164 resultados para Sanciones


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La República Popular China ha buscado fortalecer su posición en el sistema internacional lo cual implica potencializar sus capacidades en lo económico, lo político y lo estratégico. La relación que establece con Sudán se convierte en un escenario útil porque le permite alcanzar dichas capacidades. Simultáneamente Sudán se benefició de esta relación en lo económico, al ser China su principal comprador de petróleo, y en lo político al recibir protección contra sanciones internacionales provenientes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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Durante los últimos 35 años las drogas ilegales han constituido un factor significativo en el drama social colombiano. Hoy día es común atribuir a éstas la causalidad de muchos problemas del país y se han elaborado algunas explicaciones del desarrollo de dicha "industria" en Colombia, de las cuales se derivan recomendaciones de política, tanto las implementadas por los gobiernos como las recomendadas por los críticos. El Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (Ceodd),(...) de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ha encontrado que las explicaciones más comunes pueden clasificarse en tres grupos. El primero, incluye afirmaciones simples que atribuyen el desarrollo de las drogas ilegales a la pobreza, a la desigualdad, a las crisis económicas, a la corrupción o a la localización de Colombia a mitad de camino entre las plantaciones de coca de Bolivia y Perú con Estados Unidos. (...) En segundo lugar, se encuentran las razones basadas en modelos de criminalidad común, también llamados policivos, en los cuales las leyes surgen de procesos legitimados por la sociedad y quienes las violan son considerados personas con comportamientos desviados, que deben corregirse por medio de sanciones o restricciones. Siguiendo este enfoque, las políticas hacia las drogas tienen que ser represivas. En tercer lugar, están las respuestas basadas en la elevada rentabilidad de las drogas, generada por su ilegalidad, y por la existencia de una gran demanda internacional: por ejemplo, un kilo de cocaína en Colombia puede costar unos US$1.500 y cuando llega a los Estados Unidos se paga entre US$15.000 y US$18.000. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en los últimos años la demanda mundial de cocaína ha estado alrededor de 800 toneladas. Este enfoque justifica la producción ilegal y quienes lo apoyan creen que el país produce drogas como resultado de un ‘choque externo’. Los que comulgan con esta posición consideran que Colombia, en los años sesenta, era una nación típica en términos de criminalidad, afectada por el surgimiento de una gran demanda externa de drogas que estimuló la producción de éstas. Este desarrollo constituye la causa principal de los graves problemas que enfrenta actualmente el país. Según esta explicación, la razón por la cual el país produce drogas radica en el exterior y la única solución es la legalización para acabar el ‘choque externo’. Desafortunadamente, quienes apoyan este modelo no explican por qué ese ‘choque externo’ afectó de manera tan grave a Colombia y no a otros países como Ecuador, Perú y Bolivia, donde no se desarrollaron grandes carteles de traficantes, o en Malasia, Indonesia y Taiwán, que en el pasado fueron grandes exportadores de coca. Sin embargo, la evidencia empírica encontrada por el Ceodd contradice los argumentos anteriores, pues ninguno explica por qué la producción y el tráfico de drogas ilegales están concentrados en pocos países. En el caso de la teoría policiva, la concentración se explicaría solamente si por razones genéticas una población fuera más proclive al crimen. Respecto a la producción justificada por la rentabilidad, ésta se explicaría si todos los países que pudieran producir coca, amapola, cocaína y heroína lo estuvieran haciendo. La coca puede crecer en unos 30 países, la amapola en 120 y la cocaína y la heroína se pueden refinar en cualquier parte del mundo. Por consiguiente, si la rentabilidad determinara la producción, Colombia sería sólo uno entre los muchos productores. De la misma forma, otras explicaciones como la pobreza, las crisis, la desigualdad y la corrupción fallan porque dichos problemas son endémicos en muchas sociedades que no producen o trafican drogas. La localización geográfica del país, por su parte, no explica por qué en Colombia surgieron las grandes organizaciones criminales. Además, cuando la diferencia entre los precios de exportación e importación es tan grande, como en el caso de la cocaína y de la heroína, los costos de transporte y la distancia son problemas menores. En ese caso lo que importa es reducir el riesgo y no la distancia. Ahora bien, si no hubiera demanda de drogas tampoco habría oferta y sin oferta no habría demanda. La teoría económica enseña que la demanda y la oferta son como las dos hojas de una tijera: ambas son necesarias para que haya un mercado. Para el Ceodd, estas afirmaciones son ciertas pero triviales e incompletas. La rentabilidad de las drogas es una condición necesaria, pero no suficiente para que en un país se cultive coca y se refine cocaína. Entonces, lo que se debe averiguar es por qué una condición necesaria, en el caso colombiano, se vuelve suficiente. Es claro que la gran demanda internacional es ilegal y que cuando un producto fácil de fabricar, que no requiere grandes destrezas o capital -como la cocaína o la heroína- es declarado ilegal a nivel mundial, su producción y tráfico tenderá a concentrarse en los países donde el imperio de la ley sea más débil y la sociedad más laxa frente a la ilegalidad. Es cierto que si la cocaína no fuera rentable no se produciría, pero Colombia no concentra la producción de cocaína porque sea rentable sino porque es ilegal, advierte el director del Ceodd, Francisco E. Thoumi.

