967 resultados para Historia Social


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Se plantean los beneficios de leer y sobre c??mo la lectura promueve una respuesta y lleva a la escritura, que se convierte en lectura ajena y tambi??n propia. En consecuencia, lectura y escritura es un quehacer interactivo, porque todo cuanto se hace espera una respuesta. Se hace un recorrido por diversos per??odos de la historia para analizar la utilizaci??n de la escritura y la lectura, para llegar al siglo XXi donde hay un predominio de los medios de comunicaci??n de masas como es el internet.

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A finales del siglo XIX y principios del siglo XX la provincia de Vizcaya despuntó en el contexto internacional como importe centro extractor de mineral de hierro y como relevante foco productor siderometalúrgico. Las explotaciones mineras se adueñaron de los Montes de Triano y las fábricas conquistaron las márgenes del Río Nervión, arrastrando tras de sí una densa marea humana. Alojar a esa población se convirtió en una cuestión de primer orden. Paralelamente, las instituciones estatales desbordadas por problemas similares en otros puntos de la geografía española, idearon y pusieron en práctica un complejo engranaje administrativo para erigir las primeras viviendas sociales. Así, las denominadas Casas Baratas fueron la respuesta oficial a la insuficiencia de vivienda obrera y Vizcaya fue una de las provincias donde mayor desarrollo tuvieron este tipo de propuestas constructivas. De este modo, la presente investigación comienza indagando sobre el origen de la problemática en Bilbao y la Cuenca del Bajo Nervión, para después repasar las medidas adoptadas por el Estado y la Diputación de Vizcaya en esta materia. Hecho esto, se da paso a un concienzudo repaso de las características principales de la edificación de Casas Baratas en toda la provincia de Vizcaya, descendiendo, posteriormente, a la realidad de Bilbao, Baracaldo, Sestao, Portugalete, Guecho y Erandio, haciendo hincapié en las inquietudes locales. El estudio finaliza con un ejercicio comparativo con las Casas Baratas de Barcelona, Sabadell y Tarrasa, estableciéndose similitudes y divergencias con el foco industrial más importante del momento en el panorama nacional.

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La manumisión esclava fue una característica estructural de la sociedad colonial latinoamericana. Sin embargo, esto no quiere decir que todos, o que la mayoría,de los esclavos consiguieran salir del cautiverio. Solo un pequeño porcentaje logró terminar sus días como libre. En ese porcentaje la mayoría fueron mujeres. Desde las grandes regiones esclavistas hasta las periféricas, y desde el comienzo de la era colonial hasta la emancipación total, siempre las mujeres se manumitieron proporcionalmente más que los hombres. Este artículo propone como hipótesis parcial de tal fenómeno que las esclavas se manumitieron más porque contaban con una exención fiscal que no tenían los hombres. Para demostrar tal cosa, se enfatiza en que la familia esclava era la que tomaba la decisión de a quién manumitir y que la libertad era más una estrategia que un objetivo.

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1. Necesidad de un modelo empírico. 2. La configuración regional. 3. Fundamentos sociales de la concentración territorial. 4. Las haciendas de los Jesuitas. 5. Aspectos políticos de la consolidación de la propiedad territorial. 6. Transacciones sobre la tierra. 6.1. Las compraventas. 6.2. Los precios de la tierra. 6.3. Los arrendamientos. 7. El trabajo. 7.1. La cuestión del peonaje. 8. La movilidad indígena. 9. Las deudas de los conciertos. 10. El funcionamiento de las haciendas. 11. Conclusiones.

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1. El Congreso Obrero de Ambato; 2. Representaciones de las clases trabajadoras; 3. Artesanos versus obreros fabriles: o la 'lucha entre la clases'; 4. Mujer y clase obrera; 5. Indígenas y clase obrera; 6. Conclusiones

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Los individuos siempre, sin importar época o lugar han tendido a agruparse para vivir en comunidad, situación ésta que no es exclusiva del género humano sino de todo cuanto pueda llamarse vida, pues para que la misma exista se hace necesario la agrupación de seres pertenecientes a una misma especie a fin de reproducirse, protegerse, intercambiar afecto o simplemente solucionar problemas prácticos mediante el intercambio de ideas, pensamientos e incluso bienes y formas de trabajo. En comunidad viven las plantas, los animales y por supuesto, el hombre mismo; lo cual lleva a deducir de este comportamiento milenario que los hombres, al igual que los demás seres vivos, son seres sociales por naturaleza donde social no quiere decir convivencia pacífica sino agrupación por sentido práctico, sometimiento o por necesidad.

