675 resultados para Tribunales penales


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La literatura sobre la justicia transicional en los Balcanes hasta el momento se ha centrado casi exclusivamente en los juicios penales internacionales y ha hecho caso omiso de la reforma institucional. El presente estudio ha incorporado el análisis de la reforma institucional, más específicamente, judicial, definida como uno de los mecanismos de justicia transicional, y ha estudiado la influencia de las negociaciones de adhesión de la UE al respecto, desarrollando así un modelo triangular entre la reforma institucional (judicial), la justicia transicional y la europeización. En esta investigación se aborda la justicia transicional en Croacia y Serbia a través del prisma de la ampliación de la Unión Europea. Se parte de la premisa de que en el proceso de la ampliación a los dos países la Unión Europea adoptó el papel de ejecutor sustituto de la justicia transicional: primero, condicionando el inicio de las negociaciones para la adhesión con la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), y luego, haciendo uso de las negociaciones para la adhesión para promover la reforma judicial. Por lo tanto, la investigación combina el conocimiento de dos campos de estudio: la justicia transicional y la europeización. A falta de promoción interna de la justicia transicional, el proceso de integración europea sirvió como promotor externo de los mecanismos de justicia transicional en los Balcanes occidentales y ha tenido un efecto disuasorio. Después de señalar las carencias identificadas en la literatura científica, se ha adoptado el enfoque correspondiente para abordar la cuestión específica de medidas de justicia transicional: la reforma institucional del poder judicial a través de las negociaciones para adhesión de la UE...

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Las cárceles bolivianas, entre sus muchas peculiaridades, condensan a niños de diferentes edades que, sin haber cometido delito alguno, se encuentran recluidos junto con sus progenitores. Según datos de las autoridades de Régimen Penitenciario Boliviano, en todas las cárceles del país se ha contabilizado la existencia de al menos 1.500 niños y niñas. Estos niños, lejos de la vida de parques y juegos, se ven confinados a las paredes hacinadas de los penales, conviviendo con asesinos reincidentes, narcotraficantes, violadores, atracadores a mano armada y una vasta gama de delincuentes. Las duras realidades familiares y económicas de sus progenitores les han obligado a recluirse junto con sus hijos, en muchas ocasiones más de uno, puesto que la única otra alternativa es poner a sus niños a disposición del Estado, ya que en la mayoría de los casos no disponen, ya sea por estigmas o condiciones socioeconómicas, de la ayuda de familiares y amigos que puedan hacerse cargo. Esto ocasiona una situación muy sui generis dentro del contexto carcelario boliviano, ya que no solo se puede encontrar niños dentro de los penales, sino familias enteras conviviendo, transformando las cárceles en una especie de gueto donde se normalizan ciertos procesos de socialización. La gran mayoría de los reclusos en Bolivia se encuentran encerrados en prisión preventiva, es decir, sin tener una sentencia, y por tanto si tener una certeza sobre cuánto tiempo deberán permanecer en ese lugar, esta situación se debe especialmente a la retardación de la justicia boliviana. Lo que, lejos de contribuir a una rehabilitación de los reclusos, los centros penitenciarios bolivianos se constituyen en depósitos de personas, donde conviven hacinadas varios cientos, e incluso miles, de personas privadas de libertad, junto con sus familiares, en condiciones totalmente precarias...

