865 resultados para modelo político – administrativo
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A improbidade administrativa é um fenômeno antigo na história do Brasil, tendo suas raízes estranhadas na própria colonização do país. Nesse sentido, tornou-se indispensável a implementação de medidas para o combate à corrupção lato sensu1, mobilizando as diversas áreas do direito para tal finalidade. A promulgação da Constituição Federal da Republica de 1988 (CRFB/1988) conferiu rigidez constitucional aos meios de coibição à improbidade administrativa, estabelecendo peremptoriamente princípios e normas pertinentes ao tema, evidenciando a importância do controle dos atos praticados pelos agentes públicos. Todavia, ficou a cargo do legislador infraconstitucional regulamentar as ações de improbidade administrativa, o que ocorreu com a promulgação da Lei nº 8429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA). A Lei regulou seus aspectos materiais, quais sejam: seus sujeitos (art. 1º e 2º), atos (art. 9, 10 e 11) e sanções (art. 12); como também seus aspectos procedimentais (art. 17). O tema central do estudo refere-se ao juízo competente para julgamento e processamento dos agentes públicos nas ações de improbidade administrativa, por eles gozarem de foro por prerrogativa de função no julgamento dos crimes comuns (responsabilidade penal) e de responsabilidade (responsabilidade política), e este ser um benefício relacionado exclusivamente com o cargo ocupado pelo agente. Neste sentido, por a ação de improbidade ser essencialmente sancionatória e dotada de aspectos políticos-administrativos, possuindo peculiaridades das duas esferas, muitos questionam a extensão da aplicação do benefício em questão levando em consideração o silêncio da lei. Visto isso, aprofundarei a discussão especificamente no que se refere aos agentes públicos, dividindo-a em dois aspectos: (1) os agentes políticos respondem por improbidade administrativa, visto já responderam no âmbito político-administrativo por crimes de responsabilidade? (2) em caso positivo, aplica-se foro de prerrogativa de função? Essas questões levantadas são alvo de bastante divergência na doutrina e, principalmente, na jurisprudência. Desta forma, o trabalho objetiva analisar se se estenderia a prerrogativa de foro às ações de improbidade administrativa visto que, mesmo constitucionalmente consagrada como ação civil, é uma ação dotada de peculiaridades relevantes, seja pelo forte conteúdo sancionatório, principalmente no que tange às penas previstas que ultrapassam as reparações pecuniárias do direito civil, seja por envolver interesses político e posições hierárquicas. Ultrapassada a questão, ainda busca analisar o ajuizamento destas ações em face dos agentes políticos, tanto em razão de sua possibilidade (visto já responderem por crimes de responsabilidade) quanto ao órgão jurisdicional competente para julgá-los (esbarrando novamente na questão da aplicação ou não da prerrogativa de foro).
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This work is a study which deals with political, electoral and party features from the Republic of Malta. An interest that motivated the study is to understand how works the consolidated two-party system in the country, the cleavages which foster that features and the Maltese media groups alignment process to those prevailing political parties. Our goal is to identify the main factors which creates and maintain those features of a two-party model in Malta, and how much it overlaps the political and electoral models applied in the country. The analysis is mostly literature, also backing up data about the nation, on elections and political parties which allow enough stability for analysis and enables us an approach about the actual facts. The survey data and literature available is mainly in English, by the lack of academic papers on Malta in Brazilian Portuguese. Therefore, this work contributes as a small panorama of the Maltese political reality, which can serve as a point of comparison and reflection on other countries' realities, with a sharp bipolar political trend, strong social entrenchment of political parties, and media groups aligned to those
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La investigación tiene como objetivo central la confección de dos estudios de caso de las políticas de igualdad de Chile y Costa Rica, que enfatizan en sus concepciones de igualdad y estrategias, con el propósito de explicitar las bases conceptuales y programáticas de la igualdad entre mujeres y hombres como problema público. Las políticas de igualdad son relativamente recientes en América Latina y el Caribe. Su desarrollo toma fuerza en la década de los noventa del siglo pasado y son motivadas principalmente por un marco de compromisos y acuerdos supranacionales (mundiales y regionales) de carácter jurídico, que emanan de Convenciones y legislación nacional y político, que derivan de la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing 1995) y su Plataforma de Acción, Conferencias Mundiales y Conferencias Regionales. El énfasis se pone en la fase de formulación de las políticas de igualdad, que comprende la definición de su modelo causal y la formulación de su programa de actuación político– administrativo, en concreto el análisis de los objetivos, instrumentos y procesos que deberán ponerse en práctica para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres. Para tal efecto y utilizando el estudio de casos como método de investigación, se construyen y analizan los casos de políticas de igualdad de Chile y Costa Rica, tomando como referente una estructura y orientaciones metodológicas similares. El marco conceptual de la investigación profundiza en las definiciones y elementos que caracterizan a las políticas públicas; el género como categoría de análisis; la delimitación y alcance de los conceptos de no discriminación, equidad e igualdad; las definiciones de políticas de igualdad de oportunidades, políticas de equidad de género y políticas de igualdad de género; y la transversalidad de género como estrategia de política pública...
