948 resultados para Errores judiciales - Colombia


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La ley de víctimas es la norma creada para la protección de los derechos de las víctimas en Colombia; empero cuenta con falencias respecto del concepto de víctima y su reparación integral. El Derecho Administrativo es la herramienta jurídica para superar dichas limitaciones legislativas.

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El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

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Esta investigación se interesa por los delitos de blasfemia, reniego y proposiciones, perpetrados en el tribunal inquisitorial de Cartagena entre 1610 y 1660, contextualiza a estos delitos dentro del panorama general de las actividades inquisitoriales, realiza una propuesta interpretativa acerca de los significados sociales que estos delitos tuvieron dentro de su contexto y de las particularidades que se presentaron en su proceso.

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Éste trabajo de grado investigará cómo han incidido los ‘falsos positivos’ en la deslegitimación de las Fuerzas Militares en Colombia en el marco de la política de seguridad democrática, y si las ejecuciones extrajudiciales han sido una práctica sistemática y articulada, o en cambio se constituye en casos aislados e individuales perpetuados por miembros de la institución castrense. Este proyecto plantea la necesidad de que nacional e internacionalmente se adelanté con rigor y objetividad un examen histórico y jurídico, libre de enfoques polarizados, de las acciones que la Fuerza Pública desarrolló en relación con su misión constitucional en el conflicto armado colombiano para determinar así la responsabilidad de la institución y del Estado colombiano

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Actualmente, Colombia se encuentra inserta en dinámicas migratorias internacionales, no sólo como país expulsor de estos flujos, sino como destino y país de tránsito; la transformación que ha tenido el panorama migratorio colombiano es reciente y obedece a múltiples factores de carácter interno y externo. El fortalecimiento de la economía colombiana y la coyuntura de la crisis económica española han creado un ambiente propicio para la llegada de una migración laboral altamente calificada proveniente de España. Esta situación no sólo ha configurado al país por primera vez como un destino migratorio, sino ha puesto en evidencia la necesidad de una política migratoria eficaz y capaz de enfrentar los desafíos que impone la nueva realidad migratoria.

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La Justicia Penal Militar es el privilegio histórico más importante que ha sido concedido a las Fuerzas Militares colombianas debido a la función pública que desempeñan. De allí, que la presente investigación esté dirigida a comprender las causas que han conducido a que el Fuero Militar sea una figura cada vez más restringida no sólo en el mundo, sino en Colombia. Así mismo, el papel de las víctimas será transcendental en el trabajo para comprender un proceso de deslegitimación de la institución marcial traducido en la generación de un debate nacional en torno a la conveniencia de la ampliación de las competencias judiciales de su jurisdicción especial. Finalmente, se planteará una posible alternativa a partir de la conceptualización sobre la Justicia elaborada por John Rawls en el siglo XX, con miras solventar este fenómeno político, jurídico y social.

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En esta investigación se pretende realizar un estudio comparativo entre la Corte Constitucional de Colombia y el Tribunal Constitucional del Ecuador, identificando las estrategias, los métodos y los modelos de justicia constitucional que subyacen y que explican el funcionamiento de la justicia constitucional en cada país. Para tal efecto, la investigación se concentra en dos (2) preguntas. La pregunta por las diferencias entre la justicia constitucional colombiana y ecuatoriana, y la pregunta por los factores que determinan estas diferencias. En cuanto al primer interrogante, se hará una caracterización general de los modelos de justicia constitucional, indicando los rasgos comunes y las diferencias fundamentales entre uno y otro. A partir de esta caracterización se harán explícitas algunas de las manifestaciones de las diferencias: el control de las omisiones legislativas, la revisión de las reformas y tratados internacionales, las sentencias de constitucionalidad condicionada, la revocación de providencias judiciales por vía de amparo/tutela, la creación de reglas generales y abstractas a través del amparo/tutela, y la inaplicación de normas que gozan de la presunción de constitucionalidad. En cuanto al segundo interrogante, se identificarán los factores normativos y estructurales que explican y determinan las diferencias en la independencia, eficiencia e institucionalidad de la justicia constitucional. A partir de la investigación anterior se obtendrán las conclusiones respectivas.

