La valoración de la prueba testimonial; el paradigmático caso del Coronel Luis Alfonso Plazas Vega

De acuerdo a la coyuntura social por la que atraviesa actualmente la administración de justicia colombiana, en cuanto a la proliferación de injusticias y errores judiciales causados por la valoración probatoria positiva de los falsos testigos, nace nuestro estudio y la respectiva crítica a la estimación superficial que se realiza a la prueba testimonial por parte de algunos de nuestros jueces, y la aceptación sin mayor control que efectúa la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, se realiza una exhaustiva pero concisa investigación al respecto de todos y cada uno de los factores relevantes a la hora de valorar al deponente y su testimonio como medio probatorio, de suerte que establece los diferentes requisitos formales y sustanciales de los cuales debe gozar, tanto el testigo como su declaración, para que puedan ser tomados en cuenta a la hora de tomar una decisión judicial en materia penal. Con base en lo anterior, nuestra monografía consta de una parte teórica y una parte teóricopractica, en la cual se tomó como ejemplo principal, el paradigmático caso del Coronel ® Luis Alfonso Plazas Vega, toda vez que es un proceso que actualmente se encuentra en sede de casación, y aun no tiene un pronunciamiento definitivo por parte de la honorable Corte Suprema de Justicia, por lo cual es posible realizar una crítica constructiva y propia en lo que concierne a la valoración de la prueba testimonial, en el entendido en que no existe una decisión inequívoca. Finalmente, lo que se pretende con este trabajo es explicar de una manera sencilla y de fácil entendimiento la labor que deben realizar los jueces de la República y la Fiscalía, que aunque no es la que toma la decisión, también debería realizar un mínima valoración, o por lo menos una verificación al momento de aportar y darle credibilidad a testigos que son favorables a su teoría del caso. De forma tal que, la administración de justicia debe llevar a cabo una valoración probatoria, específicamente encaminada al estándar probatorio que se le debe atribuir al testimonio, teniendo en cuenta los factores externos e internos que afecten la declaración, y por los cuales se vea influenciada la misma; todo esto, con el fin de evitar los errores judiciales que se han generado a lo largo de nuestra historia, los cuales han conllevado a innumerables injusticias creando gran polémica y un desasosiego por parte de la sociedad civil.

Ética hacker y propiedad intelectual: una nueva perspectiva para abordar la normatividad sobre derechos de autor en el espacio digital

En el presente texto se busca mostrar las capacidades explicativas que puede tener la conjunción entre las perspectivas de la ética hacker y la defensa de la propiedad intelectual para dar cuenta de las reacciones generalizadas de rechazo ante las normatividades de derechos de autor en el espacio digital. Así, se lleva a cabo un resumen de los principios de cada una de estas perspectivas dando cuenta de sus capacidades explicativas y características teóricas para, posteriormente, aplicarlas a la realidad empresarial, laboral y de opinión en el marco social contemporáneo. Cómo conclusión de este trabajo se logra observar que a pesar de que en principio ambas perspectivas podrían parecer contradictorias, existen aspectos comunes que permiten vislumbrar como un trabajo en conjunto permitiría generar normatividades que se acoplen a las realidades contemporáneas.

La travesía obsoleta: la indefensión del consumidor

La obsolescencia programada es el deseo de tener algo un poco más nuevo, un poco mejor, un poco más rápido de lo necesario. El texto estudia este fenómeno a la luz del Estatuto del Consumidor – Ley 1480 de 2011 para determinar si el consumidor colombiano está suficientemente protegido con él.