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Cuando nos acercamos al primer aniversario del referéndum español sobre la Constitución Europea del pasado 20 de febrero de 2005, tras las grandes expectativas levantadas, cabe preguntarse qué es lo que ha pasado con los resultados del mismo, cómo se ha gestionado el “sí” y en qué circunstancias concretas se encuentra el proceso político y cuáles son las perspectivas futuras. En un año ha cambiado completamente la percepción de la opinión pública en torno al futuro de Europa. Se ha pasado de la percepción de un claro apoyo al proyecto constitucional europeo a decir que la Constitución estaba muerta y, ahora, a sostener que empieza a “resucitar”. El problema de la ratificación, a nuestro juicio, no está en el Tratado Constitucional sino en el proceso político en el cual está teniendo lugar la ratificación, o dicho de otra manera, los “noes” no han sido causados tanto por el texto como por el contexto. Para explicar esta proposición central, que el problema de la ratificación no está en el Tratado Constitucional sino en el proceso político, partimos de analizar la relevancia del proceso político desde la aprobación de Niza en 2001, en el que por primera vez se explicita la necesidad de revisar el procedimiento de reforma de los Tratados, surgiendo de la sociedad, a través del debate sobre el futuro de Europa. Será también la primera vez que la misma se deja de abordar únicamente a través de los Gobiernos y en secreto y se lleva a cabo a través de una Convención como recoge la Declaración de Laeken de diciembre de 2001. En esa Convención Europea participa en la reforma de los Tratados por primera vez una doble legitimidad, europea y estatal, y dentro de esta los representantes de los Parlamentos Nacionales. De este método innovador surge la Constitución Europea como respuesta a las demandas de los ciudadanos de explicitación del modelo político, de hacerlo más democrático y transparente, más eficaz, más simple en los procedimientos y en las normas jurídicas, que desarrolle el modelo social europeo, y con más instrumentos para una mayor presencia en el mundo y la gestión de la globalización. Tendremos en cuenta como el Parlamento Europeo reconoce precisamente esta realidad por una amplia mayoría y por primera vez entiende que se han resuelto problemas estructurales básicos y que, en definitiva, responde a las demandas de los ciudadanos y a las necesidades objetivas de Europa. Considera además la relevancia del simbolismo de la Constitución y el significado político que el Parlamento Europeo venía reivindicando como representante de la soberanía europea. Siguiendo el análisis del proceso político estudiaremos las catorce ratificaciones positivas, bien a través de los Parlamentos Nacionales, con votaciones mayoritarias, a través de referendos en los Estados miembros. Nos detendremos en los “noes” francés y neerlandés como problemas nacionales y no europeos, no de texto sino de contexto, que especialmente es un “no” a lo que había y no a lo que viene, pero que va a incidir negativamente en la percepción del desarrollo de la vida política europea en su conjunto. Tras explicar la decisión del Consejo Europeo por la que se paraliza la ratificación, presentaremos la percepción de la crisis y los efectos políticos del “no” francés y neerlandés, analizando a continuación qué es lo que ha fallado en el proceso de ratificación, teniendo en cuenta que se ha democratizado y europeizado la fase de propuesta y redacción de la Constitución pero que se deja todavía en manos de los Estados nacionales su aprobación definitiva. Abordaremos la inviabilidad institucional del Tratado de Niza, en vigor desde el 1 de febrero de 2003, especialmente desde la ampliación a veinticinco un año después, y con los ojos puestos en una Unión de unos treinta Estados miembros en no más de cinco años. A continuación explicaremos el “coste de la no Constitución”, es decir, lo que nos está costando a los europeos el que la Constitución no esté en vigor en los plazos previstos, y lo que nos estamos perdiendo con el retraso presumiblemente de al menos un año en el mejor de los casos. Después de tener en cuenta la atonía institucional, especialmente durante el semestre de Presidencia británica, se estudiará la salida material a la crisis, que no es otra que la reactivación del proceso político a través de la adopción de políticas concretas