980 resultados para DESARROLLO NORMATIVO


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Analizar los recursos cognitivos que utiliza el superdotado haciendo especial referencia al estilo, autoconcepto y estrategias que emplea cuando se enfrenta a las tareas escolares. Proponer un modelo de respuesta educativa para atender a las necesidades educativas que precisan estos alumnos, dadas sus especiales caraterísticas de sobredotación. La parte empírica del trabajo tiene como objetivo detectar las diferencias individuales entre los alumnos superdotados y los de inteligencia media, con relación a los aspectos ya referidos. Muestra compuesta por 275 alumnos de séptimo y octavo de EGB, pertenecientes a cuatro centros públicos de la Región de Murcia. Dos urbanos, uno semiurbano y otro rural. La elección se realizó al azar y participaron todos los alumnos de los mencionados cursos. El 58,9 por ciento eran chicos y el 41,1 chicas. El trabajo se desarrolló en dos fases. En la primera se procedió a la identificación y selección de sujetos con distinto nivel de habilidad intelectual, utilizando diferentes criterios para su definición, criterios que recogen las conceptualizaciones tradicionales sobre inteligencia y las características que definen actualmente la alta capacidad. En esta fase se emplea una prueba tradicional de evaluación de la habilidad intelectual (Factor G de Cattell) y otra prueba (Tareas Insight, de Sternberg). Se procede a la identificación de los sujetos y se analiza la consistencia de la clasificación realizada en ambas pruebas, que incluyen sujetos clasificados como de altas por las dos pruebas, o en una de las dos y sujetos clasificados de habilidades normales o medias en ambas. En la segunda fase del trabajo se estudian las características diferenciales de los grupos en una serie de variables relevantes para la comprensión de la alta habilidad intelectual, relacionadas con los estilos intelectuales, las habilidades metacognitivas, el autoconcepto y las estrategias del aprendizaje. Estas variables son consideradas como fuentes de diferencias individuales entre los sujetos con distinto nivel intelectual, estando asociadas especialmente con las altas habilidades cognitivas. Pruebas de Inteligencia Factor G de Cattell. Tareas de Insight de Sternberg. Inventario de Estilos Intelectuales para Alumnos de Sternberg (IEPA), Escala de Autoconcepto de Marsh y col. Inventario de Habilidades Metacognitivas. Escala de Estrategias de Aprendizaje (ACRA). Pruebas de rendimeinto escolar (exámenes y calificaciones). Fiabilidad (consistencia interna de las pruebas), Alpha de Cronbach. Consistencia de la decisión (identificación de sujetos según su habilidad intelectual) con las pruebas utilizadas (Cattell y Sternberg) a través del análisis de varianza y, entre pares de grupos de variables, se utilizó la prueba del rango Duncan. Análisis de varianza realizado sobre las variables de autoconcepto, estilo intelectual, habilidad metacognitiva, estrategia de aprendizaje y calificaciones de asignaturas. Análisis de varianza no paramétrico para examinar las diferencias entre más de dos grupos mediante la prueba de Kruskal- Wallis. 1. La identificación de sujetos con altas habilidades mediante los dos criterios empleados no parce tener un alto grado de concordancia. Se producen diferencias entre los grupos de alta habilidad intelectual según se defina ésta mediante pruebas tradicionales de inteligencia o a través de pruebas que incorporan la evaluación de procesos relacionados con el procesamiento de la información significativa en contextos determinados o en situaciones novedosas; 2. Los sujetos con altas habilidades tienen tendencia a poseer un estilo más legislativo, más progresista y más global; 3. Los sujetos de mayor habilidad mostraron mayor autoconcepto académico, no presentando diferencias significativas con respecto al autoconcepto general, en relación a los estudiantes medios; 4. Los sujetos con altas habilidades intelectuales recurren más que los de habilidades medias a las autorreflexiones sobre sus propios pensamientos; 5. Existen diferencias significativas a favor de los estudiantes con altas habilidades en todas las calificaciones escolares. El desarrollo normativo de la LOGSE establece, al regular las adaptaciones curriculares y como parte esencial en el proceso evaluativo, la determinación del estilo de aprendizaje del alumno como algo básico y fundamental para la aplicación de esta medida de personalización de los procesos de enseñanza aprendizaje.