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Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal el de analizar cómo y con qué elementos se integró un sistema político regional después de la primera gran revolución del siglo XX, de la Revolución mexicana, la que sucedió seis años antes que la Revolución rusa. Se muestra un análisis sobre el campo de la política, se hace desde la perspectiva del ejercicio de la política y del poder; son situados los actores individuales y colectivos que emergieron y constituyeron una nueva clase política regional, la que tuvo el reto de constituir un nuevo sistema político nacional que se complementaba con un nuevo régimen político nacional, el posrevolucionario. En este escenario, es importante revisar cómo se impulsó la organización y desarrollo de las elecciones y qué instituciones fueron establecidas durante el período, en las cuales se asentó el sistema político en el estado federado de Zacatecas. Consideramos los impactos inmediatos, los posibles estancamientos y la evolución en los individuos y las acciones políticas. El estudio es sobre Zacatecas, una de las regiones federativas que desde el siglo XIX es parte de los Estados Unidos Mexicanos. Su territorio está delimitado por la legislación interna y por la emitida por el Congreso nacional. En tal área existen instituciones que ejercen autoridad sobre la zona que señala la legislación. Los individuos a los que se prestó atención son los que fungieron como gobernador, diputados al Congreso local y magistrados de los tribunales estatales. Son examinados los sujetos que laboraron en las instituciones que tenían autoridad en el territorio estatal. Estas precisiones espaciales son las que confirman que se atiende una región que interactúa en un Estado nacional...

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Los medios de comunicación dan cuenta diariamente de hechos noticiosos relativos a asesinatos de mujeres cometidos principalmente por varones que mantenían o habían mantenido relaciones afectivas con las fallecidas. La relevancia de este tipo de noticias ha cobrado significado, y es de obligado cumplimiento su publicación por la profesión periodística desde la muerte de Ana Orantes, en diciembre de 1997. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, contempla diversas medidas de prevención de este tipo de violencia en los ámbitos público y privado; creó los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que se encargan de los procesos penales relativos a este tipo de violencias y, en general, protege a las mujeres contra los malos tratos, las lesiones, las amenazas, las vejaciones y las coacciones. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, refuerza la ley anterior, para lo que incluye mecanismos que favorecen la igualdad de género en la vida laboral y social. Pero, ¿qué cambios ha experimentado la información periodística relativa a la igualdad de género y a la violencia de género que pueden ser atribuibles a las leyes de igualdad y violencia de género? Se parte de la hipótesis de que las informaciones periodísticas no explican por qué siguen muriendo anualmente entre 50 y 70 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. La teoría feminista inscribe estas muertes en la desigualdad de género y en la cultura del patriarcado, que subordina a las mujeres culturalmente a los varones, sin embargo las informaciones periodísticas no relacionan desigualdad de género con violencia de género. Al abordar este trabajo de investigación, se entendía que tendrían que haberse producido cambios en el tratamiento informativo de este tipo de violencia porque ambas leyes contemplan cierta responsabilidad de los medios de comunicación en la trasmisión de la imagen de las mujeres y de los hombres más acorde con la realidad. Por lo quese trató de averiguar cuáles han sido esos cambios...

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La Inquisición española siempre ha sido un tema atractivo y polémico como pocos en la Historia de España. La bibliografía existente sobre ella es ingente, al igual que variados son los enfoques con los que investigadores y curiosos se han acercado a ella. Son muchos los temas sobre su historia abordados por los historiadores, tendiendo en ciertos casos a la repetición y la sobresaturación en algunos de ellos. Las víctimas, la tortura, el procedimiento..., son conceptos recurrentes, mientras que otros, también fundamentales para el conocimiento de la institución, han permanecido ignorados sin que se sepa muy bien la razón. Varias de estas cuestiones tienen que ver con el funcionamiento interno de los tribunales de distrito y, más en concreto, con su gestión administrativa. La presente tesis, que se adscribe a una nueva corriente de investigación, la Diplomática inquisitorial, tratará de paliar, en la medida de lo posible, ese vacío historiográfico. El primer objetivo será, por tanto, dar a conocer los principales documentos escriturados en los tribunales de distrito del Santo Oficio durante el desarrollo de sus funciones, lo que se traducirá en un amplio espectro temático. El siguiente gran objetivo no será otro que el de tratar de profundizar en la figura de los secretarios de estos tribunales. Para ello se expondrán sus categorías, funciones, formas de acceder al oficio, remuneraciones, etc. Se intentará trazar un perfil lo más completo posible de ellos en tanto que responsables de buena parte de la gestión administrativa del tribunal. Habiendo estudiado la documentación y a quienes la confeccionaban, será necesario también analizar la importancia de los archivos inquisitoriales en la mencionada gestión, de manera que se indagará acerca de su historia, funciones, organización...

