858 resultados para Geografía del transporte


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El artículo presenta el desarrollo de la biomasa en Chile, dentro del complejo marco energético existente en el país, el cual, aún no logra potenciar e incentivar el desarrollo de energías renovables y depende fuertemente de los combustibles fósiles, acrecentando el riesgo latente de sufrir una crisis energética, en el mediano plazo, producto de la paulatina incorporación de nuevas centrales generadoras de energías, que satisfagan la creciente demanda energética pronosticada. Este artículo aporta antecedentes a la situación energética existente en Chile, junto con un análisis al mercado eléctrico y a las normativas de éste, enfocadas a las energías renovables no convencionales (ERNC), para finalizar con el desarrollo de la biomasa en sus tres estados físicos, mencionando sus características, aplicaciones, procesos de conversión, ventajas y desventajas. Chile presenta una baja participación de las energías renovables en su mix energético, de las cuales, los biocombustibles sólidos y gaseosos, son utilizados principalmente para la generación de energía de baja potencia, mediante cogeneración y extracción y uso de biogás, respectivamente; mientras que los biocombustibles líquidos, están en fase de investigación y desarrollo de pilotos, por parte de varias entidades, para su producción industrial para el sector del transporte.

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Evolución de la demanda de viajeros en la red de alta velocidad española entre 2005 y 2009

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Este trabajo se propone identificar las barreras que hasta ahora han impedido adoptar medidas para impulsar cambios radicales en la movilidad interurbana en España, que pudieran tener un impacto apreciable en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Para ello, se ha definido un objetivo ambicioso en las emisiones de gases de efecto invernadero en este sector de movilidad. De un 64% para el horizonte 2030, respecto de los niveles de 2005, coherente con las necesidades de reducción de las emisiones a largo plazo, más ambiciosa que las planteadas actualmente en la Unión Europea, de acuerdo con el marco estratégico europeo definido por los documentos "Europa 2020" y el reciente "libro blanco del transporte”. Por simplificación metodológica, esta reducción se aplica en el estudio exclusivamente a las emisiones de viajes interurbanos realizados en coche. Posteriormente, el estudio explora dos escenarios extremos para 2030. En ambos casos se alcanza la reducción sustancial de emisiones pretendida, pero con pautas de movilidad muy diferentes. En el primer escenario, que se denomina "economía global avanzada", el desarrollo tecnológico aporta la mayor parte de las reducciones, con el resultado de una demanda de movilidad regulada fundamentalmente por el precio de esta; en el segundo caso, denominado "sociedad inteligente", la reducción de emisiones se asocia principalmente a la generalización de sistemas de movilidad con menores emisiones y la disuasión de pautas de movilidad con alto nivel de emisión. El estudio finaliza analizando las barreras principales que impiden que una estrategia de este tipo se haya puesto en marcha en España, y valora las posibilidades de superarlas.

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Hoy en día, una política global eficiente dedicada a mejorar el sistema de transporte de una nación de la UE, no puede considerarse al margen de las recomendaciones de la Comisión Europea y de las iniciativas realizadas en los países del entorno. Los sistemas de transporte deben poder satisfacer las necesidades de movilidad de los ciudadanos y mercancías, que cada vez están involucrados en un mayor número de viajes y con una longitud media de recorrido mayor. El sector del transporte contribuye en gran medida al funcionamiento y competitividad de la economía europea en su conjunto: el campo del transporte terrestre genera el 11% de ese PIB. En lo que respecta a la eficiencia energética y a las emisiones, los costes externos del transporte en España alcanzan el 10% del PIB, mientras que en Europa asciende al 8% del PIB de los países de la Unión Europea (UE). Esta discrepancia se atribuye fundamentalmente a que en España la carretera representa un mayor peso en el sector del transporte, siendo responsable del 83% del total de los costes externos del transporte. El empleo de las tecnologías ITS puede contribuir a la mejora de esta situación mitigando el efecto de las externalidades negativas que produce el transporte: consumo energético, congestión, contaminación, accidentes, etc. El objetivo del presente estudio es analizar la influencia de las nuevas tecnologías ITS en el consumo energético de las áreas de peaje. Para ello se tiene en cuenta el flujo de tráfico y la tipología de vehículo. Por ejemplo, un cambio en la gestión de los sistemas de cobro de peajes hacia modelos de peaje free flow pueden suponer ahorros de hasta un 71% en el consumo energético.

