80 resultados para ALCANTARILLADO


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Gestión del conocimiento

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Gobernanza

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Se declaró infundado el recurso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral proferido el 26 de agosto de 2010 por el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las controversias surgidas en relación con el contrato de consultoría No. 104 de 2007, celebrado entre el señor Juan Bernardo Botero y la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A., E.S.P. - EMPOCALDAS S.A., E.S.P.

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UANL

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En el centro del departamento del Cesar, se encuentra un municipio que podría ser una perfecta analogía del Macondo de García Márquez. Cuenta la historia de cómo se transforman sus humildes casas en ¿mansiones¿, sus viejas bicicletas en carros últimos modelo, las calles llenas de polvo en grandes avenidas pavimentadas, donde se cambió el ¿sancocho¿ por comidas sofisticadas, la estadía en la casa de un amigo por un hotel. Donde la iglesia, la devoción por la virgen de Chiquinquirá, un hospital municipal a medio dotar, un notario único, la Caja Agraria y un juzgado hacían parte de la estructura social del pueblo. Luego vinieron las regalías, contratos, y burocracia. Un pueblo que cuenta la historia de cómo existen grandes duchas en sus nuevas casas, pero no hay agua. Donde existen grandes televisores para ver películas, pero no hay luz, donde se han adjudicado millonarios contratos para la construcción de un alcantarillado que no ha sido terminado. Una mega biblioteca a punto de caerse, los estancos llenos, las cantinas llenas, dónde todo extranjero es costeño en carnavales o en las fiestas del ocho de septiembre. Los campesinos aún trabajan en parcelas, los pescadores aún venden desde la madrugada, un mercado que sigue funcionando desde las 3 de la mañana, un comercio de tiendas paisas. Un pueblo lleno de contrastes, pero sobre todo, con la responsabilidad de tener dentro de su jurisdicción uno de los proyectos mineros más rentables del país. Este municipio Macondiano se llama: Chiriguaná.

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El presente trabajo pretende analizar los cambios institucionales, administrativos y de gestión producidos en el sector de agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Chocó, a causa de las reformas impulsadas por la política de descentralización y sus distintos procesos entre 1986 y 1996 que se caracterizaron por combinar formas de centralización y descentralización con el ánimo de coordinar y generar colaboración y responsabilidades mutuas entre los distintos niveles de gobierno, dentro del enfoque de la inserción del “agua” como un derecho constitucional a partir de 1991.

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“Más allá de la noticia” es una pieza de audio en formato reportaje, que se ocupa de tratar temas relacionados con la realidad colombiana, pero no como simples proveedores de información, sino como generadores de análisis que ponen en el estrado a los diferentes protagonistas de una problemática para obtener, no solo un panorama completo de una situación, sino también para proveer posibles soluciones de la misma e ir, como su nombre lo indica, “Más allá de la noticia”.

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El tema principal de la obra gira en torno a la problem??tica de la depuraci??n y reutilizaci??n de las aguas residuales. A lo largo de cinco cap??tulos desarrolla el tema del agua, su poluci??n y tratamiento, y su posterior reutilizaci??n, proponi??ndose el lagunaje como una soluci??n viable; tambi??n se analizan los estudios desarrollados desde la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (EMAYA, S.A.) al respecto.

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Riqueza negra que no se ve es un reportaje periodístico que tiene como objetivo analizar el nuevo Sistema General de Regalías (SGR) promulgado por el Gobierno Nacional bajo la Ley 1530 de 2012. Específicamente, se seleccionó como estudio de caso Yopal, Casanare y algunos otros territorios donde se llevan a cabo actividades de explotación de recursos no renovables con el propósito de analizar junto a la población civil y autoridades gubernamentales el SGR y su impacto para el desarrollo social de la población colombiana.

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El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.

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La Constitución Política Colombiana de 1991, en el Capítulo V del Título XII, “ De la finalidad Social del Estado y de los Servicios Públicos”, consagró el tema de los servicios públicos limitándose a hacer una enunciación de carácter general

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La actividad de los Servicios Públicos Domiciliarios fue desarrollada por el Legislador mediante las leyes 142 de 1993, 143 de 1994 y 286 de 1996, definiéndose en su artículo 14.21 de la primera de estas, las actividades de acueducto, alcantarillado,

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En la búsqueda de preservar el medio ambiente y estandarizar la disposición final de los residuos generados, Sustain Cycle nace como un gestor de residuos de aceite vegetal usado, reforzando la carente oferta del mercado. Fortaleciendo el compromiso de los generadores de este residuo además de una reducción de costos, la creación de Sustain Cycle se desarrolla bajo la figura jurídica de Fundación, deduciendo en los contribuyentes del impuesto el valor de las donaciones efectuadas. El aporte ambiental se basa en minimizar el riesgo de una mala disposición en la red de alcantarillado y su componente social se enfoca en evitar la reutilización ilegal y perjudicial para el consumidor. Sustain Cycle se centra en la recolección, acopio, filtrado y comercialización del AVU generado por todos los establecimientos comerciales que produzcan alimentos como papas a la francesa, empanadas, buñuelos, churros, plátanos y demás productos que requieran del aceite para su cocción.

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La literatura sobre la calidad de la educación ha prestado poca atención al papel que tienen las bibliotecas públicas dentro de los determinantes del desempeño educativo. Las bibliotecas públicas son activos externos al colegio y al hogar del estudiante, pero hacen parte del entorno social que les rodea. La puesta en marcha a finales de 2001 de tres bibliotecas de gran tamaño en Bogotá, conocidas como megabibliotecas, nos permite analizar el impacto de estas iniciativas sobre la calidad de la educación en los colegios aledaños. Dicho impacto se daría a través de mecanismos adicionales a la simple reducción de costos al acceso a la información: las bibliotecas renovaron el espacio público mediante la generación de espacios agradables y amigables hacia la educación, además ofrecen regularmente actividades lúdicas dirigidas a las habitantes del sector. Aprovechando la distancia del plantel educativo a la biblioteca como una aproximación al costo de acceso a la misma, utilizando para ello Diferencia en Diferencias junto a la descomposición Blinder Oaxaca. Encontramos que las mismas parecen no tener un impacto significativo sobre el desempeño académico general en los exámenes oficiales SABER 11 durante los años posteriores a su implementación. Se recomienda analizar programas específicos que aprovechen las bibliotecas para actividades escolares y otras posibles variables de impacto como actitudes hacia el estudio y aspiraciones a la educación superior.