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Se analiza lo que la tutoría debiera ser y lo que en realidad está siendo, tratando de encontrar aspectos que no han sido desarrollados suficientemente, pero que poseen de validez. Se trata de conocer las posibilidades que brinda la legislación sobre orientación y tutoría, tanto a nivel nacional como autonómico, recopilando y analizando los principales artículos sobre el objeto de estudio, para valorar hasta que punto están desarrolladas la orientación y la tutoría en los centros. Se realiza una Investigación con una metodología histórica-descriptiva en la que se han seguido dos vías de actuación, por un lado, el estudio de todos los artículos localizados en revistas científicas sobre educación desde la década de los setenta hasta 2003, y por otro, una revisión y análisis legislativo sobre el tema objeto de la Investigación. La recopilación de los artículos en las revistas especializadas se ha realizado a través de las bases de datos, la búsqueda manual, las páginas web de las propias publicaciones y el préstamo inter bibliotecario. Para la localización de la legislación se ha recurrido a recopilaciones del Ministerio, de la Junta de Castilla y León y a otros documentos de entidades privadas. La legislación sobre orientación y tutoría ha sufrido grandes avances en tres décadas sobretodo si la comparamos con sus aportaciones antes de los años setenta. La legislación y los profesionales de la enseñanza tratan de adaptarse a las diferentes realidades educativas que van surgiendo en la sociedad, pero los cambios se suceden con rapidez y las variables que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el mundo educativo se entremezclan y multiplican a gran velocidad. Se comprueba que existe una correlación entre teoría o legislación y práctica educativa. Para concluir se puede afirmar que la orientación y la tutoría son fenómenos recientes dentro del desarrollo normativo y facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje.

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Análisis del Plan de Lectura de Castilla-La Mancha (2005). Se pretende desarrollar en el alumnado las habilidades necesarias para leer, dotar al profesorado de estrategias de enseñanza y transformar la comunidad educativa en una comunidad de lectores.

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En la legislación boliviana no se encuentra normado el Recurso de Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa, aunque es evidente la necesidad de su incorporación como un mecanismo de control constitucional de -omisiones de desarrollo normativo del Poder Legislativo-, con el objeto de restituir el orden constitucional y la eficacia plena de lo contenido en la Constitución Política del Estado. En este sentido, comenzamos revisando lo sostenido por la doctrina y la jurisprudencia constitucional de países donde no han instituido este recurso constitucional, como de aquellos que si lo incluyen en su legislación; para lo cual hacemos un examen de sus rasgos característicos. Con una base teórica y practica del señalado recurso, exploraremos la legislación boliviana en cuanto a las atribuciones del Tribunal Constitucional, respecto a los Recursos Directo e Indirecto de Inconstitucionalidad instituidos para la impugnación de –acciones inconstitucionales-; recursos que fueron interpretados por este órgano jurisdiccional como adecuado para el conocimiento también de omisiones legislativas, a pesar de no estar expresamente prescrito este control en el texto constitucional , ni en la Ley Nº 1836 (orgánica del Tribunal Constitucional). En este sentido, para identificar las consecuencias negativas de las omisiones del legislador, se analizan diferentes casos de omisiones de desarrollo normativo del Poder Legislativo. Para finalmente, proponer normativamente la incorporación del “Recurso de Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa” en la legislación boliviana, como un mecanismo de control constitucional.

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El objetivo principal de la presente investigación es conocer la transformación que el impuesto de patente ha sufrido desde el momento de su creación hasta nuestros días, y en ese sentido, evidenciar su evolución histórica en relación con los principios de capacidad contributiva y de legalidad. Para lograr este objetivo, hemos dividido la investigación en tres capítulos. El primero, referente a los aspectos generales del impuesto que devela sus elementos esenciales como el hecho generador, sujetos, la cuantificación relacionada con la base imponible y la tarifa, las exenciones, deducciones y el período de causación. El segundo capítulo trata específicamente de un análisis de los principios de legalidad y capacidad contributiva en base al desarrollo normativo experimentado en este impuesto; para lo cual hemos visto conveniente de entrada, aludir dichos principios en un plano conceptual, para de allí evidenciar su desarrollo en el marco normativo aplicable en la esfera municipal. En el tercer capítulo nos adentramos en la historia y buscamos conocer el origen y evolución del impuesto de patente en el Ecuador con breves antecedentes también en los tiempos anteriores a la república. En ese ejercicio investigativo, auscultamos las fuentes normativas de este impuesto que se han venido generando, y procedemos a analizar cada una de las Leyes de Régimen Municipal a partir del año de 1966 hasta el actual Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización –COOTAD-, estableciendo los avances y retrocesos respecto a las regulaciones de este impuesto.

