913 resultados para DEMOCRACIA PARTICIPATIVA


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El presente artículo aborda el impacto de la transformación tecnológica y los nuevos instrumentos de la teleinformática en los medios de comunicación masiva. La forma como se han estructurado las transnacionales mediáticas a partir del uso de instrumentos como la web, el software o el podcasting y los riesgos que su exceso conlleva respecto de la democracia al imponer sus intereses económicos y culturales por encima del interés del individuo, el interés público, la intimidad y el honor. Todo lo cual plantea nuevos desafíos al derecho y la protección de los derechos del individuo.

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Declaración realizada por las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países latinoamericanos y caribeños, reunidos en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 3 de diciembre de 2011 en el marco de la Cumbre Fundacional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

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La Constitución de 2008, menciona 86 veces la palabra “participación”. El presidente Rafael Correa ha dicho repetidas veces que busca construir una “democracia verdaderamente representativa y mucho más participativa”.1 El objetivo de este artículo es describir algunos de los mecanismos institucionales previstos por el Gobierno de la “revolución ciudadana” para promover en la práctica esa participación a nivel nacional2 y mostrar alguna evidencia disponible sobre su funcionamiento concreto en los últimos años. Por “participación ciudadana” entenderemos en este artículo exclusivamente los mecanismos por los cuales los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos son convocados para influir en la toma de decisiones del poder público. No consideraremos los mecanismos electorales convencionales; es decir, ni el voto para elegir representantes, ni la convocatoria a plebiscito o referéndum. Tampoco consideraremos “participación” al derecho de los ciudadanos a presentar individual o colectivamente sus quejas, opiniones o sugerencias a las instituciones públicas. Esa posibilidad se encuentra más bien incluida, en lo que a nosotros concierne, en el derecho de petición o de expresión.

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Suscriben la República de Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de Chile, la República de Colombia, la República del Ecuador, la República Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay, la República del Perú, República de Suriname, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, en la ciudad de Georgetown, República Cooperativa de Guyana, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil diez, en originales en los idiomas español, inglés, neerlandés y portugués, siendo los cuatro igualmente idénticos.

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El diseño de las funciones del Estado, en el marco del régimen liberal caracterizado por la representación política, ha sido profundamente criticado, desde una perspectiva de índole jurídica y política. Sin embargo, a partir de la vigente Constitución ecuatoriana se han producido cambios significativos en el diseño institucional, los cuales han generado una profunda discusión teórica y normativa sobre la vigencia de paradigmas constitucionales tan antiguos como la tripartición de poderes o la forma de democracia. Sin embargo, esta aparente dicotomía entre tipos de democracia, en nuestro caso la representativa y la participativa, no ha permitido, examinar los avances, retrocesos en la implementación de unas instituciones democráticas en el Ecuador. Es por ello necesario analizar dentro de los cambios constitucionales, a la nueva Función de Transparencia y Control Social, en especial al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En especial la facultad de designar a las máximas autoridades del Estado. Finalizado el presente estudio, estaremos en la capacidad de establecer si la nueva forma de designación de las máximas autoridades, unida al novedoso esquema institucional del Estado ecuatoriano se convierten en un aporte a la consolidación del proceso democrático en nuestro país.

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Este trabajo contrapone dos modelos que establecen la relación entre democracia y derecho, los cuales suponen dos formas de concebir la naturaleza del poder respecto de los derechos fundamentales. Paradójicamente, estos dos modelos están en las modernas Asambleas Constituyentes.

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Este trabajo pretende esclarecer conceptualmente el carácter del régimen político ecuatoriano. Para ello, se divide en ocho secciones. En la introducción se fija la pregunta, el problema y los alcances de esta investigación. En la segunda sección, se analiza la definición del Ecuador como una democracia híbrida de Simón Pachano y Sergio García (2014). Tercero, se presenta el diseño metodológico para un estudio conceptual basándome en la ya clásica escala de abstracción de Giovanni Sartori (1970, 1979). Cuarto, se analiza cuatro modelos de definición de democracia para demostrar que, sobre ninguno de ellos, el régimen político de la revolución ciudadana merecería seguir denominándose democrático. Quinto, se explora la literatura sobre los diferentes regímenes no democráticos: totalitarismo, dictadura y autoritarismo. Se concluye que el presente régimen no merecería el calificativo de totalitario, que sí operó como una dictadura durante su fase constituyente y que en la actualidad cumple con las características de un régimen autoritario. Sexto, se disecciona las diferentes tipologías de autoritarismo y desde allí se determina que el ecuatoriano es un régimen autoritario electoral. Séptimo se propone que acompaña al actual régimen político un sistema de partidos hegemónico. Finalmente, se destaca la importancia académica y política de definir el régimen político ecuatoriano; la necesidad de clasificarlo con rigurosidad debido a las consecuencias que aquello tiene no solo como un problema interpretativo y metodológico para las ciencias políticas sino de praxis para los actores que intervienen en el escenario político.