Italian citizenship and the descendants of Italian citizens emigrated in Colombia. Removing a social injustice

Law is often the source of social discriminations, but, at the same time, it can be thekey to delete these social discriminations. The authors try to give an example of thisphenomenon, by analyzing the impact of the Italian citizenship’s rules over the descendantsof the Italian citizens emigrated abroad and, especially, in South America.Indeed, according to the former Italian law, only fathers could transmit iure sanguinisthe citizenship to their children: moreover, women automatically lost theItalian citizenship if they get a foreign citizenship by concluding a marriage witha foreign husband.These rules hardly discriminate the Italian women emigrated abroad and, especially,their descendants who were prevented to get the Italian’s citizenship.These discriminatory rules were finally deleted by the Italian Constitutional Courtin the Seventies and in the Eighties: however, the effects of those rules still persisted,since the decision of the Constitutional Court could not overcome the temporal limit of the entry into force of the Constitution (01.01.1948) and, therefore, could not“cover” the discriminatory facts occurred before that date.Finally in 2009, the Italian Supreme Court, by extending the effects ratione temporisof the decisions of the Constitutional Court, “reopened the doors” of the Italiancitizenship to a huge number of Italian citizenship born from Italian women beforethe 01.01.1948.Therefore, the authors focus on the social impact of this decision for all the potentialItalian citizens living in South America and try to assess its juridical effects overthe Italian law.

Código de ética judicial en Argentina. ¿Una respuesta a las demandas de transparencia de la sociedad?

El proyecto de Código de Ética Judicial, que emerge de la convocatoria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2004) y promueve una reforma judicial, es analizado desde un diagnóstico que enfatiza el carácter cultural de causas sistémicas de la crisis político-económica de diciembre 2001 en Argentina, donde la matriz institucional y los mecanismos de selección/financiamiento de los partidos políticos destacan la presencia de “clientelismo” y “corrupción”, determinando –con la “anomia social”– la llamada “corrupción gris”. Tales variables definen un patrón cultural de “labilidad” en los límites entre lo permitido-no permitido y lo ético-no ético.Desde los años noventa, la tendencia a judicializar el conflicto político, y una Magistratura con ausencia de debate interno y de activismo judicial, tornaron oportuno analizarla desde cinco ejes temáticos: 1) el debate orgánico dado en la Magistratura; 2) el marco general legislativo; 3) la Magistratura como exponente de valores culturales; 4) la transferencia de responsabilidades del ámbito político al judicial; 5) la mediatización de la labor del juez.De las conclusiones deviene crucial este enfoque que indaga las características de esta herramienta que la propia corporación judicial le propone a la sociedad: el Código de Ética Judicial.-----The Code of Judicial Ethics bill, which has emerged from the Argentine Supreme Court call in 2004 and which promotes a judicial reform, will be analized here from a point of view emphasizing the cultural nature of the general cause of the political and financial crisis that took place in December 2001 in Argentina, where the institutional matrix and the political parties’ mechanisms for selecting candidates and raising funds for campaign financing show that there exists a kind of ‘clientism’ and ‘corruption’, which brings about –within a state of ‘social anomy’– the so-called ‘grey corruption.’ These variables define a cultural pattern which is characterized by a ‘general state of uncertainty’ when it comes to deciding what is allowed or not allowed, and what is ethical or unethical.The tendency present since the nineties to judicialize the political conflict, together with a judiciary where there is neither internal debate nor judicial activism, have both made it appropriate to analize this matter from five points of discussion: (1) the internal debate in the judiciary; (2) the general legislative framework; (3) the judiciary as an exponent of cultural values; (4) the handing over of responsibilities from the political sphere to the judicial one; and (5) the media interfering with the judge’s work.From the resultant conclusions, we will infer that this approach becomes crucial, an approach that looks into the features of this tool that the judiciary itself proposes to the society: the Code of Judicial Ethics.

La jurisprudencia mercantil de la Corte Suprema de Justicia entre 1887 y 1916

La tesis hace una presentación y análisis de las sentencias de casación que la Corte Suprema de Justicia de Colombia profirió entre 1887 y 1916 en las que interpretó los Códigos de Comercio Marítimo y Terrestre aprobados mediante la ley 57 de 1887.