y de soluciones en los ámbitos en los que la Unión tiene competencias con objeto de hacer funcionar las instituciones y de cambiar la percepción de los europeos sobre las mismas con la finalidad de visualizar la necesidad de “más Europa” y su expresión al día de hoy que no es otra que la Constitución Europea. Una vez tenidas en cuenta las vigencias anticipadas de la propia Constitución así como la irreversibilidad de las conquistas democráticas de este proceso político, estudiaremos la salida formal a la crisis a través de reanudar el proyecto constitucional y la forma de superar el laberinto de la ratificación, sus calendarios y sus decisiones, posiblemente en poco más de un año en el Consejo Europeo alemán de marzo o junio de 2007. En las últimas semanas se han producido una serie de señales políticas nuevas, por lo que puede vislumbrarse a lo lejos la salida del laberinto. Así, el Consejo Europeo de diciembre de 2005 ha logrado finalmente aprobar las perspectivas financieras. A la vez, se constata la necesidad de “más Europa” y el propio Consejo Europeo ha acordado la necesidad de crear una política común de migraciones y una política común de energía. En ese mismo Consejo Europeo se ha clarificado el liderazgo del nuevo Gobierno alemán y se han clarificado las incógnitas sobre cuáles son sus preferencias en relación a Europa. Además, el 19 de enero de 2006 el Parlamento Europeo aprobaba una nueva Resolución sobre el período de reflexión en la que ratifica su apoyo a que la Constitución entre en vigor antes de 2009. Igualmente se avanzan en cierta manera los posibles calendarios de la vigencia, al anunciar ya los Gobiernos alemán y portugués que ocuparán la Presidencia en 2007 que su objetivo compartido será la entrada en vigor de la Constitución Europea.
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El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba introdujo una nueva agenda económica que el Gobierno llama la actualización del modelo socialista. Muchos piensan que en esencia se trata de una serie de reformas y reducen su importancia a su dimensión económica. Esta monografía busca explicar la actualización aplicando el análisis de sistemas-mundo de Immanuel Wallerstein, aportando una interpretación no convencional del fenómeno. Se puntualizará en las variables de poder y en los actores políticos que han determinado la nueva política económica: el Partido Comunista de Cuba (PCC) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Ambos conforman lo que Wallerstein denomina un movimiento antisitémico. El argumento principal es que el movimiento ha puesto en marcha las reformas buscando fortalecer el Estado y así garantizar su supervivencia al consolidar su posición como el competidor único del poder estatal. Como se verá, estas metas han llevado al movimiento a sacrificar parte de su naturaleza antisistémica.
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Na última semana de sessões extraordinárias serão discutidos os seguintes assuntos: sistema eleitoral, voto distrital, reforma urbana, saúde e previdência. José Luiz Maia (PDS-PI) defende o planejamento nacional e a aplicação regionalizada do orçamento, para garantir o soerguimento do Norte e Nordeste. Raimundo Bezerra (PMDB-CE) acredita ser necessário priorizar a medicina preventiva. José Guedes (PMDB-RO) está preocupado com as leis complementares. Emenda do Presidente do Senado Humberto Lucena cria a figura do Ouvidor-Geral, um "ombudsman" brasileiro. Ele considera que seria uma figura fundamental para agir em nome da sociedade e ser o grande fiscalizador político-administrativo dos três poderes do Estado. O Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães (PMDB-SP), discute com os relatores e com os líderes do PMDB os pontos polêmicos do projeto de Constituição.O Relator Bernardo Cabral (PMDB-AM) entregou ao Presidente da ANC, Dep. Ulysses Guimarães (PMDB-SP), uma nova versão do projeto, alterado com base no trabalho do Grupo dos 32 (trinta e dois), liderado por José Richa (PMDB-PR), e do Grupo do Consenso, liderado por Euclides Scalco (PMDB-PR). O novo projeto reduziu de quinhentos e um para duzentos e cinquenta o número de artigos. Fernando Henrique Cardoso (PMDB-SP) cita as diferenças entre o anteprojeto anterior e o anteprojeto atual. Sandra Cavalcanti (PFL-RJ) diz que o que se quer com a estabilidade no emprego é a prevenção contra a demissão arbitrária.
