119 resultados para mayors


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El diseño y la ejecución de las políticas públicas es una de las actividades fundamentales del Estado y es la forma en la que éste ofrece soluciones para suplir necesidades más apremiantes de la sociedad. La formulación y la ejecución de las políticas públicas también dan cuenta de las relaciones entre los gobiernos y la comunidad, y los niveles de legitimidad y gobernabilidad que tienen el Estado en un territorio determinado. La estructura político-administrativa de Bogotá, como Distrito Capital, es muy diferente a la de los demás municipios y departamentos del Colombia, pues desde 1991 se ha desarrollado un proceso de descentralización interna de la ciudad para acercar más al gobierno distrital con la comunidad y permitir la participación activa de los ciudadanos en la construcción de las soluciones a las necesidades de su entorno más cercano, las Localidades. En la primera década de desarrollo de este proceso interno de descentralización, tres administraciones afrontaron el reto de profundizar dicho proceso (Jaime Castro 1992-1994, Antanas Mockus – Paul Bromberg 1995-1997 y Enrique Peñalosa 1998-2000), que estaría enmarcado en el Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto-Ley 1421 de 1993). De estas tres primeras administraciones que se enfrentaron a la figura novedosa en el país de la descentralización al interior de un ente descentralizado como el Distrito Capital, la administración de Enrique Peñalosa adoptó políticas que disminuían la relativa autonomía que habían logrado las Localidades y planteó un modelo de recentralización que transformaba la relación entre los gobiernos locales, el gobierno central distrital y la ciudadanía.

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El siguiente trabajo es una descripción de las estrategias educativas distritales referentes a la cobertura y calidad de la educación en Bogotá en el periodo 1995-2008. Se hizo una descripción de todas las estrategias de los cuatro alcaldes durante los 13 años descritos en los ejes de cobertura y calidad de la educación.

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Análisis de la gestión de 2 alcaldesas del gobierno de Luis Eduardo Garzón, en el que fueron designadas mujeres en todas las alcaldías locales en Bogotá, desde la teoría de la representación sustantiva y el género, con el fin de abrir la discusión

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Este Trabajo de Grado se refiere al análisis de los alcances y limitaciones de una de las políticas públicas más interesantes que ha adelantado las autoridades de Bogotá en materia de convivencia ciudadana: El Programa Goles en Paz durante el periodo 1999-2011. Dicha política pública fue creada en la administración de Enrique Peñalosa, luego en la Alcaldía de Antanas Mockus se le dio continuidad al proceso y en las Alcaldías de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno se fortaleció el proceso que se había iniciado en el año de 1999. Hay que tener en cuenta que Goles en Paz es una política pública Distrital que le apuesta a la convivencia y la seguridad ciudadana, dentro y fuera de los estadios, en las localidades y los barrios de Bogotá y precisamente a lo largo de este documento se pretende realizar un recuento de los principales alcances y limitaciones que ha tenido el Programa en estos doce años de estudio. Para esto el trabajo de grado cuenta con tres capítulos. En el primero se da a conocer y se analiza el fenómeno de las barras bravas en la ciudad. En el segundo capítulo se define qué es una política pública y se reconoce los elementos de dicha definición en el Programa Goles en Paz. Finalmente, en el tercer capítulo se concretan los alcances y limitaciones que ha venido presentando Goles en Paz durante estos doce años de estudio.

