las Ffuerzas Armadas cambiarían, bajo su liderazgo personal, la función que se les había atribuido en el Pacto de Punto Fijo. Conforme al nuevo esquema, éstas se convertirían en la principal organización con capacidad para adelantar los objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana. Los cambios constitucionales de la proclamada Quinta República se orientaron en esa dirección. >De acuerdo con la Constitución de 1999 (...), el tema de la Seguridad de la Nación (Cap. VII) adquirió por primera vez rango constitucional. Se incorporaron dos nuevos conceptos: “seguridad y defensa integral” y se estableció el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para la defensa de la seguridad de la nación. Una Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación (2002)(...) , vino a definir los conceptos de “seguridad de la nación, defensa integral y desarrollo integral”, que son los principales componentes de la actual visión venezolana sobre la seguridad. Sus campos de aplicación son múltiples: económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, dando a entender que los principales ámbitos de la vida social conciernen al tema de la seguridad y que el accionar de los militares se amplía por ese mismo conducto a las demás esferas. Conforme al nuevo esquema, desapareció el carácter plural de las Fuerzas Armadas Nacionales, separadas en fuerzas diferentes bajo el esquema anterior, para ser reemplazado por el singular de una Fuerza Armada Nacional, bajo el concepto de unidad en el mando. Dentro de las atribuciones del presidente se incluyó la de promover oficiales a partir de un cierto grado, poniendo fin a una atribución que le correspondía al Senado y que respondía al ejercicio del control civil. Se estableció, así mismo, el derecho al voto de los militares y se eliminaron diferentes características que permitían calificar a la institución militar como “apolítica” y “no deliberante”, para sustituir su carácter por el de una organización “sin militancia política”. Los conceptos, las estrategias y las definiciones anteriores han puesto en marcha un nuevo pensamiento militar que –al decir de su propio inspirador– se debe fundar en unas nuevas relaciones cívico-militares, y tener una orientación anti-imperialista, ésto es destinada a resistir a la influencia tradicional de los Estados Unidos como potencia continental. El desarrollo del proyecto implica el seguimiento de tres líneas estratégicas: el fortalecimiento del poder militar de la nación, la consolidación y profundización de la unión cívico-militar en diferentes actividades y la participación popular en las tareas de defensa nacional. Ésta es la línea de pensamiento que da origen a la condición cívico-militar del Gobierno, así como a la insistencia en la preparación generalizada contra una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. El proclamado carácter cívico-militar del régimen venezolano encuentra, entre otros, asidero institucional en la existencia de dos nuevas figuras llamadas Cuerpos Especiales, que se suman a los componentes tradicionales del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, y que se denominan Reserva Nacional y Guardia Territorial (...). La creación de estos dos últimos cuerpos tiene profunda significación en el propósito de involucrar a la población civil en actividades complementarias del papel que corresponde a la Fuerza Armada Nacional. En la medida que la orientación del conjunto corresponde al propio Presidente de la República, se consolida un mecanismo que hace coincidir los propósitos de las fuerzas militares tradicionales con los de un pueblo en armas desde la civilidad, siempre al servicio de un propósito político controlado por el Ejecutivo, que a su vez, es el conductor supremo de la llamada Revolución Bolivariana. El presidente Chávez se refiere a la actual Fuerza Armada Nacional como un “ejército libertador”, agente y protagonista de los cambios que anuncia hacia el futuro, en unión de los sectores civiles que incorpora al mismo propósito. Ésta es la Venezuela dirigida por un esquema cívico-militar que de alguna manera se nutre, en el siglo XXI, de tradiciones y experiencias históricas que marcaron la vida nacional. El seguimiento del curso de acción de esa alianza resulta de gran importancia para Colombia, en la medida que la marcha de nuestros procesos sociales, políticos y económicos no se puede desligar de la del país vecino. Las credenciales democráticas del presidente Chávez, en cuanto al origen de su mandato, le confieren una legitimidad que, a su vez, le da un amplio margen de maniobra, tanto nacional como internacional. La orientación que en ambos escenarios tome su gobierno en desarrollo de sus estrategias, o ante circunstancias particulares, debe ser objeto de la mayor atención y análisis de parte nuestra. En todo caso, conviene tener en cuenta el propósito de combinación de lo civil y de lo militar, bajo su inspiración, porque de ello se pueden derivar consecuencias esencialmente diferentes de las correspondientes a un sistema de la índole del nuestro.

Turbulencia empresarial en Colombia: sector restaurantes comidas rápidas: Kokoriko, Frisby y La Brasa Roja

La Facultad de Administración de la Universidad del Rosario, dentro del Grupo de Investigación en Perdurabilidad Empresarial, cuenta con la línea de pensamiento estratégico, que busca desarrollar proyectos que permitan dar respuesta a las empresas sobre cuáles deben ser las estrategias que podrían implementar para enfrentar la turbulencia del entorno y lograr alcanzar su perdurabilidad, evitando entrar en estados de enfermedad o de liquidación. Entre el 2010 y 2011, se publicaron documentos de investigación en los que se realizó un análisis de turbulencia de los sectores farmacéutico, bebidas no alcohólicas, lácteos, productos cárnicos, transporte aéreo, financiero, aire acondicionado, cosméticos, postres y cines. Las empresas que han sido objeto de estudio se han enfrentado a discontinuidades tecnológicas, políticas, económicas, regulatorias y de globalización, que han puesto a prueba su capacidad estratégica para enfrentar estas anomalías. Al realizar estudios sectoriales, se busca conocer la manera como las empresas enfrentan la turbulencia, para así lograr avanzar en la generación de un modelo de alerta temprana que facilite el proceso de toma de decisiones estratégicas. Los documentos publicados han sido elaborados de forma conjunta con estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad de Administración. En esta ocasión, se efectúa un análisis del sector de restaurantes de comidas rápidas con base en carne de pollo, desarrollado con estudiantes de la asignatura Estrategia de Empresa I. Se han seleccionado las empresas Kokoriko, Frisby y La Brasa Roja, teniendo en cuenta que son las principales compañías de este producto en el país. Se decide abordar este sector dado su dinamismo a nivel mundial y a que las empresas que hacen parte de él se encuentran en una constante búsqueda de la diferenciación. Dentro de este sector, se hablará en concreto de las comidas rápidas con base en carne de pollo. En Colombia, las cadenas de restaurantes de pollo son consideradas como las que tienen las mejores posibilidades de crecer en el segmento de comidas rápidas. En los últimos años, estos restaurantes han obtenido grandes ventas gracias al creciente número de clientes que han logrado cautivar. Las empresas analizadas son La Brasa Roja, Kokoriko y Frisby.Estas empresas serán evaluadas a través de los siguientes elementos: análisis de turbulencia del mercado, descripción de cada empresa, análisis de las fuerzas del mercado, análisis matriciales y descripción de la cadena de valor. Finalmente, con base en esto, se emitirá una calificación conceptual de cada una de ellas.