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Analisa aspectos do processo legislativo orçamentário no modelo político brasileiro.
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Ejemplar monográfico titulado: "De poesía y crítica"
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El romanismo, estilo al que pertenecen las obras escultóricas estudiadas en este libro, es una adaptación del manierismo italiano de Miguel Ángel y sus seguidores que se caracteriza por la concepción de figuras de gran idealización, de anatomía exaltada y pletóricas de fuerza. En esta publicación se analizan con detenimiento los retablos de finales del siglo XVI y comienzos del XVII en sus vertientes arquitectónica, escultural y pictórica de esta zona geográfica comprendida en el norte de la Península. Se trata de un tema poco estudiado y con su abordaje se han intentado proporcionar las herramientas para que estas obras, algunas de ellas recientemente restauradas, sean valoradas y apreciadas como se merecen. Para ello, las obras se encuadran en el marco político, administrativo, religioso y artístico del entorno de Tolosa, en Gipuzkoa, donde en el cambio de centuria artistas como Jerónimo de Larrea o Pedro de Goicoechea realizaron los retablos mayores de Itsasondo o Irura, en los que se consolida este nuevo estilo contrarreformista. El romanismo se ve analizado en su vertiente estilística, iconográfica o en sus fuentes gráficas, mientras que en cuanto a los artistas estudiados se centra la atención en los aspectos biográficos y profesionales, ofreciendo un amplio catálogo de obras que se distribuyen en el curso del río Oria, desde el actual Goierri hasta la costa cantábrica.
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Conhecer o quanto e em que um gestor municipal aplica os recursos disponíveis para a conquista da qualidade dos serviços educacionais é um requisito para a gestão participativa e consequentemente para o acompanhamento social. A pesquisa apresenta como objetivo central as avaliações da eficácia, da efetividade e da transparência dos investimentos e dos gastos executados na gestão político-administrativo-financeira entre os anos de 2005/2006, com recursos do Fundef, e 2007/2008, com os do Fundeb, e é realizada com base em estudos de caso, sendo desenvolvida em cinco capítulos norteadores de seu objeto. Nos dois primeiros, são estudados os referenciais teóricos sobre o financiamento público em educação e sobre a política neoliberal e suas relações com a qualidade da educação pública. No terceiro capítulo, é apresentada a metodologia aplicada para as avaliações propostas no objetivo, e os dois últimos capítulos são destinados, respectivamente, aos estudos de caso de Duque de Caxias e de Nova Iguaçu RJ. A pesquisa comprova que os dois municípios analisados tiveram reduzidas as participações dos ganhos com o Fundeb se comparadas com as do extinto Fundef. As avaliações dos municípios revelam que parte dos programas orçamentários alcançou a eficácia plena, assim como a efetividade das políticas públicas, enquanto a gestão financeira se revelou pouco transparente em relação às ações realizadas. A conclusão confirma a hipótese apresentada pela pesquisa, ou seja, o financiamento público na educação municipal não foi suficiente para garantir o atendimento de todas as demandas existentes com eficácia, efetividade e transparência com vistas à conquista de uma educação de qualidade desejada pela sociedade local