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Para el estudio de la relación que existe entre la producción de viajes y los usos urbanísticos se deben examinar las variables que mejor definen y se ajustan al Comportamiento de los viajes que generan. Esas variables forman parte del denominador en los ratios de generación de viajes que indican numéricamente la relación existente entre los viajes diarios realizados por persona o por vehículo, por unidad o variable explicativa independiente: viajes persona/unidad ó viajes vehículo/unidad. En esta comunicación se presenta un estudio de las variables explicativas más habituales y las recomendaciones de su uso en los centros comerciales españoles.

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La red de alta velocidad española ha crecido mucho en los últimos años, pasando a ser la segunda de Europa y la tercera del mundo en extensión. Este crecimiento se ha producido en un periodo de poco más de cuatro años y ha hecho posible reducir los tiempos de viaje por ferrocarril enormemente. Por lo tanto, este panorama presenta un marco ideal para evaluar el efecto de la ampliación de una red de alta velocidad sobre la demanda de viajes por ferrocarril.

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El centro de Madrid es un área urbana en transición hacia un modelo de ciudad ciclable. Su administración local está construyendo progresivamente una red de vías ciclistas y aparcamientos, en el marco del Plan Director de Movilidad Ciclista. El deseo de aumentar el porcentaje de viajes en bicicleta refuerza la importancia de conocer cómo se produce la decisión de usar la bicicleta como modo de transporte, y cómo se cambia de un comportamiento de elección modal a otro. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio, basado en encuestas y aforos ciclistas, y en el marco de la Teoría de la Acción Planificada, antes de la implantación de dos ejes ciclistas en el centro de Madrid, cuyas variables han sido: las actitudes hacia el uso de la bicicleta como modo de transporte; las percepciones y valoraciones sobre las dificultades percibidas para la utilización de la bicicleta como modo habitual; y la disposición al cambio de uso. De forma general, los usuarios habituales de la bicicleta valoran más positivamente las características de la misma como modo de transporte, que los usuarios habituales del resto de modos. El grado de dificultad percibido por los encuestados en utilizar la bicicleta para sus desplazamientos habituales es más alto, cuanto menor es el indicador global de actitud hacia su uso. De las diferencias entre los usuarios habituales y los no usuarios se desprende que los factores comúnmente indicados como barreras al uso de este modo (el sudor, la climatología, la capacitación frente al tráfico, la condición física, las distancias, la orografía etc.), parecen ser más bien consecuencia del desconocimiento, que de la experiencia real del hecho ciclista. Otro tipo de factores (exposición relativa a la contaminación, la presencia de instalaciones complementarias, la agresividad del tráfico motorizado, el riesgo de accidentes, etc.) sí parecen ser más definitivos respecto a la elección de este modo como modo habitual. La disposición al uso futuro de la bicicleta también está muy influenciada por el hábito de uso actual. Así, los resultados de este estudio permiten conocer las características y los factores de dificultad que hay que abordar para fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte habitual entre la gran mayoría de la población que actualmente no utiliza este modo, y se sugieren algunas de las posibles medidas a implantar.

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En los últimos años hemos asistido a una apuesta por implementar políticas de fomento de la bicicleta por parte de la mayoría de las entidades municipales. En la mayoría de casos la argumentación ha sido entender la movilidad ciclista como una apuesta por un transporte más sostenible en nuestras ciudades. Más allá del éxito desigual de las estrategias ciclistas iniciadas, ¿es esto realmente cierto? Con la idea de responder a esta pregunta los investigadores propusieron un taller en el congreso sobre movilidad ciclista más importante a nivel internacional, que tuvo lugar en la ciudad de Sevilla el año pasado: Velocity 2011. El taller se llamaba ¿Optimizar o Transformar? O sea: ¿Más bicicletas son siempre garantía de una movilidad más sostenible? En él se proponía una metodología participada a técnicos municipales y expertos en movilidad ciclista consistente en identificar, según su criterio, la posición de su ciudad en los siguientes temas: sostenibilidad y mayor uso de la bici, integración de las estrategias de movilidad, gobernanza, diseño de la red ciclista y seguridad vial. Para ello debían posicionarse sobre unos ejes propuestos por los dinamizadores según el tema y justificar su elección. En el taller, que duró cuatro horas, participaron 15 especialistas de diez ciudades españolas, algunas repetidas como es el caso de Madrid, y cinco internacionales. Algunas de las conclusiones de la investigación exploratoria más interesantes nos indican que mayor número de ciclistas en las calles no necesariamente significa una movilidad sostenible. Es necesario profundizar más en la cultura de la movilidad de cada ciudad para dar respuesta a esa pregunta. Cuestiones como la toma de decisiones de forma participada o la integración de las políticas ciclistas con medidas restrictivas del uso del coche pueden ayudar a explicar mejor los cambios recientes en nuestras ciudades. Además, se explicitan cuestiones controvertidas como que más kilómetros de red ciclista o mayor segregación no tienen porque significar mejores condiciones par a el uso de la bicicleta. Lo cual apunta a que los expertos tienen serias dudas entre la forma en que son implementadas en la actualidad las políticas ciclistas y en si éstas consiguen realmente sus objetivos.