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La península coreana ha sido desde la Guerra Fría y a la actualidad una zona convulsionada por intereses políticos, económicos e ideológicos. Ese panorama obliga un análisis sobre la configuración y los cambios que se han dado entre las potencias actuales, China y Estados Unidos, desde la existencia de un programa nuclear norcoreano que afecta a Corea del Sur y la definición de los intereses de Beijin y Washington.

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Este trabajo se soporta sobre una base conformada por dos conceptos, que constituyen el horizonte contextual de la investigación: Derecho Administrativo y Comunidad de integración. Es claro que al hablar de una Comunidad de integración específica como la Comunidad Andina (CAN), incide de forma directa en la actividad del derecho administrativo.Ha sido necesario que los países que conforman los grupos de integración económica cedan parte de sus competencias para crear un ordenamiento jurídico de orden supranacional, el cual modifica la dinámica social de las relaciones comerciales y afecta la estructura de la administración pública, haciendo que el derecho administrativo no se limite a interactuar solo con derecho nacional. Esta mutua dependencia de las políticas internas y las regionales se realiza, entonces, cada vez que existe participación y compromiso de los Estados frente a las decisiones, de carácter vinculante o no. En esa medida surge el problema de investigación tendiente a esclarecer cómo ha sido la adopción de las decisiones e interpretaciones, emanadas de los mecanismos oficiales del Derecho Comunitario Andino, en el ordenamiento jurídico colombiano. La existencia de varios puntos de vista con respecto a la obligatoriedad o no de dicha adopción, moldea un tema de suficiente amplitud y profundidad para ser estudiado en un trabajo de investigación.

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En la presente monografía se pretende hacer una descripción de los diferentes modelos propuestos para atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas. Entre estos modelos se encuentran los que proponen sistemas de autorresponsabilidad, es decir, teniendo en cuenta únicamente las actuaciones de la propia empresa. De otra parte, se hace referencia al modelo de heterorresponsabilidad, en el cual se tiene en cuenta las actuaciones de las personas físicas que actúan a nombre de la empresa. Se hace además una breve referencia al modelo alemán, el cual no consagra sanciones penales, sino de carácter administrativo. Finalmente se hace referencia a la situación actual de la responsabilidad penal de personas jurídicas en Colombia.