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La presente investigación analiza la naturaleza jurídica del recargo tributario en el Ecuador, establecido en el Art. 90 del Código Orgánico Tributario reformado por el Art 2 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, sancionada por la Asamblea Constituyente de Montecristi el 29 de diciembre de 2007. La investigación pretende definir claramente cuál es la naturaleza de esta figura jurídica, para lo cual se desarrolla en tres capítulos; en el primero se refiere a la teoría y conceptos para lo cual analizamos al recargo como sanción, al recargo como instrumento financiero y al recargo desde una posición mixta. En el segundo capítulo se plantea el desarrollo normativo, explicando en primer lugar, los principios del artículo 300 de la Constitución, a fin de identificar aquéllos que se cumplen y cuáles se transgreden. También, se describe la facultad determinadora de la Administración Tributaria y su relación con el recargo, además se presenta el análisis normativo comparativo con las países de la Comunidad Andina. Terminamos con la revisión de la actuación de la administración tributaria, de los Tribunales Distritales de lo Fiscal, de la Corte Nacional de Justicia, y de la Corte Constitucional en relación al recargo tributario a la luz de casos específicos.

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En los últimos años, los flujos de inversión han crecido a nivel mundial y junto con estos se ha producido un desarrollo normativo que comprende la creación de más de 3.000 tratados bilaterales y regionales. Estos tratados comparten similares estándares sustantivos de trato, así como procedimientos similares de solución de controversias. Por esta razón, se ha conceptualizado a este conjunto de normas en el derecho internacional como un régimen emergente global de inversiones, el cual está generando constantes tensiones entre estados. La creación de este régimen emergente no es espontánea, ya que proviene de un complejo proceso de evolución que se desarrolla a través de la historia del derecho internacional. El presente trabajo analiza la historia y evolución del Derecho Internacional de Inversiones, e identifica los puntos clave que deben ser considerados en la construcción de una regulación integral de la inversión extranjera.

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Analiza la limitada vigencia de los derechos de las mujeres, expresada en un precario desarrollo normativo; ausencia de institucionalidad de género; ínfimo presupuesto cuantificado con indicadores de inversión en equidad de género; naturalización de la violencia contra las mujeres a través de la prensa, ausencia de políticas frente al feminicidio; violencia estatal ejercida contra las comunidades que resisten los proyectos mineros y/o de generación de energía que tiene a las mujeres como sus principales víctimas; emisión de políticas públicas desconocedoras de las condiciones estructurales de la violencia, racismo, discriminación y desigualdad.

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l Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E), desde 2009, realiza el ejercicio de evaluar anualmente la vigencia de los derechos humanos y de la naturaleza, como una contribución a la reflexión y observancia de su cumplimiento. Este informe toma como referencia el nuevo marco constitucional, adoptado en octubre de 2008, el cual incorpora un amplio catálogo de principios, derechos y garantías. Al cumplirse en 2013, cinco años de la entrada en vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, el PADH ha considerado conveniente presentar este Informe sobre derechos humanos Ecuador, Ecuador 2009-2013, a efectos de realizar un balance de la evolución de los deberes estatales de respeto, garantía y cumplimiento de los derechos, situándolos siempre como integrales, indivisibles, interdependientes, de aplicación directa e inmediata y amparados bajo la prohibición de regresividad. Los informes sobre derechos humanos del PADH se han caracterizado por abordar, desde una perspectiva crítica y propositiva, a la vez que plural y participativa, la información disponible sobre la actuación estatal en materia de desarrollo normativo, políticas públicas, y de garantías jurídicas y jurisdiccionales, enfatizando en los ejes de análisis de justicia, seguridad y ambiente, e incorporando otros temas específicos. En los informes se analizó el nivel de adecuación de la actuación estatal a la Constitución y a los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos; para esta tarea, el PADH ha diseñado e implementado instrumentos de registro de información, como las bases de seguimiento de prensa, conflictividad, normativa, garantías, estados de excepción, producción especializada en derechos humanos y recomendaciones internacionales, que permiten el análisis comparativo y contribuyen a identificar la evolución, el estancamiento o retroceso de las acciones estatales en el tiempo, y permiten formular conclusiones y recomendaciones. Este informe consolidado de los cinco años integra ocho acápites, dedicados a la exposición de objetivos y metodología; el análisis del estado de situación del acceso a la información; de la conflictividad; el desarrollo normativo; de la justicia; de las políticas públicas; de la seguridad integral y los derechos de la naturaleza; formulando conclusiones y recomendaciones generales, que se complementan con la bibliografía y anexos. El PADH expresa el reconocimiento y gratitud a todas las personas de la sociedad civil, de la academia y de las entidades del Estado que han contribuido con sus aportes a la generación de los informes durante estos cinco años. De igual manera que los informes anteriores, este se encuentra disponible en el sitio web ‹http://www.uasb. edu.ec/padh.php› o ‹http://www.repositorio. uasb.edu.ec›.