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Este trabalho tem como objetivo identificar os processos através dos quais a personagem Zarité, protagonista do romance A ilha sob o mar (ALLENDE, 2010), constrói sua identidade de resistência (CASTELLS, 2013). Sujeito subalterno por ser simultaneamente escrava, negra e mulher (SPIVAK, 2010), ela desenvolve estratégias verossímeis que lhe permitem sobreviver e enfrentar a opressão física e identitária típica de sua condição na colônia francesa de São Domingos, atual Haiti, que vivia, à época, sob o domínio de um modelo político e social profundamente patriarcal, escravocrata e racista. A pesquisa assume a perspectiva desenvolvida em torno da literatura de autoria feminina na América Latina (CUNHA, 2004; RAGO, 2004; VELASCO-MARÍN, 2007; WARD, 2007), segundo a qual, nessa produção específica, desenvolvem-se representações de mulher às quais são garantidas a voz e o empoderamento que lhes foram negados em outros contextos de escrita literária. Alinhando a noção de estranhamento desenvolvida pelo formalismo russo (CHKLOVSKI, 2013) com a do uso de procedimentos capazes de conferir literariedade à narrativa (LUKÁCS, 1968), este trabalho verifica a configuração de condições que conferem à obra o pertencimento ao contexto das produções desenvolvidas por autoras migrantes ou exiladas (SKAR, 2001). O conceito de hibridismo (CANCLINI, 2011) se soma a esse entendimento, articulando-se, nesta pesquisa, com a perspectiva multicultural de compreensão das identidades (HALL, 2005). Hutcheon (1991) fornece o arcabouço que nos permite o necessário trabalho com o conceito de sujeito marginalizado e ex-cêntrico. Para isso, é utilizado também o embasamento teórico oferecido por Castells (2013) no tocante ao desenvolvimento da noção de identidade de resistência. As condições históricas e econômicas sob as quais se desenvolveu o regime vigente no ambiente em que se passa a narrativa são verificadas em James (2010) e Blackburn (2003). Para lidar com a vivência religiosa e cultural experimentada pelos descendentes de africanos naquele contexto, a pesquisa se embasa nos argumentos trazidos por Capone (2011) ao debate acerca desse tema e, por intermédio dos estudos de Garauday (1980) e Lody & Sabino (2011), é possível angariar informações relativas à história e à simbologia envolvidas nas danças de origem africana. O estudo dessas correntes teóricas conduz à conclusão de que o romance A ilha sob o mar encena, na personagem Zarité, a construção de uma identidade de resistência entre os escravos que, dançando, celebravam seus deuses, permitiam o encontro das diferentes culturas das quais eram originários e fortaleciam a rede de relações, informações e colaboração mútua entre os indivíduos e as comunidades que pretendiam livrar-se do domínio do elemento europeu e de seu regime escravocrata
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En el territorio ancestral del Valle del Chota – La Concepción y Salinas, enclavado en el límite político administrativo de las provincias de Imbabura y Carchi, al norte del ecuador, habita una población de origen africano que fue introducida por la orden de Loyola a finales del siglo XVI en condición de esclavizado, destinados al cultivo de caña de azúcar, a quienes se les negó su condición humana. Para justifica la explotación económica en el ejercicio de la colonialidad del poder, los esclavizadores europeos, blancos, católicos y “Civilizados” se sustentaron en la falsa creencia etnocéntrica que la moral, los valores, la tecnología, la historia y la cultura de ellos, eran superiores a las de las personas esclavizadas. Desde entonces la sociedad ecuatoriana ha desconocido nuestros aportes económicos, sociales, culturales, religiosos y militares al país y, hasta hace poco, en la práctica, nuestros derechos de ciudadanía. Esto se conoce como racismo estructural.