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La idea central de este texto es que la ineficacia del voto programático (un tipo de voto que vincula a algunos gobernantes en Colombia al cumplimiento de su programa de gobierno) debe ser duramente criticada desde una comprensión participativa y deliberativa de democracia y desde el punto de vista de la obligatoriedad del Derecho, y por lo tanto resuelta a partir del desarrollo de las garantías del voto programático ya previstas en la Constitución y en la ley, así como a partir de la creación de nuevas garantías. En la primera parte del texto, correspondiente al marco teórico de la investigación, se desarrolla el tema de los posibles vínculos entre quienes están sujetos al poder político y quienes lo ostentan en una democracia (básicamente, mandato representativo y mandato imperativo). En la segunda parte, luego de la descripción normativa del voto programático, se ofrece una revisión detallada de la revocatoria del mandato en Colombia, teniendo en cuenta los últimos avances legislativos e información sobre su puesta en práctica. Así mismo, el trabajo incorpora un estudio de la correspondencia que debe existir entre los planes de desarrollo de departamentos y municipios y los programas de gobierno impuestos por la vía del voto programático a los elegidos gobernadores y alcaldes, así como un análisis del tema del control sobre la Administración a partir de la idea de accountability. Finalmente, se ha incluido un capítulo que plantea la posibilidad de considerar el cumplimiento de las promesas políticas como un derecho subjetivo.

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La presente monografía analiza el proceso de génesis de la política pública distrital para la reintegración de excombatientes en Bogotá, así como los momentos de cambio de dicha política durante las administraciones de los alcaldes Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno. Para este fin, esta monografía recurre a enfoques teóricos del policy change, incluyendo el “Enfoque de Corrientes Múltiples” de John Kingdon, el modelo de formación de la agenda desarrollado por Charles Elder y Roger Cobb, y la “Teoría del Equilibrio Puntuado” de Frank Baumgartner y Bryan Jones. Con base en entrevistas semi-estructuradas a funcionarios de los programas distritales de atención a los desmovilizados y fuentes secundarias, la presente investigación describe las acciones emprendidas por las diferentes administraciones en el periodo 2003-2013 y analiza los cambios que la política experimentó en sus instrumentos de intervención. Así, las acciones iniciales que hacían énfasis en el desmovilizado y su núcleo familiar con el propósito de fortalecer el tejido social, dieron paso a acciones enfocadas principalmente en la reintegración económica de los desmovilizados. Un análisis crítico del proceso de formación de esta política pública y sus principales cambios constituye no solo una contribución empírica a la extensa literatura sobre policy change, sino que provee lecciones para futuros procesos de reintegración de excombatientes en contextos urbanos.

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Venezuela es un país con raíces federales que inicio su proceso de descentralización en 1989 con la elección de gobernadores y alcaldes. Perú posee una base constitucional de corte unitario que, luego de una frustrada descentralización a finales de los ochenta, reinicio ese camino en noviembre de 2002 con la elección de los presidentes regionales. En ambos casos se encuentran elementos coincidentes respecto a la construcción de consensos políticos para conferirle legitimidad al proceso, y también diferencias en sus orientaciones

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El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.

