639 resultados para Protección social


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Fil: Gavilán, Mirta Graciela. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.

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En este trabajo presentaré un recorte de mi investigación laboral, vinculado a una de las fuentes abordadas: las sentencias dictadas por los tribunales de trabajo en conflictos vinculados al servicio doméstico. En mi investigación considero a la economía informal integrada a la economía capitalista, antes que como prácticas pre-capitalistas y evidencias de una modernización insuficiente. El crecimiento de la informalidad antes que responder a una fragmentación de circuitos económicos, podría pensarse como una dualización social entre aquellos que pueden insertarse en un reducido núcleo del empleo asalariado, y una mayoría de trabajadores precarios que se ve obligado a negociar individualmente con el capital. Las diversas modalidades de trabajo informal serían, en esta línea, un exponente del proceso de "abolición" del trabajo asalariado. Desde la consolidación de una justicia laboral en Argentina, la informalidad laboral ha sido penalizada por las normativas que regulan las relaciones entre capital y trabajo. El servicio doméstico, con una regulación tardía y discriminatoria, ha sido frágilmente considerado "trabajo", entre otras razones porque se da por sentado que no contribuye al crecimiento del capital. Existen además condicionantes de género que han favorecido la invisibilización del carácter laboral del servicio doméstico, como su asociación a la "naturaleza" femenina del trabajo doméstico. La noción de "régimen de invisibilidad" que propongo en esta investigación, surge en contraste a los elementos que, según Robert Castel, 2 han permitido que el trabajo pasara de la esfera de la servidumbre a la esfera de la libertad. Según el autor, dos elementos centrales permiten la construcción del estatuto del salariado: el derecho del trabajo y la protección social. Es decir, el trabajo dejó de ser servidumbre al alejarse del "reino exclusivo del mercado", al superarse el régimen de meras transacciones interindividuales de trabajo por dinero. El espacio en que se desarrollan las tareas y la superposición de funciones con el trabajo femenino gratuito, contribuyen a esa invisibilización. La justicia laboral parece haber reforzado este "régimen de invisibilidad", y por lo tanto la informalidad laboral en el sector. Caracterizaré brevemente el discurso jurídico que permite afirmar esta hipótesis. Finalmente, propongo una reflexión acerca de los alcances y limitaciones de esta fuente para los estudios del trabajo, y una revisión de las explicaciones que desde las Ciencias Sociales se han dado a la segregación laboral del servicio doméstico

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El género ha sido uno de los factores centrales en la construcción de desigualdades. Se han estructurado distinciones sociales y culturales entre los hombres y las mujeres para convertir diferencias biológicas del sexo en jerarquías de poder, de estatus y de ingresos. La presente ponencia es parte de los resultados del grupo de investigación de UBACyT E-005, que ha estudiado el correlato existente entre políticas públicas destinadas a las mujeres desocupadas, jefas de hogar y pobres y el objetivo explícito de reducción de las desigualdades. El estudio describe el período temporal 2003-2009, período donde se establecieron programas de estas características por parte del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social, que se fortalecieron y aceleraron a partir de la crisis; tales son los casos del Sistemas de Protección al Desempleo (contributivos y no contributivos), la protección social al empleo (acciones de capacitación y recalificación, terminalidad educativa e incentivos a la generación de empleo), preservación y formalización laboral, institucionalización de servicios públicos de empleo, promoción y desarrollo de economías solidarias, asignación universal por hijo, y el impacto del sistema integrado previsional argentino (SIPA)

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La política social en Argentina se ha estructurado históricamente en torno a la categoría trabajo, esta vinculación estuvo asociada a la valoración del mismo como principal fuente de ingresos e integración social. A partir de los años 80, pero principalmente en los 90, en un contexto de desempleo masivo se desarrolló un proceso de transformación de las políticas sociales en el que el eje de la intervención del Estado a través de las mismas fue la focalización en los grupos en situación de pobreza. En el marco de una serie de cambios coyunturales en la orientación de las políticas sociales promovidos a partir del 2004, a fines del pasado año se decreta la denominada Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Frente a la misma, es posible observar la existencia de dos visiones: una crítica, que la considera una medida de "desincentivo al trabajo" o "fomento de la vagancia" y otra que la observa como reconocimiento de otras formas de trabajo analizando a éste desde una visión más amplia. Es el objetivo de esta ponencia presentar cuestiones preliminares que surgen del análisis acerca del sentido que se le otorga a la categoría trabajo en esta medida de política social

