1000 resultados para SEGURIDAD NACIONAL - RUSIA


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La percepción subjetiva de la movilidad social intergeneracional (ascendente, inmóvil o descendente) es un elemento importante para comprender la percepción que los individuos tienen de la sociedad en la que viven. De hecho, es al considerar las expectativas sobre el futuro cuando mejor pueden comprenderse las reacciones sociales en el presente.

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Objetivos: Evaluar las percepciones, opiniones y conductas que tienen enfermeros y auxiliares de enfermería sobre seguridad del paciente en el servicio quirúrgico de un hospital público del Sistema Nacional de Salud español. Describir fortalezas y debilidades/oportunidades de mejora según criterios de la Agency for Healthcare Research and Quality y conocer el número de incidentes de seguridad notificados. Método: Estudio observacional, transversal, llevado a cabo utilizando la versión española del cuestionario Hospital Survey on Patient Safety Culture. La muestra estuvo constituida por profesionales de enfermería que aceptaron participar en el estudio voluntariamente y cumplían los criterios de selección. Se realizó un análisis descriptivo e inferencial en función de la naturaleza de las variables y las condiciones de aplicación de los test estadísticos. Significación p < 0,05. Resultados: Respondieron 74 profesionales de enfermería (63,2%). No se encontró ninguna fortaleza en el servicio quirúrgico, y las áreas principales que necesitan mejora corresponden a «Dotación de personal» (64,0%) y «Apoyo de la gerencia del hospital en materia de seguridad del paciente» (52,9%). El 52,3% (n = 65) califica el grado de seguridad del paciente entre 7 y 8,99 (en una escala de 10); el 79,7% (n = 72) no notificó ningún incidente durante el último año. La varianza total explicada por el modelo de regresión fue 0,56 para «Frecuencia de eventos notificados» y 0,26 para «Percepción de seguridad». Conclusiones: Percepción más positiva sobre cultura de seguridad del paciente a nivel de unidad/servicio. Las debilidades identificadas pueden servir para diseñar actividades concretas de intervención para mejorar la cultura de seguridad del paciente en otros servicios quirúrgicos del entorno.

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En la zona centro-norte de la provincia de Córdoba el avance de la frontera agrícola, trajo como consecuencia cambios en los sistemas agropecuarios, ya que el agotamiento de las fuentes de trabajo históricas (ferrocarril), y las prácticas de clientelismo político sumieron a la sociedad local en una pasiva actitud ante sus problemas más acuciantes. Como resultado de la compleja interacción de procesos surgieron problemas ambientales, sociales y políticos, afectando a los grupos más vulnerables, que no pudieron adoptar la nueva tecnología de esta reciente “revolución verde”, con la consecuente reducción de la agrodiversidad y la seguridad alimentaria de los mismos. Desde el punto de vista alimenticio, se pierde variedad y calidad. Y en cuanto a lo social, se pierde educación y trabajo. Encuestas realizadas en las escuelas, han detectado que algunos pobladores rurales, padres de los alumnos, mantienen huertas familiares, éstas son de reducida diversidad, sin la incorporación de granos, tal como el maíz, lo que significaría un gran aporte alimenticio. Esto se debe a la presencia de carotenoides y tocoferoles que son precursores de Vitamina A y D con funciones antioxidantes que previenen enfermedades degenerativas. Los jóvenes de las escuelas son activos protagonistas de la vida de sus comunidades, capaces de investigar soluciones alternativas a los problemas que la afectan y tener un efecto multiplicador de las mismas hacia la sociedad que los contiene. Es por ello, que incentivar a estos jóvenes a la producción de alimentos, a rescatar los saberes y sabores de su comunidad, daría la solución a los múltiples aspectos del problema. Además, educar sobre la importancia de una alimentación variada y equilibrada, resultará en una fuerte contribución a la recuperación de la seguridad alimentaria y a la generación de nuevos emprendimientos laborales. Este proyecto que surge a partir de una inquietud de un grupo de docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Se propone abordar soluciones alternativas a los problemas planteados de pérdida de trabajo a nivel local, seguridad alimentaria, y contención social, bajo una metodología participativa con todos los actores sociales implicados (Saal, G. 2007). Es a partir de la Investigación - Extensión - Acción que se propone realizar reuniones y talleres periódicos en cada establecimiento educativo, donde se discuten las acciones a llevar a cabo. Se educará a la población escolar y familiar sobre alimentación y nutrición brindándole las herramientas necesarias para una calidad de vida y alcanzar así su seguridad alimentaria. A partir de la labor interdisciplinaria y del compromiso ético, social y político de los participantes de cada experiencia, se espera trabajar sobre los nuevos saberes generados y difundirlos a través de la producción de materiales adecuados: Manuales didácticos, cartillas, folletos, afiches y el libro recientemente publicado: MAICES ESPECIALES: SABERES Y SABORES (Nazar y Quiroga, 2012). Capacitar mediante la investigación adaptativa a los actores involucrados, es un objetivo de una nueva alternativa de producción, diversificando así las tareas para lograr una mejor calidad de vida e ingresos. Una agenda de políticas públicas para enfrentar los principales desafíos de una región debe incluir entre sus principales líneas de trabajo: mecanismos de seguridad alimentaria y trabajo a largo plazo, inversión en agricultura, inclusión de los grupos vulnerables relacionado con las escuelas y/o organizaciones sociales en la cadena de comercialización; logrando así, una mayor transparencia y competencia en los mercados agroalimentarios (FAO, 2011).