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En este documento, se presenta una descripción del sector financiero colombiano, desde la mirada de bancos extranjeros que se especializan en la Banca Corporativa, ubicando los principales competidores y los productos con los cuales salen a hacen la mayor participación del mercado. Adicionalmente a esta descripción, se analizan los factores que permiten perdurar a las tres empresas financieras más grandes de Colombia, en el sector de Banca Corporativa (Banco HSBC, Helm Bank y Citibank). Para tal fin, se utiliza como base la metodología de análisis estructural de sectores estratégicos, diseñada por el Grupo de Investigación en Perdurabilidad Empresarial de la Universidad del Rosario. Este documento fue realizado de manera conjunta por estudiantes de la asignatura Estrategia de Empresa I y el profesor Hugo Alberto Rivera Rodríguez. La Banca Corporativa es “[…] una banca especializada en prestar servicios de banca de negociación o inversión a grandes empresas, multinacionales y corporaciones” (“Banca Corporativa”, 2012). La Banca Corporativa en Colombia es uno de los principales ejes económicos del país, pues apoya el desarrollo y crecimiento de las empresas, además de ser la encargada de canalizar los recursos a los diferentes sectores económicos. “Colombia ha adquirido una banca especializada, la cual cuenta con diferentes tipos de organizaciones, que cubren las diversas necesidades del mercado. Vale la pena mencionar, que el sector financiero colombiano está regulado por dos órganos de control[:] el [B]anco de la [R]epública y la [S]uperintendencia [F]inanciera” (García y Fonseca, 2011). “El Banco de la Republica es la entidad encargada de realizar las actividades de banca central[,] tales como lo son la emisión de moneda legal, el control de la circulación monetaria, [y] la administración de las reservas[,] y puede actuar como un prestamista en últimas instancias. El [B]anco de la [R]epública no es el encargado de regular la banca, esta función es asumida por la [S]uperintendencia [F]inanciera” (García y Fonseca, 2011). “La [S]uperintendencia [F]inanciera es la encargada de supervisar el sector financiero en Colombia[;] efectúa una supervisión rigurosa de todas las entidades que hacen parte del sector financiero[,] buscando violaciones a la normatividad, [e] incluye sanciones derivadas de las quejas de los clientes” (García y Fonseca, 2011). El sistema financiero colombiano, especialmente en el sector de la Banca Corporativa, está manejado por entidades financieras internacionales. Las entidades financieras del rubro tomado son una parte esencial del desarrollo y crecimiento de las empresas, pues estas necesitan un ente externo especializado en realizar inversiones, que les presten capital para continuar con su desarrollo, además de servicios de cuenta corriente y de ahorros para hacer todos los movimientos financieros, que cada vez necesitan de manera más frecuente.

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El objeto de este trabajo de investigación fue estudiar cómo ha operado el derecho administrativo disciplinario frente a un tema muy específico, las “infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario”, conducta consagrada como falta disciplinaria gravísima en el numeral 7° de la Ley 734 de 2002. Sin embargo, con el fin de delimitar el objeto de investigación, el estudio se redujo a la conducta específica de “homicidio en persona protegida” por el derecho internacional humanitario y para delimitarlo aún más, se estudió concretamente esa conducta respecto de la “población civil”.La elaboración de la investigación conllevó un estudio preliminar de los conceptos generales del DIH así como un estudio general de las principales instituciones del derecho administrativo disciplinario, partiendo de disposiciones constitucionales y legales e incluyendo los principales pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la doctrina especializada. Esta primera etapa sirvió de punto de partida para posteriormente proceder con el estudio de casos y de esa manera verificar si los fundamentos de las decisiones disciplinarias corresponden con la explicación teórica que ha sido expuesta.

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Rusia sufrió grandes cambios tras la desintegración de la URSS en 1991. No obstante, con la llegada de Vladimir Putin al poder, los intereses geoestratégicos de Rusia sobre el espacio postsoviético revivieron con nuevo ímpetu debido a una mayor cantidad de recursos a disposición del Estado. La República de Moldavia es un claro ejemplo del resurgir de la política exterior rusa hacia el espacio postsoviético, siendo incluso, una región clave en la lucha de la Federación Rusa por recuperar su zona de influencia.

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La responsabilidad penal de las personas jurídicas es un tema que adquiere cada vez mayor relevancia en una sociedad que sufre constantes cambios, y en la que se perfeccionan cada vez más las formas de cometer delitos. En el presente trabajo se realiza el estudio sobre la evolución de la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, abarcando desde el derecho romano hasta nuestros días. En el desarrollo del mismo, se expone el recorrido a través de las diferentes alternativas normativas y académicas consideradas a nivel mundial, mostrando las características de cada ordenamiento jurídico con respecto a la aceptación, la negación o la obtención de una normatividad en regímenes diferentes al penal frente al tema de estudio. Igualmente, se analizan los avances logrados en Colombia en materia de implementación de una normatividad que regule la responsabilidad de las personas jurídicas. Finalmente, se exponen los mecanismos alternativos de regulación, que brindan una valiosa herramienta para aquellos países en los que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se encuentra proscrita.