Análisis constitucional. Una introducción : cómo hacer cosas con la Constitución

La Corte Constitucional colombiana, a través de la interpretación del texto de la carta política, ha hecho invaluables aportes al desarrollo del derecho en nuestro país. Sin embargo, este proceso de definir las palabras de la Constitución requiere la utilización de preferencias valorativas y esto, como es natural, implica un grave riesgo para la seguridad jurídica: ¿hasta dónde puede llegar el intérprete, ¿cuáles son los límites que debe respetar?. Este riesgo incrementa si tenemos en cuenta que buena parte de la doctrina constitucional colombiana contemporánea, llamada por algunos neoconstitucionalismo, ha creado una nueva jerga erudita impenetrable llena de metáforas sofisticadas, razonamientos abstrusos, argumentos con una gran carga emotiva y citas herméticas que, en cierta medida, le han permitido encubrir sus ideas y valoraciones y, de este modo, evitar que sean sensatamente escudriñadas. En un sistema como el colombiano, erigido sobre el principio de frenos y contrapesos entre los distintos poderes del Estado, si el poder político se ejerce a través de la justicia constitucional, en un lenguaje incomprensible y presentado como un argumento de última instancia, todo el equilibrio se viene abajo y, muy pronto, el derecho se convierte en el principal instrumento del despotismo., de Daniel Mendonca, es un libro perfectamente honesto que presenta sus ideas con absoluta claridad y ayuda a trazar los límites entre la discrecionalidad y la arbitrariedad de la interpretación constitucional.

Foro: revista de derecho. 10 (Recensiones)

Presenta las reseñas de los siguientes libros: Rosa M. Lastra, La apertura de un portal en el mundo de la banca central: examen del libro Legal foundaments of intemational monetary stability (Fundamentos legales de la estabilidad monetaria internacional), Oxford, Oxford University Press, 2006, 600 pp. -- Ronald Dworkin, The Supreme Court phalanx. The court's new right-wing bloc, Nueva York, New York review books, 2008, 96 pp.

Stem cell Researches in Brazil: Present and Future Challenges

A bill allowing researches with human embryonic stem cells has been approved by the Brazilian Congress, originally in 2005 and definitively by the Supreme Court in 2008. However, several years before, investigations in Brazil with adult stem cells in vitro in animal models as well as clinical trials, were started and are currently underway. Here, we will summarize the main findings and the challenges of going from bench to bed, focusing on heart, diabetes, cancer, craniofacial, and neuromuscular disorders. We also call attention to the importance of publishing negative results on experimental trials in scientific journals and websites. They are of great value to investigators in the field and may avoid the repeating of unsuccessful experiments. In addition, they could be referred to patients seeking information, aiming to protect them against financial and psychological harm.

Bini Customary law of inheritence : a shift in Igiogbe as a case study

Igiogbe cultural heritage has existed since the founding of Bini kingdom without any controversy; however since the Supreme Court decision in Idehen v Idehen the issue of Igiogbe has assumed new dimensions. Igiogbe - the house in which a Benin man lived and died devolves on his first son absolutely; but since the beginning of 20th century litigation as to the real meaning of Igiogbe and who is entitled to inheritance thereof began to increase. Controversies and increase in litigation over Igiogbe has occasioned a shift in the practice, the Bini’s are not conscious of some of these changes, most of them (Bini’s) still claim Igiogbe practices is rigidly adhered to. This study on Igiogbe inheritance in Bini kingdom is therefore carried out with a view to bringing out the changes in Igiogbe cultural practice using legal and anthropological tools to examine the changes. While laying the foundation for the discussion on the main research object the researcher examined the origin and status of customary law in Nigeria. There after I examined Igiogbe inheritance in Bini kingdom. Igiogbe and the issue of first son were critically analyzed with the aid of the research questions bringing out the changes in Igiogbe concept from traditional practice to modern practice. Study shows Igiogbe practice is still relevant in modern Bini kingdom, however, the shift and changes in practice of this cultural milieu has lead me to ask some fundamental questions which I intend to answer in the broader research work in future.