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La política social en Argentina se ha estructurado históricamente en torno a la categoría trabajo, esta vinculación estuvo asociada a la valoración del mismo como principal fuente de ingresos e integración social. A partir de los años 80, pero principalmente en los 90, en un contexto de desempleo masivo se desarrolló un proceso de transformación de las políticas sociales en el que el eje de la intervención del Estado a través de las mismas fue la focalización en los grupos en situación de pobreza. En el marco de una serie de cambios coyunturales en la orientación de las políticas sociales promovidos a partir del 2004, a fines del pasado año se decreta la denominada Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Frente a la misma, es posible observar la existencia de dos visiones: una crítica, que la considera una medida de "desincentivo al trabajo" o "fomento de la vagancia" y otra que la observa como reconocimiento de otras formas de trabajo analizando a éste desde una visión más amplia. Es el objetivo de esta ponencia presentar cuestiones preliminares que surgen del análisis acerca del sentido que se le otorga a la categoría trabajo en esta medida de política social

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En este trabajo presentaré un recorte de mi investigación laboral, vinculado a una de las fuentes abordadas: las sentencias dictadas por los tribunales de trabajo en conflictos vinculados al servicio doméstico. En mi investigación considero a la economía informal integrada a la economía capitalista, antes que como prácticas pre-capitalistas y evidencias de una modernización insuficiente. El crecimiento de la informalidad antes que responder a una fragmentación de circuitos económicos, podría pensarse como una dualización social entre aquellos que pueden insertarse en un reducido núcleo del empleo asalariado, y una mayoría de trabajadores precarios que se ve obligado a negociar individualmente con el capital. Las diversas modalidades de trabajo informal serían, en esta línea, un exponente del proceso de "abolición" del trabajo asalariado. Desde la consolidación de una justicia laboral en Argentina, la informalidad laboral ha sido penalizada por las normativas que regulan las relaciones entre capital y trabajo. El servicio doméstico, con una regulación tardía y discriminatoria, ha sido frágilmente considerado "trabajo", entre otras razones porque se da por sentado que no contribuye al crecimiento del capital. Existen además condicionantes de género que han favorecido la invisibilización del carácter laboral del servicio doméstico, como su asociación a la "naturaleza" femenina del trabajo doméstico. La noción de "régimen de invisibilidad" que propongo en esta investigación, surge en contraste a los elementos que, según Robert Castel, 2 han permitido que el trabajo pasara de la esfera de la servidumbre a la esfera de la libertad. Según el autor, dos elementos centrales permiten la construcción del estatuto del salariado: el derecho del trabajo y la protección social. Es decir, el trabajo dejó de ser servidumbre al alejarse del "reino exclusivo del mercado", al superarse el régimen de meras transacciones interindividuales de trabajo por dinero. El espacio en que se desarrollan las tareas y la superposición de funciones con el trabajo femenino gratuito, contribuyen a esa invisibilización. La justicia laboral parece haber reforzado este "régimen de invisibilidad", y por lo tanto la informalidad laboral en el sector. Caracterizaré brevemente el discurso jurídico que permite afirmar esta hipótesis. Finalmente, propongo una reflexión acerca de los alcances y limitaciones de esta fuente para los estudios del trabajo, y una revisión de las explicaciones que desde las Ciencias Sociales se han dado a la segregación laboral del servicio doméstico

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En los últimos años se ha ido consolidando en Latinoamérica una tendencia hacia el reposicionamiento del Estado en los procesos políticos y sociales que derivó en nuevos lineamientos de política pública. Esta temática se vincula con la consideración de la llamada "cuestión social", la que se particulariza en cada época bajo la forma de problemas sociales que constituyen la expresión del modo en que se interroga, interpreta, resuelve, ordena y canaliza dicha cuestión. Por lo tanto, como categoría de análisis, remite a los diferentes modos en que se significan y explican los problemas sociales. El campo político y el de los expertos (o los técnicos) son, por excelencia, campos de producción de problemas sociales, en la medida en que son los que gestionan la cuestión social. De ahí derivan los planes y programas de política social que pone en marcha el Estado. El presente artículo analiza a nivel del discurso -tomando como fuente los documentos oficiales del Ministerio de Desarrollo Social y entrevistas a funcionarios de nivel nacional y provincial- los Programas Sociales del Bicentenario, en particular el Programa Familia Argentina. La pretensión es dar respuesta a las siguientes preguntas: cómo se definen los problemas sociales frente a los cuales las políticas sociales se proponen como solución; cuál es la noción de ciudadanía que subyace en esta propuesta de protección social; y cómo se entiende la inclusión