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El presente trabajo de investigación tiene como propósito inmediato determinar por qué en el proceso de integración de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), deben existir bases democráticas que permitan una mayor participación de los habitantes de la región. Un proceso de integración tan serio e importante como lo es actualmente la UNASUR, debería contar con un Órgano Parlamentario que tenga las atribuciones para generar normativa y también ejercer los controles que, con el tiempo, la misma organización demande. En relación con los parlamentos de procesos de integración, el problema más grande es que casi todos éstos no son elegidos por el pueblo, tienen una representación indirecta, y esto provoca una distorsión del principio de representatividad; en el caso de que la representación sea indirecta, difícilmente habrá representantes de ciertas minorías. La creación de un organismo de integración como UNASUR es de vital importancia para la región, tanto en temas de soberanía o la defensa de ésta, como respecto a los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. Sin embargo, la predominancia de los órganos ejecutivos en los procesos de integración de la región, sobre los parlamentarios, demuestra el déficit democrático de éstos últimos; y, es frente a este nuevo proceso de integración que se intentará plantear las razones que permitan la inclusión de un órgano democrático, que posibilite a la UNASUR construir elementos que garanticen que, en su estructura, se permita una mayor participación de los ciudadanos de la región. Para ello explicaremos conceptos sobre democracia e integración, el nexo que existe entre ellos y el rol fundamental que juegan en un proceso integrador; posteriormente, explicaremos las clases de procesos de integración por su naturaleza y objetivos, después veremos cómo está conformado el proceso de integración de la UNASUR, para finalmente plantear una propuesta del Parlamento Suramericano.

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Dissertação (Mestrado em Comunicação - Área de concentração: Comunicação, inovação e comunidades)-USCS, São Caetano do Sul, 2010.

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A democracia, ao lado dos direitos fundamentais, é uma conquista inegável da sociedade moderna. No entanto, o panorama mundial atual, somado a modificações operadas na sociedade nos últimos 50 anos, expuseram aspectos importantes da democracia moderna, especialmente ligados a uma virtual ineficácia e, ainda pior, uma eventual perda de legitimidade do modelo democrático.

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Artigo disponível na íntegra em https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/CSO/article/viewFile/2379/2506

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Este trabalho discute o que vem sendo entendido e praticado como democracia escolar. Embasa-se na teoria de Basil Bernstein (1996,1998, 2000) sobre “democracia e direitos pedagógicos”, avaliando o ensino fundamental e médio, em três escolas públicas no sudoeste do Paraná. Utiliza, na coleta de dados, os princípios de distribuição de imagens, de distribuição de conhecimentos e de disponibilização de recursos, que subsidiam e caracterizam os direitos de crescimento pleno, de inclusão e de participação. Explicita o processo de organização escolar, seus limites e possibilidades tendo em vista a gestão democrática. Realiza, através da pesquisa qualitativa etnográfica, uma leitura e compreensão de diferentes contextos de escola pública, interpretando suas semelhanças e diferenças, face à escola democrática possível. Apresenta questões para reflexão que envolve as possibilidades a) do crescimento pleno, b) do processo de inclusão e c) da dinâmica da participação, que podem levar as pessoas a manter, a transformar e a construir uma nova ordem social.

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O objetivo deste trabalho é discutir a relação existente entre o surgimento dos paradigmas teóricos utilizados no campo da "comparative politics" e o contexto político e econômico experimentado pelos EUA a partir do pós-guerra, a fim de traçar uma breve trajetória dos conceitos-chave utilizados pela ciência política contemporânea, tais como democracia e estabilidade política. Analisando esses paradigmas, esperamos tornar mais claros os aspectos normativos implícitos nas teorias que nortearam a produção da política comparada na segunda metade do século XX e sua influência recente sobre estudos ligados ao desenvolvimento econômico de nações periféricas. Para tanto analisaremos alguns dos principais estudos realizados nesse âmbito, referentes aos países “em desenvolvimento” ou do antigo “Terceiro Mundo”. Assim pretendemos dar ênfase aos trabalhos ancorados na chamada “teoria da modernização” e àqueles dedicados a analisar os processos de transição democrática e de reformas econômicas, em particular, na América Latina.

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Uma democracia consolidada pressupõe um estado capaz, e para ambos é necessária uma nação forte e uma sociedade civil ativa. Diversas democracias na América Latina não alcançaram tais requisitos porque não completaram suas respectivas revoluções capitalistas, e o excedente econômico continua dependendo do controle direto do estado. Este fato demonstra que a qualidade das democracias varia de país para país, e prevê que as democracias possíveis nos países mais pobres serão necessariamente democracias limitadas. Desde que a democracia tornou-se uma justificativa para pressões e intervenções externas, é um erro incluir no conceito de democracia mais do que as necessidades mínimas, práticas. Por outro lado, para melhorar a democracia é necessário aumentar a capacidade do estado não apenas para assegurar o respeito às leis, mas também para promover o desenvolvimento econômico e social.