975 resultados para Forced displacement


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La situación de Derechos Humanos en Colombia es un tema que merece toda la atención del gobierno y de las organizaciones internacionales dedicadas a estudiar y evaluar este tipo de problemáticas. En Colombia, dada su dinámica de construcción social, se han presentado violaciones masivas, generando problemáticas de orden social a gran escala como el desplazamiento forzado. Es mediante esta problemática que se evalúa la violación a los derechos humanos en Colombia, viendo desde allí, sus inicios, el impacto socio-político y las estrategias utilizadas para mitigar y buscar una solución duradera. Este trabajo de grado evaluó la relación que se da entre una organización Internacional como ACNUR y el Estado Colombiano a la luz de la Violación masiva a los derechos de la población civil, analizado concretamente desde el desplazamiento forzado.

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El propósito central de la propuesta de investigación es responder a la siguiente pregunta: ¿la proliferación de respuestas teóricas al desplazamiento forzado, impulsada con la declaratoria del estado de cosas inconstitucional (ECI) en 2004, generó algún cambio en el paradigma de la responsabilidad patrimonial del Estado (REPE), que orientó al Consejo de Estado al definir la responsabilidad de las autoridades por desplazamiento forzado (DEFO), entre 2004 y 2010? Para lograrlo, comenzamos por aproximarnos a los elementos del paradigma tradicional de la responsabilidad estatal y luego tratamos de desarrollar las etapas de la teoría de las revoluciones científicas, propuesta por el profesor Thomas Kuhn. En ese orden, encontramos en primer lugar, que es posible hablar de un paradigma tradicional de la REPE pero muy difícil hallar sus contornos con absoluta precisión. Se trata de un complejo andamiaje de conceptos, creencias y valores en constante formación y redefinición. En segundo lugar, intentamos tomar consciencia de la anomalía del DEFO, esto es, apreciar de cerca sus características. Fue así como logramos evidenciar que se trata de un fenómeno fuertemente arraigado en nuestra historia, cuyas soluciones requieren esfuerzos interdisciplinares. En tercer lugar, emprendimos la exploración conceptual: buscamos dentro de una amplia urdimbre de propuestas académicas aquellas que se pudieran conectar mejor con los elementos del paradigma de la REPE. Identificamos 18 líneas de fuga teórica alrededor de los conceptos del daño, imputación y reparación. Todas apuntan hacia la ampliación de sus alcances y la búsqueda de remedios más eficaces y democráticos para las víctimas del DEFO. En cuarto lugar, contrastamos dichas propuestas con las respuestas que ofreció el Consejo de Estado a la población en desplazamiento, en sus fallos proferidos entre 2004 y 2010 en esta materia. Finalmente, después de dicha exploración encontramos que el paradigma de la REPE no fue radicalmente alterado por la proliferación de respuestas teóricas ofrecidas después de 2004. El máximo juez contencioso tomó cierta consciencia de la anomalía, exploró algunas aristas del fenómeno, pero se quedó corto a la hora de evaluar el alcance de sus herramientas tradicionales y proponer soluciones novedosas y eficaces. Presenciamos algunos cambios en el concepto y alcance de la reparación, originados en decisiones anteriores poco relacionadas con eventos de desplazamiento, que resultan insuficientes a la luz de las exigencias de la problemática del DEFO.

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El incremento desmedido en el número de desastres naturales, sumado a la frecuencia con que estos ocurren a lo largo del mundo entero, ha evidenciado una de las mayores preocupaciones de los Estados: el desplazamiento forzado de la población por esta causa y la delicada situación de derechos humanos que esto implica, por lo cual los Organismos Internacionales han instado en reiteradas oportunidades a los Estados para actuar conjunta y prontamente para evitar que esta siga siendo una de las causas más altas de desplazamiento. Esta migración forzada pone de presente una problemática al no existir una posición universalmente aceptada sobre cuál es la condición jurídica de las personas que, por causa de los desastres naturales, deben dejarlo todo; la ausencia de esta categorización conlleva a la inexistencia de un marco legal internacional aplicable y con ello, a un vacío en la regulación interna de los Estados. Esta investigación pretende analizar los conceptos de migración existentes en el derecho internacional y establecer si la condición jurídica de quienes deben dejarlo todo por causa de los desastres naturales encaja dentro de alguna de estas categorías o si se hace necesario crear una nueva categoría que atienda las particularidades del contexto de este fenómeno migratorio, desde una perspectiva de derechos humanos. Para esto, se realizan reflexiones sobre tales conceptos así como un análisis de algunos casos de referencia, incluyendo la situación vivida en Colombia con la Ola Invernal de 2010, buscando realizar algunas propuestas de posibles soluciones jurídicamente viables.