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Desde la segunda mitad del siglo XX, una de las exigencias más apremiantes que se le hace a los Estados contemporáneos es que propicien formas de organización social aptas para la vida democrática. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 propuso, una nueva configuración jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha propuesta esta fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la creación de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política. En el caso colombiano, este marco normativo se fortalece partir de la Carta Política de 1991 que proclama a Colombia como un Estado Social de Derecho. Sin embargo, la situación vivida por los colombianos en las últimas décadas llena de sombras cualquier reflexión acerca de los derechos humanos. La zozobra se apodera de vastos sectores de la población; intelectuales, políticos, empresarios, campesinos, ciudadanos de la calle, medios de comunicación, entre muchos otros, no escapan a la pesadumbre de la guerra. Los informes sobre la violación sistemática de los derechos son cada vez más alarmantes y sus índices de vulneración aumentan constantemente. Resulta paradójico, que el actual estado de cosas se genere luego de la promulgación de la carta constitucional de 1991, que buscaba precisamente menguar el clima de violencia generalizado en casi todos los escenarios de la sociedad. Hoy, once años después, pareciera que la realidad se resistiera a cambiar y que la suma de nuestras adversidades y vicisitudes hubiera domesticado los principios democráticos y sociales de la carta.

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La educación es un proceso global de la sociedad y como tal una herramienta básica de creación y regeneración de la cultura. Y es esta última, la cultura, el modo de pensar y de operar, lo que permite que las personas nos situemos activa y críticamente en el mundo, vivamos en él y lo construyamos a nuestra medida. La Educación en Derechos Humanos (EDH) forma parte del proceso social en su integralidad. Para los educadores cubanos es un tema que reviste suma importancia; existe total coincidencia en que la escuela está llamada a denunciar y a preparar a sus estudiantes para que luchen por un mundo mejor, donde cada uno de los derechos humanos sea respetado y acatado. La escuela no debe ser ajena a la problemática que vive la sociedad. No se puede perder de vista que los derechos humanos desde un punto de vista egocéntrico e individualista, tienen como pilar fundamental el respeto de los derechos de los otros y hace responsable a cada uno del deber de hacer fructificar ese mismo derecho que nos es dado a los demás. En Cuba se define el trabajo educativo como esencialmente ideológico, que relaciona la formación política, los valores morales aglutinantes como la dignidad humana y la intransigencia ante la dominación extranjera y la solidaridad humana. La política educativa cubana y las perspectivas de los actores involucrados en la formación docente coinciden en comprender la EDH desde una definición que integra un conjunto de significados principales en el contexto cubano actual, contentivos de la formación en valores morales y normas sociales, la educación sobre el orden jurídico nacional, la educación para la preservación de la salud, para la defensa nacional y el internacionalismo.

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En el marco de nuestra misión institucional, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, ha venido denunciando la vulneración de los derechos humanos al interior de las cárceles colombianas, que especialmente vienen sufriendo las personas detenidas por motivos políticos. El seguimiento de la situación carcelaria del país que ha realizado nuestra Fundación, ha venido arrojando una serie de conclusiones preocupantes, que pone en evidencia una contrariedad entre las normas de rango nacional, internacional y recomendaciones de organismos supranacionales, para el tratamiento de las personas privadas de la libertad, y la práctica de las autoridades colombianas. El continuo incumplimiento de las normas que imponen a los establecimientos carcelarios el deber de concretar los derechos de los internos y brindarles bienestar dentro del marco de la dignidad humana, en cuanto establecen la carga de velar por su salud, proteger sus vidas, y el mandato legal de mantener la separación de los reclusos en consideración a su situación jurídica (sindicados- condenados), y el delito cometido, se han convertido en la normalidad al interior de las diferentes cárceles y penitenciarias del país.