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El presente trabajo trata de poner de manifiesto el riesgo, para jueces y tribunales, de valorar de forma acrí-tica los informes periciales psicológicos referidos a la valoración del daño psíquico en supuestos de abuso sexual infantil (ASI). Desde la revisión bibliográfica realizada se han detectado serias limitaciones para detectar ASI en la utilización de indicadores clínicos que han surgido del contexto sanitario y asistencial. Se cuestiona el m delo teórico subyacente y la rigurosidad de los estudios sobre las consecuencias psicológicas asociadas al ASI. Igualmente, son debatidos algunos métodos de exploración clínica, extrapolados al contexto forense, y desaconsejados debido a su baja fiabilidad y validez. Se concluye señalando lo inadecuado de trasladar modelos y procedimientos del contexto clínico-asistencial al pericial, y la necesidad de exigir requisitos técnicos a los informes forenses.

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Antecedentes/Objetivos: La Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004, se centra en una función de la Salud Pública: Proteger la salud. Su impacto debe notarse gradualmente. Objetivo: Analizar denuncias y mortalidad por violencia del compañero íntimo (VCI), y medidas judiciales de protección de las víctimas, según desigualdades de género de Comunidades Autónomas (CCAA) de España, 2006 y 2011. Métodos: Estudio ecológico de la relación del índice de desigualdad de género (IDG) de las CCAA con las variables dependientes: muertes y denuncias de mujeres por VCI, y frecuencia de medidas judiciales civiles (salida del domicilio, suspensión del régimen de visitas, suspensión guarda y custodia y prestación de alimentos) y penales (privativas de libertad, orden de alejamiento, prohibición de comunicación y suspensión tenencia y uso de armas) con/sin orden de protección (OP) por VCI (2006 y 2011). Fuentes: Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, INE, Informes Estadísticos anuales Poder Judicial. Agrupación de CCAA según IDG España en 2006: 0,104 y 2011: 0,082 (por encima: > desigualdad de género, por debajo: > igualdad). Cálculo de tasas de mortalidad de mujeres > 14 años y de denuncias para las CCAA con IDGalto y bajo, del coeficiente de determinación entre las variables dependientes y el IDG, y del riesgo de aplicación de medidas judiciales, con/sin OP, en las CCAA según su IDG. Contraste entre 2006 y 2011. Resultados: En España se realizaron 8.315.202 denuncias en 2006 y 11.417.799 en 2011 por VCI. A > desigualdad de género de las CCAA > riesgo de denunciar por VCI, en 2006: R2 = 34% (p = 0,01), y 2011: R2 = 27,9% (p = 0,03). No se detectan diferencias en el riesgo de morir por VCI de las mujeres que viven en CCAA con diferentes IDG; pero se observa una disminución de la pendiente de la recta en 2011, al aumentar las muertes en las CCAA con > igualdad de género y disminuir en las desiguales. En 2006, la probabilidad de todas las medidas civiles es probabilidad en las CCAA más igualitarias. Las OP acompañantes a las medidas civiles y penales son adoptadas con > probabilidad en las CCAA con más igualdad de género. Conclusiones: Paradójicamente, con el mayor número de denuncias en las CCAA con mayor desigualdad, la adopción de medidas judiciales penales y civiles, con y sin orden de protección de las víctimas de VCI, es menos frecuente.