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Según la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, la evolución nacional urbana refleja un incremento de 3,2% de la ocupación plena durante el período septiembre 2011 y septiembre 2012, que va de 47,9% en 2011 a 51,1% en 2012. Aporta a esta situación la disminución del subempleo en 3,4 (de 45,7% a 42,3%), y en menor medida la del desempleo en 0,9 (de 5,5% a 4,6%). Dentro de los ocupados urbanos, se mantienen los niveles de empleo en el sector privado correspondientes a 78,55% en septiembre de 2011, y 78,67% en septiembre de 2012, y en el sector público 21,45% en septiembre de 2011 y 21,33% en septiembre de 2012. Cabe señalar que, respecto de quienes tienen un empleo pleno, faltan datos que den cuenta, en el sector privado, del porcentaje de ocupados por tipo de actividad económica; y tratándose del sector público, del número de salidas e ingresos que se han producido en el período de análisis, lo que permitiría hacer una valoración más completa de la situación del empleo en Ecuador. Debido a este vacío de información, se ha centrado este informe en el análisis cualitativo del desarrollo normativo relevante en materia de derecho laboral, aplicable principalmente al sector privado, por cuanto se cuenta con datos precisos que permiten realizar una valoración adecuada.

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La presente investigación tiene por propósito constituir el punto de partida del estudio del sistema de selección y revisión de sentencias por parte de la Corte Constitucional ecuatoriana, institución que pese a su importancia ha carecido de doctrina y jurisprudencia que desarrolle sus conceptos y limitaciones. Debido a esto, el trabajo se encuentra dividido tres capítulos, abordando en el primero los antecedentes que llevaron a que nuestro constituyente haya conferido a la Corte Constitucional esta importante competencia, así como las finalidades previstas para la misma. A continuación determinaremos cuáles son las únicas sentencias para las cuales fue diseñado el sistema de selección y revisión. Finalmente, se identifica la verdadera naturaleza jurídica del sistema y se descartan ciertas teorías sobre la misma. En el segundo capítulo se realizará la necesaria explicación del desarrollo normativo que ha tenido el sistema de selección y revisión de sentencias en el Ecuador, realizando un estudio comparativo con el caso colombiano, el cual debido a su importante desarrollo nos servirá con herramienta para identificar algunos errores que han llevado a la ineficiencia de nuestro sistema. De igual manera, una vez analizada la parte estrictamente normativa, abordaremos el estudio del sistema desde un punto de vista fáctico, es decir de lo que en la realidad sucede con la aplicación del mismo por parte de la Corte Constitucional ecuatoriana. En este mismo capítulo, explicaremos los elementos que componen a una sentencia constitucional para entrar en la revisión de los tres precedentes dictados en los 7 años de vigencia de esta importante competencia constitucional. Finalmente, en el tercer y último capítulo, examinaremos con detenimiento las distorsiones que se han generado en el sistema de selección y revisión de sentencias, que consisten en eventuales vulneraciones a derechos constitucionales de las partes procesales de la garantía jurisdiccional cuya sentencia está siendo seleccionada y revisada por la Corte. Así mismo, se analizará la distorsión generada por la propia Corte Constitucional al dictar precedentes vinculantes respecto de garantías jurisdiccionales a través de otras competencias que no están previstas para aquello.

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La tesis estudia los procesos de construcción de la ciudadanía de las mujeres en el constitucionalismo ecuatoriano, a partir de la aprobación de la Constitución Política del Ecuador de 1998 y la adopción de la nueva Constitución del Ecuador de 2008. A través del análisis de género de las resoluciones judiciales, el trabajo explora los principios y garantías que las juezas y los jueces ponen en práctica a la hora de aplicar la Constitución y la ley. Examina el papel que desempeña la ideología de género en el proceso de aplicación/interpretación de la Constitución y las leyes por parte de jueces y juezas, identificando en sus discursos los mecanismos que garantizan los derechos de las mujeres y promueven la equidad de género y aquellos que, por el contrario, mantienen o reproducen la discriminación, subordinación y exclusión por razón del género. Discute, asimismo, de qué manera el contexto social, político e institucional contribuye a la materialización de los derechos de las mujeres reconocidos en el texto constitucional, y cómo el análisis de las decisiones judiciales plantea nuevos aspectos de carácter relevante tanto para la práctica de incidencia del movimiento de mujeres, así como para el desarrollo normativo e institucional.

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Incluye separata (6 p.)