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La década de los noventa marcó el inicio de la modernización del transporte urbano en las principales ciudades de Venezuela, entre ellas en la ciudad de Maracaibo, segunda ciudad en importancia en el país, proceso que tuvo lugar formalmente desde la Alcaldía de Maracaibo, pero en el cual participaron numerosos actores nacionales e internacionales que dan cuenta de un proceso que se inserta en un modelo de transporte urbano de origen foráneo, vinculado a la necesidad de poner esta actividad a tono con los requerimientos de una economía de mercado. El propósito de este trabajo es identificar la política que en definitiva se formó, los distintos actores involucrados y el rol de cada uno. Se parte de la hipótesis que es escasa la participación local en este proceso, el cual se origina en los organismos multilaterales. Los resultados revelan: 1) Los principales actores involucrados en la formación de la política fueron: Banco Mundial, Consorcio Systra-Sofrrtu, Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de la ciudad de Maracaibo (IMTCUMA), Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), Ministerio de Infraestructura (MINFRA), antiguo Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), La Universidad del Zulia, Comisión Presidencial del transporte para la ciudad de Maracaibo, Consejo Venezolano de transporte, Alcaldía de Maracaibo y Metro de Maracaibo; 2) La participación de estos organismos fue muy variada, correspondiéndole el rol de orientador al Banco Mundial y el resto en distintos niveles y en el rol de asesores y ejecutores; 3) La política estuvo dirigida a: reducir los tiempos de viaje de los trabajadores; incorporar empresas privadas en el sector transporte y dar prioridad en la prestación del servicio en los sectores comerciales e industriales. Se concluye que la política de transporte de la ciudad de Maracaibo ha tenido lugar con la participación de los organismos multilaterales y la escasa participación del gobierno local y los usuarios.-----The 1990s marked the start of the urban transport modernization in the main cities of Venezuela, including Maracaibo, the second city. It was formally managed from the Mayor’s Office of Maracaibo, but involved a number of national and international actors in a process that became embedded into an urban transport model of foreign origin, linked to the need of aligning this activity with the market economy requirements. The purpose of this paper is to identify the policy that resulted in the end, the different actors involved, and the role played by each of them. The basis assumption is the scarce local participation in this process, which arose from multilateral organizations. The results reveal that: 1) The main actors involved in the policy structuring were: World Bank, Systra-Sofrrtu Consortium, Maracaibo Urban Mass Transport Institute (Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de la ciudad de Maracaibo –IMTCUMA–), National Urban Transport Fund (Fondo Nacional de Transporte Urbano –FONTUR–), Ministry of Infrastructure (MINFRA), former Ministry of Transport and Communications (MTC), La Universidad del Zulia, President’s Transport Commission for the city of Maracaibo, Venezuelan Transport Board, Mayor’s Office of Maracaibo, and Metro of Maracaibo; 2) The participation of these organizations was very varying, the World Bank playing the directing role, and the others in different levels as advisors and implementers; 3) The policy was addressed to: reducing workers commuting times; incorporating private companies into the transport sector; and giving priority to the service provision in commercial and industrial sectors. The conclusion is that the transport policy in the city of Maracaibo occurred with the participation of multilateral organizations and very little participation of the local government and users.

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El artículo explora las experiencias francesas del modelo de policía de proximidad. Con base en la división policial francesa entre la gendarmería de corte militar y la policía nacional, institucional civil. El autor da cuenta de las experiencias de vieja data y el desarrollo que ha tenido la policía de proximidad en Francia. Aunque el modelo fue adoptado de manera reciente en ese país (desde finales de los años 90), la policía francesa ha tenido siempre una vocación de cercanía con los vecinos y los ciudadanos en general. Sin embargo, recientemente las experiencias de policía de proximidad han cedido ante las tareas y políticas de represión impuestas para combatir la delincuencia creciente. Sólo las policías municipales, enteramente dependientes de los alcaldes y tradicionalmente cuestionadas, han suplido tangencialmente este rol de policía cercana a la comunidad. El modelo de policía de proximidad en Francia no ha sido suficientemente evaluado y se encuentra en medio del debate sobre su eficacia real.-----This article examines the French experience with the so called ‘police de proximite’ or ‘proximity police’. Based on the French division of the police force into the gendarmerie, of military nature, and the national police, a civil institution, the autor describes in detail the experiences and developments of the longstanding ‘police de proximite’ in France. Even if the model was established as recently as the late 90’s, the French police force has tended right from its beginnings to be close to neighbours and citizens in general, an experience that has yielded lately to repressive tasks and policies to combat a raising crime rate. Only the local boroughs’police, entirely dependent on the city mayors and traditionally called into question, has marginally played this role of communityclase policing. In short, the proximity policing model has not been sufficiently assessed and its efficiency is now in the middle of intense debate.

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El propósito del presente trabajo de grado es determinar la incidencia que tuvo la trashumancia electoral en los comicios locales de 2003-2007-2011 en Boyacá, para la designación de Alcaldes municipales en dichos momentos. De esta manera, se sostiene que el fraude en inscripción de cédulas, como se le conoce al delito, ayudó a llegar al poder a líderes que utilizaron el transporte de votantes como forma de hacerse elegir en cada uno de los territorios en los que aspiraban al cargo. Por ello, se identificaron las inconsistencias existentes entre el crecimiento poblacional mayor de 18 años y el censo electoral de cada uno de los periodos analizados, considerando las diferentes denuncias tanto administrativas como penales, presentadas ante los organismos competentes, así como las percepciones sociales a través del análisis de prensa local. Con esto, se busca dar a conocer una de las consecuencias del fraude en los contextos democráticos.

