Las políticas de seguridad en Argentina : La acción política entre autonomía y coacción. La cuestión de las competencias e instituciones

Entre fines de los años 90 hasta la actualidad en Argentina - considerados por los actores políticos y presentados en los medias como los años de mayor auge de las tasas de delito - varios planes de seguridad son formulados por parte del Gobierno nacional y de los Gobiernos provinciales. A nivel nacional, en el 2000, el gobierno de la Alianza y su presidente, Fernando de la Rua, lanzan un plan nacional de prevención del delito que se presenta como una estrategia ambiciosa, de alcance nacional. El plan será mantenido durante el mandato del presidente Néstor Kirchner, aunque bajo la forma de un programa acotado, implementado por los gobiernos municipales que lo adoptan. En el mismo periodo, varios otros planes son formulados por el gobierno nacional mientras los gobiernos provinciales lanzan sus planes propios. Esta sucesión de planes refleja la dificultad del gobierno nacional para formular una política pública de seguridad. Usando el enfoque de la sociología de la acción, proponemos un análisis de los actores políticos con responsabilidades en materia de políticas de seguridad y de sus acciones, preguntándonos cual es el impacto de la organización institucional sobre la acción política. ¿Las dinámicas político administrativas inciden en la formulación de políticas públicas? ¿En el caso argentino, el carácter federal del Estado, la repartición de competencias entre gobierno nacional y gobiernos provinciales, la división de los recursos entre administraciones en el seno del gobierno nacional, constituyen un obstáculo para la acción política?