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El trabajo explora la emergencia de temas y la constitución de problemas públicos que integran la agenda de la seguridad en Argentina en la etapa democrática a partir de procesos vinculados a la problematización pública de muertes violentas constituidas como casos conmocionantes. Con estos fines, el análisis integra la reconstrucción en el registro de la acción pública de casos conmocionantes con una revisión de trabajos que desde las ciencias sociales abordan dimensiones de la muerte violenta y problemas vinculados a la agenda nacional de la seguridad. Como punto de llegada del análisis destacamos la capacidad que en la actualidad manifiesta la inseguridad para absorber e integrar dimensiones en tanto problema que se constituye como un guion cultural privilegiado para la comprensión de la violencia, que sintetiza sentidos sociales circulantes sobre el riesgo y que sirve de plataforma para la demanda política de amplios sectores de la ciudadanía.

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La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas marca un hito en los derechos humanos de las mujeres, la paz y la seguridad al constituir el primer instrumento de dicho Consejo que exige a las partes en conflicto que los derechos de las mujeres sean respetados. La resolución reconoce el impacto diferenciado y desproporcionado que los conflictos armados y situaciones de inseguridad tienen sobre las mujeres, especialmente la violencia de género, subrayando la importancia de la contribución de las mujeres en los procesos de resolución y prevención de conflictos, así como en la consecución de la paz y el desarrollo sostenible en contextos democráticos. Este programa de formación promueve un mayor conocimiento de la Resolución 1325 y otras resoluciones conexas en América Latina y el Caribe, de modo que la incorporación de la perspectiva de género en la paz y la seguridad sea un compromiso y una tarea crecientemente asumida por los gobiernos de la región. El objetivo es capacitar a personas de diferentes sectores: público, academia y sociedad civil, a la vez que promover el diálogo y el fortalecimiento de capacidades para el trabajo intersectorial que requieren las políticas para la igualdad. La metodología y el contenido del programa, que se estructura en módulos temáticos, fueron desarrollados en la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con apoyo del UNFPA, y responden a la realidad y las necesidades específicas de formación en esta materia que tiene América Latina.