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Las medidas orientadas a la movilidad sostenible se encuentran generalmente bien desarrolladas, al menos en el plano teórico, para entornos urbanos convencionales, esto es, para ciudades donde la movilidad sigue una pauta esencialmente recurrente y vinculada a motivos como el trabajo y el estudio. Sin embargo, en entornos donde el turismo es una componente predominante, la movilidad es claramente diferente. Las motivaciones de los viajes son diferentes, la valoración del tiempo es diferente, las pautas espacio-temporales son diferentes. Por tanto, las medidas para la sostenibilidad de la movilidad han de ser diferentes.

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El elevado número de agentes que intervienen en la transferencia entre modos de corta y larga distancia, supone un difícil proceso derivado de la complicada relación entre ellos, dadas las grandes diferencias entre operadores y la necesidad de integrar intereses públicos y privados en un engarce siempre complejo. El proyecto HERMES (7PM-UE), origen de este artículo, cuyo principal objetivo es impulsar el transporte intermodal y desarrollar nuevos escenarios que faciliten la transferencia entre modos, se encuadra en este contexto.

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En el seno de la Unión Europea se está produciendo un intenso debate sobre la idoneidad de permitir la circulación de vehículos de transporte de mercancías por carretera de mayor es medidas y tonelaje, también conocidos como Megatrucks, Eurotrucks, Eurocombi, etc. La directiva europea 96/53/CE sobre pesos y medidas de los vehículos de transporte de mercancías por carretera da libertad a los Estados miembro para imponer los límites que considere oportuno en su tráfico interior, y fue revisada en el 2002 autorizando una mayor longitud y maniobrabilidad para los autobuses. Además en la transposición española de esta directiva, realizada en el 2004, con el fin de fomentar el transporte combinado de mercancías se permitieron la circulación en determinados vehículos con carga de hasta 42 o 44 toneladas, en contraste con las 40 permitidas hasta ese momento. En este sentido, son varios los países miembro que han realizado pruebas piloto para comprobar los distintos efectos de los Megatrucks sobre aspectos como la capacidad y fatiga de las infraestructuras, el consumo de combustible, las implicaciones medioambientales y energéticas o la variación en el coste del transporte. Prácticamente la totalidad de estos proyectos piloto han arrojado resultado positivos. Sin embargo, y a pesar de demostrarse efectos beneficiosos en algunos países, no en todos los casos se ha decidido permitir la circulación de los Megatrucks. Por ejemplo, en Alemania existe una fuerte oposición en su contra por parte de ciertos grupos de presión como asociaciones ecologistas o competidores en el mercado. En el presente artículo se trata de responder a la pregunta de si sería bueno o no para España permitir la circulación de Megatrucks. La metodología usada es la de un Análisis Coste Beneficio (ACB) en el que se tengan en cuenta la totalidad de ventajas e inconvenientes monetizables que tendrían estos vehículos para el caso particular español. El ACB se ha aplicado a una serie de rutas piloto en los principales corredores del país, obteniendo un resultado beneficioso para el conjunto de la sociedad española.