Corporate liability for workplace deaths and injuries-reflecting on Victoria's laws in the light of the Esso Longford explosion

The purpose of this article is to consider some different legal models for the liability of corporations for the deaths and serious injuries of their employees, with particular emphasis on the law in Victoria.

Two recent developments in Victoria prompt this consideration. First, on 30 July 2001, the Victorian Supreme Court handed down its sentencing decision in the case arising from the explosion on 25 September 1998 at the Longford gas plant operated by Esso Australia Pty Ltd. The decision marked the end of the formal public consideration of a devastating event in Victorian industrial history, which began with the Royal Commission set up on 20 October 1998 to investigate the causes of an explosion in which two workers died and eight others were injured. Second, in early 2002, the Victorian Government failed in its attempt to introduce new criminal offences for corporate employers whose employees are killed or seriously injured at work. In spite of their failure to be passed by the Legislative Council in Victoria, these proposals warrant consideration. They represent a growing trend by policy makers in attempting to address more effectively the question of the liability for deaths and serious injuries of workers to employers who operate through the corporate form.

Removal of company directors in a climate of corporate collapses

The string of high-profile corporate collapses recently has provided a fresh insight into many important topics and issues in Australian corporations law. Notwithstanding this, one topic that continues to receive inadequate attention both in Australia and in foreign jurisdictions is the statutory removal of  directors. In an earlier article published in this journal, one of the present authors contributed towards addressing this lack of commentary on the topic by highlighting a number of peculiarities with the provisions under the then Corporations Law regulating the removal of directors in public and proprietary companies. Since that time, the CLERP amendments to the Corporations Law (now Corporations Act 2001) in 2000 introduced some interesting changes to the provisions dealing with the removal of directors in public and proprietary companies. In this article, the authors provide an explanation and critical analysis of these changes, and consider the recent Western Australian Supreme Court decision of Allied & Mining Process Ltd v Boldbow Pty Ltd [2002] WASC 195, which deals with some of the issues raised by the authors in relation to the CLERP amendments. According to the authors, whilst some of the peculiarities raised in the earlier article no longer exist post-CLERP, the current removal provisions still raise some important questions of interpretation.

Capping the SRO's sweet tooth

The consequences of the State Revenue Office's (SRO) liking for fixtures and its liberal interpretation of the definition of chattels have been coming before the Supreme Court regularly.

Ambiguities and inconsistencies in relation to the obligations of proxies under corporations law: a model for reform

This article reconsiders the important question which came to light as a result of the controversial 2002 Coles Myer annual general meeting: do directors that are appointed as proxy have an obligation to vote as directed (and indeed should they)? A recent decision of the New South Wales Supreme Court, which was subsequently approved on appeal, stands for the proposition that proxy holders are agents of the shareholders that appointed them. However, currently the Corporations Act only requires a Chairman appointed as proxy to vote as directed — not an ordinary director. This article briefly explains the present state of the law in Australia on this issue, and then explores some interesting recent judicial remarks which may suggest that ordinary directors appointed as proxy must vote as directed in order to satisfy their director’s duties (both common law and statutory) to the company. We finally outline a proposed statutory reform initiative which seeks to remove the present uncertainty in the law by introducing a blanket requirement that all proxy holders must vote as directed.

Euthanasia and assisted suicide : a liberal approach versus the traditional moral view

Within the context of the debate over the recent suspended sentence given to John Stuart Godfrey by Underwood J in the Supreme Court of Tasmania for assisting his elderly mother with her suicide, this article examines some of the more popular arguments for and against the moral acceptability of euthanasia and assisted suicide. This article considers the arguments put forward on the “difference principle” by Rachels and Nesbitt before critically examining the liberal approach to the euthanasia issue as proposed by Kuhse. It is argued that whilst Kuhse is correct to reject the difference principle, she does so for the wrong reasons. The penultimate section of the article provides an overview of the traditional moral view against killing. The final part assesses whether the arguments put forward by proponents of the liberal approach are capable of overcoming this view.