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Existen conductas empresariales de muy diversa naturaleza que pueden dar lugar a la transgresión del derecho de huelga. En estos casos se hace necesario reparar los daños que tales conductas provocan, tanto en el plano individual (trabajador) como en el plano colectivo (sindicatos u órganos de representación unitaria), teniendo en cuenta que la indemnización que derive de ello debe cumplir una función ejemplarizante, además de la propiamente reparadora. En el presente estudio, siguiendo los criterios que han ido sentando nuestros Tribunales, se identifican distintas conductas empresariales susceptibles de conculcar el derecho de huelga, a la par que se analizan todas y cada una de las partidas que debieran estar presentes a la hora de calcular el monto indemnizatorio, así como los criterios de valoración a tener en cuenta en estos casos.

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Perspectiva criminológica de análisis de los elementos, la jurisprudencia penal y la doctrina científica de diversos tipos penales regulados en el Derecho penal positivo, en este caso, de los delitos de agresión sexual, abuso sexual y acoso sexual. En la actualidad son múltiples las noticias que dan a conocer supuestos de agresiones sexuales, destacando al respecto que técnicamente existe agresión sexual (que puede manifestarse de múltiples formas) cuando se atenta, con violencia e intimidación, contra la libertad sexual de una persona.

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Inscripto en el análisis del discurso interaccional de tradición angloamericana y optando por un abordaje metodológico etnográfico, este proyecto plantea investigar las relaciones entre textos orales y entre textos orales y escritos vinculados en cadenas textuales en un acontecimiento comunicativo institucional en el que tales relaciones tienen consecuencias directas en la confiabilidad de la información e intervienen en la construcción del conocimiento oficial. La situación comunicativa elegida es el examen y el contraexamen de testigos comunes durante procesos penales orales, de formato común no abreviado, en la jurisdicción de Córdoba capital. En las interacciones verbales con litigantes y jueces en las que emerge el testimonio se ponen en juego otros textos orales (en forma de citas de lo dicho antes por el mismo testigo u otras personas, referencias a rumores u opiniones colectivas, etc.) y textos escritos (actas de secuestro, informes periciales, actas de las declaraciones testimoniales en la etapa de instrucción, etc.). El foco de atención son las prácticas asociadas a la intertextualidad puesto que condicionan el carácter de la prueba testimonial producida ante el juzgador. Postulamos que los litigantes despliegan tácticas locales y estrategias globales reconocibles y recurrentes vinculadas al tratamiento de diversas categorías de textos previos. Además, planteamos averiguar si la participación de los jueces en interacción con los testigos es de suficiente injerencia como para ser un modo importante de generación de prueba testimonial. El enfoque metodológico general es etnográfico y analíticodiscursivo. Se seleccionará una causa por delito grave, se presenciará el debate en la cámara y se registrará el audio de todas las audiencias. Los datos a analizar serán los segmentos en las interacciones en los que se incorpora la lectura o se cita las actas de las declaraciones indagatorias o testimoniales anteriores, y los segmentos en los que se requiere, en calidad de prueba testimonial, la reproducción de dichos. Se procederá a partir de los detalles de la superficie textual y la pragmática de los intercambios y aprovechando el valor heurístico del concepto de voz, buscando identificar patrones recurrentes y los mecanismos generales que los rigen. Sobre esa base, se considerarán los intercambios verbales como interacción social que emerge moldeada por condiciones situacionales e institucionales y otros factores, tales como la incidencia de la pertenencia a grupos sociales o profesionales. Con el estudio se obtendrá una visión de prácticas cotidianas asociadas a la intertextualidad que son de crucial importancia para el carácter de la prueba testimonial producida ante el juzgador. Este paso nos acercará a conocer cómo se lleva a cabo efectivamente la administración de justicia penal y permitirá valorar los patrones de conducta a la luz de las normas procesales.

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Has supplement: Sección de Jurisprudencia, contiene ejecutorias notables de tribunales federales ó locales, y de casación pronunciadas por la Primera sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

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Tít. de los vols. 7, 8 y 9: Supplément a l'essai sur l'histoire générale des tribunaux des peuples tant anciens que modernes...

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Portada con grabado calcográfico.