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The problem of land ownership protection in this country is an issue that must be faced by those who have as part of their responsibilities the recognition, the restitution and the reparation of victims of forced displacement. One of the points that must be analyzed is the protection of ownership of urban lands, a subject falling under municipal responsibility. The development of a public policy by the City of Medellín for the protection of such lands is a significant advance for the creation of protocols and for the return of rights to those who have adandoned their lands because of violence or who have been divested of their homes in urban areas.

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This article reviews the evidence collected by diverse national and international organizations regarding the relationship between sexual violence against women, forced displacement, and dispossession in the context of the Colombian armed conflict. To this end, it uses the concept of “sexual violence regimes” to highlight that the endspursued by sexual violence are not always exhausted by simple consummation (that is, the act of sexual violence itself), but depending on the context, can be connected with broader strategic goals of armed actors. At the same time, this document admits the difficulty of proving this relationship with respect to judicial procedures, and thus sets out the possibility of creating a rebuttable presumption, in the framework of “unconstitutional state of affairs” created by judgment T-025 of 2004, that alleviates the burden of proof of the victims, and serves as a catalyst to promote new genderbased mechanisms of reparations.

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El objetivo de este trabajo de grado es realizar un análisis sobre las transformaciones institucionales colombianas que garanticen los derechos de refugiados colombianos en el Ecuador. Se analizará desde el enfoque neo institucionalista de la Ciencia Política, como la realidad de los refugiados colombianos en el Ecuador incide en las trasformaciones de las instituciones colombianas al constituirse en actores estratégicos en la configuración de las políticas y la institucionalidad del Estado colombiano. Al ser este un estudio de caso, se abordarán trayectorias vitales y migratorias de connacionales refugiados en Ecuador, víctimas del desplazamiento forzado, como también versiones de las instituciones del gobierno colombiano y opiniones, reflexiones y prácticas de fundaciones, ONG e instituciones internacionales especializadas, desde un enfoque cualitativo de investigación.

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Este documento pretende analizar la manera en que las actividades de protección del ACNUR y las acciones emprendidas por el SJR, incidieron en el proceso de reconocimiento y protección de indígenas Emberá-Wounaan, refugiados en la región fronteriza de Darién-Panamá. Dicho análisis muestra la manera en que las estrategias de estos actores se articulan, en el marco de las redes transnacionales de defensa, con las estrategias de actores como MENAMIRE, CEALP, RROCM Y CRM, logrando transformaciones en el comportamiento de Panamá, no solo en términos del reconocimiento de los indígenas, sino en la integración del derecho internacional en las prácticas gubernamentales. Lo anterior, a través de una metodología de observación etnográfica, tanto de los actores como de los escenarios en los cuales participan, que permite la reconstrucción de dinámicas de internacionalismo y de las estrategias de defensa, a la luz de la teoría de los movimientos sociales y activismo transnacional.

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El interés de esta monografía es analizar la situación en la que viven los refugiados palestinos en el Líbano a partir de las políticas impuestas por el gobierno desde la década de los 90. Se analiza y explica cómo un Estado con el fin de defender su seguridad nacional se convierte en una fuente de amenazas para la seguridad humana de ciertos individuos. A través de la perspectiva de Barry Buzan se busca explicar el proceso de securitización por medio del cual los refugiados palestinos son vistos como una amenaza existencial para la seguridad nacional libanesa.

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Se realiza una revisión documental sobre la problemática del conflicto armado y el fenómeno de desplazamiento, específicamente en la Localidad de Bosa, ya que es una de las que más recibe población desplazada de otras regiones del País. Se realiza la revisión documental en bases de datos como Ebsco, Proquest y Scopus, incluyendo combinaciones tales como: "Occupational Therapy" and "youth" and "Forced displacement" or "refugees" and "employment inclusion". Se espera determinar los programas de vinculación y formación laboral de jóvenes en situación de desplazamiento. Se encuentra que esta población aún carece de apoyo por parte de instancias gubernamentales y de perfiles ocupacionales que encaminen los intereses y habilidades de esta población hacia el desempeño de roles productivos y educativos propios de su condición de jóvenes.

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Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

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Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