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En el año 2050 la población mundial será de 9.000 millones de personas, un 34 % superior a la de hoy en día, y prácticamente la totalidad de este incremento de la población tendrá lugar en los países en desarrollo. La urbanización continuará a un ritmo acelerado, el 70 % de la población mundial será urbana (actualmente es del 49 %). El nivel de ingresos será varias veces superior al actual. Para alimentar a esta población más numerosa, más urbana y más rica, es imprescindible la investigación y la tecnología en la producción de alimentos sostenible La producción de alimentos puede conseguirse si se realizan inversiones necesarias y unas políticas agrarias acertadas. No obstante, el incremento de la producción no es suficiente para alcanzar la seguridad alimentaria. Es preciso, complementarla con políticas que mejoren el acceso, la lucha contra la pobreza en las zonas rurales, y con programas de protección social. El mundo se enfrenta a un triple reto: El aumento de la demanda de alimentos para mayor población; hacerlo de forma ambiental y socialmente sostenible, y erradicar el hambre en el mundo. Crear las instituciones necesarias es fundamental. Movilizar la voluntad política es imprescindible. Es el momento de actuar

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La preocupación y la responsabilidad por la protección social de los ciudadanos presentan hoy diferentes matices entre los países en el mundo. Mientras que en las democracias avanzadas de Europa el Estado ha asumido una gran responsabilidad en la protección de los ciudadanos frente a riesgos como el desempleo, la enfermedad, la dependencia, la vejez y la muerte; la responsabilidad social del Estado mexicano en cuanto a política de bienestar se refiere, ha sido limitada. La estructura actual de la política de bienestar en México ha sido incapaz de garantizar el acceso efectivo a los servicios básicos de bienestar. Si bien la Constitución Política y el discurso nacional de los gobiernos mexicanos reconocen una serie de derechos sociales, grandes sectores de la población se encuentran desprotegidos y sin posibilidades de acceder a ellos. A inicios del tercer milenio, el futuro de la democracia en México se encuentra estrechamente relacionado con las funciones y responsabilidades sociales que el Estado asuma para garantizar el bienestar de sus ciudadanos bajo el principio de ciudadanía social. México es un país con profundas desigualdades y con amplios sectores sociales viviendo en situaciones de pobreza y de exclusión, por ello, es posible sostener que el Estado ha sido deficitario en cuanto a funciones y responsabilidades sociales se refiere, ya que no ha logrado garantizar el acceso universal a los servicios básicos de bienestar como derechos sociales; en lugar de ello, ha construido un andamiaje institucional de beneficios diferenciados para grupos poblacionales...

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El objetivo es analizar las condiciones de trabajo en inmigrantes colombianos y sus problemas de salud asociados. Para tal fin, se realizó un estudio epidemiológico descriptivo, en población inmigrante colombiana trabajadora activa o en paro, mediante encuesta personal, recogiendo información sobre características personales y laborales e indicadores de salud. Los resultados indican que existe un porcentaje importante de inmigrantes con contrataciones temporales o sin contrato y jornadas de trabajo semanales por encima de las 40 horas. Una quinta parte no se encuentra de alta en la seguridad social. La gran mayoría de las mujeres (92%) tienen salarios menores o iguales a los 1.200 euros. La población percibe discriminación en espacios sociales y laborales. Se reportan problemas de salud con diferencias por sexo. Casi una tercera parte no ha recibido información sobre prevención de accidentes y daños a la salud. Se evidencian así, situaciones de precariedad que exigen estrategias para garantizar mecanismos de protección social para esta población.