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Las cárceles, en cualquier parte del mundo, siguen presentándose como uno de los grandes retos para las sociedades democráticas. Creadas para ejercer una función punitiva, han ido, poco a poco, dando lugar a las ideologías de humanización centradas en la rehabilitación de los reclusos de forma que se inserten en la sociedad. Sin embargo, Foucault recuerda que la prisión moderna “se fundamenta en su papel de aparato para la transformación de los individuos”. En este sentido, ¿cómo lograr su objetivo y a la vez asegurar los derechos de los reclusos? ¿cómo garantizar el respeto a la dignidad en una institución donde el imaginario de justicia se convierte en sinónimo de venganza? De esto se aprehende que son muchos y muy variados los desafíos para mantener las instituciones disciplinarias acordes con los principios democráticos y de respeto a los derechos humanos, especialmente en países en vías de desarrollo. Aún más, si como en el caso brasileño, a la sociedad poco le importa lo que les pase a los reclusos. Ante este contexto, el presente artículo pretende discutir sobre el continuum de violaciones a los derechos humanos practicadas dentro de las cárceles brasileñas, bajo la indiferencia social y la connivencia gubernamental, a pesar de que la legislación internacional y nacional obligue a garantizar los derechos de los detenidos. Para ello se presentan los datos sobre el sistema carcelario brasileño: el cuantitativo de la población carcelaria y su perfil, el déficit de plazas, las malas condiciones de las cárceles, etc. Seguidamente, se discute las leyes que rigen la actuación del Estado brasileño en materia carcelaria. A la vez, se recopilan las informaciones de los principales informes acerca del tema, en los que se evidencian las violaciones más frecuentes. Por fin, se analiza más a fondo la actual realidad carcelaria en Brasil a partir del estudio desarrollado por la Comisión Parlamentaria de Investigación del Sistema Carcelario Brasileño del Congreso de Diputados, concluido el 2008.

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La historia de Colombia ha sido una sucesión de pequeñas y grandes manifestaciones de violencia. Desde las guerras de independencia, pasando por las guerras del siglo XIX, y por una innumerable cantidad de alzamientos, revoluciones y montoneras menores, hasta llegar al punto álgido de la violencia como institucionalidad paralela: la muerte de Gaitán, el Bogotazo y los años de la Violencia. Pensar que los orígenes de tales manifestaciones de «la política por otros medios» fuesen el resultado de las mismas causas, consecuencias de los mismos procesos o, al menos, gritos comunes ante privaciones similares, sería bastante simplista. Pues, mientras el país se mueve, y cambia su realidad, la violencia permanece perenne. Sobrevive la violencia en sus odios y en sus fantasmas, en los vencidos y en los vencedores. La guerra, y toda apelación a la violencia, quedaban como una ocupación contingente pero común.

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La lectura y discusión de este texto de Herán lbarra es recomendable, por un lado porque constituye un aporte ecuatoriano al debate especializado acerca del significado de las rebeliones indigenas, tema que ha ocupado un espacio importante en la historiografta andina, por otro lado porque es un texto significativo en la discusión acerca del proceso de definición de identidades politicas actuales en nuestro país. El estudio de Ibarra plantea tres entradas al tema de la rebelión indígena, especificamente la de Yaruquíes, ocurrida en 1871, cuyo protagonista más conocido es Fernando Daquilema. La primera entrada es un acercamiento a las interpretaciones y apropiaciones que se han generado alrededor de este hecho histórico y este personaje. La segunda, es un estudio del contexto de los cambios sociales que afectaron a los indígenas en general \ durante el siglo XIX y en especifico a la zona lévantisca ubicada en la sierra central. Un tercer tema es la interpretación del sentido politico de este levantamiento y sus reivindicaciones. Por último Ibarra incluye tres anexos, el primero es un Cuadro que muestra el número de indígenas contribuyentes del trabajo subsidiario en Riobamba entre 1856-1871, diferenciando haciendas de comunidades. El segundo es el juicio criminal seguido a Serafín Ipo, por el tumulto en Yaruquíes y por último una exposición del Ministro del Interior y Relaciones Exteriores, en 1873, relativo al estado de sitio declarado en Chimborazo.