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A importância e a magnitude da saúde da população trabalhadora advém, em primeiro lugar, da justa consideração de que se trata do elemento mais dinâmico e numeroso da sociedade, do factor essencial da produção de bens e serviços e do garante da produtividade económica (Lefranc, 1988). O desenvolvimento sustentado das sociedades modernas conta com os trabalhadores como o meio de trabalho vivo mais valioso, pelo que a valorização da sua saúde está com ele directamente correlacionado (Duclos,1984; Dias, 1993). O conhecimento das relações trabalho e saúde foi e continuará a ser condição necessária, mas não suficiente, para a organização de intervenções promotoras da saúde e do bemestar no local de trabalho e de medidas profilácticas das doenças e lesões relacionadas com o trabalho e com as condições em que este é efectuado (OMS, 1981). É preciso que a sociedade e as suas estruturas políticas e económicas assumam a Saúde Ocupacional (SO) como objectivo prioritário e criem as condições legais, técnico-profissionais e materiais para a levar à prática (Portugal, 1991a e 2001). O actual estádio da organização e da prestação de cuidados de Saúde Ocupacional em Portugal é fruto de um processo complexo onde intervêm factores de natureza política, social, económica e técnico-científica. Estes, interactuando entre si, criaram as condições objectivas e subjectivas para o lançamento, na década de sessenta, de um modelo legal de serviços de Medicina do Trabalho o qual influenciou o desenvolvimento da saúde dos trabalhadores e a prática profissional dos médicos do trabalho (Faria et al., 1985 ). A Medicina do Trabalho como especialidade médica apresenta a característica ímpar de, ao contrário de outras especialidades, ter sido precedida pela lei, regulamento ou norma (Larche-Mochel, 1996). A sua prática, também muitas vezes entendida como de Saúde Ocupacional, integra-se desde o início na lógica do sistema legal criado em Portugal na década de sessenta que privilegia os cuidados médicos (Faria et al., 1985). Na evolução interactiva da saúde no mundo do trabalho, as condições objectivas de natureza estrutural, próprias do crescimento económico de cada país ou região, assumem um papel essencial. No entanto, como a outros níveis sociais, os factores subjectivos ligados aos conhecimentos, experiências e organização dos parceiros sociais e do poder político influenciam a estrutura formal da organização da Saúde Ocupacional (Duclos, 1984; Dias, 1993). O que ressalta da realidade portuguesa é que o inadequado e incongruente modelo político organizacional de prestação de cuidados de medicina do trabalho dos anos sessenta (Faria et al., 1985), foi substituído pela nova legislação de 1994 e 1995, (Decreto Lei 26/94 e Lei 7/95) que dá suporte a uma nova estrutura formal de serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST) que está longe de corresponder à realidade da evolução das forças produtivas, da sua organização e das necessidades de saúde e bem-estar dos trabalhadores (Santos, 1998; Graça, 1999). A reformulação da política de Saúde Ocupacional, com a correspondente reorganização de serviços de saúde dirigidos à população trabalhadora, tem sido defendida por alguns autores e entidades desde o início da década de oitenta (Faria et al., 1985; BIT, 1985; Santos; Faria, 1988; Graça, 1999). Recentemente tal necessidade tornou-se uma evidência constatada por todos os parceiros sociais e pelo poder político, o que levou ao desencadear do processo de mudança em curso, que conta como primeiro facto, a aprovação do “Acordo de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho”, pelo Conselho Permanente de Consertação Social, em Julho de 1991, renovado pelo “Acordo sobre Condições de Trabalho, Higiene e Segurança no Trabalho e Combate à Sinistralidade” do Conselho Económico e Social de Fevereiro de 2001 (Portugal, 1991a e 2001). De tempos a tempos, a falta de médicos do trabalho em termos absolutos é referenciada na comunicação social por responsáveis políticos ou profissionais de saúde ocupacional sem, no entanto, ser conhecida qualquer análise suficientemente rigorosa da prática profissional dos actuais médicos do trabalho diplomados ou legalmente habilitados. Os médicos do trabalho não são os únicos profissionais de saúde ocupacional, e o seu contributo, apesar de importante, não é determinante no desenvolvimento histórico da organização dos cuidados de saúde à população trabalhadora. Reconhece-se que os parceiros sociais e o poder político são os intervenientes principais da evolução das políticas de saúde ocupacional (Graça, 1993a; Dias, 1993). No entanto, os médicos do trabalho são necessários e mesmo fundamentais para pôr em prática as políticas (implícitas e explícitas) de saúde ocupacional. O papel dos médicos do trabalho é tão primordial que, não raras vezes, estes assumem um tal protagonismo que é susceptível de ser considerado como uma prática profissional mais dirigida aos seus próprios interesses, do que virada para as necessidades de saúde dos trabalhadores (Walters, 1984). O papel dos médicos e a prática de medicina do trabalho são elementos relevantes no processo de desenvolvimento histórico da saúde dos trabalhadores, de tal modo que a adopção de um determinado modelo de serviços de SHST sendo, num dado momento, a resultante da interacção dos diversos factores em presença, torna-se por sua vez um elemento condicionante do pensamento e da prática profissional dos diversos técnicos de saúde ocupacional, entre os quais figuram os médicos do trabalho (BIT, 1985; WHO, 1986 e 1995; Directiva CEE n.