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En este trabajo se desarrolla un modelo basado en la teoría de la agencia para analizar los sistemas de gestión de carreteras (en las distintas fórmulas contractuales existentes) que utilizan un sistema de indicadores de calidad para determinar la remuneración del contratista. Para ello, se parte de los supuestos de información asimétrica entre principal (Administración Pública) y agente (contratista), y de aversión al riesgo de este último. Se considera que se establece entre ambos un contrato de tipo lineal, en el que la remuneración del agente contiene un componente fijo y un determinado incentivo para aumentar el esfuerzo realizado por el agente tanto en la calidad tanto del estado de la infraestructura como de los servicios de vialidad. Se considera que la Administración puede medir dicho esfuerzo del contratista, pero sólo de forma indirecta, a través de determinados indicadores de calidad verificables por la Administración. En el modelo planteado, se parte del supuesto de que existe una relación entre el esfuerzo realizado por el contratista y el nivel de calidad medido según los correspondientes indicadores, pero que existe, asimismo, una posible dispersión entre ambas variables, lo que da lugar a un cierto grado de aleatoriedad en el contrato. A partir de este modelo, se realiza un análisis del contrato óptimo, en función de una serie de parámetros que caracterizarán el entorno económico y las condiciones particulares de la infraestructura viaria. Como resultado del análisis, se concluye que un contrato óptimo incluirá normalmente un componente fijo y un pago según el nivel de calidad alcanzado. Este último tendrá menor peso a medida que sea mayor la aversión al riesgo del contratista. Finalmente, el sistema de indicadores de calidad deberá ser lo más amplio posible, pero deberán evitarse aquellos indicadores cuyos resultados tengan un mayor componente aleatorio.

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Public Private Partnerships (PPPs) are mostly implemented for three reasons: to circumvent budgetary constraints, encourage efficiency and improvement of quality in the provision of public infrastructure. One of the ways of reaching the latter objective is by the introduction of performance-based standards tied to bonuses and penalties to reward or punish the performance of the contractor. These performance based standards often refer to different aspects such as technical, environmental and safety issues. This paper focuses on the implementation of safety based incentives in PPPs. The main aim of this paper is to analyze whether the incentives to improve road safety in PPPs are effective in improving safety ratios in Spain. To this end, negative binomial regression models have been applied using information from the Spanish high capacity network in 2006. The findings indicate that even though road safety is highly influenced by variables that are not much controllable by the contractor such as the Average Annual Daily Traffic and the percentage of heavy vehicles in the highway, the implementation of safety incentives in PPPs has a positive influence in the reduction of fatalities, injuries and accidents.

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Assessing users’ benefit in a transport policy implementation has been studied by many researchers using theoretical or empirical measures. However, few of them measure users’ benefit in a different way from the consumer surplus. Therefore, this paper aims to assess a new measure of user benefits by weighting consumer surplus in order to include equity assessment for different transport policies simulated in a dynamic middle-term LUTI model adapted to the case study of Madrid. Three different transport policies, including road pricing, parking charge and public transport improvement have been simulated through the Metropolitan Activity Relocation Simulator, MARS, the LUTI calibrated model for Madrid). A social welfare function (WF) is defined using a cost benefit analysis function that includes mainly costs and benefits of users and operators of the transport system. Particularly, the part of welfare function concerning the users, (i.e. consumer surplus), is modified by a compensating weight (CW) which represents the inverse of household income level. Based on the modified social welfare function, the effects on the measure of users benefits are estimated and compared with the old WF ́s results as well. The result of the analysis shows that road pricing leads a negative effect on the users benefits specially on the low income users. Actually, the road pricing and parking charge implementation results like a regressive policy especially at long term. Public transport improvement scenario brings more positive effects on low income user benefits. The integrated (road pricing and increasing public services) policy scenario is the one which receive the most user benefits. The results of this research could be a key issue to understanding the relationship between transport systems policies and user benefits distribution in a metropolitan context.

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El peaje urbano ha demostrado ser una de las medidas más efectivas a la hora de promover un cambio en el reparto modal, como ha quedado demostrado en diversas ciudades como Londres o Estocolmo. Los efectos, no obstante, son muy diferentes según el esquema de peaje implantado, pudiendo incluso provocar efectos adversos en algunas zonas. En el contexto de las políticas de tarificación de carreteras, el peaje urbano debe ser tratado de forma diferente debido a sus características específicas. Las áreas urbanas y metropolitanas son las más afectadas por la congestión, y a su vez son dónde se realizan la mayor parte de los desplazamientos diarios, muy sensibles a la implantación de un peaje debido a su frecuencia. En este caso, se ha definido una metodología para analizar la implantación de un peaje urbano tipo cordón en la ciudad de Madrid. Para ello, se ha utilizado un modelo de transporte que comprende toda la región de Madrid, tanto la red viaria como la red de transporte público, lo cual permite analizar los efectos no sólo en el área de estudio sino en el conjunto de la región. Los resultados se han analizado en términos del cambio modal, tiempo de viaje y coste para los usuarios.