998 resultados para Derechos civiles y políticos


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El presente estudio tiene el objetivo, por una parte, de proponer un enfoque metodológico para introducir en el análisis de la política monetaria la consideración de un conjunto de derechos humanos y, por otra, aplicarlo a México, Guatemala y Costa Rica, los tres países latinoamericanos indicados por la Sede Subregional de la CEPAL en México. Los derechos humanos considerados para este trabajo, siguiendo las instrucciones de la CEPAL, son el derecho a un trabajo digno, el derecho a la seguridad alimentaria y el derecho a una vivienda decente y salubre.

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Al abordar el problema del hambre y la desnutrición, la más reciente Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe organizada por la CEPAL (Lima, Perú, 2 a 4 de noviembre de 2015) puso énfasis en la necesidad de tratar estos asuntos desde la óptica del derecho a la alimentación, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el documento preparatorio de dicha conferencia se señala que el Objetivo 2 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible es relevante en tanto aborda la problemática de la alimentación y la nutrición de una manera más integral y considera la seguridad alimentaria como un derecho humano fundamental, cuya conculcación limita la capacidad de ejercicio de los derechos políticos y el desarrollo de una democracia participativa. En línea con este planteamiento, uno de los objetivos principales de este estudio es conocer el estado del arte que en la subregión ha tenido el enfoque de derechos en las políticas de seguridad alimentaria y nutricional y, en particular, la promoción del derecho humano a la alimentación,

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Este texto trae consideraciones respecto de una investigación que se está desarrollando en escuelas públicas Marília (SP). El objetivo es observar cómo la democracia es experimentada en la existencia cotidiana de vida escolar y cómo los derechos humanos y la cuestión de género aparecen en las relaciones sociales y en su proyecto político-pedagógico. Se supone que la educación democrática sólo se concretará en la escuela si dos dimensiones de la educación escolar son trabajados: la escuela como locus de participación democrática y los estudios basados en la ética y los derechos humanos, que no podrán descartar la cuestión del género. Hemos elaborado que la educación para la ciudadanía no puede descartar la ciudadanía política, además de los derechos humanos y cuestiones de género, de lo contrario, no niños y niñas sensibles a ellos.

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El proyecto se fundamenta en experiencias de investigación, extensión y profesionales. Toma como tema la violencia de género (s), particularmente la que acontece en el ámbito denominado doméstico (“puertas adentro de la familia”1). Se circunscribe a este tema en tanto, las mujeres constituyen un grupo históricamente vulnerable y la violencia de género en el espacio doméstico es de las más recurrentes en las estadísticas oficiales. Esta problemática social y su abordaje desde el espacio público, el ámbito jurídico y las políticas públicas, no es nueva pero su comprensión debe ser ubicada en las coordenadas de época y espacio. Coordenadas que muestran importantes avances en la protección de los derechos de las mujeres y las familias como también múltiples acciones para su atención (desde instituciones públicas y organizaciones sociales que convergen en su abordaje). Sin embargo, la puesta en acto de las mismas y su efectividad muestran resultados contradictorios que desfavorecen las posibilidades de acceso y equidad. Desde la producción de conocimientos se trata de aportar a la comprensión del proceso2 en el cual se inscriben las respuestas al problema y las medidas de protección que las normas vigentes procuran, ubicando las brechas existentes entre los derechos formalizados y su efectivización en la vida cotidiana; específicamente en la Provincia de Misiones.

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El proceso de concentración de población en las ciudades argentinas, acelerado desde mediados del siglo pasado y acentuado en las últimas décadas, ha incrementado los problemas habitacionales en estos núcleos urbanos. La alta concentración de equipamientos y la oportunidad de desplegar con éxito distintas estrategias de supervivencia, alientan la instalación y luego permanencia de los “pobres" en la trama urbana tradicional. A la manera de enclaves informales de hábitat precario, generalmente localizados en terrenos fiscales ociosos, se asientan familias excluidas del derecho a la vivienda y de otros derechos civiles, que los ubica en desigual condición con el entorno inmediato. Así, estas formas de ocupación del territorio generan representaciones y prácticas sociales segregativas sobre “ese otro" tan distinto de “nosotros". Ante esta problemática socio-habitacional, el Estado interviene con medidas paliativas en el lugar o bien toma la iniciativa de relocalizarlos en viviendas sociales de la periferia urbana. De este modo las relaciones de poder y subordinación que generan estas desigualdades sociales se reproducen y perpetúan en el corazón de las ciudades y en sus bordes. ¿Cuál es el peso de las fronteras sociales en la fragmentación del territorio? Con el objeto de responder a este interrogante, la tesis de licenciatura se estructuró sobre tres capítulos que explicitaron: los marcos teóricos, la metodología y las técnicas utilizadas para interpretar la problemática de la segregación socioespacial urbana desde las representaciones sociales, precisando conceptos involucrados; se describió y analizó la evolución de la pobreza en las ciudades como problemática socio-habitacional en diferentes escalas territoriales y temporalidades; y por último se abordó como estudio de caso el proceso socioespacial vivido a lo largo de casi dos décadas por los habitantes del asentamiento informal Costa Esperanza, y su relación con las representaciones presentes en el discurso de los actores involucrados. La originalidad de este trabajo de investigación se vincula al enfoque teórico-metodológico adoptado para el análisis de la segregación urbana en el Gran Mendoza. En este sentido, el carácter metodológico explicativo-interpretativo colocó sus bases en las tres técnicas cualitativas propias de la investigación social: la documentación, la observación y la conversación (Vallés, 1997:119), lo que permitió validar la idea de qué el territorio se organiza por fronteras sociales (Bialakowsky, 2006) más que por divisiones espaciales y físicas reales.