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La propuesta de la investigación consiste en observar y comprobar si efectivamente los espacios de participación local surgidos después de la constitución de 1991, en un esfuerzo del estado colombiano y la administración Distrital por descentralizar la función administrativa, han sido efectivos dentro del proceso de construcción de ciudadanía, y en qué forma los ediles interactúan con los habitantes de la localidad y canalizan las demandas de la comunidad. Por lo mismo, se pretende indagar sobre las características de la participación ciudadana en la localidad y la aparición de tensiones entre la apertura de espacios de participación, y el uso de ellos por redes políticas locales de tipo clientelista. De esta forma, se busca comprobar si surge así, un fenómeno de construcción de ciudadanía permeado por intereses de carácter particularista, limitando a los ciudadanos, que como miembros de las redes de intermediación política, acceden a los derechos de ciudadanía que ofrecen los nuevos espacios de representación

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Contenido Introducción 1. Inteligencia emocional, liderazgo transformacional y género: factores que influencian el desempeño organizacional / Ana María Galindo Londoño, Sara Urrego Mayorga; Director: Juan Carlos Espinosa Méndez. 2. El rol de la mujer en el liderazgo / Andrea Patricia Cuestas Díaz; Directora: Francoise Venezia Contreras Torres. 3. Liderazgo transformacional, clima organizacional, satisfacción laboral y desempeño. Una revisión de la literatura / Juliana Restrepo Orozco, Ángela Marcela Ochoa Rodríguez; Directora: Françoise Venezia Contreras Torres. 4. “E-Leadership” una perspectiva al mundo de las compañías globalizadas / Ángela Beatriz Morales Morales, Mónica Natalia Aguilera Velandia; Director: Juan Carlos Espinosa. 5. Liderazgo y cultura. Una revisión / Daniel Alejandro Romero Galindo; Directora: Francoise Venezia Contreras Torres. 6. La investigación sobre la naturaleza del trabajo directivo: una revisión de la literatura / Julián Felipe Rodríguez Rivera, María Isabel Álvarez Rodríguez; Director: Juan Javier Saavedra Mayorga. 7. La mujer en la alta dirección en el contexto colombiano / Ana María Moreno, Juliana Moreno Jaramillo ; Directora: Françoise Venezia Contreras Torres. 8. Influencia de la personalidad en el discurso y liderazgo de George W. Bush después del 11 de septiembre de 2011 / Karen Eliana Mesa Torres; Director: Juan Carlos Espinosa. 9. La investigación sobre el campo del followership: una revisión de la literatura / Christian D. Báez Millán, Leidy J. Pinzón Porras; Director: Juan Javier Saavedra Mayorga. 10. El liderazgo desde la perspectiva del poder y la influencia. Una revisión de la literatura / Lina María García, Juan Sebastián Naranjo; Director: Juan Javier Saavedra Mayorga. 11. El trabajo directivo para líderes y gerentes: una visión integradora de los roles organizacionales / Lina Marcela Escobar Campos, Daniel Mora Barrero; Director: Rafael Piñeros. 12. Participación emocional en la toma de decisiones / Lina Rocío Poveda C., Gloria Johanna Rueda L.; Directora: Francoise Contreras T. 13. Estrés y su relación con el liderazgo / María Camila García Sierra, Diana Paola Rocha Cárdenas; Director: Juan Carlos Espinosa. 14. “Burnout y engagement” / María Paola Jaramillo Barrios, Natalia Rojas Mancipe; Director: Rafael Piñeros.