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En el desarrollo de la presente investigación se analizará “los errores de forma y su convalidación en los procesos de contratación pública en el Ecuador”, enfocándose en los siguientes aspectos: Alcance de las disposiciones contenidas en la legislación ecuatoriana en relación a los errores de forma de las ofertas presentadas en los procesos de contratación pública, así como su comparación con otras de carácter internacional. Descripción y análisis del procedimiento aplicable para la convalidación de errores de forma de las ofertas presentadas en la contratación pública, como la motivación para solicitar su convalidación y la posible discrecionalidad de los funcionarios que integran la comisión técnica que la requiere. Para el efecto, se centrará el análisis en la evolución de esta figura legal, el tratamiento de la misma en las diferentes legislaciones que en materia de contratación pública han regido en el país, el surgimiento de esta medida y su efectividad o desacierto en la búsqueda de brindar una seguridad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

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El presente escrito hace parte de una línea de investigación desarrollada desde hace varios años por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en Colombia, orientada a identificar y analizar los avances a favor de los derechos de las mujeres que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo o aborto, en especial a través del seguimiento de decisiones judiciales. El texto aborda cuatro cuestiones fundamentales. En primer lugar, identifica los compromisos emanados del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, relacionados con el acceso al aborto y la protección de la salud reproductiva. En segundo lugar, se presenta un corto estudio sobre las leyes sobre aborto y causal salud en América Latina y El Caribe. En tercer lugar, contextualiza el aborto en Colombia y discute los avances de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia sobre aborto, en relación con el derecho a la salud y otros derechos fundamentales relacionados. En cuarto lugar, propone un conjunto de estándares fijados por la Corte Constitucional en relación con el aborto y otros derechos fundamentales para ser aplicados en la región de América Latina.

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Investigar 'el lado B' de la Historia proporciona otras respuestas y perspectivas para comprender un hecho traumático ocurrido el 29 de octubre de 1949 en Arauca, Caldas; cuando 49 personas perdieron su vida en el contexto histórico de lo que la Violentología denomina en Colombia 'La violencia'. Las indagaciones se circunscriben en el orden de ¿Qué pasó?, ¿Cómo pasó? y ¿Qué se ha narrado? Ya que las respuestas difieren, esencialmente, dependiendo de si las versiones provienen del diario manizalita 'La Patria' y la historia oficial, donde la autoría de los asesinatos fue atribuida a los liberales gaitanistas; o de fuentes tales como: el diario 'El Tiempo', los archivos judiciales, los testimonios orales de las víctimas sobrevivientes, los álbumes fotográficos y la asistencia de los estudios de memoria, donde se evidencia que la masacre fue ejecutada por la Policía, las fuerzas paramilitares de la época, conocidos como "los pájaros", y civiles conservadores que a su vez fueron la pieza procesal para iniciar la investigación judicial tendiente a "esclarecer" los hechos

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Investigar 'el lado B' de la Historia proporciona otras respuestas y perspectivas para comprender un hecho traumático ocurrido el 29 de octubre de 1949 en Arauca, Caldas; cuando 49 personas perdieron su vida en el contexto histórico de lo que la Violentología denomina en Colombia 'La violencia'. Las indagaciones se circunscriben en el orden de ¿Qué pasó?, ¿Cómo pasó? y ¿Qué se ha narrado? Ya que las respuestas difieren, esencialmente, dependiendo de si las versiones provienen del diario manizalita 'La Patria' y la historia oficial, donde la autoría de los asesinatos fue atribuida a los liberales gaitanistas; o de fuentes tales como: el diario 'El Tiempo', los archivos judiciales, los testimonios orales de las víctimas sobrevivientes, los álbumes fotográficos y la asistencia de los estudios de memoria, donde se evidencia que la masacre fue ejecutada por la Policía, las fuerzas paramilitares de la época, conocidos como "los pájaros", y civiles conservadores que a su vez fueron la pieza procesal para iniciar la investigación judicial tendiente a "esclarecer" los hechos