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Quien calla otorga, es un manual realizado en el marco de los Proyectos de Divulgación Científico – Tecnológica 2012–2013 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), una herramienta que acercamos a las y los operadores socio-sanitarios, a fin de promover prácticas garantizadoras de los derechos humanos. Este material proviene de un largo trayecto de investigación-acción donde desde 2011 hasta la actualidad el equipo responsable ha impulsado una serie de formaciones las cuales fueron un punto de desafío y encuentro donde confluyeron trabajadoras/es de la salud procedentes de distintas formaciones e instituciones, personal de áreas mujer, integrantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la promoción de derechos ciudadanos para las mujeres, personal judicial, entre otros; donde se pudo reflexionar en forma conjunta en torno a la cuestión de la violencia y la aplicación de la perspectiva de género, pues ella nos enfrenta a la tarea ardua de aprender desaprendiendo los gestos arraigados en la costumbre y la construcción de conocimiento en un mundo en el que es rutina naturalizar las asimetrías, las desigualdades, las relaciones de dominación y explotación en razón de la clase, del color de la piel, del género, de la sexualidad, de la edad. Quien calla otorga, en tanto va dirigido a profesionales y personal socio-sanitario, es también una forma de denunciar los silencios, las omisiones, las reproducciones de la violencia que muchas veces se constatan en y desde la intervención social y en salud. Entendemos que desde la función pública se está llamado/a no sólo a respetar, sino a garantizar los derechos humanos y en particular, el acceso a la salud y a la justicia. Para ello es necesario favorecer prácticas que terminen con el sexismo, el machismo, la discriminación por edad, sexualidad, identidad de género, procedencia étnica y clase social de quienes acuden a los servicios de salud. Así, el material que les acercamos contiene herramientas concretas tanto teóricas como reflexiones en torno a los orígenes, funcionamiento y perpetuación de la violencia de género, así como otras orientadas a la práctica tales como indicadores de detección y atención en mujeres, sus hijos e hijas, panel de recursos de atención especializada a violencia contra las mujeres en la provincia de Mendoza, panel explicativo del circuito legal y sus posibilidades, sugerencias terapéuticas, entre otros.

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Póster presentado en la Primera Conferencia Latinoamericana Prevención y Atención del Aborto Inseguro. Lima, Perú, 29 y 30 de junio de 2009.

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http://www.congresoderechosreproductivos.com/materiales/2011/Taller-01/Publicaciones%20-%20IPAS-%20Los%20Derechos%20Humanos%20el%20Embarazo%20no%20Deseado%20y%20la%20Atenci%F3n%20Relacionada%20con%20el%20Aborto-Aborto-.pdf

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El informe se realizó en seguimiento de la audiencia temática regional en la que ADC, GIRE y otras 12 organizaciones de la sociedad civil de distintos países de Latinoamérica y el Caribe participaron, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D.C., Estados Unidos, el 28 de marzo de 2011. Durante esta audiencia se presentó un diagnóstico sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres en el efectivo ejercicio del derecho a la salud reproductiva

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Este informe es una actualización del publicado en agosto de 2012 en la revista jurídica "Cuestión de Derechos" de la Asociación por los Derechos Civiles, disponible en http://www.cuestiondederechos.org.ar/pdf/numero2/09-Aborto-no-punible.pdf

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El Grupo Médico por el Derecho a Decidir tiene entre sus objetivos realizar pronunciamientos sobre temas críticos relativos a los derechos sexuales y reproductivos, basados en sus conocimientos científicos y en su contacto con la realidad de las mujeres. El presente documento de posición está motivado por un caso de una adolescente de 12 años que no pudo recibir atención para una interrupción voluntaria del embarazo, debido entre otras, a la posición de los profesionales que la atendieron, quienes minimizaron los riesgos del embarazo sobre su salud y cometieron una serie de arbitrariedades a lo largo del proceso de atención.

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La protección constitucional de la vida en estación (o vida prenatal)es una materia relevante para la justicia constitucional y la interpretación judicial en las sociedades democráticas. Es también tema de análisis en el ámbito internacional, ya que presenta desafíos jurídicos, tanto para el sistema internacional de derechos humanos como para los tribunales constitucionales.La perspectiva que se perfila en el presente documento parte de las consideraciones realizadas por los órganos y cortes internacionales de derechos humanos, así como por la scjn y tribunales constitucionales de otros países que han estudiado cuestiones similares. Así, se analiza el sentido y alcance que tienen las reformas estatales de protección a la vida desde la concepción de acuerdo con los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos, y se realiza una lectura e interpretación conforme a los mismos. Para este fin, se analizarán las resoluciones constitucionales en México sobre aborto, así como la interpretación que han realizado otros tribunales u organismos de derechos humanos en torno a la protección de la vida en gestación, para entender las obligaciones del Estado al respecto, tomando como base los estándares de derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por el país.