º 391/1989; Rantanen, 1990). Um primeiro inquérito aos diplomados com o curso de medicina do trabalho (cerca de 500) realizado pela Cadeira de Saúde Ocupacional da ENSP, em 1982, mostrou que cerca de um terço (34,6%) não exercia qualquer actividade profissional relacionada com a saúde ocupacional e os que a praticavam faziam-no essencialmente como actividade secundária (74,4%), em regime de pluriemprego, de tempo parcial (horário semanal igual ou inferior a 20 horas em 73,4% dos casos e inferior a 10 horas em 24,1%) e em empresas industriais de grande dimensão (66,9%), em unidades de 500 ou mais trabalhadores (Faria et al., 1985). Em 1993, altura em que se inicia o presente estudo, é efectuado um novo inquérito aos antigos alunos que representam o núcleo mais numeroso de médicos com actividade profissional em Saúde Ocupacional no início da década de noventa. A estes junta-se um número, relativamente pequeno, de médicos de empresa habilitados ao abrigo de disposições transitórias e excepcionais contempladas na legislação de organização de serviços médicos do trabalho de 1962 e 1967 (Portugal, 1991b). A partir de 1991 têm início os Cursos de Medicina do Trabalho das Universidades de Coimbra e do Porto, com a admissão anual e bianual de candidatos, respectivamente. Os diplomados destas escolas representam um número acrescido de profissionais que iniciam a sua actividade neste período de transição na organização dos cuidados de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Decreto Lei nº 441/91; Decreto Lei n.º 26/94; Lei n.º 7/95). A Estratégia Global da Saúde Ocupacional para Todos aprovada pela Assembleia Mundial da Saúde em 1995 constitui a estrutura de enquadramento da nova política de saúde ocupacional que inclui entre as suas dez prioridades o desenvolvimento de serviços orientados para a população trabalhadora (WHO, 1995). Estes serviços devem funcionar bem, de forma competente e compreensiva, centrados na prevenção multidisciplinar e incluir a vigilância do ambiente de trabalho e da saúde dos trabalhadores e a promoção da saúde, conforme a Declaração de Saúde Ocupacional Para Todos aprovada no segundo encontro de Centros Cooperativos para a SO da OMS, realizado em Pequim, em 1994. Este trabalho tem como finalidade conhecer as eventuais inter-relações entre o novo modelo legal de organização dos cuidados de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST), instituído em Portugal nos anos de 1994/1995, e o pensamento e a prática profissional dos médicos do trabalho diplomados pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (ENSP/UNL). De um modo mais específico pretende-se descrever em que medida o novo enquadramento jurídico da MT/SHST/SO, correspondente genericamente à fase da Nova Saúde Ocupacional, foi acompanhado de alterações: (1) da percepção do grau de satisfação dos médicos do trabalho quanto ao seu papel e estatuto profissionais; (2) do nível de satisfação relativo à formação especializada formal (Curso de Medicina do Trabalho da ENSP/UNL) versus as necessidades da prática profissional; (3) da efectividade do desempenho profissional e (4) da adequação do novo modelo de organização de serviços de MT/ SHST/SO ao contexto do desenvolvimento sócio-económico e científico nacional e ao sentir dos médicos do trabalho. Quatro grandes temáticas vão ser abordadas: (1) politicas, organização e desenvolvimento da saúde ocupacional nacional e de empresa; (2) papel e funções dos médicos do trabalho; (3) ensino e necessidades formativas em saúde ocupacional; (4) prática profissional dos médicos do trabalho de empresa. Os resultados obtidos serão contextualizados através do enquadramento num modelo teórico explicativo da evolução histórica dos cuidados de saúde à população trabalhadora em meio laboral e que é alvo de revisão no presente trabalho. Este estudo enquadra-se nos objectivos e temas de investigação prioritários da Saúde Para Todos (SPT) da região europeia da OMS, nomeadamente o estudo do funcionamento dos actuais sistemas de assistência sanitária, tendo em vista a adequada cobertura das necessidades de saúde de
Resumo:
Tese apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em Ciências da Comunicação