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Los procesos de creación, fortalecimiento, y mantenimiento del capital social a través de Programas de Mejoramiento Integral de Barrios en Latinoamérica, han presentado algunos avances durante las dos últimas dos décadas. Sin embargo aún se siguen presentando serias dificultades en la implementación de dichos procesos, los cuales a pesar de los esfuerzos realizados no logran mitigar indicadores relacionados con el capital social, como la desconfianza de la ciudadanía hacia sus instituciones, el bajo empoderamiento político o la percepción de inseguridad así como tampoco han logrado la sostenibilidad en el tiempo de los logros alcanzados. La presente investigación propone analizar cuáles son las principales capacidades, y cuales las dificultades más notorias, que presenta un Programa de Mejoramiento Integral de Barrios para estimular la presencia de capital social en una comunidad. La investigación se ha desarrollado bajo el método de estudio de casos, mediante cuatro fases: la primera, la recogida de información literaria sobre los conceptos en cuestión; la segunda, el diseño de un instrumento de análisis de realidades complejas: flujo de programa; la tercera, la aplicación del instrumento a los casos de estudio, haciendo uso de la información recogida en la literatura, y en entrevistas presenciales a líderes de la comunidad, técnicos y académicos relacionados con el caso; y por último la elaboración de conclusiones. El caso analizado es el Proyecto SUR con Bogotá, el cual se desarrolla en una zona periférica de la ciudad, con alto grado de precariedad y conflictividad. Se han estudiado dos de sus fases por separado por presentar estas diferencias estructurales importantes en su enfoque y ejecución, lo que resulta de interés para el objetivo de este estudio: SUR con Bogotá que va desde el año 1998 al 2004 y cuyo enfoque se centra más en la ejecución integral de obras y la formación de la ciudadanía; y SUR con convivencia desde el año 2005, y analizada hasta el 2013, cuyo enfoque se concentra en temas de convivencia y seguridad. El estudio de la primera fase SUR con Bogotá, demuestra que pese a las dificultades presentadas, es posible aumentar los indicadores de capital social al contar con instrumentos y procesos adecuados, voluntad política en los actores institucionales, voluntad por participar en las soluciones de su entorno por parte de los actores de la población civil; y que es posible incidir efectivamente en factores contextuales adversos como la inseguridad y la cultura del mal manejo de los recursos públicos; así como es posible también el aprovechamiento de factores contextuales positivos, como la buena disposición para la asociatividad y el control público. En el estudio de la segunda fase, SUR con convivencia, se verifica que las fallas institucionales como, la descoordinación institucional, errores instrumentales en los procesos de contratación, o la falta de continuidad en procesos; son de alguna manera soportables, y el programa tiene la capacidad de autocorregirlos; pero las fallas reiteradas como: la falta de voluntad política, el desinterés por el control y seguimiento de las inversiones públicas y la corrupción, pueden generar por si mismas de un desequilibrio profundo en los procesos y la perdida de los logros alcanzados, como la confianza y los indicadores de capital fortalecidos.

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Investigar 'el lado B' de la Historia proporciona otras respuestas y perspectivas para comprender un hecho traumático ocurrido el 29 de octubre de 1949 en Arauca, Caldas; cuando 49 personas perdieron su vida en el contexto histórico de lo que la Violentología denomina en Colombia 'La violencia'. Las indagaciones se circunscriben en el orden de ¿Qué pasó?, ¿Cómo pasó? y ¿Qué se ha narrado? Ya que las respuestas difieren, esencialmente, dependiendo de si las versiones provienen del diario manizalita 'La Patria' y la historia oficial, donde la autoría de los asesinatos fue atribuida a los liberales gaitanistas; o de fuentes tales como: el diario 'El Tiempo', los archivos judiciales, los testimonios orales de las víctimas sobrevivientes, los álbumes fotográficos y la asistencia de los estudios de memoria, donde se evidencia que la masacre fue ejecutada por la Policía, las fuerzas paramilitares de la época, conocidos como "los pájaros", y civiles conservadores que a su vez fueron la pieza procesal para iniciar la investigación judicial tendiente a "esclarecer" los hechos

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Este estudio tiene como objetivo principal describir el funcionamiento y la manera como opera el área de RSE en BBVA Colombia. A razón de ello, suscitó un interés por ofrecer un marco de referencia teórico sobre la responsabilidad social, y sus implicaciones dentro de las organizaciones, en cuanto a cambios en el sistema de gestión, diseño estructural, y en la elaboración de nuevas políticas corporativas; derivando en una investigación más profunda sobre su aplicación práctica en las empresas, en términos de herramientas y esquemas.