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La presente investigación diagnóstica busca analizar las dinámicas de cooperación al desarrollo entre la Unión Europea y Colombia para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, específicamente el Objetivo 7 que busca garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

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El estrecho de Ormuz es considerado el cuello de botella más importante para el comercio internacional de los hidrocarburos. En la actualidad, la soberanía sobre este punto geográfico se encuentra compartida entre el Sultanato de Omán y la República Islámica de Irán. El siguiente documento analiza la importancia geopolítica que convierte al estrecho de Ormuz en un lugar estratégico para la política exterior iraní durante el período 2005-2011. Como respuesta a las condenas internacionales, Irán amenazó a la comunidad internacional con cerrar el paso por el estrecho si continuaban las sanciones contra su programa nuclear. De esto modo, la hipótesis se centró en el nivel de disuasión con el que cuenta el estrecho, es así como la investigación se divide en tres partes, siendo la primera el desarrollo de un contexto geopolítico que combina intereses y características del estrecho de Ormuz, la segunda explica las tensiones y dinámicas surgidas en el período de estudio, haciendo énfasis en la variable geoestratégica del estrecho y por último, la tercera parte además de describir el programa nuclear, acerca al lector con el concepto de disuasión y de igual modo plantea las consecuencias de un posible bloqueo dentro de la zona.

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Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Pakistán se ha convertido en uno de los principales aliados de Estados Unidos para combatir las fuerzas terroristas de Al-Qaeda y los talibán en el centro y sur de Asia. La alianza bilateral no ha manifestado resultados determinantes para aliviar los problemas de seguridad en Pakistán, por el contrario, la yihad islámica se ha fortalecido en su población y los ataques terroristas que atentan contra la población civil y el aparato estatal se vuelven cada vez mas frecuentes, en razón de lo anterior, los grupos insurgentes en Pakistán han fortalecido su capacidad operativa y expandido su escenario de influencia.

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El fallo de la CIJ respecto del diferendo de Nicaragua contra Colombia reconfiguró las fronteras en el Caribe colombiano y el mapa de la nación. La mala socialización del fallo a nivel nacional y departamental, genera un ambiente de negativismo sobre el panorama actual y a mediano y largo plazo. Este ambiente da paso a una serie de reacciones que influyen en el debate nacional con respecto a los efectos del fallo, dejando de lado elementos de fondo pertinentes para su mejor comprensión, asimilación y debate. El Estudio de Caso que se desarrolla a continuación pretende, en primer lugar, contextualizar el proceso histórico y jurídico que dan paso a la sentencia de la CIJ. En segundo lugar, hacer un examen riguroso de los efectos generados en Colombia. Finalmente, en tercer lugar, se desea aportar elementos de análisis que se centren en los efectos reales para Colombia y el archipiélago.

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La intención principal del siguiente trabajo de grado es la de sugerir sendas futuras de investigación que ayuden al proceso restaurativo que se ha querido realizar en Colombia, con el fin de abrir una ventana que nos pueda señalar una salida viable al ciclo de violencia en la cual el país se ve inmerso.Es así, que para el desarrollo integral de la investigación se propuso la siguiente hipótesis: El miedo que sufren las víctimas de un conflicto violento es una emoción que, ante una amenaza creíble de los victimarios, les impulsa a permanecer pasivos, a escapar, o a reaccionar con violencia. Tal emoción se puede mermar o superar si se ejecutan al menos tres tácticas restaurativas: Primera, se logran derribar barreras institucionales y culturales para que las víctimas tengan acceso a mecanismos menos costosos y riesgosos para denunciar a quienes les amenazan y agreden, Segunda, si se logra disuadir a los victimarios gracias a que la administración de justicia sea eficiente para ubicar, capturar, juzgar y condenarlos efectivamente; y tercera, si se evitan futuras venganzas, por medio de la aplicación de castigos noviolentos y sanciones efectivas a los victimarios.