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Esta investigación efectúa una revisión de los proyectos internacionales de opinión pública que estudian, de forma comparada, las opiniones y valores relacionados con la provisión del bienestar social. Las dificultades metodológicas que plantea la comparación entre diferentes países es elevada. No obstante, de dicho estudio exploratorio se pueden extraer varias conclusiones relevantes. Así, la opinión pública entiende que la obligación de proveer de bienestar social es del gobierno y de la administración pública. No es una responsabilidad de la sociedad civil o de las organizaciones que la vertebran. El papel que se atribuye a las instituciones de caridad o del sector privado es mínimo. La reducción de la intervención del estado en el bienestar, es valorada de forma negativa en todos los países considerados. En la atención a la pobreza y la reducción de desigualdades también se atribuye el papel central al gobierno y el estado. En general, tanto los planteamientos individualistas, donde cada individuo debe resolver sus problemas por sí solo, como el planteamiento que traslada a las organizaciones de la sociedad civil la responsabilidad de la protección social, no tienen acogida en la opinión pública de los países considerados. La opinión sobre la necesidad de que el gobierno intervenga para reducir las diferencias en los ingresos, debe interpretarse en un contexto general donde la impresión más extendida afirma que la desigualdad se acentúa e incrementa en los últimos años. Una desigualdad considerada como un problema grave, e importante para la democracia en el país. En cierto sentido la desigualdad, la pobreza y la responsabilidad del gobierno para atenuar una y evitar la otra, son más que evidentes, así como su lectura desde la óptica de la legitimación democrática del sistema. Nos encontramos en una situación paradójica donde, si bien queda perfectamente claro que la responsabilidad de la lucha contra la pobreza es de los gobiernos, como veremos, en general la confianza en que estos gobiernos van a actuar e intervenir correctamente es bastante baja. La crisis iniciada en 2007 y el desmantelamiento del estado de bienestar que se efectúa en varias sociedades del sur de Europa se producen en este contexto.

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Este libro es producto de una iniciativa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destinada a contribuir al fortalecimiento del marco analítico y el debate en torno al diseño de una estrategia de desarrollo inclusivo en el Perú, así como a apoyar la formulación de políticas que impulsen la convergencia productiva, el crecimiento económico para la igualdad y la justicia social. Se trata de adoptar una estrategia renovada, con un crecimiento económico basado en una menor heterogeneidad estructural y más desarrollo productivo, cuyo dinamismo tenga efectos positivos sobre el empleo, la distribución del ingreso y la inclusión social. En la formulación de políticas consecuentes con este enfoque del desarrollo se requiere conjugar dos líneas de actuación fundamentales. Por una parte, se precisa un cambio estructural en el sistema productivo, que mejore la productividad y genere pleno empleo. Por otra, es necesario emprender iniciativas destinadas a lograr un acceso igualitario a los resultados del progreso alcanzado, que contribuyan a crear el escenario propicio para la continua mejora de las condiciones laborales, tanto salariales como no salariales, es decir, para la creación de trabajo decente.

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El género ha sido uno de los factores centrales en la construcción de desigualdades. Se han estructurado distinciones sociales y culturales entre los hombres y las mujeres para convertir diferencias biológicas del sexo en jerarquías de poder, de estatus y de ingresos. La presente ponencia es parte de los resultados del grupo de investigación de UBACyT E-005, que ha estudiado el correlato existente entre políticas públicas destinadas a las mujeres desocupadas, jefas de hogar y pobres y el objetivo explícito de reducción de las desigualdades. El estudio describe el período temporal 2003-2009, período donde se establecieron programas de estas características por parte del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social, que se fortalecieron y aceleraron a partir de la crisis; tales son los casos del Sistemas de Protección al Desempleo (contributivos y no contributivos), la protección social al empleo (acciones de capacitación y recalificación, terminalidad educativa e incentivos a la generación de empleo), preservación y formalización laboral, institucionalización de servicios públicos de empleo, promoción y desarrollo de economías solidarias, asignación universal por hijo, y el impacto del sistema integrado previsional argentino (SIPA)

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The diverse kinds of legal temporary contracts and the employment forms that do not comply with legal requirements both facilitate employment adjustment to firms´ requirements and entail labour cost reductions. Their employment incidence depends not only on the economic and labour market evolutions but also on other factors, in particular the historical trajectories followed by labour legislation, state enforcement, and the degree of compliance. To contribute to the understanding of the determinants of the degree of utilization of different employment practices, the study reported in this article explores the use made of the various legal temporary contracts and of precarious employment relationships by private enterprises in three Latin American countries (Argentina, Chile and Peru) during 2003-2012, a period of economic growth, and the explanatory role of diverse factors.