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Background Forced displacement related to persecution and violent conflict has reached a new peak in recent years. The primary aim of this study is to provide an initial overview of the acute and chronic health care problems of asylum seekers from the Middle East, with special emphasis on asylum seekers from Syria. Methods Our retrospective data analysis comprised adult patients presenting to our emergency department between 01.11.2011 and 30.06.2014 with the official resident status of an “asylum seeker” or “refugee” from the Middle East. Results In total, 880 patients were included in the study. Of these, 625 (71.0%) were male and 255 (29.0%) female. The median age was 34 (range 16–84). 222 (25.2%) of our patients were from Syria. The most common reason for presentation was surgical (381, 43.3%), followed by medical (321, 36.5%) and psychiatric (137, 15.6%). In patients with surgical presentations, trauma-related problems were most common (n = 196, 50.6%). Within the group of patients with medical presentation, acute infectious diseases were most common (n = 141, 43.9%), followed by neurological problems (n = 70, 21.8%) and gastrointestinal problems (n = 47, 14.6%). There were no differences between Syrian and non-Syrian refugees concerning surgical or medical admissions. The most common chronic disorder of unclear significance was chronic gastrointestinal problems (n = 132, 15%), followed by chronic musculoskeletal problems (n = 108, 12.3%) and chronic headaches (n = 78, 8.9%). Patients from Syria were significantly younger and more often suffered from a post-traumatic stress disorder than patients of other nationalities (p<0.0001, and p = 0.05, respectively). Conclusion Overall a remarkable number of our very young group of patients suffered from psychiatric disorders and unspecified somatic symptoms. Asylum seekers should be carefully evaluated when presenting to a medical facility and physicians should be aware of the high incidence of unspecified somatic symptoms in this patient population.In general, there is no major difference between asylum seekers from Syria when compared to other nationalities of asylum seekers from the Middle East.

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Este artículo revela la situación actual del desplazamiento forzado en el departamento de Cauca (Colombia). Parte de un análisis previo de la población y el territorio caucano. Seguidamente se esbozan las características de dichos desplazamientos, atendiendo a los actores, el destino y las causas que provocan estos movimientos de población. Las consecuencias son devastadoras, no solo en el ámbito sociodemográfico, sino que además inducen profundas secuelas territoriales en los espacios agrarios, urbanos o en los espacios naturales y protegidos. A modo de conclusión se exploran las posibles soluciones al conflicto y el papel de los actores implicados en el mismo.

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In response to a crime epidemic afflicting Latin America since the early 1990s, several countries in the region have resorted to using heavy-force police or military units to physically retake territories de facto controlled by non-State criminal or insurgent groups. After a period of territory control, the heavy forces hand law enforcement functions in the retaken territories to regular police officers, with the hope that the territories and their populations will remain under the control of the state. To a varying degree, intensity, and consistency, Brazil, Colombia, Mexico, and Jamaica have adopted such policies since the mid-1990s. During such operations, governments need to pursue two interrelated objectives: to better establish the state’s physical presence and to realign the allegiance of the population in those areas toward the state and away from the non-State criminal entities. From the perspective of law enforcement, such operations entail several critical decisions and junctions, such as: Whether or not to announce the force insertion in advance. The decision trades off the element of surprise and the ability to capture key leaders of the criminal organizations against the ability to minimize civilian casualties and force levels. The latter, however, may allow criminals to go to ground and escape capture. Governments thus must decide whether they merely seek to displace criminal groups to other areas or maximize their decapitation capacity. Intelligence flows rarely come from the population. Often, rival criminal groups are the best source of intelligence. However, cooperation between the State and such groups that goes beyond using vetted intelligence provided by the groups, such as a State tolerance for militias, compromises the rule-of-law integrity of the State and ultimately can eviscerate even public safety gains. Sustaining security after initial clearing operations is at times even more challenging than conducting the initial operations. Although unlike the heavy forces, traditional police forces, especially if designed as community police, have the capacity to develop trust of the community and ultimately focus on crime prevention, developing such trust often takes a long time. To develop the community’s trust, regular police forces need to conduct frequent on-foot patrols with intensive nonthreatening interactions with the population and minimize the use of force. Moreover, sufficiently robust patrol units need to be placed in designated beats for substantial amount of time, often at least over a year. Establishing oversight mechanisms, including joint police-citizens’ boards, further facilities building trust in the police among the community. After disruption of the established criminal order, street crime often significantly rises and both the heavy-force and community-police units often struggle to contain it. The increase in street crime alienates the population of the retaken territory from the State. Thus developing a capacity to address street crime is critical. Moreover, the community police units tend to be vulnerable (especially initially) to efforts by displaced criminals to reoccupy the cleared territories. Losing a cleared territory back to criminal groups is extremely costly in terms of losing any established trust and being able to recover it. Rather than operating on a priori determined handover schedule, a careful assessment of the relative strength of regular police and criminal groups post-clearing operations is likely to be a better guide for timing the handover from heavy forces to regular police units. Cleared territories often experience not only a peace dividend, but also a peace deficit – in the rise new serious crime (in addition to street crime). Newly – valuable land and other previously-inaccessible resources can lead to land speculation and forced displacement; various other forms of new crime can also significantly rise. Community police forces often struggle to cope with such crime, especially as it is frequently linked to legal business. Such new crime often receives little to no attention in the design of the operations to retake territories from criminal groups. But without developing an effective response to such new crime, the public safety gains of the clearing operations can be altogether lost.