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Entre fines de los años 90 hasta la actualidad en Argentina - considerados por los actores políticos y presentados en los medias como los años de mayor auge de las tasas de delito - varios planes de seguridad son formulados por parte del Gobierno nacional y de los Gobiernos provinciales. A nivel nacional, en el 2000, el gobierno de la Alianza y su presidente, Fernando de la Rua, lanzan un plan nacional de prevención del delito que se presenta como una estrategia ambiciosa, de alcance nacional. El plan será mantenido durante el mandato del presidente Néstor Kirchner, aunque bajo la forma de un programa acotado, implementado por los gobiernos municipales que lo adoptan. En el mismo periodo, varios otros planes son formulados por el gobierno nacional mientras los gobiernos provinciales lanzan sus planes propios. Esta sucesión de planes refleja la dificultad del gobierno nacional para formular una política pública de seguridad. Usando el enfoque de la sociología de la acción, proponemos un análisis de los actores políticos con responsabilidades en materia de políticas de seguridad y de sus acciones, preguntándonos cual es el impacto de la organización institucional sobre la acción política. ¿Las dinámicas político administrativas inciden en la formulación de políticas públicas? ¿En el caso argentino, el carácter federal del Estado, la repartición de competencias entre gobierno nacional y gobiernos provinciales, la división de los recursos entre administraciones en el seno del gobierno nacional, constituyen un obstáculo para la acción política?

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Abordar el problema de la desnutrición demanda considerar factores económicos, políticos, sociales y culturales. Por esto fue necesario el estudio sobre los procesos de toma de decisiones que repercuten en distintos aspectos de la vida familiar y que se pueden conceptualizar como estrategias familiares de vida. En este sentido, el estudio tuvo como objetivo indagar la posible covariación entre el desarrollo o ausencia de determinados componentes en las estrategias familiares y la presencia de niños desnutridos posibilitando el cuestionamiento a nociones establecidas

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El presente artículo aborda el plan de seguridad postulado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; se estudia el plan desde los conceptos de "gobierno político de la seguridad pública" (Sain, 2006), "selectividad" (Zaffaroni, 2002) y "el imperativo legal, el imperativo racional-burocrático y el imperativo consensual" (Rein y Rabinovitz, 1993) en los procesos de implementación de políticas públicas; y concluye en: i) la propuesta de elementos de análisis para estadíos más avanzados del proceso de implementación, ii) los rasgos conflictivos de la relación de la policía metropolitana con la Policía Federal y con las Policías de la Provincia de Buenos Aires, y iii) los factores criticables que ha mostrado hasta ahora la formulación oficial del plan y la propuesta de creación de la Policía Metropolitana

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Entre fines de los años 90 hasta la actualidad en Argentina - considerados por los actores políticos y presentados en los medias como los años de mayor auge de las tasas de delito - varios planes de seguridad son formulados por parte del Gobierno nacional y de los Gobiernos provinciales. A nivel nacional, en el 2000, el gobierno de la Alianza y su presidente, Fernando de la Rua, lanzan un plan nacional de prevención del delito que se presenta como una estrategia ambiciosa, de alcance nacional. El plan será mantenido durante el mandato del presidente Néstor Kirchner, aunque bajo la forma de un programa acotado, implementado por los gobiernos municipales que lo adoptan. En el mismo periodo, varios otros planes son formulados por el gobierno nacional mientras los gobiernos provinciales lanzan sus planes propios. Esta sucesión de planes refleja la dificultad del gobierno nacional para formular una política pública de seguridad. Usando el enfoque de la sociología de la acción, proponemos un análisis de los actores políticos con responsabilidades en materia de políticas de seguridad y de sus acciones, preguntándonos cual es el impacto de la organización institucional sobre la acción política. ¿Las dinámicas político administrativas inciden en la formulación de políticas públicas? ¿En el caso argentino, el carácter federal del Estado, la repartición de competencias entre gobierno nacional y gobiernos provinciales, la división de los recursos entre administraciones en el seno del gobierno nacional, constituyen un obstáculo para la acción política?

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Fil: Galar, Santiago. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.

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Fil: Galar, Santiago. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.