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O presente trabalho objetiva avaliar os impactos provenientes das regras eleitorais do sistema político brasileiro sobre o comportamento dos deputados federais, em particular, quanto à decisão de alocação de recursos orçamentários através das emendas feitas ao Orçamento. A literatura tradicional pressupõe que estas escolhas estarão vinculadas essencialmente à formação e manutenção do reduto eleitoral de domínio do deputado. Os incentivos, que direcionariam a ação completamente individual dos candidatos no período de eleições, permaneceriam na mesma direção durante a atuação do parlamentar eleito. Isto resultaria em uma Câmara de Deputados completamente desarticulada, sem nenhuma influência dos partidos políticos. No extremo oposto deste cenário, ainda que parcela dos autores assuma posição intermediária, interpretações recentes contestam esta visão, trazendo diferentes motivações para a atuação individual do parlamentar, mais organizadas e coordenadas, atribuindo papel ao funcionamento dos partidos. Esta literatura mais atual, porém, não investigou os incentivos para a proposição de emendas orçamentárias, lacuna que este trabalho pretendeu cobrir. Os resultados encontrados aqui corroboram a interpretação mais recente sobre o funcionamento do sistema político. No capítulo primeiro, em que são propostos indicadores que avaliam a concentração eleitoral dos deputados paulistas, os resultados indicam que as votações não são tão concentradas como a interpretação tradicional afirma. No segundo capítulo, é avaliada empiricamente a possibilidade da existência da dominância política para o caso de São Paulo. Esta investigação sugere que este conceito não pode ser afirmado como a regra para o sistema político. Em seu lugar, os modelos trabalhados, em que as eleições para deputado e prefeito mostram ser correlacionadas, parecem refletir melhor o funcionamento do sistema político nacional. Por fim, o terceiro capítulo verifica os incentivos para a proposição de emendas. Seus resultados sugerem que os deputados se influenciam não só por seus resultados individuais nas eleições, mas levam em conta as cidades em que os prefeitos são de seu partido. Além disto, os dados sugerem haver a existência de um ciclo de alocação de emendas de acordo com o momento ao longo do mandato. As evidências trazidas por este trabalho sugerem avanços na literatura recente sobre o sistema político brasileiro e merecem novas investigações que ampliem a compreensão sobre tema tão relevante.

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Este trabalho analisa a atuação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) quanto ao financiamento de políticas públicas, notadamente o Programa de Revitalização do Centro de São Paulo (Procentro). O período observado se estende da administração Marta Suplicy (2000 – 2004) – gestão em que ocorreu a assinatura do contrato – à administração José Serra/Gilberto Kassab (2004 – 2008). Objetiva-se avaliar a influência exercida pelo BID numa política pública específica, tendo como referência o estudo de caso do Procentro. Para tanto, optou-se por realizar entrevistas em profundidade com alguns técnicos responsáveis por diferentes áreas do Programa, por analisar fontes documentais (contratos, programas e relatórios) com vistas a identificar o tipo de linguagem utilizada pelo Banco, assim como a qualidade de suas demandas e contrapartidas para a realização da referida política publica. As observações centraram-se nas etapas de pré-aprovação e no período da assinatura do contrato; portanto, nas fases entendidas como precondições e condições respectivamente. Constatou-se que as condicionalidades são pressupostos que condicionam a assinatura do Contrato, sendo este circunscrito a um instrumento de garantia de pagamento do empréstimo, o que implica a lógica do “custo-benefício” (o Banco considera apenas, portanto, os aspectos mensuráveis). Para tanto, o Banco exige um conjunto de procedimentos gerenciais que definem o modus operandi dos financiamentos, assim como estipula como padrão formas gerenciais conhecidas como “melhores práticas”. Quanto à análise das diferentes gestões político/partidárias, foi possível observar a opção do BID por não valorizar a participação popular, bem como ignorar as demandas reivindicadas pelos movimentos sociais representantes da população pobre. Ao analisar os documentos, observou-se que o BID possui uma visão particular em relação às políticas públicas baseando-se em modelos internacionais de experiências consideradas bem-sucedidas por ele. Por fim, os documentos assinados com os governos são de difícil acesso, o que denota baixa transparência.